Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
URL:http://www.soc.uu.se/mapuche

Opinión

Domingo 8 de Agosto de 1999

Justicia y violentismo

Todas las diferencias que surjan en la sociedad deben ser resueltas bajo el expediente de respetar el estado de derecho. Sin este acuerdo básico cualquier diferencia puede derivar en grados de insatisfacción y violencia impredecible.

Lo aseverado por el ministro Secretario General de Gobierno, Carlos Mladinic, en respuesta a las críticas empresariales que señalan hostigamientos a la actividad privada, cuando señaló que quienes realicen actos de violencia deberán atenerse a las consecuencias, han sido consideradas por algunos sectores como declaraciones retóricas. Esto porque se ha demostrado que luego de los violentos incidentes que se vienen registrando desde 1997, solo seis mapuches han sido detenidos por sucesos delictivos de corte reinvindicacionistas que han derivado en hechos delictuales graves, como la destrucción de medios de producción, incendio de camiones y destrucción de sofisticada maquinaria de uso forestal, galpones y viviendas. Y pese a los numerosos hechos de violencia que se han registrado en los últimos meses, no se registra ningún procesado o detenido.

Todo ello pone en duda la voluntad política y jurídica de hacer cumplir con la normativa vigente, ya que acciones de resguardo privado de bosques y fundos amenazados, de parte de empresas y particulares, han sido inmediatamente recusadas como verdaderas provocaciones frente a las acciones mapuches. Una lógica subyacente ha querido impedir un enfrentamiento por la vía o camino de desproteger a los propios afectados de las agresiones. Por esto no falta razón al sector empresarial cuando se advierte que este incumplimiento de las condiciones de orden público lleva a una situación de incertidumbre y desesperanza entre quienes tienen títulos legales para la tenencia de predios agrícolas o madereros en la región. Más todavía si se estima que una llamada deuda histórica del pueblo chileno con los mapuches debe ser saldada -según este criterio- con bienes o actos particulares en vez de una acción de reparación general del Estado de Chile.

Sin duda, hay importantes sectores de la opinión pública, especialmente político-partidistas, que han visto con diversos grados de complacencia la idea que la causa mapuche impone la suspensión circunstancial de las normativas actuales para entrar en un período de negociación en el cual ciertos niveles de violencia son tolerables. De ahí se desprendería el por qué no se persiguen responsabilidades judiciales ni políticas y por qué, incluso a nivel popular, se defiende la legitimidad de las acciones mapuches.

Sin embargo, cuatrocientos años de vida y deudas históricas no se pueden resolver bajo el expediente de no reconocer el estado de derecho. Es en este sistema donde los conflictos ciudadanos encuentran una vía de resolución y convivencia. Insistir en la legitimación de la violencia traería inevitablemente una espiral de provocaciones y agravios que producirá daños materiales y luego humanos. Si se agrega la acción de elementos no mapuches, agrupaciones transnacionales, agitadores políticos y sociales y la proyección de los conflictos ideológicos internos, se tiene un panorama altamente lesivo para la actividad privada en la zona mapuche y una situación que podría terminar por salirse del marco de lo permisible a largo o corto plazo.



©1998 todos los derechos reservados para Diario del Sur S.A.