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sábado 1 de abril de 2000

Enfrenta dos recursos de protección
Endesa reanuda construcción de la Central Ralco

  • Tribunales deberán decidir si en el caso Ralco prima la ley indígena o la eléctrica.
  • SANTIAGO. Endesa S.A. (empresa española) ratificó ayer que reanudará hoy, 1 de abril, los trabajos de construcción de la central Ralco, los que habían sido suspendidos el 1 de marzo recién pasado, por decisión del directorio de la empresa "por prudencia empresarial", a la espera de los decretos de Economía que finalmente le otorgaron la concesión eléctrica definitiva.

    Mientras esto ocurría en Endesa y sus empresas contratistas, los abogados Alex Quevedo y Roberto Celedón interpusieron ayer en la Corte de Apelaciones de Santiago, dos recursos de protección en representación de las familias pehuenches del Alto Biobío que se oponen a la construcción de esta central hidroeléctrica. Al mismo tiempo, solicitan no innovar, lo que, de acogerse, suspende los efectos los decretos de concesión.

    El recurso, presentado por Celedón, Matías Coll y Rodrigo Lillo, denuncia la violación de la ley de medioambiente y la ley indígena, al otorgársele a Endesa la concesión eléctrica sin contar con el cien por ciento de los contratos de permutas de tierras pehuenches, las que, de construirse Ralco, resultarán inundadas.

    "Endesa, dijo Celedón, debe, antes de iniciar cualquier obra, dar cumplimiento a la ley de medioambiente y en especial a la resolución 10 y 23 de Conama que aprobaron el Estudio de Impacto Ambiental y cumplir también la ley indígena. Esto significa que Endesa debe completar el proceso de relocalización a través del sistema de permutas contemplado en la ley indígena, que requiere el consentimiento del propietario pehuenche y la aprobación de Conadi. El proceso de relocalización no puede hacerse por otra vía legal que la expresamente señalada en la aprobación medioambiental. La relocalización no puede completarse a través de la ley eléctrica".

    Celedón señaló que "claramente la ley indígena prima sobre la ley eléctrica".

    El otro recurso de protección interpuesto por Quevedo, en representación de Nicolasa Quintremán y los diputados Alejandro Navarro y Arturo Longton, el economista Hernán Echaurren y el director del Grupo de Acción por el Biobío, Juan Pablo Orrego, se funda en la violación del Código de Aguas dado que Endesa no tenía los derechos de agua suficientes para la capacidad ingenieril de dicha central.

    Los recursos de protección ponen definitivamente ante los Tribunales el tema de si en el caso Ralco prima la ley eléctrica o la ley indígena. Las consecuencias de este hecho jurídico son muy diferentes.

    Si se establece que prevalece la ley indígena, Endesa no puede construir Ralco mientras no cuente con el cien por ciento de las permutas de tierras pehuenches. En cambio, si prima la eléctrica Endesa puede proseguir los trabajos y llegado el momento expropiar -y desalojar si es preciso-, a las familias que se oponen a esta obra. El desalojo lo determinan los Tribunales, pero el auxilio de la fuerza pública para cumplir dicha resolución es resorte de la autoridad política, en este caso, del Gobierno de Lagos.

    "El fundamento principal de esta acción, dijo Quevedo a EL SUR, es que las concesiones eléctricas violan la ley indígena, porque imponen servidumbres sobre la propiedad indígena sin el consentimiento de los indígenas propietarios de las mismas.

    "A través de estos recursos se entra en pleno a decidir si en este caso prima la ley indígena o la eléctrica".

    Explicó que la concesión eléctrica dada por el ministerio de Economía a Endesa, "equivale a autorizar a una persona a construir un edificio sin que sea el dueño del terreno. Se está violando y afectando en forma arbitraria e ilegal el derecho de propiedad no sólo de Berta Quintremán, que recurre, sino de todos los chilenos porque estas concesiones permiten imponer servidumbres legales y ocupar bienes nacionales de uso público. La ley eléctrica dice expresamente que para obtener la concesión hay que tener los derechos de agua suficientes, Endesa no los tenía ni los tiene, por lo que aquí hay una violación gravísima de la ley".

    Por su parte, Orrego explicó ayer que son 18 y no 9, como se ha estado diciendo, las familias pehuenches que se oponen a la permuta de sus tierras.

    "Aparte de estas 18 familias que no han permutado, hay otras 20 que hay que examinar caso a caso. No tenemos claridad sobre lo que está sucediendo con ellas. Además hay muchas familias que permutaron sus tierras a Endesa y ahora no quieren cambiarse porque ven la situación muy desmedrada en que han quedado sus hermanos. Es posible que haya familias que en principio aceptaron la permuta de sus tierras y que ahora quieran desistirse".

    El diputado Navarro, por su parte, dijo que el lunes se reunirán con la ministra de Mideplan, Alejandra Krauss y con el director de Conadi, para pedirle que esta institución asuma la defensa de las familias que se oponen a Ralco. "La Conadi, expreso, tiene la obligación, cuando así se lo solicite, de defender jurídicamente a los indígenas a las cuales se les está imponiendo servidumbres sobre sus propiedades, sin que ellas hayan firmado ni autorizado tal situación".
     

     

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