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Situación de pueblos indígenas en Argentina

Una nota de Luis Zarranz, del colectivo “Jaque al rey”.

Buenos Aires, 17 de diciembre de 2007 (Agencia Walsh). Si los gobiernos de los Kirchner fueran verdaderamente los de los “Derechos Humanos” este artículo no tendría razón de ser. Sin embargo los hechos aquí narrados tienen absoluta actualidad, y por lo tanto, desmienten –junto a otros varios sucesos de la realidad- ese calificativo tanto para la gestión ya finalizada de Néstor, como para la que recién comienza de Cristina.

Decir que los pueblos originarios ven sistemáticamente negados y avasallados sus derechos por el Estado, no es novedad. La propia Corte Suprema de Justicia debió intimar al Ejecutivo a que garantice las condiciones mínimas para que los aborígenes no sigan muriendo de hambre y a causa de enfermedades evitables.

Sin embargo sigue siendo poco y nada lo que las autoridades nacionales y de cada provincia hacen para dar respuestas a las necesidades de las comunidades, cuyos derechos de existencia y propiedad de la tierra están reconocidos por la propia Constitución Nacional, aunque la ley sea letra muerta.

Las condiciones en las que viven los aborígenes no sólo indignan sino que alarman. A la muerte de 13 indígenas por desnutrición, ocurrida dos meses atrás, se suman las pésimas condiciones de vivienda en las que son obligados a vivir, por extensión de la frontera agropecuaria y el no reconocimiento de sus títulos comunitarios de propiedad, frente a un Estado ciego, sordo y manco.

En Formosa, por citar un caso, diversos estudios señalan que se triplicó el Mal de Chagas en los ranchos aborígenes. A propósito, el prestigioso medico y catedrático Daniel Osvaldo Hernández denunció el desinterés oficial por erradicar la enfermedad y sostuvo que existe una “marcada falta de capacidad y de conocimiento para luchar contra esta terrible dolencia”.

“El Mal de Chagas Mazza, azota a nuestro pueblo, Formosa es la única provincia Argentina donde se triplicó la cantidad de Triatoma infestans en los ranchos de nuestros hermanos aborígenes”, dijo Hernández al suscribir un informe que divulgó pocas horas después de visitar comunidades indígenas del extremo oeste provincial..

“Sin embargo oficialmente sólo se subregistra este gran problema, y pareciera que dentro de lo que es la salud, el Chagas no tiene lugar, no le importa a nadie que tenga que ver con esta forma de gobierno en Formosa, acá nadie quiere hacer algo”, planteó.

“El día domingo 18, estuvimos con un equipo multidisciplinario estudiando los problemas de los aborígenes Wichis ‘en terreno’, nadie nos contó, estuvimos allí, viviendo unas horas dentro de los ranchos, pasando lo que pasan ellos durante toda su vida y la verdad duele escuchar que el gobierno va a fumigar los ranchos sólo cuando hay elecciones, que después desaparecen durante dos años, y ante un nuevo ‘round electoral’ aparecen los mágicos fumigadores para destruir a las vinchucas”, sostuvo.

“Era tan decepcionante ver cómo de las hendijas, y agujeros que había sobre las paredes de adobe, se asomaban las vinchucas, a tal punto que todos los que formábamos el equipo -abogados, periodistas, médicos- empezamos a retirarlas con pinzas. Solamente de dos ranchos retiramos 110 vinchucas, todas con el abdomen lleno de sangre que la noche anterior habían ‘chupado’ a los habitantes de esos ranchos”, consignó el médico formoseño en el informe que tuvo nula difusión entre los medios provinciales y nacionales.

“Nos decía un hermano aborigen, de nombre José que ya no sabe mas que hacer y que compró un raid (para matar moscas y mosquitos), porque se despierta a la noche y son muchísimas las vinchucas que están sobre su piel, ‘chupando sangre’ y que todos los días, barre de abajo de la cama, unas 50 a 70 vinchucas que quedaron mareadas por el insecticida. Nos informaba también que realizó muchos pedidos para que alguien vaya a fumigar su rancho y nunca jamás alguien lo hizo, aunque si van a otros ranchos que están a 50 metros del suyo”, describió.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en América Latina, existen 25 millones de infectados, y 100 millones en riesgo de contraerla, en Argentina, hay 3 millones de infectados, y en Formosa, en las comunidades aborígenes 7 de cada 10 están infectados, y el resto con posibilidades de contraer la infección.

“El Gobierno es el responsable de este desastre, sería importante que se admita no únicamente la existencia cada vez mas elevada de vinchucas y Chagas en la provincia de Formosa, sino también la falta de capacidad y de conocimiento para luchar contra esta terrible enfermedad”, acusó Hernández.

Sin embargo, y pese a la capacidad económica para hacer frente a este grave problema sanitario, el problema sigue sin resolverse. El Gobierno de Formosa, aliado de los Kirchner, se pasa la pelota con el gobierno nacional sobre quién debe combatir el Mal de Chagas y ninguno de los dos aporta soluciones.     

En otras provincias, la relación Estado-comunidades aborígenes también deja mucho que desear. En Salta, el Gobierno, ahora encabezado por Juan Manuel Urtubey, que sucede al latifundista Juan Carlos Romero, avaló la expulsión de un grupo de comunidades originarias y el desmonte propuesto por la multinacional Seabord Corporation, empresa que explota el ingenio San Martín del Tabacal.

De esta manera Urtubey, respalda la decisión de su antecesor y avala la expulsión de una comunidad guaraní de sus tierras ancestrales para beneficiar a una empresa multinacional.

Seabord Corporation explota el Ingenio San Martín del Tabacal, con el respaldo del gobierno provincial, enmarcado en lo que denominan recuperación de terrenos abandonados para aumentar la superficie de plantación de caña de azúcar.

Según un informe que consignó la Agencia Walsh en base a datos del medio Copenoa, el proyecto avanza sobre tierras reclamas por comunidades originarias que fueron expulsadas violentamente por la multinacional azucarera. Los objetivos del “Proyecto 16.000”, son el aumento de la capacidad diaria de molienda de caña de 11.500 toneladas a 16.000. De ahí su nombre y la causa de la expulsión de los aborígenes.

La comunidad originaria Guaraní, que fuera reprimida violentamente en “La Loma”, luego de una denuncia de usurpación realizada en la justicia provincial por la multinacional, y que hoy vive en completo hacinamiento en el asentamiento La Estación, esta litigando en la justicia la posesión ancestral de esas tierras.

El juez Leonardo Aranibar dictaminó tiempo atrás  “hacer lugar a la medida Cautelar de No Innovar, ordenando al Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL que se abstengan de realizar en dicho predio actos que impliquen depredación, extracción de árboles o plantas, movimientos de tierra o profanación de tumbas sobre el predio de La Loma, bajo apercibimiento de desobediencia judicial y remitirse a los antecedentes al fiscal penal ”.

El “Proyecto 16000” fue refrendado por el gobernador Juan Carlos Romero. Su objetivo, comprende el período 2004 al 2012, donde los accionistas norteamericanos de la Seabord Corporation incrementarán en un 40% la producción de azúcar, hoy estimada en unas 185 mil toneladas anuales y con una producción final de 240 mil.

Para tal fin el Ingenio y Refinería San Martín del Tabacal SRL, con la participación del gobierno del saliente gobernador Romero seguirá depredando lo que consideran “recuperación de terrenos abandonados” donde hoy viven comunidades originarias, desmontando tierras reclamadas por estas comunidades.

En todo el país, las comunidades aborígenes reclaman más de 8 millones de hectáreas, lo que es lo mismo que tres veces Misiones o 428 veces la ciudad de Buenos Aires. Los territorios aborígenes son acechados por el corrimiento de la frontera agropecuaria, los monocultivos de soja y pino, la minería metalífera a gran escala y las petroleras.

Y frente a esto, el Gobierno de los “Derechos Humanos” no hace, ni dice, absolutamente nada pero sigue aliándose con los feudos provinciales que propician el genocidio aborigen.

Igual, no hay de qué preocuparse: “El cambio recién comienza”.

Menos mal.