El Sur
ÑukeMapu

Concepción, Chile, domingo 12 de noviembre de 2006

 

En estricto rigor, en la región sólo hay un mapuche preso por una causa vinculada al conflicto indígena. Se trata de Víctor Ancalaf Llaupe, quien está recluido desde noviembre de 2002 en la cárcel El Manzano de Concepción, condenado por conducta terrorista por el incendio de camiones de Endesa, en Alto Biobío, en enero de 2001.
     Sin embargo, desde la cárcel de Lebu se alza la voz de otro peñi: Ociel Santi Paine (26), quien se define como “preso político mapuche”, aunque está imputado de delitos comunes: robo con intimidación, abigeato y amenazas, ilícitos que niega haber cometido.
     EL SUR se entrevistó con él, luego de sortear los controles habituales de un día de visita en dicho penal y la desconfianza del propio detenido, quien papel en mano chequeó los antecedentes de su interlocutor.
     “Van a llamarte para verificar tus datos”, advierte.
     De menuda pero atlética figura, este integrante de la comunidad Nicolás Calbullanca, de la zona de Lleu Lleu, plantea que “trabajamos por restituir espacios territoriales legítimos usurpados por el Estado chileno”, una frase que suena aprendida, pero de corazón. Precisa que se refiere con “trabajamos” a “concientizar a nuestros hermanos para que denuncien la represión y la forma cómo han violentado nuestros derechos”. Por las dudas, aclara que nunca ha ejercido la violencia.
     Ociel Santi es sindicado por informes policiales como uno de los agitadores del sector de Lleu Lleu y sobre él se ciernen sospechas de participación en atentados, que hasta ahora no se le prueban. Y a pesar de que está preso por delitos comunes, afirma que “con mi detención se está tratando de criminalizar nuestra legítima lucha”.
     Se siente “perseguido” por el fiscal Mario Elgueta y la gobernación, a quienes acusa de “intentar vincularme con algunos hechos, pero todo eso es un montaje. Se sabe que nuestra comunidad reclama tierras y ellos piensan que la nueva generación de jóvenes está detrás de los atentados. Por ello, cualquier dirigente joven corre el mismo riesgo”.
     Asegura no conocer qué es la Coordinadora Arauco Malleco. “No tengo conocimiento de tal organización”, es su seca frase al consultársele si está ligado a ésta, otra de las sospechas que caen sobre él.
     
     Santos Reinao:
     “¿Y si fueran autoatentados?”

     
     Santos Reinao Millahual, presidente del Area de Desarrollo Indígena de Lleu Lleu, critica que siempre que se cometen hechos de violencia se los adjudican inmediatamente a “nuestros peñis”. Se pregunta, “¿por qué nadie se atreve a pensar que se puede tratar de autoatentados?”. Afirma que hasta ahora no hay ninguna relación judicial que dé la certeza de que se trata de actos cometidos por mapuches y “ante la duda, mejor abstenerse”, comenta.
     Reinao reconoce que sus peñis realizan algunas acciones reivindicatorias de tierra, como meterse a predios, “pero es como tomarse la municipalidad en la ciudad, no es un acto terrorista, se hace a cara descubierta”, afirma.
     Dice que los más perjudicados con estos hechos de violencia son los propios mapuches, sobre todo los que desarrollan actividades turísticas a orillas del lago.
     Expone que en los últimos años esta actividad ha crecido en temporada de verano de $3,4 millones los primeros años a $7,8 millones en 2005-2006. Espera que los últimos acontecimientos no detengan esta curva ascendente.
     
     Perdió camiones y su chofer un ojo:
     A punta y codo por la vida

     
     De Capitán Pastene, un pueblito de la Novena región de poco más de 2 mil almas es Gerardo Iubini Prádenas (45), el empresario que quebró el mismo día que un grupo de encapuchados quemó sus camiones y uno de sus conductores, Antonio Boissier (60), perdió un ojo.
     “Todavía tengo deudas”, admite.
     Los dos camiones le habían costado $140 millones y hoy, a punto de perder un contrato con Mininco evoca ese 15 de abril de 2002. De nada sirvieron denuncias y querellas, dice, pero está agradecido de la forestal -de la que es contratista- que le ayudó a reunir $10 millones para comprarle un tractor a Boissier.
     “Por lo menos, él tiene con qué defenderse, aunque no ha logrado pensionarse”.
     En el área del Lleu Lleu, donde se suceden los ataques, no hay otra actividad que el transporte de madera de las forestales. Y arriesgan, aunque las pólizas de seguros no cubran actos terroristas. La vida de un empresario no está exento de problemas y él avanza a punto y codo todos los días, reflexiona.
     Y de los ataques, piensa que más que a él u otros transportistas están dirigidos contra el sistema y cuentan con apoyo de Ongs. En Temuco, dice haberlos visto compartiendo con gringos. “Conozco bien a los mapuches; me crié y aprendí mis primeras letras con ellos en Capitán Pastene, y no he perdido contacto con ellos. Son bien ladinos, pero no podría decir que (los autores) sean mapuches; lo más probable es que estén involucrados, pero no me consta.”
     
     Empresario de Arauco:
     Críticas a Conadi

     
     Carlos Campos Valenzuela es un agricultor que vive actualmente en la zona del lago Lanalhue y que a puro esfuerzo ha logrado abultar su billetera como nunca pensó cuando era un humilde joven. “Así debieran ser estos cabros que lo hostigan a uno, y que no han trabajado un peso ni para el día de ellos”, reclama.
     El lunes pasado una cabaña que tenía en el área de Lleu Lleu ardió y otra, de su hija, se salvó porque el combustible que le rociaron “no prendió”. Hoy esta última es vigilada por Carabineros, al igual que la casa de su hermano Eduardo. Se estima que en toda la zona de Lleu Lleu hay unos cien efectivos evitando que vuelvan a suceder atentados.
     Hasta hace poco, Campos era dueño de una parcela de 67 hectáreas que se vio obligado a vender a la comunidad Nicolás Calbullanca. Explica que el hostigamiento era constante por parte de los “cabros jóvenes” que se metían al predio y le robaban los animales.
     “Presionan y presionan hasta que uno se ve obligado a venderles. La Conadi no pone freno, porque sólo preguntan si uno está de acuerdo en vender, pero ¿qué más nos queda hacer... ? La Conadi debiera ponerse firme y no aceptar esas prácticas, porque así van a llegar a Concepción”, dice.
     El director regional de la Conadi, Jaime Painemal Ulloa, descartó las críticas de Campos y dijo que todo lo que compran se sustenta en estudios. “No actuamos en función de la contingencia”, se defendió.


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