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Insaciables

Ana Verónica Peña
La Nación, Domingo 26 de Septiembre de 2004 , pag. 3-6

Sólo 16 grupos económicos controlan el 80 por ciento del PIB nacional. En el primer semestre de este año algunas empresas más que triplicaron sus utilidades y, en promedio, el alza fue de un 34 por ciento. Pero no basta. Ahora alegan -tardíamente- porque la reducción de jornada les afectará el bolsillo, mientras piden a gritos ‘su’ flexibilidad laboral.

El mismo día en que la última reforma laboral terminaba su tramitación en el Senado, el 11 de septiembre de 2001, Juan Claro estaba en Lisboa con el Presidente Lagos, promoviendo la inversión extranjera en Chile. Allá, fue entrevistado por La Segunda sobre el asunto. El proyecto no le parecía el más adecuado, pero cuidó sus palabras. Nada dijo en esa ocasión sobre la reducción de la jornada laboral de 48 a 45 horas semanales, que se aprobó entonces para entrar en vigencia en enero de 2005. Consultado sobre el contraste entre su rol en el gremio empresarial y su participación en la comitiva presidencial, no se hizo mayor problema: “Cuando uno está en estas misiones, lo que hace es mostrar al país en su conjunto; las diferencias de opinión se tienen que discutir en la casa”, dijo.

De regreso al país, el acortamiento de la jornada laboral tampoco estuvo entre sus preocupaciones. Obvio, días después, en la cena anual de la Sofofa, el plato de fondo era la Agenda Pro Crecimiento, cuyo envío al Congreso fue anunciado por Lagos durante la cita y terminó su tramitación en octubre del año pasado. Ese era su gran proyecto, el que le abrió de par en par las puertas de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC) e hizo, incluso, que David Gallagher, reconocido empresario liberal y analista del CEP, soñara a Lagos entregándole la banda tricolor al presidente de los industriales en marzo del 2006, como escribió en El Mercurio en febrero de 2002.

Hoy, cuando le restan poco más de dos meses en la presidencia de la CPC y falta algo más de tres meses para que entre a regir el acortamiento de la jornada, trabaja con ahínco en la segunda versión de su legado, pero también se da el tiempo de alegar contra la norma aprobada el 2001 que prohíbe, además, rebajar los salarios. Y saca cuentas: tres horas menos de trabajo en la semana equivalen a 21 días libres en el año o, lo que es lo mismo, a un aumento en los sueldos y salarios de los trabajadores de un 6,6 por ciento. Algo que, a su juicio, el empresariado no está en condiciones de soportar.

“Esto produciría un esquema de desempleo creciente que presionaría en el mercado laboral y terminaría bajando los salarios de los trabajadores”, advirtió hace sólo unos días.

El ministro del Trabajo, Ricardo Solari, le recordó un dato no menor: en el primer semestre del año, las utilidades de las empresas subieron en un 34 por ciento. De ahí que el secretario de Estado dijera que “es también la oportunidad para que (esta medida) sea un factor de distribución de los beneficios del crecimiento”.

Solari se quedó corto. Según una nota de El Mercurio del 22 de agosto, el rango es bastante amplio. A las más grandes empresas realmente les fue bien, entre ellas, Lan Chile -de Sebastián Piñera y el grupo Cueto- vio crecer sus utilidades en un 209 por ciento; Madeco, en un 151,9; Embotelladora Andina, del grupo Said, en un 136,6; y la Compañía Sudamericana de Vapores, de Ricardo Claro, en un 77 por ciento.

Pero el timonel de la CPC no se convence y le retrucó al ministro que la forma de mejorar la calidad de vida de los trabajadores no va por la vía de garantizar legalmente los beneficios, sino por el crecimiento económico sostenido en el tiempo. “Luego de un período recesivo en Chile, las empresas recién están recuperando su valor”, se quejó.

La reacción del ex dirigente sindical y ahora diputado de la DC, Rodolfo Seguel, fue inmediata: “Si ayer guardaron silencio, que hoy no vengan a llorar como niñitas”.

REDISTRIBUCION

El lamento de Claro no gustó ni a los dirigentes sindicales que mejor se han entendido con el mandamás de los empresarios. “Me parecen un tanto extemporáneas estas opiniones. El tema, en su momento, estuvo en el debate público y esa era la ocasión de expresar estas críticas”, dijo a LND el DC Diego Olivares, ex dirigente de la CUT y ahora presidente de la escindida Unión Nacional de Trabajadores (UNT).

En la actualidad, Olivares mantiene reuniones con Claro y sus asesores, e incluso ambos han intercambiado minutas en torno a la Agenda Pro Crecimiento II, que incluye, entre otros temas, la polémica flexibilidad laboral a la cual la CUT cerró las puertas con candado. “En el Chile de hoy, Juan Claro ha sido un buen contribuyente a una mejor relación cupular entre empresarios y trabajadores. Él refleja un proceso de promoción del diálogo social y una mirada común al Chile que queremos construir, menos ideologizada y, por ello, ha pagado sus costos al interior de su gremio”, dice Olivares.

Una opinión que muchos comparten, pero que otros relativizan. “A pesar de que en lo mediático demuestra una apertura al diálogo no se ha visto un avance en la práctica y la encuesta Casen denota esa realidad”, acota el economista Marco Kremerman, de la Fundación Terram.

El instrumento al que alude Kremerman, elaborado y dado a conocer recientemente por Mideplan, arrojó que el 10 por ciento más rico de los chilenos recibe recursos 34,5 veces más altos que los que recibe el 10 por ciento más pobre. En términos de concretos, significa que mientras los unos viven con un promedio de 769.345 pesos mensuales, los otros sobreviven con 14.818. De acuerdo con la misma encuesta, los pobres en el país alcanzan al 18,8 por ciento de la población.

Según Kremerman, esta cifra podría bajar a cero con sólo una reducción a 720 mil mensuales de los ingresos de los más ricos, si la diferencia se distribuyera entre el decil más pobre: “Este ejercicio estadístico hace pensar que la distribución del ingreso, entre utilidades y remuneraciones en las empresas, presenta un amplio margen para que cada persona cuente con recursos, al menos, dignos”.

Pero no hay agua en la piscina. Ni para mejorar los sueldos ni para aumentar el gasto social. Cada vez que el gobierno ha tratado de redistribuir ingresos mediante una adecuación de la estructura tributaria, los empresarios se han opuesto con vehemencia. Y Claro ha sido uno de los más duros en manifestarlo, primero, cuando se opuso a gravar en dos puntos más las utilidades de las empresas y, después, cuando se intentó alzar los tributos del tabaco, alcohol y diesel para financiar el AUGE y el Chile Solidario y sólo se consiguió aumentar el IVA.

Pero si de Claro hubiera dependido, el gobierno ni siquiera hubiese contado con eso. Invitado a dar su opinión ante la Comisión de Hacienda del Senado, en esa ocasión, sostuvo que bastaba con mejorar la eficiencia del gasto público, seguir con las privatizaciones y crecer más. Cualquier cambio en los impuestos está de sobra, recalcó.

Cuando se debatió el financiamiento de estos proyectos, también estaba sobre el tapete el déficit fiscal, producto de un mayor gasto social. Y Claro también tenía una receta para recuperar el equilibrio: “Lo que realmente se requiere es una mayor reducción del gasto público”, dijo. Tal cual.

VERGÜENZA NACIONAL

El gasto público, que Claro criticaba y recomendaba reducir, permite por el contrario que la desigualdad de los ingresos se acorte, aunque sea un poco. La misma encuesta Casen da cuenta de aquello. Al incorporar a los ingresos de los más pobres lo que reciben del Estado en pensiones asistenciales, subsidios familiares, del agua potable, asignaciones familiares y subsidio de cesantía, la brecha entre el 10 por ciento más rico y el 10 más pobre baja de 34,5 a 25,4 veces.

La desigualdad es preocupante. Pero se hace poco. “Hablar sobre nuestra pésima distribución del ingreso se ha convertido en una moda. Todos quieren colocar el tema como caballito de batalla de las próximas elecciones, pero nadie se atreve a proponer soluciones de fondo”, plantea Kremerman.

Sin ir muy lejos, en el último Tedéum, el cardenal Errázuriz habló de ello. “Luchemos con más intensidad y con más prontitud contra la inequidad, la injusticia y la intolerancia, acortemos de verdad la brecha entre los ingresos más altos y los más bajos”, fue parte de su llamado al rebaño. Y el tema no sólo ha estado presente en boca del cardenal. La última edición de la revista Capital -la más leída por los empresarios, como se promociona- lo traía en portada titulándolo, nada menos, como “la gran vergüenza de Chile”.

Y es que si la encuesta Casen remueve conciencias, el último informe del Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas (PNUD) da escalofríos. Dado a conocer en marzo pasado, el estudio internacional ubicó a Chile en el décimo lugar de los países con peor distribución del ingreso.

La clasificación tiene un parangón en una cruda realidad: de cada 100 pesos que producen en Chile, 62 se van al bolsillo del 20 por ciento más rico de la población; y sólo 3 pesos le llegan al 20 por ciento más pobre. Si la comparación se hace sólo con el decil más rico versus el decil más pobre, Chile avanza al séptimo lugar en la escala de desigualdad. Lo peor es que todos los países clasificados por sobre este lugar son naciones menos desarrolladas y mucho más pobres que la chilena. Eche un vistazo: Namibia, Lesotho, Bostwana, Sierra Leona, República Centroafricana y Swazilandia. No hay consuelo.
La situación es tan patética que, si se estudia sólo al 5 por ciento de los extremos, el grupo más pudiente recibe 209 veces más ingresos que el 5 por ciento más pobre. Eso es que mientras el primero vive con casi 2 millones de pesos mensuales; el segundo apenas cuenta con poco más de 5 mil. Y lo más notable es el avance: en 1990, según el mismo informe, esta diferencia era de 130; es decir casi se ha duplicado en 14 años. Y cómo no, si desde entonces, el sector más pobre aumentó sus ingresos en 1 por ciento, mientras los dueños de gran parte del PIB nacional incrementaron el suyo en un 62.

Tal injusticia se explica en parte importante por la alta concentración de la propiedad que hay en Chile. Pruebas al canto: sólo 16 grupos económicos controlan el 80 por ciento del PIB nacional; cuatro bancos dominan el sector financiero; siete AFP manejan 45 mil millones de dólares del sistema de pensiones; D&S y Cencosud –del grupo Ibáñez y Paullman, respectivamente- controlan casi el 55 por ciento de los supermercados; Iansa, el 78 por ciento del azúcar; Telefónica CTC Chile, el 75 del mercado de la telefonía fija; Endesa y Colbún, el 70 de la generación eléctrica; Lever, el 75 de los detergentes; CCU, el 89 de las cervezas; Lan, el 88,2 del transporte aéreo de carga y el 70 de pasajeros; y Chiletabacos, el 98 por ciento de los cigarrillos. ¡Uff!

La pésima distribución del ingreso en Chile en ningún caso se explica por la escasez de recursos porque, más allá de la crisis asiática y sus bemoles, la economía chilena creció entre 1990 y el 2003 a un promedio de 5,5 por ciento anual. Para este año, el Banco Central acaba de anunciar que se alcanzará el mismo rango. Un nuevo golpe al mentón a la teoría neoliberal del chorreo, base del modelo chileno, que sostiene que hay que preocuparse sólo de producir más, porque el mercado se encarga de distribuir.

EMPLEO INDECENTE

Una clave en este escenario, afirma Kremerman, está dado por el comportamiento del empleo. En Chile, dice, tenemos una tasa de desempleo en alza, a pesar de que el país genera riqueza. A su juicio, esto obedece a “un problema cultural: existen empleadores que les pagan a sus trabajadores 100 mil pesos, cuando podrían pagarle 180 mil”. Así de simple.

Un aspecto del cual también se han dado cuenta a escala mundial. La Organización Internacional del Trabajo (OIT), en su último informe, sostiene que en Chile no existe trabajo decente. Y da cifras: un 35 por ciento de los trabajadores carece de contrato y un 70 por ciento del empleo va de regular a precario, de acuerdo a criterios de ingresos, existencia de contrato y previsión social. En el 20 por ciento más pobre de la población, el trabajo precario alcanza al 94 por ciento.

Según el mismo organismo, sólo el 30 por ciento del trabajo existente se podría definir como decente, pero aún ese porcentaje se caracteriza por jornadas que sobrepasan las 50 horas semanales, cuando el promedio en América Latina llega a 42 y en las naciones desarrolladas, no supera las 40. No hay caso, otro ranking internacional -del International Institute for Management of Development (IMD), de Suiza- elaborado en el 2003 situó a Chile entre los top ten en horas trabajadas, con 2.195 anuales, pero en lugar 37 en productividad. Justamente, lo que se espera corregir en parte con la reducción de la jornada semanal.

Otro estudio, de la Fundación Chile 21, establece que la extensión de la jornada no es igual en todas las empresas. Por tamaño, los trabajadores de las microempresas laboran en promedio 47,98 horas semanales; en las pequeñas, 48,33; en las medianas sube a 49,05; y en las grandes empresas alcanza a las 49,03. Por rubro productivo, las más extensas jornadas se dan en la minería (51 horas) -se explica por el sistema de turnos- y el comercio (50).

Eso y otros aspectos de las condiciones laborales en el país han tenido ocupado a un grupo de diputados en los últimos meses, desde que se creara, en abril de este año, una comisión investigadora sobre las violaciones de los derechos laborales a partir de la aprobación de la última reforma laboral.

El presidente de la instancia, el socialista Juan Pablo Letelier, dijo a la LND que los hallazgos son escandalosos. “Nos encontramos incluso con contratos de trabajo cuyo sueldo base es de 5 pesos mensuales –sí, ¡5 pesos mensuales!- y todo lo demás se paga en comisiones. Entonces, el valor de las horas extraordinarias se calcula sobre la base de esos 5 pesos”, dice a modo de ejemplo.

Incluso el propio Presidente Ricardo Lagos aludió a contratos por un peso al mes en los mall.

Cuando ya se afina el informe final de resultados de esta comisión, que debiera votarse en la sala en las primeras semanas de octubre, Letelier tiene una visión ya formada. En su opinión, es un hecho que algunos sectores incumplen y distorsionan el espíritu de la ley, especialmente en el sector minero y pesquero; pero donde el asunto es realmente alarmante, dice, es en el comercio y el sector bancario, donde se han encontrado centenares de razones sociales entre los empleadores de trabajadores que laboran en un mismo sitio físico, es decir, en una misma empresa. Ello, como una forma de evitar la sindicalización y evadir responsabilidades de la empresa, como el pago de salacunas y la distribución de utilidades.

Un caso emblemático de violaciones de los derechos laborales, acota el parlamentario, se detectó en una de las empresas forestales que preside el ex dirigente gremial Fernando Léniz, en la cual se pide a las mujeres un certificado de esterilización antes de firmar contrato de trabajo. Todo un ejemplo del rol social de la empresa.

La comisión también ha tenido a la mano la información oficial. La última encuesta sobre calidad del empleo, Encla, elaborada por el Ministerio del Trabajo en 2002, refleja que el 75,1 por ciento de los trabajadores no está sindicalizado. Y, en las empresas donde existe sindicato, sólo el 37,5 por ciento de sus trabajadores está afiliado. El mismo estudio señala que el 51,5 por ciento de las empresas subcontrata actividades a terceros, una de las formas en que más se ha precarizado el empleo en los últimos años.

LA VENGANZA DEL CAPITAL

Juan Claro también asistió a esta comisión. Y también se quejó. Esta vez porque, a su juicio, las conclusiones estaban incluidas en los considerandos del proyecto, que establecía que la existencia de la instancia se justificaba en el incumplimiento de los derechos de los trabajadores. “Pediría que a futuro tengan un poco más de cuidado en la redacción”, dijo de entrada, mientras se lamentaba de la costumbre de estigmatizar a los sectores productivos, señalándolos como culpables de los problemas sociales. “Eso no ayuda. Es obvio que genera una reacción del sector empresarial”, acotó con humildad.

Después pasó a criticar a la dirigencia sindical acusándola de estar “atrapada en un discurso combativo con sus organizaciones, las que son cada vez menos representativas”, según se lee en la trascripción de su intervención. Sobre las violaciones de los derechos laborales, dijo que simplemente no existían. Lo que hay, dijo, es una confusión: “Una cosa es no cumplir con la legislación laboral y otra muy distinta es que el trabajador piense que su sueldo es malo. Es legítimo que un trabajador aspire a un buen sueldo, pero no debe confundir eso con un derecho”.

Para el cierre de su intervención ante la comisión, Claro se reservó la teoría de la “venganza del capital”; algo así como una advertencia: si se sigue aumentando el costo de la formalidad del trabajo, con más beneficios reglados, el capital buscará inversiones más rentables, reemplazando trabajadores por nuevas tecnologías o simplemente emigrando a otros destinos. Algo que ya pasó en Europa, dijo.

Él lo planteó en términos hipotéticos, como un riesgo a considerar. Pero la verdad es que ya es una realidad. El fenómeno ha estado presente en Chile durante la última década. Según estadísticas del Banco Central, la inversión chilena en el exterior aumentó entre 2003 y 2004 en 132 por ciento. En 2003 alcanzó 1.723 millones de dólares y, entre enero y marzo del 2004, había llegado a 4.013 millones de dólares.

El mismo organismo estima que los chilenos tienen en el exterior 41 mil 634 millones de dólares, casi el 57 por ciento del PIB, que es todo lo que produce el país. De ellos, 15 mil millones corresponden a las reservas internacionales; 14 mil, a los fondos previsionales -la plata de todos los chilenos-; casi 10 mil corresponden a inversiones de empresas; y 3 mil, a inversiones personales de los chilenos más pudientes.

Lo más interesante son los lugares en que se encuentran estos millones de dólares: en orden de montos, Estados Unidos, Gran Bretaña y el paraíso fiscal de las Islas Caimán; en suma, los destinos preferidos del “capital especulativo”.

Para muestra otro botón: pese a que el país ha estado en constante crecimiento económico, entre 1999 y 2003 la tasa de desocupación promedió 9 por ciento y, hasta antes del último informe de política monetaria del Central, la inversión se mostraba esquiva y no tenía relación lógica con el crecimiento de la riqueza.

ÚLTIMA OPORTUNIDAD

El dirigente sindical Diego Olivares contó a LND que en el centro de la propuesta para la Agenda Pro Crecimiento II que entregaron a los empresarios, los sindicalistas proponen, justamente, la distribución del ingreso que a su juicio es una deuda pendiente de los empresarios con sus trabajadores. Y está optimista, dice, en cuanto a que Juan Claro acceda a caracterizar la segunda parte de su proyecto con esta idea.

Pero los empresarios, parece que están en otra. Una encuesta realizada recientemente por Asexma entre sus asociados, establece que un 53 por ciento cree que la reducción de la jornada se traducirá en un aumento de los costos de producción; un 16 estima que habrá una disminución de la productividad; y un 7,6 piensa que se obstaculizará el cumplimiento de metas. Sólo un 11,8 por ciento dice que no provocará ningún impacto y un escaso 7,6 por ciento señaló que la medida generará una mejoría en la empresa, porque significa un incentivo para la eficiencia de los trabajadores.

Según lo señalado por Claro en la prensa, legislar ahora para flexibilizar aún más el mercado laboral serviría para paliar en parte estos costos. “Eso es lo central, lo demás me parece periférico”, agregó.

Hay más posibilidades de que el centro de la nueva Agenda sea el propuesto por Claro y no el que pretende Olivares. No en vano, las estadísticas indican que el Poder Legislativo es mucho más eficiente al tramitar leyes que benefician al mercado y a sus dueños, que al mundo social. Un estudio de la Corporación Representa así lo destacó esta semana, cuando dio a conocer esta otra brecha: la reforma al mercado de capitales -centro de la Agenda Pro Crecimiento I- demoró cuatro meses para su aprobación; el TLC con Estados Unidos, dos meses; la Ley Corta de Pesca, un mes; y la eliminación de la doble tributación entre Chile y España, un día. En tanto, la nueva Ley del Consumidor tardó 32 meses; el Chile Solidario, 18 meses; y la nueva Ley de Isapre lleva 25 meses y recién está en segundo trámite legislativo.

No hay duda, las probabilidades están a favor del gigante.
 

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