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Martes 27 de marzo de 2007

Violencia mapuche

Según el subsecretario del Interior, la captura de José Huenchunao Mariñán, uno de los líderes de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), que ha impulsado numerosas acciones ilegales y violentas en la IX Región -atentados, ataques incendiarios y otras-, pone fin a una historia y es una señal muy clara de que "en este país no hay impunidad para cometer delitos". Sus palabras son bienvenidas, pero los desmanes contra agricultores y empresas forestales siguen proyectando una reiterada imagen de impunidad, por la lenta reacción de las autoridades.

José Huenchunao, ahora condenado a 10 años y un día, se encontraba prófugo de la justicia desde septiembre de 2004, cuando no compareció al juicio respectivo, aprovechando que la Corte de Apelaciones de Temuco negó la prisión preventiva que reiteradamente solicitó el Ministerio Público, dejándolo en libertad con medidas cautelares, que él no cumplió. Junto a otros imputados pasó a la clandestinidad, anunciando que continuaría la lucha por la autonomía territorial. En mayo de 2006, el tribunal oral de Angol llegó a la convicción más allá de toda duda razonable -como lo sostiene en la sentencia- de que en 2001 se tipificó el delito de incendio con carácter terrorista de un fundo de la empresa forestal Mininco, en el que Huenchunao participó como autor directo, entre otros, con la finalidad de causar temor en la población. La acción sostenida del Ministerio Público, ejecutada por equipos de inteligencia de Carabineros, llevó a su detención y la de otros prófugos de esa asociación ilícita. Sin embargo, a pesar de esas aprehensiones, la CAM no ha sido desarticulada, ya que a menos de 24 horas de la última detención, nuevos ataques incendiarios se produjeron en Tirúa, cerca de la comunidad donde Huenchunao había permanecido oculto.

Es del todo predecible que el conflicto continuará, por el incentivo perverso que significa la asignación de tierras por el Gobierno a comunidades, incluso cuando sus asignatarios están procesados por delitos violentos, precisamente para forzar a la venta de tierras por agricultores amenazados por los terroristas. La Conadi ha expresado que ella no discrimina entre las comunidades por la actuación -ni aun delictiva- de algunos de sus miembros.

Evidentemente -como se ha señalado en días recientes-, al no existir tal distingo, ni plazo ni límite de hectáreas que adquirirá el Estado para saldar la "deuda histórica" con los pueblos originarios, ni tampoco cota máxima a que puede aspirar un descendiente de aquéllos, la demanda por tierras será infinita y mayor cada año, mientras no se modifique tan errada política.