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Conflicto indígena, ¿el fin de la historia?


Jueves 22 de marzo de 2007

La faz violenta del conflicto ha sido útil al propósito de situar las reivindicaciones indígenas dentro de las prioridades de los últimos tres gobiernos y ha servido como justificación de millonarias asignaciones.

La reciente captura del máximo vocero y dirigente de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco (CAM) -organización responsable de la mayoría de los atentados registrados en la última década en el sur del país- podría inducir al error de pensar que el problema se encuentra superado o que éste ha llegado a su fin. La realidad indica que la trama interna que sostiene el conflicto indígena y los incentivos económicos que lo nutren -los que fueron inteligentemente diseñados- se encuentran sólidamente instalados en la administración del Estado, el poder político y la sociedad.

La faz violenta del conflicto ha sido útil al propósito de situar las reivindicaciones indígenas dentro de las prioridades de los últimos tres gobiernos y ha servido como justificación de millonarias asignaciones fiscales que han sido declaradas en beneficio de las etnias; aún permanece en la retina de muchos la imagen de un gigantesco acto "multiétnico" realizado en La Moneda, en 1999, en donde el entonces Presidente Frei Ruiz-Tagle anunció la destinación de 150 mil millones de pesos para beneficio de los pueblos originarios y así congelar la violencia, lo que lamentablemente no ocurrió.

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) se ha transformado en el más activo "market maker" de campos agrícolas en Chile, y su presencia en el mercado es agradecida finalmente por quienes se debaten entre una vida sometida a la violencia incendiaria o la venta de sus tierras a un precio razonable. Para lograr que el Fondo de Tierras y de Aguas que administra la Conadi declare la "Aplicabilidad del art. 20 letra b) de la Ley 19.253" -críptica forma de reconocer que se está frente a un caso de violencia-, y proceda a la compra de un terreno, éste debe haber sido declarado previamente, por mandato de la propia ley, como "predio en conflicto" por alguna comunidad indígena, cuestión que es manifestada en la práctica a través del registro de incendios, ocupaciones y ataques realizados reivindicando algún difuso derecho ancestral.

No existe plazo ni límite de hectáreas que adquirirá el Estado para saldar la declarada "deuda histórica con los pueblos originarios", y tampoco está establecida alguna cota máxima a que puede aspirar un descendiente de indígena. Es el caso que han comenzado a dividirse comunidades o crear nuevas sólo para extender los beneficios. El futuro de esta política es claro y evidente: la demanda por tierras será infinita y mayor cada año.

Si a lo anterior se suma el hecho de que la rentabilidad social de las tierras entregadas a explotación a las comunidades indígenas es cero o negativa, la exigencia de nuevos y mayores recursos del presupuesto fiscal para suplir la pobreza al interior de las comunidades será permanente.

Para que subsista la enorme cantidad de expertos, asesores y monitores en cuestiones indígenas que actualmente existen en Chile se requiere, además, de un cuantioso presupuesto fiscal y apoyos de ONG extranjeras; el uso y la eficiencia de estos recursos, los que son manejados por la elite indigenista, son cuestionados por los dirigentes más cercanos a las comunidades. Con todo, los sucesivos incrementos en las asignaciones fiscales favorecen a los distintos estratos que existen alrededor de las cuestiones indígenas.

La relativización de la violencia terrorista en el conflicto indígena y los sucesivos intentos por favorecer a dirigentes condenados de la CAM tampoco ayudan a la recuperación de la seguridad jurídica en la zona afectada. El proyecto del ley del Gobierno que despenaliza como acto terrorista los ataques contra la propiedad y la integridad psíquica, y el del senador Navarro, que otorga beneficios especiales de libertad a quienes cometan delitos terroristas reivindicando derechos indígenas, no aportan a la superación del clima de violencia o a la seguridad futura.

Mientras subsistan los beneficios económicos extendidos vinculados al uso de la fuerza en las demandas indígenas y la posibilidad de acceder a ellos sin restricción alguna de comportamiento, incluso siendo condenado por delito terrorista, y se continúe entregando señales de impunidad, difícilmente se podrá decir que la violencia en el conflicto indígena ha llegado a su fin.