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Errado uso de fondos

Martes 19 de diciembre de 2006

Una muestra del errado sentido que le han dado algunos municipios al Programa Social de Absorción de la Cesantía (Prosac) lo constituye el caso detectado en la provincia de Malleco. En ella, una treintena de mapuches de la comuna de Ercilla, imputados por desórdenes públicos y atentados contra la autoridad -incluso uno de ellos con orden judicial pendiente, por haber agredido al ex director de la Conadi-, y otros requeridos para declarar sobre estos hechos son beneficiarios de dicho programa, que asiste a jefes de hogar cesantes inscritos en la Oficina Municipal de Información Laboral (Omil) de la comuna respectiva. Más aún, la denuncia indica que algunos de ellos han permanecido en esos registros por meses, e incluso años, y que otros aparecen sólo a fin de mes a recibir su sueldo, sin haber realizado las faenas de reparación de caminos o de forestación del predio que les compró la Conadi hace cuatro años.

Sorprendente resulta la defensa de esta situación que plantea el gobernador de Malleco: reconoce el requerimiento judicial de los beneficiarios, pero declara que eso no impide el pago del beneficio, pues cumplen los requisitos exigidos para obtenerlo, y que esa gobernación no puede discernir respecto de esos requerimientos ni usarlos como forma de discriminar a los beneficiarios.

Agrega que, por lo demás, determinar su estatus judicial escapa a su responsabilidad.

Es difícil aceptar que funcionarios del Estado entiendan que la forma de tratar a las personas que desacatan la justicia cuando ésta los requiere es pagarles beneficios de cesantía. Si este criterio es el generalizadamente imperante, se hacen más comprensibles las dificultades que existen en la IX Región para hacer cumplir la ley.

La primera conclusión que se extrae de este caso es que prueban ser equivocadas las políticas que el Gobierno ha seguido para abordar el problema mapuche. Su paternalismo, fundado en una visión errónea -aunque bien inspirada-, parece no reconocer a los mapuches la capacidad para hacerse plenamente responsables de sus propias vidas.

La segunda es la limitación del Estado para administrar eficientemente agencias de empleo. Y esto tiene un importante alcance: la "flexiseguridad" danesa que contempla introducir el ministro Velasco depende de modo decisivo de una agencia estatal que controle que las personas efectivamente busquen trabajo, o que acepten empleos que esa agencia les proponga, y que sancione a quienes no lo hagan. Lo aquí observado anticipa las dificultades que enfrentará la propuesta del ministro.


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