Polémica tras desórdenes en juzgado de Temuco:
Justicia responde a Suprema
por seguridad en tribunales
Sábado 18 de noviembre de 2006
El
episodio protagonizado por el grupo de indígenas en el tribunal
de Temuco obligó a Carabineros a redoblar la dotación.Foto:DIARIO
AUSTRAL |
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Ante dura reacción de
jueces, dijo que ellos son los que deben adoptar medidas.
C. VALENZUELA y R. DOWNEY
El miércoles, un grupo de mapuches agredió a un juez y un fiscal en un tribunal
de Garantía de Temuco. El hecho, no sólo dejo detenidos y lesionados, sino
que también abrió un flanco de polémica entre la Corte Suprema y el Ministerio
de Justicia.
A través de un acta, el pleno de la Corte acusó la "pasividad" y "falta de
voluntad" de las autoridades pertinentes para corregir "la escasa y casi nula
protección en que se encuentran los jueces y otros interesados, en juicios
que se desarrollan en las audiencias públicas".
El Ministerio de Justicia respondió horas después que mantener el orden y
seguridad en los tribunales corresponde a los propios jueces y que lo ocurrido
en Temuco es solamente una situación puntual.
En el documento de la Suprema, los 13 ministros que ayer integraron el máximo
tribunal sostuvieron que "se advirtió con claridad que las agresiones y destrozos
se produjeron sin que el personal de Gendarmería adoptara medidas efectivas
para impedir y repeler la injustificada e irracional conducta de ese grupo
de personas, que tomaron por la fuerza el control de un tribunal de justicia".
Pero además recordaron que en diversas oportunidades la Corte Suprema ha representado
a las autoridades pertinentes, -incluso a la Presidenta de la República-,
los problemas de seguridad que presentan los juzgados.
"De seguir produciéndose esta situación y ante la pasividad de las autoridades
encargadas de velar por la seguridad en las Salas de Audiencia (...), se provocará
un grave deterioro a la imagen y autoridad de la Jurisdicción", recalca la
Suprema, situación que "no está dispuesta a tolerar".
Por ello, el pleno acordó llamar la atención de las autoridades encargadas
de asegurar el orden público acerca de la "falta de voluntad" que se advierte
en torno a las medidas de seguridad dentro y fuera de las salas de audiencia,
y manifestar su solidaridad a los jueces, personal de tribunales y a los representantes
del Ministerio Público y Defensorías "que se han visto ilegítimamente afectados
por los actos de desorden no controlados por quien la ley obliga a reprimirlos".
Junto con ello, el máximo tribunal dispuso una serie de medidas "preventivas
y correctivas" que deberán adoptarse en las audiencias públicas.
Entre ellas, faculta a los jueces o presidentes de sala a detener las audiencias
si se producen desórdenes, a expulsar a quienes no respeten las normas e incluso
a denunciar a la Fiscalía si son hechos graves.
Asimismo, instruye a las Cortes de Apelaciones para que adopten "todas las
medidas que sean adecuadas para el control del orden que debe imperar en todos
los tribunales de su Jurisdicción".
Como respuesta, el Ministerio de Justicia (Minju) distribuyó ayer una declaración
pública donde destacan dos puntos.
Lo primero es que acota los casos de incidentes en tribunales. "Desde el inicio
de la Reforma Procesal Penal a la fecha, a nivel nacional se han realizado
un total de 1 millón 104 mil 240 audiencias. En aproximadamente 30 de ellas
se han presentado incidentes de orden o seguridad, lo que da cuenta de una
situación que manifiestamente es puntual...".
El documento también especifica que, según el Código Procesal Penal, son los
jueces los encargados de mantener el orden en las audiencias y tribunales.
"Y por tal, son éstos (los magistrados) los llamados a requerir la mayor presencia
de Gendarmería de Chile en casos determinados y cuando prevean problemas para
la realización de las audiencias".
En la OEA
Ayer se conoció la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA,
que declaró admisible una petición contra el Estado de Chile por presunta
violación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en perjuicio
de los loncos Pascual Pichún y Aniceto Norín, condenados a 5 años de prisión
por amenazas terroristas.
Piden detener a 8 agresores
El fiscal Sergio Moya solicitó al juez de garantía Federico Gutiérrez revocar
la medida cautelar de reclusión domiciliaria de ocho mapuches imputados de
agredir y lesionar a dos fiscales en Temuco. En su reemplazo solicitó imponerles
prisión preventiva, luego de la violenta golpiza que propinaran en el tribunal
a los fiscales Luis Mauricio Torres Contreras y Luis Torres Gutiérrez, al
término de una audiencia de juicio simplificado. En su escrito de revisión
de las medidas cautelares, el fiscal Moya se refiere en especial a la comunera
Luisa Calfunao Paillalef, hermana de la condenada, autora de las más graves
agresiones a los fiscales, según grabaciones de video en la sala.
"Ataque a fiscales atenta contra sistema judicial"
Señala declaración del Consejo General del Ministerio Público en Pto. Natales.
La seguridad en los tribunales se transformó en el principal tema analizado
por los 16 fiscales regionales del país reunidos ayer en Puerto Natales en
una sesión habitual del Consejo General del Ministerio Público, encabezado
por el fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena.
El Consejo emitió un comunicado en el que manifiesta su rechazo absoluto a
los ataques directos sufridos por fiscales de Temuco durante la realización
de una audiencia judicial.
Textualmente la nota señala: "Este Consejo acordó, en el marco de su quinta
sesión ordinaria del año 2006, expresar a la comunidad nacional que las agresiones,
amenazas y otros atentados en contra de los fiscales representan un grave
ataque al sistema judicial en su conjunto y a la persecución penal pública
que los fiscales ejercen.
"El Ministerio Público espera que se adopten las medidas para garantizar la
seguridad en los Tribunales de Justicia. Ante este hecho y otros ataques y
amenazas que han recibido los fiscales en el ejercicio de sus funciones, se
ejercerán en plenitud todas las acciones penales para que se sancione a los
responsables de estos hechos.
"Por último, el Consejo General respalda y apoya la actuación decidida de
los fiscales del Ministerio Público y los insta a que sigan desarrollando
las funciones que les encomienda la Constitución Política de la República".