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Polémica tras desórdenes en juzgado de Temuco:
Justicia responde a Suprema por seguridad en tribunales

Sábado 18 de noviembre de 2006

El episodio protagonizado por el grupo de indígenas en el tribunal de Temuco obligó a Carabineros a redoblar la dotación.Foto:DIARIO AUSTRAL

Ante dura reacción de jueces, dijo que ellos son los que deben adoptar medidas.


C. VALENZUELA y R. DOWNEY

El miércoles, un grupo de mapuches agredió a un juez y un fiscal en un tribunal de Garantía de Temuco. El hecho, no sólo dejo detenidos y lesionados, sino que también abrió un flanco de polémica entre la Corte Suprema y el Ministerio de Justicia.

A través de un acta, el pleno de la Corte acusó la "pasividad" y "falta de voluntad" de las autoridades pertinentes para corregir "la escasa y casi nula protección en que se encuentran los jueces y otros interesados, en juicios que se desarrollan en las audiencias públicas".

El Ministerio de Justicia respondió horas después que mantener el orden y seguridad en los tribunales corresponde a los propios jueces y que lo ocurrido en Temuco es solamente una situación puntual.

En el documento de la Suprema, los 13 ministros que ayer integraron el máximo tribunal sostuvieron que "se advirtió con claridad que las agresiones y destrozos se produjeron sin que el personal de Gendarmería adoptara medidas efectivas para impedir y repeler la injustificada e irracional conducta de ese grupo de personas, que tomaron por la fuerza el control de un tribunal de justicia".

Pero además recordaron que en diversas oportunidades la Corte Suprema ha representado a las autoridades pertinentes, -incluso a la Presidenta de la República-, los problemas de seguridad que presentan los juzgados.

"De seguir produciéndose esta situación y ante la pasividad de las autoridades encargadas de velar por la seguridad en las Salas de Audiencia (...), se provocará un grave deterioro a la imagen y autoridad de la Jurisdicción", recalca la Suprema, situación que "no está dispuesta a tolerar".

Por ello, el pleno acordó llamar la atención de las autoridades encargadas de asegurar el orden público acerca de la "falta de voluntad" que se advierte en torno a las medidas de seguridad dentro y fuera de las salas de audiencia, y manifestar su solidaridad a los jueces, personal de tribunales y a los representantes del Ministerio Público y Defensorías "que se han visto ilegítimamente afectados por los actos de desorden no controlados por quien la ley obliga a reprimirlos".

Junto con ello, el máximo tribunal dispuso una serie de medidas "preventivas y correctivas" que deberán adoptarse en las audiencias públicas.

Entre ellas, faculta a los jueces o presidentes de sala a detener las audiencias si se producen desórdenes, a expulsar a quienes no respeten las normas e incluso a denunciar a la Fiscalía si son hechos graves.

Asimismo, instruye a las Cortes de Apelaciones para que adopten "todas las medidas que sean adecuadas para el control del orden que debe imperar en todos los tribunales de su Jurisdicción".

Como respuesta, el Ministerio de Justicia (Minju) distribuyó ayer una declaración pública donde destacan dos puntos.

Lo primero es que acota los casos de incidentes en tribunales. "Desde el inicio de la Reforma Procesal Penal a la fecha, a nivel nacional se han realizado un total de 1 millón 104 mil 240 audiencias. En aproximadamente 30 de ellas se han presentado incidentes de orden o seguridad, lo que da cuenta de una situación que manifiestamente es puntual...".

El documento también especifica que, según el Código Procesal Penal, son los jueces los encargados de mantener el orden en las audiencias y tribunales. "Y por tal, son éstos (los magistrados) los llamados a requerir la mayor presencia de Gendarmería de Chile en casos determinados y cuando prevean problemas para la realización de las audiencias".

En la OEA

Ayer se conoció la resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, que declaró admisible una petición contra el Estado de Chile por presunta violación de la Convención Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en perjuicio de los loncos Pascual Pichún y Aniceto Norín, condenados a 5 años de prisión por amenazas terroristas.

Piden detener a 8 agresores

El fiscal Sergio Moya solicitó al juez de garantía Federico Gutiérrez revocar la medida cautelar de reclusión domiciliaria de ocho mapuches imputados de agredir y lesionar a dos fiscales en Temuco. En su reemplazo solicitó imponerles prisión preventiva, luego de la violenta golpiza que propinaran en el tribunal a los fiscales Luis Mauricio Torres Contreras y Luis Torres Gutiérrez, al término de una audiencia de juicio simplificado. En su escrito de revisión de las medidas cautelares, el fiscal Moya se refiere en especial a la comunera Luisa Calfunao Paillalef, hermana de la condenada, autora de las más graves agresiones a los fiscales, según grabaciones de video en la sala.

"Ataque a fiscales atenta contra sistema judicial"

Señala declaración del Consejo General del Ministerio Público en Pto. Natales.

La seguridad en los tribunales se transformó en el principal tema analizado por los 16 fiscales regionales del país reunidos ayer en Puerto Natales en una sesión habitual del Consejo General del Ministerio Público, encabezado por el fiscal nacional, Guillermo Piedrabuena.

El Consejo emitió un comunicado en el que manifiesta su rechazo absoluto a los ataques directos sufridos por fiscales de Temuco durante la realización de una audiencia judicial.

Textualmente la nota señala: "Este Consejo acordó, en el marco de su quinta sesión ordinaria del año 2006, expresar a la comunidad nacional que las agresiones, amenazas y otros atentados en contra de los fiscales representan un grave ataque al sistema judicial en su conjunto y a la persecución penal pública que los fiscales ejercen.

"El Ministerio Público espera que se adopten las medidas para garantizar la seguridad en los Tribunales de Justicia. Ante este hecho y otros ataques y amenazas que han recibido los fiscales en el ejercicio de sus funciones, se ejercerán en plenitud todas las acciones penales para que se sancione a los responsables de estos hechos.

"Por último, el Consejo General respalda y apoya la actuación decidida de los fiscales del Ministerio Público y los insta a que sigan desarrollando las funciones que les encomienda la Constitución Política de la República".


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