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La Moneda enviará ley que obliga a empresas a consultar con etnias sus nuevas inversiones:
El polémico gesto hacia los mapuches que prepara Bachelet

Domingo 5 de noviembre de 2006

La ley que enviará el Gobierno establece que cuando no hay acuerdo entre privados y etnias éstas pueden acudir a tribunales internacionales para hacer cumplir sus derechos.

En 30 días el Gobierno pondrá suma urgencia al proyecto de ley que incorpora a Chile al convenio 169 de la OIT y que está detenido en el Senado desde 2001, cuando generó una fuerte polémica en el mundo privado. En paralelo, aumentó el presupuesto para la Conadi y entregó un monto histórico para financiar programas de desarrollo para los pueblos originarios.


ANDREA SIERRA

"Mirar a los mapuches".

Esa fue la petición que el escritor José Saramago hizo públicamente a la Presidenta Bachelet en su gira a Europa a mediados de año y que ella no olvidó.

El cuestionamiento público de las políticas chilenas a los pueblos indígenas sonó fuerte en el Viejo Continente y aceleró una serie de medidas que Bachelet decidió implementar ahora.

El recién renunciado director de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), Jaime Andrade, indicó que La Moneda, por medio de la colocación de suma urgencia, repondrá en los próximos 30 días el polémico proyecto de ley que obliga a los privados a consultar con las etnias cuando quieran levantar un proyecto de inversión en sus terrenos históricos.

Es el llamado convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), una promesa que el ex Presidente Patricio Aylwin hizo a los mapuches a comienzos de la transición y que, pese a llegar al Congreso, tardó nueve años en ser despachado de la Cámara de Diputados hasta que en 2001 quedó en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado por la fuerte polémica que generó.

El convenio, que para los expertos es el instrumento internacional más relevante de protección indígena, obliga a los gobiernos a reconocer el derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente han ocupado.

Esto, en la práctica, pone en manos de los pueblos originarios la ratificación de los megaproyectos que quieran desarrollar los inversionistas en sus terrenos, como mineras o hidroeléctricas, explica Andrade.

En caso de que no haya acuerdo, las etnias pueden acudir a tribunales internacionales para exigir sus derechos.

En enero, Bachelet visitó Nueva Imperial, en la IX Región, donde se comprometió a poner en marcha medidas que beneficien a los pueblos originarios.

Y si bien la idea de la Presidenta era reactivar la discusión por el Convenio 169 de la OIT a mediados de año, fuentes de Gobierno sostuvieron que la Mandataria declinó hacerlo para no mostrarse presionada por el contexto internacional y la huelga de hambre que protagonizó un grupo de mapuches por 63 días pidiendo su libertad.

Medidas ya

Pero también el Gobierno decidió hacer otros potentes gestos a las etnias que existen en Chile.

A través del Ministerio de Hacienda aprobó aumentar en casi 19% el presupuesto anual para la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), que se usa principalmente para la compra de tierras.

Ello, pese a las irregularidades detectadas debido a que parte de los mapuches que recibieron este beneficio optaron por arrendar sus tierras, lo que está prohibido por la Ley Indígena.

Pero además decidió duplicar los recursos para implementar la segunda fase del programa Orígenes, que financia políticas de desarrollo de los pueblos indígenas.

El presupuesto pasó desde US$ 60 millones en la primera etapa a US$ 120 millones en la actualidad, de los cuales US$ 45,2 millones se obtuvieron por medio de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

El programa Orígenes fue fuertemente cuestionado por la oposición, la que acusó que en su primera fase casi 19% del presupuesto total se gastó en administración.

Sin embargo, Jaime Andrade está convencido de que esto no pasará en la segunda etapa y que, al contrario, la cuestionada cifra decaerá hasta 11%.

Y si bien eso se verá en resultados, lo que está claro es que Bachelet decidió ser quien cumpla las promesas que la Concertación les hizo a los pueblos originarios, explican fuentes de Gobierno. Eso, aunque le cueste la oposición del mundo privado.


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