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Ataques mapuches

Lunes 12 de Enero de 2004


Según estimaciones del Consorcio Agrícola del Sur, el conflicto mapuche ha provocado, desde 1999 hasta ahora, cerca de 600 ataques de todo tipo que han perjudicado a agricultores y empresas forestales en las regiones del Biobío, la Araucanía y los Lagos. Sólo entre los dos propietarios más afectados suman 71 acciones violentistas en su contra, que van desde atentados incendiarios a sus viviendas, maquinarias, siembras, forraje y animales, hasta amenazas directas contra sus vidas, pasando por robos y ocupaciones. Las pérdidas patrimoniales que han sufrido alcanzan a los mil 85 millones de pesos, sumado al hecho de que las condiciones de inseguridad y el temor los han obligado a abandonar sus tierras.

En estricto rigor, la situación anotada no debería provocar sorpresa. Ella es el fruto esperable de las políticas que se han establecido desde 1993 - cuando se promulgó la Ley Indígena- , que han desalentado el trabajo honrado y estimulado el paternalismo. Desde entonces, se ha venido produciendo un desconocimiento del Estado de Derecho, que ha provocado el éxodo de los inversionistas y una cada vez mayor depresión económica de las zonas afectadas. Esto es lo que ocurre cuando llegan agitadores nacionales y extranjeros a sembrar el odio entre los indígenas; cuando las políticas públicas alientan las usurpaciones; cuando se premia con traspaso de valiosas tierras a los grupos que las practican; cuando hay zonas a las que la policía no puede ingresar porque existen grupos armados que controlan los accesos.

La acción gubernativa respecto de las etnias originarias no ha sido exitosa. Los estímulos creados conducen a la marginación y al separatismo. Hoy existe una violencia que no había antes y se habla de territorio propio y bandera indígena, y el intento de reescribir la historia, en vez de fortalecer la unidad entre los chilenos, perpetúa artificialmente divisiones entre ellos. El desafortunado informe acerca del "nuevo trato" con los chilenos indígenas que se diera a conocer hace unos meses profundiza aún más el problema y reafirma la desorientación con que los gobiernos de la Concertación han actuado en esta materia. En definitiva, la solución del llamado problema indígena exige que los derechos de propiedad vuelvan a ser respetados, que toda la población mapuche goce de un estatus ciudadano igual al del resto de los chilenos (hoy ni siquiera puede disponer libremente de todos sus bienes), y que los grupos de agitadores y violentistas que se arrogan una representación que no tienen reciban el castigo legal que corresponde a sus conductas.