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Abogados exigen otro tribunal. "Ya estamos condenados", denuncian dirigentes.

Tropieza juicio contra la CAM

Por Ernesto Carmona / Especial para Kolectivo Lientur / 17 de marzo de 2004

Por segunda vez se aplazó este martes uno de los juicios más significativos en 12 años de "conflicto mapuche", en que 18 dirigentes imputados por "asociación ilícita terrorista" enfrentan condenas de 5 a 15 años de presidio por parte del Ministerio Público chileno. La jueza de Garantía de Temuko, Isabel Uribe, suspendió la Audiencia de Preparación de Juicio Oral al recusar la defensa de los imputados su rol como magistrada y, acto seguido, renunciar los propios imputados a su derecho a defensa.

La defensa de los dirigentes mapuche recusó a la magistrada María Isabel Uribe por aceptar la polémica participación de 44 "testigos sin rostro" en el juicio (de un total de 140 acreditados), cuya identidad probablemente los abogados conozcan sólo cuando se presenten a declarar en la audiencia. Los profesionales habían solicitado como petición previa y fundamental para ejercer una defensa real y no formal, conocer las identidades de los testigos, lo cual para ellos "conculca abiertamente el derecho de defensa de los imputados, impidiendo, al no conocerse la identidad, establecer la idoneidad de los testigos, los móviles para declarar en contra de los imputados, e imposibilita presentar pruebas para desvirtuar sus declaraciones".

La decisión responde a la solicitud de los Defensores Penales Públicos, Sandra Jelves, Myriam Reyes, Jaime López y Jaime Madariaga, quienes pidieron la inhabilidad de la jueza por considerar su falta de imparcialidad en la causa. Los abogados recordaron además que la misma jueza fue quien autorizó la irregular intercepción telefónica de uno de los abogados de la causa a fines del año 2002, situación considerada como "gravísima" al interior del propio poder judicial chileno. De esta manera, esperan que sea otro tribunal el que vea la causa, situación que deberá ser resuelta finalmente por la Corte de Apelaciones de Temuko.
Simultaneamente a esta solicitud de los abogados, los imputados mapuches renunciaron a su defensa, alegando que ya estaban condenados antes de comenzar formalmente el juicio oral. "Nosotros consideramos abiertamente que eso es una persecución política y que aquí se esta armando un montaje político-jurídico, que va en contra de nosotros", señaló en la audiencia José Huenchunao, uno de los líderes enjuiciados.

Este doble conflicto puso en jaque al tribunal. Técnicamente, 18 personas no pueden ser juzgadas sin que tengan defensa, aunque ésta la ejerzan abogados que también son funcionarios del Estado -adscritos a la Defensoría Pública-, por la imposibilidad económica de los mapuche de pagar abogados privados.

Al respecto, el abogado Rodrigo Lillo Vera, de la Corporación NorAlinea, señaló que "la actitud adoptada por los mapuches es totalmente comprensible, ya que desde su detención este grupo de imputados enfrenta una discriminatoria y agresiva política criminal del gobierno que ha vulnerado sus derechos humanos y las garantías de un debido proceso". Para el jurista y académico de la Universidad Católica de Temuko, "lo mas evidente es la aplicación de legislación antiterrorista que permite situaciones aberrantes como la inclusión de testigos secretos, hecho nuevamente aceptado por esta Jueza de Garantía".

Por su parte, la abogada Sandra Jelves señaló comprender la actitud asumida por sus defendidos. "Sabemos que contamos con la confianza de ellos, pero comprendemos que ellos estiman innecesario defenderse porque se sienten ya condenados y sin posibilidad de defenderse realmente. Ellos no saben cuales son los móviles de los testigos secretos para declarar, si lo hacen por venganza, por rencilla, etc. Además, todos los testigos quedan protegidos del perjurio, con esa protección de la identidad que les otorgan, tal como sucedio en el caso de los lonkos de Traiguén", indicó.

Quién es quien en el juicio

Lo que el Estado Chile presume tener en el banquillo es a la dirección de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM), organización mapuche de base acusada de "terrorismo" por una santa alianza del gobierno con la Forestal Mininco S.A. -propiedad del grupo Matte-, los más influyentes terratenientes de la zona -liderados por Juan Agustín Figueroa Yávar- y la Municipalidad de Temuco, encabezada por su alcalde demócrata cristiano René Zaffirio Espinoza. El grupo Matte posee 500 mil hectáreas en La Araucanía, pero Anacleto Angelini -propietario de Forestal Bosques Arauco- lo triplica con un millón y medio.

El objetivo político del Ministerio del Interior es la destrucción de la CAM, presentándola como si fuera el vértice del eje del mal, al estilo ETA o Al Qaeda en versión mapuche. Para ello, el subsecretario -vice ministro- Guillermo Correa Sutil aplicó la Ley Antiterrorista N° 18.314, "aprobada" por la dictadura militar en 1984, una "legislación" que sólo puede invocar el gobierno.

La cópula entre la "ley" de Pinochet y el nuevo Código de Procedimiento Penal vigente en la zona mapuche de La Araucanía desde hace dos años, engendró la figura de la "organización ilícita terrorista", una novedad delictiva en el ordenamiento jurídico chileno, en sintonía con la legislación ideológica "patriótica'" establecida por George Bush después de la tragedia de las Torres Gemelas en Nueva York.

Bajo esta legislación fueron encarcelados, en diciembre de 2002, gran parte de los 18 dirigentes y miembros de la CAM hoy sometidos a juicio en Temuko. Para lograr su detención, el Ministerio Público se encargó de fabricar los cargos y las "pruebas", recurriendo a la innovación de los "testigos secretos" o "testigos sin rostro", grabaciones de conversaciones telefónicas interceptadas mañosamente hasta a los abogados defensores, abundantes recortes de diarios de derecha que hacen resonar sus propias acusaciones, un supuesto "organigrama" diseñado por la inteligencia gubernamental en colaboración con periodistas de la Intendencia y del diario El Mercurio y otras "piezas probatorias" descritas en más de 5.000 páginas de expediente.

La "producción" de esta puesta en escena judicial estuvo bajo la dirección general de Esmirna Vidal Moraga, la Fiscal Regional, el máximo cargo del Ministerio Público en La Araucanía. Pero eso no es todo. Una aberración adicional es que juzgarán por tercera vez a los lonkos (líderes tradicionales) Pascual Pichún Collonao y Aniceto Norín Catrimán, encerrados desde enero -por 5 años- en la cárcel de Traiguén, merced a una condena obtenida por la influencia judicial del latifundista Agustin Figueroa Yávar, después de un primer juicio -posteriormente anulado- que los declaró inocentes.

Los acusados

Según el orden alfabético de sus apellidos, los 18 imputados de la Coordinadora Arauco-Malleco son José Cariqueo Saravia, Mauricio Contreras Quezada, Bernardita Chacano Calfunao, Mireya Figueroa Araneda, Oscar Higueras Quezada, Jorge Avelino Huaiquín Antinao, José Huenchunao Mariñán, José Llanca Ailla, José Llanquileo Antileo, Héctor Lleitul Carillanca, José Ciriaco Millacheo Licán, Aniceto Norín Catrimán, Angélica Ñancupil Poblete, Pascual Pichún Collonao, Pascual Pichún Paillalao, Rafael Pichún Paillalao, Marcelo Quintrileo Contreras y Patricia Troncoso Robles. Los hermanos Pichún Paillalao -que se encuentran actualmente prófugos de la justicia- son hijos del lonko Pichún Collonao.

La preparación del juicio oral le ha tomado más de un año de trabajo a los empleados públicos de la Fiscalía. Una vez que arranque, no debería durar más que un par de meses. La defensa está a cargo de los defensores penales públicos Sandra Jelves, Myriam Reyes, Jaime López y Jaime Madariaga, quienes hacen honestamente lo que pueden, en la opinión de los allegados al juicio.

La primera audiencia de preparación del juicio oral debió comenzar la semana pasada, pero dos imputados no tenían defensa -Ñancupil y Norín-, simplemente porque el tribunal ignoró la renuncia del defensor privado Lillo Vera introducida el 12 de febrero. Lillo también es el acusador del mayor de Carabineros Marcos Treuer, autor de la muerte del joven Alex Edmundo Lemún Saavedra, militante CAM de 17 años, acribillado a balazos cuando participaba de una movilización pacífica en la localidad de Ercilla, noviembre de 2002. Además, Lillo es miembro de Nor Alinea, una corporación jurídica privada que defiende a los mapuches y llevó el caso de los lonkos Pichún y Norín a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), invocando el Pacto de San José de Costa Rica.