El asesinato por parte de Carabineros de Edmundo Alex Lemún en noviembre, el procesamiento de dirigentes y comuneros ligados a la Coordinadora Arauco Malleco de Comunidades en Conflicto (CAM), acusados de asociación ilícita terrorista, junto al hallazgo, el 11 de diciembre, del cuerpo del joven dirigente pehuenche Jorge Suárez Marihuán, de la comunidad de Malla-Malla en el Alto Bío Bío, donde antes ya habían muerto los hermanos Agustina y Mauricio Huenupe (12 de julio), hablan claramente de lo que ha sido la ofensiva iniciada contra el movimiento mapuche durante el año 2002 y sus múltiples formas: arrestos selectivos, allanamientos policiales, intervenciones telefónicas y manipulación de las informaciones entregada por los medios de comunicación, son parte de la estrategia utilizada por el gobierno chileno.
El año 1997, con la quema de los camiones de la Forestal Mininco en Lumaco, se inició una nueva arremetida del movimiento mapuche por la recuperación de sus tierras y derechos ancestrales. A partir de ahí, el discurso de las organizaciones mapuches se fue perfilando y hoy hasta la orgánica más cercana a la Concertación habla de autonomía política. Por su parte, aquellas que han presentado una postura de avanzada, ya no hablan sólo de recuperación de tierras, sino de control territorial. Es este discurso integral, que más allá de las reivindicaciones inmediatas abraza una crítica al modelo en su conjunto -política, económica, social y culturalmente- el considerado "peligroso" por las autoridades. "Impedir definitivamente que la conciencia del mapuche pase de un nivel reivindicativo y social a un nivel político, es el aspecto principal a que apunta la estrategia de gobierno", asegura un importante dirigente mapuche, que no quiere facilitar la tarea represiva entregando su nombre.

"Entre palos y la zanahorias"

En coherencia con esta política de "criminalización" de un sector del movimiento mapuche y de militarización de la zona, está también la cooptación de comunidades y dirigentes, a través de la introducción de recursos económicos junto con el discurso del "nuevo trato". El viejo truco de "el palo y la zanahoria" se evidencia a cada paso, siendo su exponente mayor el accidentado Plan Orígenes (133,4 millones de dólares en cuatro años), que ya debería estar en plena ejecución pero que, debido a problemas de implementación y administración, incluidas algunas denuncias de "sobresueldos", no ha sido percibido por las comunidades como una solución real a sus problemas, aunque sin duda ha generado expectativas al interior del movimiento mapuche y el consiguiente inmovilismo en algunos sectores y su domesticación en otros.
Para el dirigente mapuche, este año también se dio "un desgaste natural" en el movimiento, sobre todo en aquellos sectores que han mantenido una férrea resistencia al atropello de sus derechos. Esto sería lo que explica el caso del acuerdo al que, finalmente, llegó Nicolasa Quintremán con Endesa, en orden a permutar sus tierras, lo que es visto por el dirigente, más como "síntoma del desgaste por tantos años de lucha", que como una "traición".

La proscripción

La persecución político-judicial a los comuneros mapuches, en un proceso plagado de irregularidades, con presentación de evidencia inconsistente y audiencias secretas, entre otros ejemplos, mostró con mayor grado de evidencia la concomitancia entre el gobierno y los grupos económicos, convirtiéndose la arremetida judicial en una especie de certificado de buena conducta del gobierno al mundo empresarial tanto nacional como internacional.
Pero es el propio modelo "el que genera polos de conflicto", señala el dirigente, identificando un importante polo de conflicto en la ley de pesca recientemente aprobada y señalando que "a mediano plazo, tanto los pescadores artesanales chilenos como los pescadores ribereños mapuches, principalmente lafquenches, se van a ver afectados". Eso, y la consecuente respuesta ante la represión, muestra indicios de que la movilización mapuche no disminuirá. "No es posible contener el movimiento mapuche", afirma el dirigente, aunque tampoco hay muestras de que la represión declarada por el gobierno vaya a disminuir, por lo que vaticina que cuando la institucionalidad no pueda reprimir al movimiento mapuche, el gobierno no escatimará en "modificar sus propias leyes, endureciéndolas o creando nuevas figuras jurídicas para reprimir", y no descartando que "simplemente entren a operar bandas paramilitares que sobrepasen la institucionalidad".
Ante los últimos hechos, "hoy día tenemos que el Estado chileno ha proscrito a una parte del movimiento mapuche que ya no podrá funcionar de manera abierta como lo hacía", por lo que seguramente ya no podrá funcionar de la misma manera, y eso significa enfrentar nuevos desafíos desde el punto de vista de la organización.
Es por lo dicho que "mejorar los vínculos con organizaciones mapuches urbanas y de las comunidades" va a ser un objetivo para la Coordinadora en el próximo período: "Mejorar la relación con la conciencia mapuche para incidir en ella. Nuestros esfuerzos van a apuntar a eso: a crecer, a influir y a entregar mayor contenidos políticos a las organizaciones".
En el caso de las organizaciones mapuches urbanas presentes en Santiago, ellas mostraron un bajo perfil público este año, en algunos casos debido a una orientación consciente hacia las comunidades, con lo que dejaron de contrarrestar comunicacionalmente la ofensiva del gobierno. Cuando las orgánicas que funcionaban en la capital tenían una presencia pública y eran activas emisoras de información directa de las comunidades, el apoyo ciudadano a la causa mapuche era mayor que el actual.
Hoy ya se nota un movimiento ascendente desde las agrupaciones capitalinas, movidas por los acontecimientos y remecidas por la ausencia de protagonismo mapuche en la ciudad con mayor presencia de esa etnia. Pero quizás lo más importante que espera al movimiento mapuche, tanto en las comunidades como en las organizaciones urbanas, es el debate político a la altura del proceso que se debiera dar en el período próximo; y las definiciones que debiera arrojar en torno a conceptos como autonomía, control territorial, liberación nacional; e incluso algunos debieran dilucidar la vieja disyuntiva: asimilación o integración.

Depredación del medio ambiente y los recursos
Chile cada vez más pobre
Arnaldo Pérez Guerra

La situación medioambiental es preocupante. Existen serias presiones sobre todos los recursos naturales renovables. Los recursos naturales se siguen deteriorando y extinguiendo, producto del sistema de explotación que prefiere la fácil ganancia y no la sustentabilidad ambiental.
Ejemplos de depredación del medioambiente en nuestro país hay muchos: la expansión urbana, el deterioro de los suelos, la contaminación del aire y agua, la tala de bosques, la extinción de especies, el manejo de productos químicos, etc. A la larga lista se agregan nuevos contaminantes como el ozono, y los problemas ambientales en provincias y ciudades completas como Rancagua, Temuco, Andacollo, Iquique, Talcahuano, Tocopilla, Valdivia y otras.
Chile no posee una política de biodiversidad, a tal punto que ni siquiera conocemos lo que estamos perdiendo. Mientras, se sigue agudizando la contaminación de los suelos: la salinización, el agotamiento de los fertilizantes y la erosión. Ese es el cáncer de nuestra tierra. Gracias al modelo, que desprecia y arrasa la naturaleza, perdemos cada vez más nuestro patrimonio. Es decir, mientras más y más exportamos y explotamos la naturaleza, más y más nos empobrecemos desde el punto de vista ambiental y social. Estamos hipotecando el futuro de generaciones, sin siquiera darnos cuenta, aunque otros sí saben bien lo que hacen.

¿Y Ricardo Lagos?

Durante el 2002, el gobierno de Lagos puso en evidencia su desprecio al medio ambiente al aprobar el aumento de la superficie de Santiago en 90.000 nuevas hectáreas. Sumadas a las actuales 60.000, proyecta un área urbana de 150.000 hectáreas. Esta grave decisión va en contra del Plan de Desarrollo, ya aprobado para la ciudad, y de las recomendaciones del Plan Descontaminación.
Lo propio ocurre con la Ley de Pesca, que otorga gratuitamente la depredación del mar a un pequeño grupo de empresarios; y la aprobación para quemar petcoke en Polpaico, que se agrega a la II y III regiones, donde ya las empresas.
Norgener, Guacolda y Electroandina emiten el contaminante. También está en carpeta la elaboración de un proyecto de ley que adjudica cupos de contaminación del aire a empresarios, a través de bonos de emisión transables.
El desmantelamiento de las normativas medioambientales se aprecia en el nuevo reglamento, que disminuye en un 15 por ciento el tiempo de tramitación de los proyectos, y en la suspensión del etiquetado de los productos transgénicos, lo que impide su control.
El propio gobierno, a través del Informe País 2002, reconoce la insustentabilidad del modelo económico en el uso de los recursos naturales. Pareciera que muchos de estos estudios e investigaciones se elaboran para cumplir compromisos internacionales de cooperación, pero las decisiones políticas van por otro lado.
"Este fue un año perdido para la defensa del medio ambiente. La visión economicista en el gobierno ha hecho que se ponga al ambiente como un obstáculo para el crecimiento. Cuando se convoca una agenda como la Agenda Pro Crecimiento, ésta tiene como condición política no explícita que uno de los obstáculos es el ambiente, por lo que el tema sale de lo que podría ser discutible. Se trata de remover el obstáculo, sacarlo de la agenda", señala Manuel Baquedano, del Instituto de Ecología Política.
"En tres años de gobierno no ha logrado concretar ni el 10% de su Programa en el Area Ambiental, el cual contempla una Ley de Bosque Nativo, una Política de Uso y Conservación de Suelos, la creación de una Autoridad Nacional de Recursos Naturales; la creación de un Sistema Nacional de Fiscalización Ambiental Integral encabezado por una Superintendencia de Medio Ambiente, el establecimiento de gobiernos para la ciudad elegidos democráticamente en los grandes centros urbanos, una política de reducción y reciclaje de la basura y una institución de asesorías urbanas para todos los municipios del país", recuerda la ecologista Sara Larraín.

Desrregulación

Los sectores ambientalistas coinciden en que la desrregulación es un aspecto importante a la hora de hacer un balance. Lucio Cuenca, del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales, agrega: "Habíamos hecho una proyección, a fines de 2001, de lo que pensábamos iba a caracterizar el año que termina. Lo denominamos el desmantelamiento de la institucionalidad ambiental, que se observa en la escasa voluntad política para modificar ciertas reglamentaciones, y simplemente desmantelar lo que se había conseguido en los últimos 12 años. Esa proyección, en gran medida se ha visto, lamentablemente, materializada". Lucio Cuenca agrega: "Lo que ha pasado con el tratamiento de la basura en Santiago y con Alumysa en Aysén demuestra, en el fondo, la voluntad del gobierno de aprobar cualquier proyecto empresarial sin que se tenga a la vista proyectos de desarrollo local, de desarrollo regional. Y más aun, se privilegia sólo los aspectos económicos de los proyectos. En el caso de la basura en Santiago, conflicto que se arrastra por más de una década, no ha habido voluntad del gobierno, se ha cedido ante las presiones económicas. Se 'invirtieron' recursos públicos en determinar los mejores lugares en el Area Metropolitana para establecer proyectos sanitarios, pero finalmente se instalaron en otros lugares que no reunían las condiciones, poniendo en riesgo el medio ambiente y la salud de la población".
Existen problemas medioambientales sin resolver y que se mantendrán el próximo año en la agenda de los ecologistas y la ciudadanía. Uno de ellos es la Central Hidroeléctrica Ralco, que va a inundar un hábitat único en el mundo y de paso llevará a la extinción a los últimos pehuenches. Lo propio ocurrirá con la industria Alumysa en Aysén. Son problemas abiertos, que lamentablemente no están en la agenda gubernamental. Lo propio se podría decir de la implementación de los Tratados de Libre Comercio y cómo afectarán los ecosistemas de las regiones que explotan recursos naturales. Lucio Cuenca señala, refiriéndose a este último aspecto: "Se aproxima la implementación de los acuerdos comerciales, el Tratado de Libre Comercio con la Unión Europea y con los Estados Unidos, lo que va a tener importantes consecuencias en el aspecto medioambiental. Creo que se va a mantener la tónica fundamental que se ha mantenido hasta ahora: acceder abiertamente a la Agenda Pro Crecimiento, lo máximo de 'flexibilización' por parte del gobierno, depredando los recursos y entregándolos a las transnacionales; pero también, sin duda, se mantendrán los movimientos de resistencia, de lucha a nivel local y regional que van a tratar de salvar sus patrimonios y el entorno en el que viven". Eso marcará la agenda medioambiental el próximo año y los siguientes.