Centro de Documentación Mapuche Documentation Center

 

Querella en contra de "los jueces de la forestal MININCO"

El pasado miércoles 23, se presento una querella criminal contra los jueces Waldemar Augusto Koch Salazar, Georgina Solis Morgado y Luis Sarmiento Duarte, por el delito de PREVARICACIÓN contemplado en el articulo 224 Nº 1 del código penal.  Esta acción judicial es llevada a cabo por los presos políticos mapuche Jaime Marileo Saravia, Patricio Marileo Saravia y Patricia Troncoso Robles quienes el pasado 22 de agosto del 2004, fueron condenados por los jueces ya señalados a 10 años de prisión por el delito de ?incendio Terrorista? en el fundo Poluco Pidenco propiedad de la forestal MININCO S.A.

Cabe señalar que esta causa quedo firme y ejecutoriada por la Corte Suprema, el 13 de octubre del 2004.  La querella cuenta con una prueba irrefutable y que comprueba explícitamente la negligencia, prejuicio y presión a que fueron sometidos estos jueces por los grupos de poder, principalmente la forestal MININCO.S.A.  El delito de Prevaricación es principalmente la negligencia o ignorancia inexcusable y que en este caso se produjo cuando dichos jueces copiaron textualmente el considerando décimo de la sentencia 14 de abril del 2003 causa RIT 2-2003 seguida contra Pascual Pichun, Aniceto Norin y Patric ia Troncoso Robles, la argumentación que aparece en ambas sentencias es la siguiente:

"conductas terroristas, toda vez que las acciones que originaron esos ilícitos evidencian que la forma, métodos y estrategias empleadas, tenían una finalidad dolosa de causar un estado de temor generalizado en la zona, situación que es pública y notoria y que estos jueces no pueden desatender; se trata de un grave conflicto entre parte de la etnia mapuche y el resto de la población, hecho que  no fue discutido  ni desconocido por los intervinientes.

En efecto, los ilícitos antes señalados están insertos en un proceso de recuperación de tierras del pueblo mapuche, el que se ha llevado a efecto por vías de hecho, sin respetar la institucionalidad y legalidad vigente, recurriendo a acciones de fuerza previamente  planificadas, concertadas y preparadas por grupos radicalizados que buscan crear un clima de inseguridad, inestabilidad y temor en diversos sectores de la octava y novena regiones. Estas acciones  se pueden sintetizar en la formulación de exigencias desmedidas, hechas bajo presión por grupos violentistas a los dueños y propietarios, a quienes se les advierte que sufrirán diversos tipos de atentados en caso de no acceder a sus requerimientos, muchas de estas amenazas se han materializado mediante ataques a la integridad física, en acciones de robo, hurto,  incendio, daño y usurpación, que han afectado tanto a las personas y bienes de diversos propietarios agrícolas y forestales de esta zona del país; en la audiencia se recibieron numerosos testimonios y se dieron a conocer diversos antecedentes al respecto, sin perjuicio de que ello es de público conocimiento.

Es obvio inferir que la finalidad perseguida es provocar en la gente un justo temor de ser victima de atentados similares, y con ello obligar a los dueños para que desistan de  seguir explotando sus propiedades y hacer que las abandonen, ya que la sensación de inseguridad e intranquilidad que generan dichos atentados, traen consecuencias tales como disminución y encarecimiento de la mano de obra, aumento en el costo, tanto en la contratación de maquinarias para la explotación de  los predios, como para cubrir las plazas que aseguran las tierras, instalaciones y plantaciones, también,  es cada vez más frecuente ver  trabajadores, maquinarias, vehículos y faenas instalados en los distintos predios, bajo protección policial que asegure la  ejecución de las labores. Todo esto afecta derechos garantizados constitucionalmente.

Esta convicción del Tribunal emana de los dichos expresados por los testigos (?)?(Considerando décimo Causa RIT 2-2003 Tribunal Oral en lo Penal de Angol, y Causa RIT 23-2003 Tribunal Oral en lo Penal de Angol).

Así, queda demostrado explícitamente la intención de la justicia Chilena de proteger los intereses privados capitalista ya que en ambos juicios estos dichos emanan de no más de doce personas, todas ellas de poderosos agricultores locales como el caso de Rene Araneda Amigo y Manuel Riesco Jaramillo representantes de la sociedad de fomento Agrícola SOFO a los cuales no se les ha comprobado judicialmente ningún delito de los descritos en la sentencia, es más, no han sido victimas de ningún tipo de atentados o Mario Galbarini Barra presidente de la sociedad agrícola Curaco, quien atestiguo en este caso, como en el de Asociación ilícita Terrorista en Temuco, por los mismos hechos y en donde no han sido probado judicialmente ningún hecho en su contra y menos existen personas procesadas o detenidas por atentar en su cont ra.  Extraño también es el caso de Víctor Luengo San Martín administrador del fundo Chihuayhue quien atestiguo también en este caso, como en el de Asociación  Ilícita Terrorista, en este último, cuando se le señalo que reconociera en la sala a Patricia Troncoso el señalo a una fiscal del Ministerio Publico que se encontraba presente en la sala del juicio.  Lo señalado por los testigos en los dos juicios no es mas que una confabulación del poder local contra los mapuche que demandan sus tierras usurpadas precisamente por los que se denominan VICTIMAS DEL TERRORISMO MAPUCHE.

Esta querella se basa en el artículo 324 del código orgánico de tribunales, en el artículo 76 de la Constitución Política de la Republica y en el artículo 340 del código de procedimiento penal que habla sobre la convicción del tribunal.

Este hecho no hace otra cosa que demostrar los prejuicios, la compra de testigos como se denuncio en su ocasión en gasto de $ 20.000.000 por parte del Ministerio publico en la Protección de testigos sin rostros y la absoluta voluntad política del estado y la justicia Chilena de perseguir y exterminar al mapuche como tal en pro- de la expansión y desarrollo del capitalismo.

Cabe señalar que este xenofóbico considerando agrego a los querellantes 5 años de prisión, pues los dichos de estos doce testigos que casualmente dijeron lo mismo en el juicio seguido contra los Lonko y Patricia Troncoso. Convenció a lo jueces que existía terrorismo por parte de los mapuche.

Dicha querella fue acogida en el juzgado de garantía de Angol mientras los Presos Políticos Mapuche de este recinto penitenciario se encuentran en una larga y extenuante huelga de hambre exigiendo su libertad y denunciando el terrorismo de estado.
 

Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche (AFAPPM)


Lunes, 28 de marzo de 2005