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Punto Final, Edición 533
 
REPRESION A PUEBLO MAPUCHE AL ESTILO DICTADURA
 

Por Mauricio Buendía / Revista Punto Final
 

Una noche cualquiera caían acribillados o detenidos y los medios de comunicación cumplían diligentes y obsecuentes su labor de estigmatizar a los caídos. Eran terroristas y merecían ese destino, afirmaban; eran delincuentes subversivos y debían pagar sus culpas, reiteraban. Era la represión al estilo dictadura y, claro, algunos ilusos pensaron que ello había concluido, sin embargo, una década después, el gobierno civil utiliza los mismos métodos para reprimir al movimiento mapuche. No de otro modo pueden entenderse las detenciones de dirigentes y miembros de la Coordinadora Arauko-Malleko (CAM) recurriendo a la figura de asociación ilícita terrorista, el mismo instrumento usado por la dictadura para intentar desarticular al movimiento popular complementando ello, además, con la manipulación mediática para justificar el golpe represivo.
 

Se consolida así una peligrosa triada represiva impulsada desde el gobierno y cuyos principales componentes son: la policía, el sistema judicial y los medios de comunicación. Peligroso, pues el objetivo no es solo la desarticulación de la CAM, sino que, eventualmente de todo el movimiento mapuche autonomista, permitiendo la existencia o subsistencia solo de manifestaciones orgánicas mapuche proclives al gobierno o de claro sesgo sistémico. Cualesquiera expresiones rupturistas y de carácter anti-capitalista, como es el caso de la Coordinadora, serán reprimidas, ya sea a través de la legalidad agenciada por la nueva institucionalidad penal y las leyes anti-terroristas o de seguridad interior, o por intermedio de la violencia, como ha acontecido en numerosos casos, culminando con el asesinato del joven comunero Alex Lemun el pasado noviembre. De hecho, coincidentemente, las masivas detenciones de miembros de la Coordinadora se producen precisamente en momentos en que ha quedado establecido que los proyectiles que mataron a Lemun provenían de carabineros. Es decir, queda convenientemente en la nebulosa mediática y, ojalá en el olvido, el asesinato del comunero mapuche mientras que se destaca el éxito del operativo policial y, por cierto, el supuesto carácter terrorista y violentista de los detenidos y su accionar.
 

De ahí que se de amplia cobertura a la acción policial que permitió la detención, en diversas ciudades de la región de la Araucania, de 16 integrantes de la Coordinadora Arauko- Malleko. Especialmente significativo fue el arresto y posterior encarcelamiento del werken de la CAM, José Huenchunao, quien se encontraba clandestino y prófugo desde hace aproximadamente dos años. El arresto del dirigente, así como también el de Jaime Cona Tranamil, dirigente de la comunidad Pascual Coña, de la zona de Lleu-Lleu corresponden a una orden dictada por el ministro en Visita Eliseo Araya quien está a cargo de una causa por Ley de Seguridad Interior del Estado derivada de hechos ocurridos en el sector Lleu-Lleu a principios del año 2001. Es en esta zona donde se han producido diversas acciones atribuidas al movimiento mapuche en el marco de las intenciones del empresario Oscar Carvajal de crear y desarrollar un balneario turístico en el lago. Es ahí también donde se ha verificado una cruenta represión policial cuya manifestación más extrema fue el cerco y ulterior acribillamiento de una modesta vivienda del lonko de la comunidad Pascual Coña, Avelino Meñaco.
 

Pero, también, como se denunció en su oportunidad por dirigentes de la CAM, se detectó un extenso trabajo de inteligencia por parte de agentes de la Dirección de Seguridad Pública y de miembros de la policía civil y uniformada. Mas el trabajo de inteligencia y de militarización territorial no se circunscriben a Lleu-Lleu, sino que se extiende a varios sectores del territorio mapuche, aunque, claro está, se concentra en aquellas áreas y comunidades donde se presume más activa la Coordinadora y, desde el punto de vista político, responde a la estrategia gubernamental de aislar y desarticular a la CAM y, como señala explícitamente dicha organización, "tiene como objetivo la irrestricta defensa de los intereses de los sectores más poderosos de este país; estrategia destinada a golpear a los sectores más consecuentes de la lucha del Pueblo Mapuche, en particular a nuestra organización ya que hemos sostenido una confrontación directa con los grupos económicos nacionales y transnacionales involucrados en territorio ancestral mapuche como las forestales, eléctricas y familias oligárquicas que lucran y persisten en apropiarse de las riquezas en esta parte del territorio a costa del sacrificio de nuestro Pueblo".
 
 

LA DERECHA Y EL GOBIERNO SE UNEN
 

Y en esta guerra sucia contra el movimiento mapuche, de larga data y de carácter histórico, pero agudizada a partir del año 1997 ante el surgimiento y posterior desarrollo de un nuevo movimiento mapuche, con un discurso y praxis autonomista, no han estado ausentes la tortura, las golpizas, los montajes, las vejaciones y el asesinato. Tampoco, al igual como acaecía durante la época dictatorial, la satanización del movimiento mapuche y, específicamente de la Coordinadora, a fin de preparar las condiciones subjetivas para el momento de la detención y encarcelamiento. Desde hace un tiempo el senador derechista Alberto Espina venía sosteniendo que a través de un exhaustivo estudio realizado en Internet había descubierto nexos entre el movimiento mapuche y grupos foráneos extremistas. Espina manifestó haber "seleccionado 22 sitios web, cada uno con entre 10 y 15 páginas, en los cuales se hace un llamado explícito al uso de la violencia en el caso del conflicto mapuche". Agregando que, a su juicio, "los autores de esas páginas podrían ser acusados a lo menos de asociación ilícita para actividades terroristas". Y, por cierto, el gobierno presentó una querella por asociación ilícita terrorista contra 24 miembros de la Coordinadora Arauko-Malleko y otros detenidos en las redadas realizadas en las ciudades de Temuko, Angol, Nueva Imperial, Traiguen y Collipulli. ¿Mera coincidencia o absoluta connivencia entre gobierno y oposición para intentar desarticular a una organización que ha adoptado una clara postura anti sistémica?.
 

En cualquier caso, la querella fue interpuesta ante el Tribunal de Garantía de Temuko por intermedio de la asesora jurídica de la Intendencia de la IX Región, Viviana Brevis afectando a 15 de los mapuche recientemente detenidos y a 9 dirigentes y comuneros asociados por el gobierno a la CAM y que se encontraban ya detenidos en distintas cárceles de la VIII y IX regiones. Entre los querellados se hallan Jose Huenchunao y José Llanquileo, voceros de la organización mapuche; Victor Ancalaf, dirigente de las comunidades en conflicto de Collipulli y ex werken de la Coordinadora; los lonko Juan Pichun de Temulemu y Aniceto Norin de Didaico. En el mencionado tribunal se realizó la primera audiencia pública de control de la detención, tal como lo estipula la ley acorde al nuevo procedimiento penal, sin embargo, producto de un sinnúmero de irregularidades cometidas por los fiscales, algunos de los detenidos - Huenchunao, Ancalaf y Troncoso - debieron retornar a sus lugares de reclusión sin participar finalmente en la audiencia. A pesar de ello, el tribunal de garantía concedió a la fiscalía un plazo de diez meses para concluir la investigación, lapso considerado insuficiente por el fiscal Alberto Chifelle, toda vez que se había solicitado un plazo de dos años para llevar a cabo la investigación, pero de igual forma se realizarán las diligencias necesarias para llevar a buen término la investigación y proceder a la detención de más gente- afirmó el fiscal - objetivo para el cual ya se habrían emitido nuevas órdenes de detención a la policía.
 

En este sentido, no puede menos que llamar la atención la increíble eficiencia con que parecen laborar los fiscales del ministerio publico y las autoridades cuando se trata de reprimir al movimiento mapuche y aclarar ciertos hechos de los cuales se le responsabiliza, pero poco o nada se hace cuando se trata de investigar otras situaciones, como el asesinato del comunero de Ercilla Alex Lemun. En este caso, a pesar de existir certeza de que Lemun murió producto de las heridas infligidas por carabineros, no hay ningún policía detenido. Es más, el general director de la policía uniformada, Alberto Cienfuegos, ha afirmado que "los carabineros fueron atacados y tuvieron que defenderse", por lo que - tal como ha sucedió tantas veces en el pasado - el o los culpables del homicidio seguirán libres y en actividad mientras una familia y una comunidad lloran la muerte de un joven que solo quiso luchar por los derechos de su pueblo.
 

No obstante, el gobierno insiste en articular un discurso de desperfilamiento de la Coordinadora, calificándola de violentista y terrorista, además de sostener que no sería una entidad propiamente mapuche. En este marco se inscriben las declaraciones del subsecretario del interior Jorge Correa al señalar que "la Coordinadora Arauko- Malleko no es un movimiento étnico, al menos a juzgar por quienes la dirigen". En la misma línea, el ministro del interior José Miguel Insulza, manifestó que dicha organización "limita entre la asociación ilícita y la lucha étnica, pero más cargada a la asociación ilícita". Y, para ésto, el Estado chileno, a través de la policía, el aparato judicial y con la complicidad de los medios de comunicación que acríticamente se prestan a ello, realizan burdos montajes de guerra psicológica. Porque, ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI y en supuesta democracia, se exhiban banderas del Frente Patriótico Manuel Rodriguez, libros de la ETA o discos de Víctor Jara como material subversivo? De hecho, como expresa un comunicado de los abogados de Derechos Humanos, Hugo Gutierrez y Jaime Madariaga, "las fotos del Che Guevara, del cantante Víctor Jara y otros, y literatura de autores destacados a nivel internacional como "Luis Sepúlveda", y obras como el "Viejo que leía historias de amor", son presentadas aquí como elementos que incitan a realizar acciones terroristas. Si esta es la realidad, implicaría que miles de chilenos podrían ser sometidos ante la justicia por tener estos documentos y habría que allanar todas las librerías de Chile para requisar estos materiales". Ello es exactamente lo que sucedía durante la dictadura donde poseer un libro, una canción o una revista podía significar el encarcelamiento, la tortura e incluso la muerte. No se podía pensar y menos actuar distinto y esto es, luctuosamente, lo que acontece en territorio mapuche, pues el Estado chileno no puede aceptar que el pueblo mapuche piense y, lo que es aún más fundamental, sea diferente.
 
 

SER MAPUCHE ES UN CRÍMEN
 

La situación en territorio mapuche es peligrosa no - como argumentan las autoridades, la derecha y los empresarios forestales - por una supuesta violencia mapuche, sino que por las acciones del Estado chileno que han transformado el denominado "problema mapuche" en un tema policial y, como tal, se resuelve a través de la represión y, concretamente, con la persecución y encarcelamiento de los principales dirigentes y miembros de la Coordinadora Arauko- Malleko. Es bajo estos parámetros que la fiscal del Ministerio Público de la región de la Araucanía, Esmirna Vidal, estima que "se cumplen los requisitos de la Ley sobre conductas terroristas. El delito es de asociación ilícita terrorista. Estas personas han desarrollado acciones de planificación y ejecución de actos que tienen la característica de ser terroristas, ya que han originado en la población cercana a estos lugares y en la población de la Novena Región, el fundado temor de ser víctima de este tipo de delito". Habría que preguntarle a la fiscal si es que no considera que los mapuche no viven y sienten el temor de ser víctimas de la represión ejercida por la policía y los guardias de seguridad de las empresas forestales. La respuesta es obvia: no le interesa, de lo contrario se habrían investigado hace tiempo las golpizas realizadas por los guardias de la forestal Bosques Arauco a los comuneros de Cuyinco; de Carabineros a la machi María Ancamilla en Temulemu; el baleo del comunero Abraham Santi en Lleu-Lleu que devino en la pérdida de un ojo. En fin, todo el cúmulo de agresiones que han debido sufrir las comunidades que han osado defender sus derechos como pueblo. Porque, ser mapuche ha pasado a ser un crímen, salvo que acepten sumisamente las condiciones de pobreza y marginación o sean organizaciones de corte oficialista.
 

Es que desde hace ya tiempo el gobierno adoptó la política de aislar a la Coordinadora y trabajar con aquellas organizaciones mapuche dispuestas a negociar sus reivindicaciones, especialmente en lo concerniente a su estrategia de movilización. Es decir, negociar solo con aquellas que renuncian a la movilización social y a sus demandas territoriales, los mapuche y sus expresiones orgánicas que no acepten tales condiciones, simplemente pasan a ser delincuentes, a pesar de que algunas autoridades, como el intendente de la IX región, Ramiro Pizarro, dicen entender que el problema no es policial, sino que de otra índole, "porque el conflicto mapuche tiene que ver con demandas políticas insatisfechas, con un tema histórico en la región, con un aspecto social que tiene que ver con situaciones de pobreza, con una visión de futuro, que tiene que ver como se integra a las comunidades a las oportunidades de desarrollo que está abriendo la región".
 

Su postura no es congruente, por supuesto, con la praxis del gobierno ni con la realidad represiva que se vive en territorio mapuche. Es decir, son meras palabras que no se condicen, por ejemplo, con las detenciones realizadas en el ultimo tiempo y con la militarización del conflicto, militarización y conflicto iniciado, por lo demás, por el Estado chileno con la ocupación del territorio mapuche en 1881. Ayer, como hoy, hubo y hay mapuche dispuestos a luchar por sus derechos, por la autodeterminación y la libertad con la cual soñaron sus antepasados que el 23 de diciembre de 1598 se alzaron en armas dando inicio a la más grande insurrección mapuche contra el dominio colonial. Por lo tanto, ni las detenciones, ni la manipulación mediática podrán desarticular al movimiento mapuche y las acciones del gobierno no hacen otra cosa que generar más inseguridad e ira en un pueblo cansado de la pobreza y la discriminación.
 

Mauricio Buendía