Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
URL:http://www.soc.uu.se/mapuche
 

INFORME DE DERECHOS HUMANOS EN LAS COMUNIDADES MAPUCHES EN CONFLICTO DE ARAUCO Y MALLECO

Presentado ante Comisión de Derechos Humanos de la O.N.U

55° Período de Sesiones

Ginebra, Suiza.

* Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco

José Huenchunao Mariñan

Aliwen Antileo Navarrete

Pedro Cayuqueo Millaqueo

Arauco, Abril de 1999 – VIII Región de Chile

 
Presentación

La voz Mapuche significa "gente de la tierra". De aquí se desprende que para el Pueblo Mapuche la tierra, el espacio territorial, tiene una gran importancia, ya que es allí donde se desarrolla la integralidad de su ser. Comunidad, familia, organización, idioma, cultura, religiosidad, todo lo mapuche se articula en torno a la tierra y los diferentes elementos que allí coexisten.

Desde el punto de vista histórico, los derechos territoriales mapuches se fundamentan en el reconocimiento por parte de la Corona Española de la independencia del Territorio Mapuche que comprendía desde la ribera del río Bio Bio al sur. Esto quedó establecido en el Parlamento de Quillin el año 1641, primer tratado celebrado por los mapuches después de casi un siglo de guerra con los conquistadores españoles.

El último tratado acordado con la Corona Española se llevó a cabo en el Parlamento de Negrete el año 1803, a sólo siete años de la conformación del Estado Chileno. A partir de la Independencia de Chile, la autonomía del Territorio Mapuche comienza a ser incierta. Si bien el principio del "Uti Possidetis Juris" establecía que las colonias americanas emancipadas del yugo hispano ejercerían soberanía sólo sobre los territorios que poseían bajo la Corona Española, un decreto de Bernardo O’Higgins incorporó los territorios mapuches a la soberanía del nuevo Estado, el cual en los hechos no pudo ser ocupado materialmente sino hasta el año 1881, fecha en que a través de una sangrienta operación militar se redujo el Territorio Mapuche de 30.000 millones de hectáreas, a no más de 500.000 mil.

La "Pacificación de la Araucanía", nombre con que la historia oficial recuerda una operación militar que se caracterizó por su carga de muerte y destrucción, marca el fin de la Independencia del Pueblo Mapuche, el cual desde entonces es obligado a vivir en pequeñas "reducciones" para facilitar así la entrega de sus fértiles tierras a colonos chilenos y extranjeros que impulsarían el tan ansiado progreso. Concluido este proceso, los distintos gobiernos chilenos se encargan de promulgar una serie de "leyes indígenas" que tenían como único objetivo reducir al máximo las pocas tierras habitadas por los mapuches, en favor de la explotación agrícola y ganadera de los grandes terratenientes.

Por ello, para comprender la lucha que desarrollan hoy las distintas comunidades de las provincias de Arauco y Malleco en demanda de sus tierras, es necesario considerar que fue el Estado Chileno quién usurpó el Territorio histórico de los Mapuches a través de la fuerza, primero, y de la ley, después, desconociendo así el estado de independencia reconocido a los mapuches por tratados históricos que en su forma y fondo poseen contundentes fundamentos jurídicos de derecho internacional. Esta situación ha traído graves consecuencias, siendo la principal el estado de dominación político, cultural y económica del Pueblo Mapuche frente al Estado chileno, dominación que diariamente se hace presente a través de la discriminación, la marginación social y la violencia que el Estado ejerce en contra de las comunidades.
 
 

Situación de Derechos Humanos en el Pueblo Mapuche
 
 

La violación sistemática de los Derechos Humanos en el Pueblo Mapuche se inicia en el momento mismo de la llegada de los conquistadores españoles. Será la visión etnocentrista y racista, sumada a la desenfrenada ambición de riquezas de los europeos, la causante del genocidio de más de 60 millones de personas en el "Nuevo Mundo". Sin embargo, la heroica resistencia mapuche a la invasión de su territorio, que se prolongará por más de trescientos años (siglos XVI, XVII y XVIII), logrará ciertas garantías para el respeto de sus derechos fundamentales ante la Corona Hispana. Es así como se destaca el Pacto de Quillin celebrado el año 1641, que reconoce la independencia del Territorio Mapuche desde el río Bio Bio al sur.

La Independencia de Chile viene a marcar un cambio en la relación entre los mapuches y los descendientes de los conquistadores. Desde sus inicios, la naciente República implementará leyes y políticas de colonización sobre el territorio mapuche, las que finalizarán con la imposición de una brutal guerra en la segunda mitad del siglo XIX. Hacia el año 1883, los mapuches pierden su libertad y territorio ante un Ejército chileno profesional y fuerte, dándose así inicio a una campaña de violación constante de sus derechos fundamentales. Será a través de políticas de erradicación, desarraigo y asimilación forzada, la forma en que el Estado chileno dará continuidad al proceso de colonización y exterminio del Pueblo Mapuche. El sistema de "reservaciones", copiado íntegramente del modelo norteamericano, fue implementado en el transcurso de los gobiernos hasta el año 1925, fecha en que son radicados los últimos mapuches de la zona del Cautín. Así, el otrora extenso y rico Territorio Mapuche es reducido a un conjunto de pobres y diminutas reducciones.

La dictadura militar del general Augusto Pinochet llevará al extremo estas políticas de desarraigo y asimilación. Por un lado, los Decretos Leyes Nº2.568 y Nº2.750 sobre la división de las comunidades en favor de la propiedad individual privada, significó un atentado a la esencia del modo de vida mapuche, el cual se basa en la concepción cultural ancestral de la posesión comunitaria de las tierras. En la misma linea, la contrareforma agraria impulsada por el régimen militar implicó la entrega de miles de hectáreas de tierras mapuches a empresarios latifundistas y grandes empresas forestales, quienes se vieron favorecidos por las subvenciones que el Decreto Ley 701 establecía para el fomento de la actividad forestal y agrícola en las regiones VIII y IX. Por otro lado, la política represiva del régimen autoritario significó el asesinato y desaparición de cientos de dirigentes mapuches que durante el gobierno de Salvador Allende participaron activamente en el proceso de la Reforma Agraria (1). Es así como el proceso de empobrecimiento y descomposición social del Pueblo Mapuche llega a su grado máximo durante este período.

El retorno de la democracia en Chile el año 1989 no significó un cambio mayor en la orientación de las políticas del Estado hacia los mapuches. Si bien el gobierno de Patricio Aylwin dictó una nueva ley indígena (Ley Nº19.253), esta sólo viene a ser la continuidad del proceso de dominación del Estado chileno, ya que no resuelve en lo más mínimo las históricas demandas del Pueblo Mapuche: devolución de las tierras usurpadas, reconocimiento Constitucional como Pueblo, ratificación de convenios internacionales, etc.

En la actualidad, la situación de marginación y pobreza del Pueblo Mapuche se ha visto agravada por el modelo económico neoliberal que la dictadura militar impuso en Chile por las armas y que los gobiernos de la Concertación de Partidos por la Democracia han continuado administrando hasta el día de hoy. Este modelo fomenta las inversiones de grandes capitales en los territorios mapuches, ricos en materias primas. Tal es el caso de las Empresas Forestales Transnacionales, principales beneficiarias del Decreto Ley 701 del régimen militar, que han definido estratégicamente el territorio mapuche como campo de acción para sus inversiones. Esto claro, con su consiguiente carga de destrucción del medio ambiente y usurpaciones de tierras.

Frente a esta situación, ha surgido un Movimiento Mapuche desde el seno de las propias comunidades que a través de movilizaciones ha buscado frenar la expansión capitalista de las forestales, retomando del mismo modo la lucha por las demandas históricas del Pueblo Mapuche. Ante este Movimiento, el Estado Chileno a asumido una política represiva que demuestra una vez más su compromiso con los poderosos sectores empresariales que hoy ven amenazados sus intereses en las zonas de conflictos.

Numerosas han sido las violaciones de los derechos humanos perpetradas por el Estado chileno y las empresas transnacionales, en contra de las comunidades mapuches que se encuentran hoy en procesos de recuperación de tierras usurpadas, que se expondrán en este informe. Sin embargo, cabe destacar también que se han producido casos aislados que constituyen hechos de violencia no habituales a las zonas de conflictos, como por ejemplo, el asesinato de miembros de las comunidades y dirigentes en extrañas circunstancias.

  • Se adjunta lista de dirigentes mapuches detenidos desaparecidos y ejecutados políticos citados en el Informe Rettig, de la Comisión Verdad y Reconciliación. (Lista de dirigentes mapuche detenidos desaparecidos y ejecutados políticos incorporados en las listas del Informe Rettig.)
  • Empresas Forestales y la Transnacionalización de las Tierras Mapuches
     
     

    El Decreto Ley 701, promulgado por el gobierno militar el año 1974, permitió acelerar el proceso de plantación de bosques artificiales (70% de pino radiata, 30% de Eucaliptos) en territorios mapuches, además de fomentar la concentración de grandes extensiones de tierras en pocas manos. En los hechos, este Decreto fue utilizado por las empresas privadas para beneficiarse de los subsidios económicos estatales que estaban destinados a los pequeños y medianos agricultores. Esta concentración de la propiedad en zonas rurales, fue acompañada por una creciente transnacionalización de la economía en el país. Los capitales extranjeros penetraron los sectores productivos que existían, entre ellos el rubro forestal, produciéndose así un doble fenómeno en lo que se refiere a la propiedad de la tierra, de los bosques y de las empresas. Primero, se produjo un traspaso de empresas estatales al sector privado nacional y transnacional. Segundo, se produce una trasferencia de bosques y plantas industriales del sector privado al capital transnacional. De esta manera han llegado a constituirse los poderosos grupos económicos que controlan casi el total de la economía del país, entre ellos el grupo Matte-Larrain y el grupo Angelini.

    El poderío de la Forestal Bosques Arauco S.A., propiedad de Anacleto Angelini, el hombre más rico de Chile con una fortuna personal que asciende a los 2.500 millones de dólares, sirve para graficar con quien se enfrentan los mapuches en la lucha por recuperar sus tierras. La planta de Celulosa Arauco fue creada por el Estado chileno en los años 60 y comprada por el grupo económico Cruzat-Larrain el año 1976, de la misma manera que Forestal Bosques Arauco, Celulosa Constitución y Copec, la Compañía de Petróleo de Chile. El año 1981, Angelini, que operaba en Territorio Mapuche desde el año 1974, se une al poderoso grupo económico neozelandés Carter Holt Harvey y juntos toman control el año 1985 de Copec, apoderándose así también de Celulosa Arauco y Constitución, y de los bosques y plantas industriales de Forestal Bosques Arauco. Contribuyeron a esta adquisición las subvenciones destinadas por el Decreto Ley 701 del año 1974 a pequeños y medianos agricultores, las cuales fueron siendo entregadas en la práctica por el Estado a un conjunto de compañías controladas por el grupo Angelini. Un gran número de empresas especuladoras se crearon a partir de ese año, transitando por ellas los capitales destinados a los agricultores del sur del país, pero sirviendo a los intereses de los privados. Así, el año 1980 un 70% de estas bonificaciones entregadas por el Estado pasan a manos de estas empresas. Es decir, fue el propio Estado chileno el responsable directo de la apropiación de un 80% de las plantaciones vendidas a estas empresas y pagadas con su propio dinero, por parte del grupo Angelini y otros años más tarde. Hoy, junto a Forestal Mininco del grupo Matte-Larrain, Bosques Arauco controla el 100% de la producción de Celulosa, el 100% de la producción de papel de diarios, el 100% de la producción de paneles y un 80% de la producción de madera aserrada del país. Cabe destacar que el año 1996 Angelini compró la empresa Alto Paraná en Argentina, lo que evidencia su propósito de transformarse en uno de los principales proveedores de celulosa a nivel mundial.

    El imperio económico de este hombre de 83 años se extiende también a los rubros energético, naviero, financiero, pesquero y minero. Además, posee vínculos casi directos con el poder político: el Gerente General de las empresas pesqueras del grupo es Fernando Zaldivar, hermano del actual Presidente del Senado y candidato a la Presidencia de la República por la Democracia Cristiana, Andrés Zaldivar.

    La Forestal Bosques Arauco, que hacia el año 1978 poseía 111.000 hectáreas de tierra, logró controlar el año 1983 otras 136.000 hectáreas, de las cuales 120.000 están hoy en condiciones de ser explotadas. Esta superficie corresponde en gran medida a tierras de la provincia de Arauco y en ella se incluyen la mayoría de los conflictos con las comunidades mapuches de la zona, las cuales reclaman bajo Títulos de Merced la propiedad original y ancestral de ellas.

    Otros grupos económicos que se encuentran operando en los territorios mapuches son los siguientes:

  • Grupo Matte-Larrain: Se encuentra asociado a intereses norteamericanos y controla la Forestal Mininco S.A, la cual mantiene los principales conflictos con comunidades mapuches en la provincia de Arauco y Malleco. El año 1978 el grupo se asocio a la Key Fibre Co, el año 1985 a Signal Co y el año 1992 a Simpson Paper con la finalidad de construir nuevas plantas de celulosa en la localidad de Mininco, Provincia de Malleco.
  • Julio de 1998: La Corte de Apelaciones de Concepción falla a favor de los mapuches de la comunidad, en relación a las demandas de 1.650 hectáreas de un total de 12.000 que poseían originalmente, ocupadas ilegalmente por Forestal Bosques Arauco desde hace 18 años, lo cual es ratificado posteriormente por la Corte Suprema de Santiago. Conforme al dictamen de la justicia, las familias que conforman la comunidad deciden hacer ocupación de una mínima parte del predio, básicamente construyendo casas, preparando un par de hectáreas para el desarrollo de labores agrícolas y cosechando algunos pinos para la subsistencia diaria.

    La empresa Forestal recurrió al Juzgado de Letras de Lebu para impedir que los mapuches iniciaran la explotación del bosque de pinos que se halla dentro del predio. El magistrado Guillermo Vera –conforme a lo solicitado por la forestal- dictaminó la prohibición de realizar faenas en dicho bosque, dictamen que afectó a las dos partes involucradas en el conflicto. Ante el no reconocimiento por parte de la comunidad del dictamen, la empresa forestal contrató alrededor de un centenar de guardias armados a la empresa se seguridad OSEPAR de Concepción para reprimir a los mapuches y evitar así la tala de los árboles. El primer enfrentamiento se produjo en instantes en que los mapuches procesaban la madera cortada en un aserradero instalado dentro del predio. Los guardias armados se hicieron presentes junto a miembros de la policía para impedir las faenas. La provocación de los guardias desató un enfrentamiento en donde resultaron heridos varios miembros de la comunidad y un guardia forestal. Una semana más tarde, un fuerte contingente de carabineros al mando del prefecto de Arauco, coronel Angel Lorca, se constituyó en Cuyinco para incautar los pinos talados por la comunidad. Alrededor de 60 efectivos policiales que se movilizaban en un bus, fuertemente armados, con equipos anti-motines, escudos y bombas lacrimógenas procedieron a incautar la madera y a destruir el aserradero de la comunidad. Desde esa fecha, los miembros de la comunidad denuncian graves hostigamientos por parte de los guardias de la empresa y de efectivos de la DIPOLCAR (Dirección de Inteligencia Policial de Carabineros) que recorren el interior del predio bajo el pretexto de buscar armas que estarían en poder de la comunidad.

    Octubre de 1998: La empresa Forestal Bosques Arauco inicia las faenas de explotación del bosque, no reconociendo así el dictamen del Juez de Letras de Lebu que ordenaba la paralización de faenas dentro del predio mientras no se resolviera el conflicto. Se agravan los enfrentamientos entre miembros de la comunidad y los guardias armados de la empresa.

    El día 13 de octubre un grupo de guardias armados atacan brutalmente a los mapuches de la comunidad. Como resultado de la agresión hubo ocho heridos graves, dos de los cuales tuvieron que ser trasladados a los hospitales de la zona. Carlos Domínguez sufrió una fractura de cráneo y María del Carmen Fren, una fractura de clavícula. Por su parte, María Ercilla Vásquez sufrió una emboscada al atardecer del día mientras buscaba sus animales. En el predio, trece guardias armados le propinaron una golpiza a palos que la mantuvo varios días en cama y con el rostro hinchado de golpes. Los enfrentamientos siguieron al día siguiente, produciéndose otros lesionados como Fernando Fren, quién sufrió contusiones múltiples y heridas en la cabeza, debiendo ser trasladado de urgencia a Concepción. Debido a la resistencia mostrada por los mapuches, dos de ellos, Rubén Silva y Alex López de la comunidad José Paillao de Tirua, fueron detenidos y acusados de agresión a carabineros y de incendio frustrado.

    El día 16 de octubre nuevamente los guardias de la empresa atacan la comunidad, esta vez utilizan maquinaria pesada de la forestal para destruir las viviendas que los mapuches habían construido en el lugar. En dicho enfrentamiento los guardias queman dos casas de la comunidad.

    El día 24 de octubre, cuando los mapuches inician la restauración de las casas destruidas por los guardias, un fuerte contingente policial reprimió a la comunidad junto con los guardias de la empresa. Como resultado de la acción, Jeanette Paillán, reportera mapuche, fue agredida por un guardia que le arrebató su cámara filmadora en presencia de carabineros. El incidente se produjo mientras ella filmaba el conflicto entre la Forestal y la comunidad. No hubo orden judicial que autorizara ese día el accionar de la fuerza pública. Por otra parte, se acentúa la militarización de la zona de Cuyinco, con presencia permanente de un gran número de policías que protegen a la empresa en sus faenas de explotación. Además, se advierte la presencia de numerosos vehículos desde donde agentes de seguridad e inteligencia filman y fotografían a todos aquellos que ingresan al predio.

    Diciembre de 1998: A las 18:00 horas del día 16 de diciembre, 14 vehículos de carabineros y 7 camionetas de los guardias armados de la Forestal ingresaron violentamente al predio. Dos casas fueron destruidas por los agresores, llevándose todo lo que allí encontraron: colchonetas, camas, vestuario, alimentos y materiales de construcción. La acción se produjo en instantes en que gran parte de los habitantes de la comunidad no se encontraban en sus casas.

    En los hechos, la represión hacia los mapuches de la comunidad y contra aquellos de otras comunidades que los apoyan en su lucha, ha sido con mucha fuerza y se ha caracterizado por el actuar conjunto de guardias de seguridad de la empresa, Carabineros (uniformados y de civil) y organismos de seguridad e inteligencia estatal. La empresa Bosques Arauco completó hace un mes la explotación de casi la totalidad de las 1.650 hectáreas que pertenecen legal e históricamente a la comunidad. Los gerentes de dicha empresa han manifestado su voluntad de no entregar las tierras, por cuanto existen poderosos intereses económicos de por medio. Por su parte, los miembros de la comunidad han decidido continuar con el proceso de recuperación a través de las movilizaciones, para lo cual cuentan con el apoyo tanto de otras comunidades como de organizaciones.

    Los derechos humanos vulnerados son:
     
     

    La comunidad ocupa actualmente 52 hectáreas, habitando en ellas 16 familias. Con respecto a las tierras usurpadas, es necesario indicar que existen dos planos del denominado Título de Merced. En uno se indica que los terrenos usurpados están ubicados en el sector poniente de la comunidad, en un predio de propiedad de Celen Aguayo. Este plano es avalado por la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI). En el otro plano se indica que lo usurpado correspondería al predio que actualmente ocupa el empresario turístico Osvaldo Carvajal, lo cual es ratificado por los ancianos de la comunidad y por los planos topográficos levantados por el Instituto Geográfico Militar.

    La intervención de la CONADI en el conflicto ha producido que un sector de la comunidad este dispuesto a aceptar la compra de tierras en otro sector, existiendo un sector disidente que no esta dispuesto a abandonar sus tierras ancestrales. Este sector de la comunidad mantiene una demanda en los tribunales chilenos en donde reivindica 300 hectáreas de la Hacienda Lleu-Lleu, propiedad de Osvaldo Carvajal. Según la versión del lonco de la comunidad, Avelino Meñaco "actualmente ocupamos 52 hectáreas en la ribera del lago Lleu-Lleu y reclamamos mas de 300 hectáreas que según el señor Carvajal le pertenecen. Eso es injusto e ilegal. Nosotros tenemos el Titulo de Merced de fecha 1905, pero sin embargo no podemos hacer nada contra los documentos de dominio que posee el empresario. CONADI ofrece comprarnos tierras en otro sector, pero no lo aceptaremos porque no podemos abandonar las tierras donde hemos vivido siempre y donde descansan nuestros antepasados. Nosotros hemos hablado con autoridades, empresarios y políticos y nada ha ocurrido".

    En el proceso de recuperación de las tierras, la comunidad ha desarrollado 8 ocupaciones del predio, las cuales han sido violentamente reprimidas por carabineros y guardias privados de la Hacienda Lleu-Lleu.

    Año 1997: 10 miembros de la comunidad son detenidos y permanecen 5 días encarcelados en la ciudad de Cañete producto de las movilizaciones. La situación se agudiza, sucediéndose graves hechos de violencia debido a la intransigencia del empresario Osvaldo Carvajal quien pretende construir en tierras de la comunidad un Complejo Turístico que involucraría una inversión de 45 millones de dólares. En el interior del predio aumenta la presencia de efectivos policiales y guardias que hostigan y amenazan a los miembros de la comunidad.

    Año 1998: Osvaldo Carvajal presenta querellas criminales en los tribunales de Cañete en contra de los dirigentes de la comunidad, acusándolos de "usurpación de tierras y daños a la propiedad privada". Se denuncian amenazas de muerte en contra de la joven dirigente de la comunidad Juana Viluñir. Se registra persecución policial en contra de los jóvenes dirigentes Luis Meñaco y Mauricio Millanao. Además, se producen allanamientos en dos casas de la comunidad, propiedad de Pascual y Segundo Santi respectivamente. Ambos allanamientos están vinculados a la persecución policial en contra del joven mapuche Anibal Salazar Huichacura, miembro de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco.

    Marzo de 1999: El domingo 14 de marzo se realiza una marcha pacifica en apoyo a la comunidad Pascual Coña desde la comunidad Ranquilhue hasta la Hacienda Lleu-Lleu, ubicada a 30 kilómetros al sur de Cañete. En la marcha participan alrededor de 300 mapuches provenientes de distintas comunidades en conflicto y de organizaciones urbanas, quienes se encontraban reunidos en un nguillatun (ceremonia religiosa) organizado por la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco. Terminada la marcha se producen incidentes al interior de la Hacienda, que culminan con el incendio de 1 galpón y la destrucción de un salón de juegos de la propiedad. Producto de la represión policial, fueron detenidas mientras se dirigían a sus lugares de origen las siguientes personas: Miguel Angel Tapia Huenulef; Elias Paillan Coñoepan; Gaston Antileo Marileo; Ricardo Tapia Huenulef; María Jeanette Paillan; José Paillal Huechuqueo; Rolando Millante Herrera; José Mariñan; Clorinda Antinao Varas; Patricia Troncoso Robles; Ruth Curiqueo Ancan; Fresia Paillal Huechuqueo; Luis Marillan Reinao; Anibal Salazar Huichacura; Ramón Rodríguez Sanhueza; Pablo Ortega y Sergio Bravo Salgado, este ultimo cineasta y camarografo residente en Francia.

    El día martes 16 de marzo el intendente de la Octava Región Martín Zilic solicita a la Corte de Apelaciones de Concepción la designación de un Ministro en Visita para que investigue los hechos. El máximo tribunal regional designa para tal efecto a la magistrado María Leonor Sanhueza. Durante la semana son liberados todos los detenidos por falta de méritos.

    El día sábado 20 de marzo la Ministra en Visita decreta ordenes de detención en contra de 12 mapuches, entre ellos los dirigentes de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco, José Huenchunao Mariñan, Juan Carlos Reinao Marileo, Anibal Salazar Huichacura y Juan Carlos Fren, quienes permanecen ocultos bajo la protección de las comunidades. En la comunidad Pascual Coña son detenidos por efectivos de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOLCAR) los dirigentes Avelino Meñaco Lincopi, Luis Meñaco Santi y José Segundo Viluñir quienes permanecen incomunicados por 5 días. El abogado de la comunidad José Lincoqueo presenta un recurso de amparo a favor de los detenidos. El abogado argumento que la detención era ilegal porque "carabineros no habría exhibido la orden judicial respectiva al no existir cargo concreto y ni siquiera prueba remota de que fueron los autores de los hechos que se investigan". El miércoles 31 de marzo la Corte de Apelaciones de Concepción rechaza el recurso de amparo, sometiendo a proceso a Avelino Meñaco y Luis Meñaco por incendio, hurto y daños a la propiedad privada, siendo luego trasladados a la cárcel de Lebu. El tercer dirigente mapuche detenido, José Segundo Viluñir es dejado en libertad. El fin de semana los dirigentes detenidos inician una huelga de hambre exigiendo su libertad.

    Abril de1999: El día lunes 5 la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco inicia una serie de movilizaciones: en Santiago, 6 miembros de la organización Mapuche Meli Witran Mapu inician una huelga de hambre en dependencias de la Comisión Chilena de Derechos Humanos: en Concepción, 5 estudiantes del Hogar Mapuche Pegun Dugun inician una huelga de hambre en dependencias de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT); en Temuco, 6 estudiantes del Hogar Mapuche de Temuco inician una huelga de hambre en la Catedral Regional.

    El día sábado 10 la Ministra en Visita deja en libertad por falta de méritos a Avelino Meñaco Lincopi y Luis Meñaco Santi, después de permanecer 25 días detenidos y 5 días incomunicados. Los miembros de la comunidad Pascual Coña manifiestan que no descansarán hasta recuperar las tierras usurpadas por Osvaldo Carvajal, quien habría manifestado al gobierno -luego de la presión ejercida por la comunidad en los últimos días- su voluntad de vender las tierras a la CONADI.

    Los derechos humanos vulnerados son:
     
     

    Diciembre de 1996: El día 2 la Empresa Forestal Mininco S.A. inicia las faenas de explotación del bosque de pinos que se halla en el predio, lo cual es resistido por la comunidad. Se desarrollan violentos enfrentamientos entre personal de carabineros, policía de civil, guardias armados de la empresa y mapuches, quienes hacen ocupación del predio por 22 días. A fines de diciembre se produce otro enfrentamiento, cuando un fuerte contingente policial procedió a desalojar el predio. Son detenidas 19 personas, muchas de las cuales son golpeadas estando en poder de carabineros.

    Agosto de 1997: Se producen variados enfrentamientos entre mapuches y trabajadores de la forestal. La empresa paraliza las faenas y reduce su personal en la zona. La comunidad realiza una nueva ocupación del predio y procede a explotar los bosques de pino. La ocupación se prolonga por tres meses. Por otro lado, personal de inteligencia policial inicia una persecución en contra de los dirigentes de la comunidad.

    Octubre de 1998: Se produce un violento desalojo. Concurren a la comunidad unidades policiales de Cañete, Lebu y Contulmo, además de personal de fuerzas especiales. Son detenidas 38 personas y confiscadas las herramientas de trabajo de la comunidad. Personal de inteligencia policial patrulla constantemente el área realizando filmaciones y fotografiando a los mapuches.

    Abril de 1998: La comunidad realiza una nueva ocupación. La empresa forestal retira todo su personal del área del conflicto y los miembros de la comunidad reinician la explotación del bosque, la que se mantenía hasta la fecha de elaboración de este informe.

    Los derechos humanos vulnerados son:
     
     

    Octubre de 1997: Las comunidades presentan en los Tribunales de Santiago una querella en contra de la Empresa Forestal Bosques Arauco S.A., por usurpación de 1.500 hectáreas de tierras. Esta reclamación es apoyada y fundamentada con el respectivo Título de Merced. El día 12 de octubre más de un centenar de mapuches de ambas comunidades se movilizaron para hacer ocupación de sus tierras ancestrales y paralizar las faenas de explotación de bosques de pinos iniciada por la empresa forestal. El medio día del martes 14, un fuerte contingente policial arremete violentamente contra la comunidad. Fueron detenidas 37 personas, resultando varias de ellas golpeadas y heridas, incluyendo una niña que fue arrollada por un motorista de carabineros. Dos mapuches fueron acusados a agresión a carabineros y remitidos a la Fiscalía Militar de Angol, permaneciendo detenidos allí por más de 20 días.

    Diciembre de 1997: Se producen graves incidentes entre carabineros y mapuches. En las inmediaciones de Lumaco, tres camiones de la Empresa Forestal Bosques Arauco S.A., son quemados, ante lo cual el Intendente de la IX Región Oscar Eltit pide al Gobierno la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de varios dirigentes mapuches. El gobierno accede a dicha petición, procediéndose a la militarización de la zona del conflicto, lo que implicó el traslado de un gran contingente policial y militar. Para investigar los hechos, la Corte de Apelaciones de Temuco designa al magistrado Antonio Castro Gutiérrez como Ministro en Visita, el mismo juez instructor que tuvo a su cargo el año 1992 el caso de varias ocupaciones "simbólicas" de tierras. En aquella oportunidad 144 mapuches, muchos de ellos vinculados al Consejo de Todas las Tierras, fueron condenados por el juez chileno, en un fallo que recientemente la Corte Interamericana de Justicia dejó sin efecto, sancionando al gobierno Chileno por las irregularidades cometidas durante el proceso.

    Durante varias semanas la zona permanece bajo una total vigilancia policial, con puestos fijos de carabineros en las entradas y salidas de los pueblos, y patrullajes móviles de policia uniformada y de civil por el interior de las comunidades. Por su parte, los camiones transportando madera de la forestal salen del predio en caravanas de 12 a 15 unidades, acompañados por patrullas policiales y helicópteros. Este cerco policial-militar comprende las comunas de Lumaco, Purén, Contulmo, Capitán Pastenes, Traiguén, Curanilahue, Arauco, Contulmo y Tirua.

    El día 2 de diciembre dos jóvenes mapuches son detenidos y acusados de violar la Ley de Seguridad Interior del Estado. Se trata de Juan Carlos Reinao Marileo, miembro de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco, y Gustavo Martínez Huilcaleo, de Lumaco. Ambos permanecen incomunicados durante 7 días, denunciando haber sido sometidos a torturas por parte de personal de inteligencia policial y militar. El día miércoles 10 es detenido José Remigio Chureo Coutiño, lonco de Pichiloncoyan y dirigente de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco. El día 11 un comunicado policial indica que otros 9 mapuches fueron detenidos, sin señalar sus identidades, el lugar de detención ni las acusaciones que se efectúan en su contra. Los días 9 y 12 los abogados José Lincoqueo y Pablo Ortega presentan recursos de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco a favor de los detenidos. El día 13 de diciembre, una "Comisión Nacional de Observación y Mediación" constituida por diversas personalidades del país visita la zona del conflicto. Mientras tanto, en Temuco, autoridades dan a conocer las identidades de los detenidos:

    - José Remigio Chureo Coutiño, Feliciano Paillali Demuleo, Gustavo Martínez Huilcaleo, Ismael Pinolevi Colipi, Víctor Leviqueo, Narciso Cisternas Tramolao, Ezzio Muñoz Leviqueo, Alfonso Quilaqueo Leviqueo, Juan Carlos Reinao Marileo, José Chureo Pinolevi, Juan Currin Cañiupan y José Chureo Fluilcaleo.

    Enero de 1998: Son liberados 4 mapuches el día 14, entre ellos Juan Carlos Reinao y José Remigio Chureo, ambos dirigentes de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco. Semanas más tarde serían dejados en libertad provisional el resto de los detenidos.

    Marzo de 1998: Es detenido nuevamente el dirigente José Remigio Chureo quién es recluido en la Cárcel de Collipulli. Los cargos que se le imputan son "paralizar faenas forestales y ocupación de propiedad privada". Se extiende una orden de detención en contra de Juan Carlos Reinao y Aníbal Salazar Huichacura, quiénes permanecen ocultos en las comunidades. Luego de 30 días detenido, es dejado en libertad José Chureo.

    Octubre de 1998: En la ciudad de Concepción, después de un complejo operativo policial que incluyó allanamientos en casa de sus familiares en Curanilahue con personal especial de carabineros, es detenido el joven miembro de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco Aníbal Salazar Huichacura. Bajo estrictas medidas de seguridad es trasladado hasta la Cárcel de Temuco, donde es incomunicado y luego sometido a proceso por su vinculación en los sucesos de Lumaco. Después de 30 días de reclusión, es dejado en libertad provisional por el magistrado que investiga la causa.

    Los derechos vulnerados son:
     
     

    Al proceso de luchas por la recuperación de las tierras usurpadas desarrollado por la comunidad Antonio Ñiripil, se han sumado en el último tiempo las comunidades de Didaico y Pantano, las cuales también reivindican tierras en el sector que están en poder de Forestal Mininco S.A.. Didaico reclama 800 hectáreas del Fundo Santa Rosa de Colpi; Pantano, 440 hectáreas del Fundo Chorrillos de la misma Forestal Mininco S.A.

    Abril de 1998: La comunidad Antonio Ñiripil hace ocupación del predio de la Forestal. El compromiso por parte de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) se gestionar la compra de las 58,4 hectáreas, pone fin a la movilización. Sin embargo, luego de la destitución del Director Nacional de dicho organismo, Domingo Namuncura, por oponerse al Proyecto Ralco en el Alto Bio Bio, el compromiso quedó sepultado.

    Octubre de 1998: Se produce una nueva ocupación del predio, esta vez de carácter indefinida. Los mapuches comienzan a talar el bosque de pinos y a sacar leña, pero después de 15 días de ocupación son desalojados por efectivos de carabineros.

    Diciembre de 1998: Miembros de las tres comunidades del sector realizan una nueva ocupación, acompañada de la explotación de los árboles de pinos para su posterior procesamiento en un banco aserradero comprado por la comunidad en su conjunto. Forestal Mininco S.A., para proteger sus inversiones, contrata 40 guardias de seguridad a la empresa OSEPAR de Temuco. Los guardias realizan allanamientos en los buses rurales que transitan por el sector y amedrentan con armas de fuego a los mapuches, sean estos hombres, mujeres o niños.

    Enero de 1999: Los loncos de las comunidades Antonio Ñiripil, Pascual Pichún, y Pantano, Gerardo Nahuelpi, interponen un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Temuco por el violento accionar de los guardias contratados por la empresa forestal. Por su parte, los diputados del Partido por la Democracia (PPD) Guido Girardi y Eugenio Tuma, denuncian -basados en un informe entregado por la Policia de Investigaciones- que los guardias actúan suplantando las labores propias de la policia uniformada, como es el registro de vehículos, la identificación de personas o el porte de armas de fuego. Piden la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado en contra de los guardias, ya que "estos actúan al margen de la ley como verdaderas bandas paramilitares", pero su solicitud no es aceptada por el Gobierno.

    Febrero de 1999: A las seis de la madrugada, un violento allanamiento se produce en el interior de la comunidad Antonio Ñiripil. En el aserradero de la comunidad, un piquete del Grupo de Operaciones Especiales de Carabineros (GOPE), detiene a 4 mapuches que efectuaban labores de vigilancia nocturna ante posibles robos de madera, y a cuatro menores de edad que dormían en el interior de un refugio construido en el lugar. Se trata de Juan Segundo Collonao, Julio Marileo, Pedro Cayuqueo Millaqueo, dirigente de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto Arauco-Malleco, y el ciudadano francés Arnaud Louis Fuentes. Por su parte, los menores de edad fueron identificados como Juan Ulises Pichún Millanao (14 años), Luis Inostroza Mirriam (13 años), Heanai Pichún Millanao (11 años) y Manuel Naul Norin (15 años). Todos los detenidos -incluido los menores de edad- fueron esposados y trasladados al interior del predio de la forestal donde los esperaba un autobús policial que más tarde los trasladaría hasta la Comisaria de Traiguen. Mientras tanto, en la comunidad el operativo policial continuaba. Una hora más tarde, alrededor de 300 efectivos de carabineros apoyados de 15 furgones, 4 buses, 5 camiones y dos helicópteros, procedió a allanar la comunidad para retirar la madera aserrada por los mapuches. Se producen graves incidentes entre carabineros y miembros de la comunidad que alertados de la situación acudieron a defender la única fuente de trabajo de la comunidad. Carabineros reprimió con mucha violencia a los mapuches que no sumaban más de 30, utilizando bombas lacrimógenas, balines y perros policiales. Fueron detenidos y golpeados brutalmente Marina Pichún Coronado (contusiones en la muñeca izquierda y hematomas en múltiples partes del cuerpo), Pascual Pichún Paillaleo (heridas cortantes contusas en el cuero cabelludo, contusión parietal y torácica) y Germán Tranamil Coronado (contusión torácica grave, lesión de hombro izquierdo y fractura nasal). Este último fue detenido en su domicilio, donde carabineros irrumpió sin autorización destruyendo el inmueble por completo. En La acción carabineros no sólo incautó la madera y utensilios de trabajo e incendió el aserradero de la comunidad, sino que también procedió a destruir dos viviendas. Por otra parte, se dieron claras expresiones de racismo, discriminación e ignorancia de la cultura mapuche entre los uniformados, ya que se golpeó de gravedad a la machi (autoridad religiosa) María Claudina Ancamilla de 56 años, importante y respetada autoridad dentro de la jerarquía social mapuche. Ella cuidaba sus animales cuando fue detenida y golpeada. Todos lo detenidos fueron dejados en libertad durante la semana por falta de méritos.

    Con respecto al ciudadano francés Arnaud Louis Fuentes, detenido en el operativo policial, el Gobierno a través del Ministerio del Interior decretó su expulsión del país, acusándolo de "activista infiltrado" en los conflictos de tierras que las comunidades llevan en Traiguen. El joven de 23 años, estudiante de 4º año de Literatura y Civilización Hispanoamericana en la Universidad de Perpignan, se encontraba en el país realizando su tesis de grado sobre la realidad del Pueblo Mapuche. Un falló de la Corte de Apelaciones de Temuco autorizó su permanencia en Chile, revocando así la decisión del gobierno. La expulsión decretada por el Gobierno afectaba también a otros dos extranjeros: la española Patricia Ballesteros y el norteamericano Lee Pope, acusados también de "activistas infiltrados" por su participación en movilizaciones de apoyo a los Pehuenches del Alto Bio Bio. Ambos, también fueron autorizados a permanecer en el país.

    Marzo de 1999: La Empresa Forestal Mininco S.A., inicia las faenas de explotación del Fundo Santa Rosa de Colpi. Alrededor de 200 carabineros protegen las labores de la empresa. El día 5 de marzo por la mañana, un grupo de mapuches de Temulemu, Didaico y Pantano, se dirigen hasta el campamento de la Forestal para intentar dialogar con los representantes de la empresa. Allí son recibidos con insultos por parte de carabineros y trabajadores de la empresa, lo cual desencadena un violento enfrentamiento que incluyó por parte de carabineros el uso de bombas lacrimógenas, balines, perros policiales y dos helicópteros (de la empresa forestal) que fueron utilizados en la persecución de los mapuches que huían hacia los cerros aledaños al campamento. Resultado de la acción resultan golpeados y detenidos Víctor Ancalaf Llaupe, dirigente de la Coordinadora de Comunidades en Conflicto de Arauco-Malleco, Gerardo Nahuelpi, Carlos Millalem, Moisés Nahuelpi, Pedro Pichincura, Juan Ancalaf, Nelson Ancalaf, Carolina Manque, Patricia Troncoso, Flora Urra Paillao y Bernardo Llanca Quipayan. Este último sufrió golpes y torturas por parte de carabineros, quedando hospitalizado de gravedad en el Hospital de Traiguén. Todos los detenidos fueron puestos en libertad, pero algunos citados a la Fiscalía Militar de Angol.

    Los derechos vulnerados son: