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El estado chileno duramente criticado en la ONU

 
El Estado Chileno fue duramente criticado en la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas.
Denuncias, exigencias y proposiciones publicado por Comisión de Comunicaciones el 11 de abril de 2005
 

Ginebra, Suiza. 11 de abril de 2005

Hoy se concretó el tema 15 del 61 periodo de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU (Naciones Unidas), correspondientes a cuestiones indígenas. En la oprtunidad se dieron a conocer a nivel de la Asamblea los informes del relator especial Rodolfo Stavenhagen respecto de temas de educación, así como los resultados de su misión a Colombia y Canadá durante el año pasado.

Posteriormente, los estados aludidos utilizaron su derecho a réplica. En la oportunidad también utilizaron la palabra diversos organismos dependientes de Naciones Unidas en temas relacionados con la el trabajo, la salud y la educación de los pueblo originarios. Se hicieron críticas al lento trabajo en torno a la elaboración de una Declaración de los Derechos de los Indígenas.

En el turno de las organizaciones, el estado chileno fue duramente criticado por su ineficacia en materia de derechos indígenas y derechos humanos en general y por la judicialización y criminalización de la demanda mapuche.

A continuación, les entregamos las declaraciones en defensa de los derechos del pueblo-nación mapuche y contra la política gubernamental.

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Asociación Internacional contra la Tortura

Organización Meli Wixan Mapu.


Comisión de Derechos Humanos. 61 período de sesiones. Tema 15 orden del día. Fecha: 11 de abril de 2005. Orador: Enrique Antileo.

Señor Presidente:

Agradecemos el espacio que nos ha brindado la Asociación Internacional contra la Tortura. Mi nombre es Enrique Antileo. Estoy aquí a nombre de la Organización Meli Wixan Mapu y vengo principalmente a constatar ante la Comisón la situación real de los derechos humanos del pueblo mapuche, ubicado en el sur de América, en lo que hoy se llama Chile.

Ante las exigencias del pueblo mapuche en términos de derechos políticos- como la autodeterminación, la autonomía- y derechos territoriales, como la devolución de las tierras usurpadas por compañías forestales, energéticas y transnacionales en general, hemos recibido desde hace ocho años y cada vez más fuerte una sólo respuesta del Estado de Chile: la violencia y la represión. Además dicha situación está siendo copiada por el Estado Argentino y sus gobiernos federales contra la población mapuche residente al sur de dicho país.

Las demandas mapuches no han sido escuchadas y el gobierno chileno continúa ejerciendo mecanismos violentos para frenar nuestras exigencias, tales como la brutalidad y el racismo policial, traducido en allanamientos sistemáticos; instalación de campamentos policiales al interior de las comunidades; controles de caminos; protección policial para las transnacionales; maltrato físico y psicológico a niños, mujeres y ancianos; torturas; detenciones arbitrarias; encarcelamientos, seguimientos, envenenamientos por parte de terceros, homicidos, entre otros.

El gobierno chileno ha hecho caso omiso de las recomendaciones del Relator Especial en materias indígenas Rodolfo Stavenhagen(E/CN.4/2004/80/Add.3) y de las recomendaciones del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

En chile se sigue criminalizando y llevando a tribunales la justa lucha del pueblo mapuche. Los mapuche son acusados y sindicados de terroristas a pesar de no tener pruebas en su contra y sin considerar el apoyo de organismos internacionales, que se han manifestado abiertamente contra la aplicación de leyes arbitrarias(Human Rights Watch, Federación Interamericana de Derechos Humanos, etc). Es más, el Tribunal Supremo de Justicia en Chile ha intervenido en dos oportunidades para anular dictámenes absolutorios a mapuches procesados por ley antiterrorista, pidiendo que ser realicen nuevamente dichos juicios, a fin de condenarlos. Hace apenas cinco días, el 6 de abril de 2005, la Corte Suprema de Chile anuló nuevamente un juicio, que se había efectuado en octubre-noviembre de 2004, por asociación ilícita terrorista, en donde los mapuches habían fueron absueltos.

Esta situación manifiesta la nula voluntad del gobierno en materias de derechos humanos y libertades fundamentales de los pueblos indígenas. No existe hoy una real preocupación por los pueblos originarios, que están sumidos en una extrema pobreza tanto a nivel urbano como rural, transformándose en sociedades postergadas, sin tierras y sin derechos.

Por esta razón y por muchas más que no han sido nombradas en honor al tiempo, exigimos ante la Comisión de Derechos Humanos el cese de la violencia policial en contra del pueblo mapuche; la liberación de los prisioneros políticos mapuche. Exigimos que el Gobierno de Chile no intervenga más en causas judiciales en contra de nuestro pueblo y de ningún indígena que luche por lo que considera justo. Pedimos un monitoreo y un seguimiento constante sobre Chile en materia de derechos humanos.

Proponemos ante la asamblea que en América del Sur, como en otros continentes afectados, se creen organismos internacionales con jurisdicción en materia de derechos humanos, para lograr así un acceso expedito a la justicia.

Dichos organismos podrían depender de Naciones Unidas(ONU), o en el caso de la America del sur de la Organización de Estados Americanos(OEA). Hay muchos países en el continente que podrían acoger una sede de este tipo: Venezuela, Brasil, Uruguay, entre otros.

Lo que se busca con esta medida es hacer más eficaz la justicia y eso se dará cuando tengamos un acceso real a ella, a nivel local y a nivel internacional. Queremos encontrar la justicia que no existe, porque hoy el derecho internacional es solamente letra muerta y dicha situación es la que provoca las constantes depredaciones de quienes detentan el poder, obligando a los pueblos a tomar otras decisiones para frenar los atropellos. Si se consideraran las recomendaciones para una justicia más efectiva, se podrían evitar múltiples conflictos.

En este momento tenemos los caminos cerrados y una alternativa de esta índole permitiría alivianar los gastos que muchos pueblos originarios, incluido el mapuche, y organismos internacionales realizan para denunciar a quienes violan los derechos humanos. Una justicia eficaz se basa en un acceso verdadero a ella, en el que las distancias de las Cortes Internacionales no operen como obstáculos económicos y en la que los pueblos originarios puedan denunciar con toda libertad a los estados que los oprimen.

Muchas Gracias

Organización Mapuche Meli Wixan Mapu http://meli.mapuches.org correo electrónico: meliwixanmapu@gmail.com Martínez de Rozas # 2311, Santiago Chile.

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Asociación Americana de Juristas

Comisión de Derechos Humanos. 61º período de sesiones- marzo / abril 2005 Tema 15 del orden del día. Orador : Jaime Valdés Aguayo.


Sr. Presidente:

A pocos meses de haber concluido el primer Decenio Internacional de las Poblaciones Indígenas del Mundo (Resolución de la Asamblea General 48/163 ) y del inicio del Segundo Decenio (Resolución 59/174) es necesario constatar que poco se ha avanzado en el cumplimiento de sus objetivos y en asegurar el respeto a los derechos humanos de los pueblos originarios. Los obstáculos principales se ha presentados en desencuentros conceptuales y estructurales en lo que se refiere a autodeterminación, pobreza, democracia, ciudadanía, poder, gobernabilidad, desarrollo, seguridad..... La no aprobación del Proyecto de Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas revela (como bien lo refleja la Declaración de Morelos del 12-10-2004) la falta de voluntad política de los Estados. La ausencia de un instrumento internacional de esa envergadura alimenta la dispersión en la ejecución de políticas en el seno del Sistema de Naciones Unidas, los Estados y los gobiernos. Los avances que se han dado en el último decenio, se deben principalmente a la activa lucha promovida por las organizaciones y comunidades originarias, más que a compromisos reales y acciones efectivas destinadas a cumplir con las demandas y reivindicaciones históricas de los pueblos indígenas.

La globalización de la economía y la aplicación de políticas neoliberales -que sobreponen los intereses del capital sobre los intereses de los pueblos- han incrementado notablemente los riesgos. Además de la deuda histórica acumulada por los Estados nacionales y los Estados colonialistas con las poblaciones originarias, se suma la usurpación indiscriminada por parte de las grandes corporaciones transnacionales de extensos territorios ancestrales y de importancia geopolítica en los cuales implementan como práctica, el saqueo de los recursos naturales (como agua, bosques, biodiversidad, hidrocarburos, minerales, costas, etc.) y la apropiación indebida de la propiedad intelectual, el patrimonio cultural y científico de los pueblos indígenas. Esta situación no solo viola los derechos humanos y las libertades fundamentales sino que pone en peligro incluso, la supervivencia de importantes comunidades y pueblos. Es necesario estudiar detenidamente el papel y las responsabilidades de las empresas transnacionales -en su proceso de reconquista y en sus desmesurados intereses particulares, legitimados por tratados comerciales que subordinan a las propias soberanías de los Estados- en el deterioro de las condiciones de vida y de los derechos fundamentales de los pueblos originarios.

Valoramos positivamente en este 61º período de sesiones, los informes sobre Derechos Humanos y Cuestiones Indígenas de las misiones a Colombia y a Canadá (E/CN.4/2005/88/add.2 y E/CN.4/2005/88/Add.3 respectivamente). Ambos informes revelan una vez más, la deplorable situación de los pueblos en países con grandes contrastes en su nivel de desarrollo, pero que ratifican la falta de compromiso real para alcanzar soluciones permanentes y justas por parte de los Estados, mas allá del marco jurídico-legal o del desarrollo económico que hayan logrado. En este 61º período de sesiones, la Asociación Americana de Juristas, manifiesta también su apoyo y se suma a las justas demandas de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE).

Señor presidente: Es de lamentar que en el Estado chileno se sigan cometiendo grandes atropellos a las libertades fundamentales de los pueblos originarios y en especial a la lucha reivindicativa y de los derechos históricos del pueblo mapuche. Las recomendaciones del Relator Especial y del Comité de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han sido desatendidas. Una serie de misiones e informes de organismos internacionales y nacionales señalan sus preocupaciones y demuestran con casos concretos las serias violaciones a los derechos fundamentales. En estos se destacan la persecución política de organizaciones mapuche y sus dirigentes; secuestros y agresión a niños, mujeres y ancianos; represión desmesurada y brutalidad policíaca contra sus comunidades; aplicación de legislaciones penales inapropiadas y leyes injustas; violación al debido proceso y a la Convención Interamericana de DDHH; incumplimientos de acuerdos entre el Estado y el pueblo mapuche; promoción de racismo y desprecio a la cultura mapuche; encarcelamiento y condenas injustas; por mencionar algunas.

El estado chileno ha utilizado todo tipo de tácticas para criminalizar el conflicto de tierras y el derecho de autonomía del pueblo mapuche. La aplicación de la Ley Antiterrorista (altamente criticada por la comunidad internacional y por organismos de la ONU), la ley de Seguridad Interior del Estado y el desprestigio de sus acciones al tratar como delincuentes comunes a los luchadores sociales, forman parte de estas maniobras.

Las medidas que el Estado chileno ha tomado en materia indígena no promueven una solución real al conflicto y, por mucho esfuerzo que este haga en demostrar lo contrario (como el informe del mes de febrero de respuesta del gobierno de Chile a las recomendaciones del Relator Especial), estas están destinadas a generar un proceso para que los pueblos indígenas sean asimilados por a la sociedad chilena y asuman de una vez por todas, la cultura occidental como estilo de vida. Esto se promueve a través de proyectos, programas, subsidios asistenciales y acciones destinadas a folclorizar sus culturas, pero que no reconocen el derecho a la libre determinación. Todas las propuestas, leyes e instituciones referidas al tema de los pueblos indígenas provienen desde el Estado y son manejadas exclusivamente por este. El Estado chileno debe entender que mientras las propuestas de transformación no provengan desde los propios pueblos y se reconozca que tienen una cultura, cosmovisión, idioma, religión y derechos bien diferenciados, no podrá solucionarse el conflicto actual.

Debido a la falta de voluntad del Estado Chileno para solucionar el conflicto, el pasado tres de marzo, una delegación del pueblo mapuche debió recurrir al 122º período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en la cual presentó un informe, denunció las violaciones de los DDHH y solicitó formalmente medidas especiales como la de una misión en loco, que permita a los comisionados imponerse de la gravedad de la situación a fin de prevenir futuros conflictos

Ante las injusticias cometidas contra el pueblo mapuche, el 7 de marzo pasado, seis prisioneros políticos de la Cárcel de la Ciudad de Angol han debido recurrir durante 25 días a acciones que ponen en peligro sus vidas, al realizar una huelga de hambre para demandar la libertad de todos los prisioneros políticos mapuche de las distintas cárceles del país; el cese de persecución a quienes están obligados a vivir en la clandestinidad y cierre de sus causas judiciales; el fin del hostigamiento de la policía a comunidades y la expulsión de las empresas forestales de los territorios mapuche.

La Corte Suprema de Justicia de Chile ha intervenido en tres ocasiones anulando los fallos de juicios que liberaban a imputados mapuche de toda implicancia en hechos relacionados con el conflicto. El más reciente se realizó día miércoles 6 de abril, al anular la decisión del Tribunal Oral de Temuco que absolvió a 8 comuneros mapuche vinculados a la Coordinadora Arauco Malleco, acusados de asociación ?ilícita terrorista?. Situación que demuestra y ratifica una vez más, que el Estado chileno está dispuesto a recurrir a todos los medios para detener las justas demandas y reivindicaciones de los mapuche. La Corte Suprema emitió criterios en sus declaraciones que dejan sentado una eventual condena en los próximos juicios a los procesados.

Sr. Presidente: Esta comisión debería buscar los mecanismos apropiados para que los Estados asuman con voluntad y compromiso político los objetivos del Segundo Decenio, la pronta aprobación del Proyecto de Convención y considerar seriamente medidas para establecer las responsabilidades de la corporaciones trasnacionales en el saqueo de los territorios ancestrales y violación de los derechos humanos de los pueblos indígenas.

En el caso de Chile, se debería considerar una segunda visita del Relator Especial, tomando en cuenta la solicitud de una misión en loco, introducida ante OEA por organizaciones mapuche y buscar mecanismos apropiados para que el actual gobierno asuma con seriedad el cumplimiento de las recomendaciones de las diferentes instancias de la ONU, los organismos internacionales y las organizaciones nacionales de derechos humanos.

Muchas gracias.

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Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 61 periodo de sesiones Punta 15: Cuestiones indígenas

Intervención de la Comisión Internacional de Juristas y de la Comision Andina de Juristas sobre la situación de los pueblos indígenas en la region andina.

Los países de la región andina cuentan con mas de 20 millones de personas entre sus habitantes que son integrantes de diversos pueblos indgenas, resultando en sociedades multiétnicas y pluriculturales, coma ha sida reconocido en las constituciones de Bolivia, Ecuador, Colombia, Perú y Venezuela. Esta plataforma constitucional para el reconocimiento y disfrute de derechos fundamentales de los pueblos indîgenas es respaldada par la ratificación par parte de Bolivia, Colombia, Perú y Venezuela deI Convenio 169 de la OIT, que, entre otras disposiciones, obliga a los Estados que lo han ratificado a respetar sus derechos humanos y a adoptar medidas que salvaguarden su cultura. Chile es el unira país en la región que no ha ratificado el Convenio 169 y que no cuenta con una protección de los derechos de los pueblos indígenas a nivel constitucional

No obstante, los pueblos indgenas al interior de los Estados siguen estando expuestos a una fuerte discriminación, tanto a nivel colectivo como individual, traducida en la falta de reconocimiento y disfrute de derechos fundamentales tales coma el acceso a la justicia, participación política, vivienda, educación y salud. En efecto, la mayoría de los pueblos indígenas viven en zonas rurales que frecuentemente carecen de atención estatal debido a la centralizada organización político-administrativa de los países de la región, dificultando aun más el acceso a estándares mas elevados de calidad de vida.

Señor Presidente:

El derecho de los pueblos indígenas de participar, por lo menos en la misma medida que otros sectores de la población, y de ser consultados mediante procedimientos apropiados cada vez que se prevean medidas legislativas o administrativas susceptibles de afectarlos es de vital importancia para su propio concerto de desarrollo. Su derecho de decidir su propio rumbo en base a sus instituciones y costumbres, así coma la facultad para administrar los recursos naturales, en especial las tierras ancestrales que están bajo su dominio, son esenciales para la supervivencia de su cultura.

La falta de reconocimiento de los derechos humanos de los pueblos indígenas hace inviable su inclusión en el sistema democrático deI Estado y por lo tanto perpetúa su situación de discriminación e imposibilita que el Estado pueda atender sus demandas, lo cual conlleva la pérdida de legitimidad de las instituciones democráticas. Por ello es imprescindible que el sistema de justicia y los mecanismos de participación ciudadana incorporen medidas positivas en favor de los pueblos indigenas. De lo contrario, los sentimientos de frustración y resentimiento agudizarán los estallidos sociales que se producen cotidianamente en la región.

Señor Presidente:

La Comisión lnternacional de Juristas y la Comisión Andina de Juristas reafirman su compromiso en la defensa de los derechos humanos individuales y colectivos de los pueblos indígenas y solicita a la Comisión de Derechos Humanos que recomienda a los Estados las siguientes medidas:

Que el Estado chileno ratifique el Convenio 169, cumpliendo su compromiso asumido ante la Comisión lnteramericana de Derechos Humanos en el caso: Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco y el pueblo Mapuche Pehuenche.

Que el Estado boliviano asegure el derecho de participación y representación de los pueblos indígenas en la futura a Asamblea Constituyente y que la Constitución adoptada por dicha Asamblea reconozca el derecho a la identidad y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

Finalmente, en el marco de las disposiciones deI Convenio 169, los Estados andinos deben elaborar politicas públicas dirigidas a los pueblos indígenas que garanticen los derechos a la consulta y participación. Adicionalmente, deben desarrollar guias estratégicas que establezcan criterios básicos que permitan a los pueblos indígenas participar y ser consultados mediante procedimientos apropiados.

Gracias Senor Presidente

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INTERNATIONAL FEDERATION FOR THE PROTECTION OF THE RIGHTS OF ETHNIC, RELIGIOUS, LINGUISTIC AND OTHER MINORITIES

ORGANISATION NON GOUVERNEMENTALE AVEC STATUT CONSULTATIF SPÉCIAL À L?ONU
  REPRÉSENTATION À GENÈVE -

Commission des Droits de l?Homme, 61ème période de session Sujet 15 Orateur : Hayin-Ray Antileo Navarrete Neau

Monsieur le Président,

Je m?appelle Hayin-Ray Antileo, je suis membre du peuple Mapuche.

En novembre 2003, le rapporteur spécial Mr. Stavenhagen a fait part de ses recommandations au gouvernement chilien après avoir observé la lamentable situation des Droits de l?homme et des libertés fondamentales des indigènes au Chili (E/CN.S/2004/80/Add.3).

Jusqu?à aujourd?hui, non seulement aucune de ces recommandations n?ont été mises en ?uvre, mais malgré ce rapport, nos droits fondamentaux sont de plus en plus bafoués, notamment en matière de justice.

En matière législative

Le gouvernement chilien a mis en projet pour 2005 la réforme constitutionnelle portant sur la reconnaissance du peuple Mapuche, ainsi que la ratification du point 169 de l?OIT. Ces projets datent déjà de 14 ans, avant même le rapport Stavenhagen, et rien n?indique qu?ils verront bien le jour.

En matière de justice

Le gouvernement chilien entérine l?application de la loi anti-terroriste datant de la dictature Pinochet et l?utilise pour criminaliser les demandes du peuple Mapuche ; il juge nos frères de manière expéditive et viole ainsi systématiquement les droits de l?homme. Des témoins masqués et anonymes et l?absence notoire de preuve de culpabilité sont parmi les méthodes employées.

Lorsque, malgré ces dénis de justice, les jugements sont en faveur de nos frères, la cour Suprême les fait annuler pour réorganiser un procès qui cette fois-ci les condamne. Mais la justice n?est pas la même pour tous : lorsque notre peuple a eu à souffrir de meurtres, de cas de tortures et de persécution, d?empoisonnement et d?incendies de sièges d?organisation, justice n?a pas été rendue ; aucun des ces faits n?ont donné lieu à des condamnations et certaines plaintes n?ont même pas fait l?objet d?investigations.

En matière de politique indigène, programme de développement et récupération des terres

Le gouvernement chilien a proposé des solutions sans se concerter avec les organisations Mapuches, ce qui montre bien qu?il n?a aucune intention de reconnaître notre peuple, contrairement à ce qu?il veut faire croire avec sa réforme de la constitution. Sa politique continue à être paternaliste ; il ne fait que proposer des petites mesures d?assistanat qui masquent les vrais problèmes. Par exemple, le gouvernement a toujours privilégié les investissements des multinationales au détriment des libertés des peuples indigènes : le peuple Mapuche vit sur 700?000 hectares, tandis que les multinationales forestières à elles seules vont voir leur domaine passer de 2 à 5 millions d?hectares en 2010, sur des terres anciennement Mapuche et pour la plupart usurpées pendant la période de la dictature. Ces chiffres à eux seuls montrent où sont les vraies priorités du gouvernement chilien.

En matière de politique vis-à-vis des indigènes en ville

La moitié de la population indigène vit en ville et y connaît des situations extrêmes de pauvreté, racisme, discrimination au travail, discrimination à l?école, discrimination dans la santé, délinquance, prostitution, perte d?identité.

Reconnaissance dans les livres d?histoire, droit à une éducation bilingue, lutte contre le racisme, sont autant d?éléments qui devraient faire partie d?une vraie politique visant au respect d?un peuple et à la sauvegarde de son identité.

Monsieur le Président, nous exigeons :

   l?abandon de l?utilisation de la loi anti-terroriste contre nos frères Mapuches
   justice pour nos victimes
   la récupération des terres promises aux Mapuches
   un dialogue du gouvernement avec TOUTES nos organisations
   une politique du gouvernement pour changer les mentalités racistes des chiliens et faire respecter notre culture, nos valeurs, notre identité
   et finalement la REELLE mise en ?uvre des recommandations du rapporteur spécial Stavenhagen.

Je vous remercie.

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Organización Mapuche MELI WIXAN MAPU/dirección: Martinez de Rozas 2311, Santiago Centro/ fono:09-7969273/fax:7755135.
Página: http://meli.mapuches.org