Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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Comunicado de Prensa

Participantes en ceremonia religiosa Mapuche son encarcelados

Mapuche International Link
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England.
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Autoridades chilenas atentan contra la libertad religiosa y el derecho al libre movimiento de los mapuches en su territorio ancestral. Policía detuvo a 18 personas, después que éstos participaran en un Nguillatun.

La organización Enlace Mapuche Internacional/Mapuche International Link, organismo que agrupa a Mapuches de Chile y Argentina residentes en Europa, expresa a la opinión pública internacional nuestra consternación y repudio por la represión indiscriminada del gobierno chileno en contra del pueblo Mapuche, en particular el cobarde atentado perpetuado contra los asistentes de un Nguillatun, ceremonia religiosa de gran solemnidad y expresión de nuestra visión espiritual ancestral.

El 14 de Marzo de 1999, alrededor de las 18 hrs., después de concluído el Nguillatun que se efectuó en el sector de Ranquihue, comuna de Tirúa, unas doscientas personas se retiraban pacíficamente del lugar cuando la polícia lo interceptó y procedio a detener selectivamente a 18 participantes, entre ellos a Jeannette Paillan, del Centro de Estudios y Comunicación Lulul Mawhida, Elias Paillan locutor y periodista, Sergio Bravo, fotógrafo y videísta Francés, Pablo Ortega, abogado y Clara Antinao, profesora de idíoma, a quienes la policía les requisó sus equípos y objetos personales. Ademas fueron detenidos las siguientes personas: Ricardo Tapia Huenulef, Ramón Rodriguez, Fresia Paillal, José Paillal, Ruth Curiqueo, Aníbal Salazar Huichacura, Miguel Tapia, Gastón Antileo, Abelardo Antiman, Rolando Millante, Luis Mariñan, Patricia Troncoso, Jose Mariñan. Este hecho no constituye un asunto aislado, dirigentes mapuches han denunciado que la policía y los servicios de seguridad constantemente vigilan sus actividades y, con un claro propósito de acoso y amedrentamiento los detienen, los amenazan y les fabrican cargos, hoy cuestionan a los mapuches el derecho al libre movimiento dentro de su territorio ancestral. Con esto se pretende romper los lazos de hermandad y solidaridad, tradicionalmente mantenido entre la familia Mapuche. En efecto, Jeannette Paillan ya ha sido objeto de atropellos e intimidaciones; el 24/10/1998 mientras se encontraba filmando el conflicto entre la Forestal Arauco y la comunidad Fren Mariqueo de Cuyinco, Octava Región, fue asaltada por un individuo vestido de civil, quién le arrebató la cámara en presencia de carabineros. Por otra parte, el 8 de enero de 1999, Clara Antinao caminaba usando su vestimenta tradicional mapuche en calle Morande en Santiago (Capital de Chile), cuando fuera bruscamente detenida por carabineros, quienes le advirtieron que debía abandonar inmediatamente el lugar, ya que no estaba permitido el acceso de personas vestidas de mapuche en las cercanías de La Moneda (palacio presidencial).

El 19 de febrero de 1999, alrededor de las 3:30 am, 300 policías y 100 guardias privados de la empresa forestal Mininco, interrumpieron violentamente en la comunidad de Temulemu, comuna de Traiguén en una operación destinada a causar el maximo de terror e infligir todo tipo de acciones vejatorias contra los 25 comuneros. Carabineros, sin presentar orden de allanamientos y sin que los mapuches opucieran resistencia, procedieron a destruír puertas, ventanas y enseres. Durante este asalto la policía chilena, como en los tiempos de la ocupación militar del siglo pasado, hurtaron animales y dinero, ademas de otros bienes de los comuneros. Seís mapuches resultaron gravemente heridos, entre ellos la Machi María Claudina Ancamilla (autoridad tradicional y líder espiritual Mapuche) de la reducción de Temulemu y el Lonko Pascual Pichún Paillao (autoridad tradicional Mapuche) de la comunidad Antonio Ñiripil, ambos debieron ser hospitalizados, 15 personas fueron detenidas entre ellos 4 niños: Henri Pichun (11 años); Juan Pichun (14 años); Luis Inostroza (14 años); y Manuel Nahuel (15 años) y a Luis Arnold Fuentes, huesped de la comunidad de nacionalidad Francesa. La operación policial (según las própias autoridades chilenas) fue tan "irregular" que se vieron obligadas acceder a la exigencia de las comunidades afectadas para que la Fiscalía Militar investigue los hechos ocurridos, con el objeto a que se establezca la verdad y se deseche la versión oficial que acusa a los mapuches de ser los autores de la agresión.

Estos ataques tuvieron lugar en el territorio ancestral de la nación mapuche en litigio, entre la comunidad de Temulemu y la empresa Forestal Mininco. En 1930 el Juzgado de Indios resolvió que la comunidad era propietaria legítima del territorio en cuestión, pero dicha orden no se puso en vigor, por las amenazas y la prepotencia de los latifundistas, la falta de voluntad política de las autoridades regionales, la corrupción y negativa de la policía local de hacer cumplir la ley. La confiscación de tierras mapuches sufrío un auge durante la dictadura militar del General Pinochet, cuya política apuntaba a la asimilación y exterminio del pueblo Mapuche. El proceso de recuperación de tierra del pueblo Mapuche y de reparación histórica iniciada durante el proceso de reforma agraria, del Gobierno socialista de Salvador Allende (principios de la decada del 70) fue revertido por el gobierno militar, quién la entregó o vendio a bajo precio a especuladores cuyo único móvil era obtener ganancias rápida y facil, ahondando con ello los conflictos ya existente y que hoy emergen entre mapuches y latifundistas.

Ese mismo día (19 de Febrero) en otro sector del territorio Mapuche, en Palmucho, región del Alto Bío-Bío, 27 personas fueron violentamente detenidas y 9 resultaron heridos, después que alrededor de 60 personas, entre mapuches- pewenches y simpatizantes con la causa de los pueblos indígenas y el medio ambiente, protestaban pacíficamente por la construcción de un camino destinado a facilitar las faenas de la central hidroeléctrica Ralco. Entre los detenidos se encontraban dos huespedes del pueblo Mapuche de origen extranjero que estaban visitando las comunidades afectadas, los que fueron acusados por el Gobierno de terroristas y se les curso una orden de expulsión del país, siendole posteriormente revocada por falta de méritos. El gobierno chileno favorece la construcción del proyecto Ralco, apesar que familias mapuches- pewenches se niegan abandonar sus terrenos, y de estar en contra del artículo 13 de la Ley Indígena No.19.253 de Octubre de 1993.

El 5 de Marzo a tempranas horas de la madrugada, la polícia y guardias privados de la Forestal Mininco nuevamente atacaron a comuneros mapuches en el fundo Chorrillos, comuna de Traiguén, el encuentro culminó con diez mapuches detenidos, y catorce lesionados (8 carabineros y 6 mapuches). Entre los detenidos se cuentran los hermanos Victor, Juan y Nelson Ancalaf, Carlos Millalen, Pedro Pichincura, Carolina Manque, Flora Urrea Paillalao, Patricia Troncoso y Gerardo Nahuelpi, a esta lista se suma Bernarda Llanca Tripainan, quién se encuentra hospitalizada en Traiguén.

La confiscación sistemática de territorios mapuches y sus recursos por parte del estado y particulares, ha relegado al pueblo Mapuche a la marginalidad y extrema pobreza. En la actualidad los mapuches sufren los mas altos índices de mortalidad infantil, desnutrición, cesantía, alcoholismo, analfabetismo (mas del 20% de la población rural, predominantemente mapuche son analfabetos, contra el 5% del promedio nacional) y, por la falta de atención médica, alimentación, salubridad y otras condiciones de vida básicas, los mapuches viven 10 años menos que el resto de la población chilena, según lo señala un último estudio estadistico sobre la pobreza en Chile. A esto se suma la discriminación racial que en Chile no tiene límites, el sistema educacional no reconoce las culturas indígenas, como consecuencia los niños son discriminados en los establecimientos educacionales, en los trabajos, en las instituciones gubernamentales y hasta en la vía pública, por parte de una sociedad eurocentrista que no tolera la diversidad cultural, hasta tal extremo que el uso de la vestimenta indígena es motivo de hostigamientos, como lo señalabamos anteriormente. Esto último, que en cualquier país civilizado, constituiría una aberración, una afrenta, un escándalo nacional, en Chile es la norma aceptada por la sociedad mayoritaria, realidad que los mapuches deben confrontar diariamente por el sólo hecho de ser Mapuche.

Los dramáticos acontecimientos que se desarrollan en el sur de Chile, es la consecuencia directa de una política gubernamental insensata, que lejos de solucionar los problemas los agudiza, los conflictos de usurpación de tierras mapuches siguen sin resolverse, los programas de desarrollo y de infraestructura en las regiones mapuches no los benefician, por el contrario, los priva de sus recursos, y se realizan sin el consentimiento de los afectados y en contravención con la Ley Indígena. Por otra parte, el uso generalizado de un doble estandard de la justicia entre el mapuche y el huinca (chileno no-mapuche) y el trato racista y  discriminatorio de las fuerzas del orden, han aumentado las justificadas sospechas del mapuche sobre los propositos del gobierno respecto al "problema indígena".  La inexistencia de una salida que permita visualizar un futuro estable y digno para las comunidades empobrecidas, ha creado la desmoralización y frustración que hoy se expresan en brotes de protestas activa, pero no-violentas, en diversos puntos del territorio ancestral de la nación Mapuche. El gobierno responde con la represión y la violencia, enviando gran contingente policial, los que junto con guardias privados de empresas forestales, interrumpen las faenas agrícola abituales y siembran el terror en las modestas comunidades mapuche. Testimonios indican que las agencias de guardias privadas, utilizadas por las empresas forestales, estan integradas por ex-militares y ex-agentes de la DINA-CNI (Central Nacional de Inteligencia) crimanales de profesión que deberían estar encarcelados por los crimenes cometidos durante el regimen de Pinochet, hoy son lanzados contra indefensas comunidades mapuches. La violación de los derechos humanos se cometen con la aparente benevolencia de las autoridades locales y bajo un ambiente deliberadamente creado por los medios de comunicación interesados, que alientan la represión y justifica los métodos y excesos de la polícia uniformada.

El actual gobierno democrático desprovisto de una politica clara, que pueda encontrar una solución global y justiciera a los problemas del pueblo Mapuche, se ha limitado a militarizar las regiones en conflictos y con un discurso demagógica por un lado y "mano dura" por el otro, solo ha logrado alinear al 1.5 millón de mapuches y generalizar los conflictos, en todo el territorio ancestral de la nación Mapuche. Las autoridades chilenas utilizando las mismas leyes, el aparato represivo y hasta el mismo personal, formados durante el régimen dictatorial, donde la arbitrariedad y la tortura estaban a la orden del dia, el actual gobierno ignora las denuncias de torturas y violación de derechos humanos de los mapuches y otros sectores de la sociedad. De público conocimiento han sido las denuncias de los familiares de los presos políticos, hoy en huelga de ambre, en protesta por las torturas sufridas el 5/02/1999 en la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago, por parte de Gendarmeria, constituyendo una grave violación a la Convención de Viena sobre la Prevención y Sanción de la Tortura. El Estado de Chile ratificó dicha Convención el 30 de Septiembre de 1988 y la promulgó mediante el Decreto Supremo del Ministerio de Relaciones Exteriores Nº 808 que la hízo Ley de la República, el 26 de noviembre de 1988. En consecuencia, Chile está obligado a respetar y promover los derechos humanos entre los que se encuentran (entre otras garantías) el derecho a no ser objeto de tratos crueles, inhumanos y degradantes y el derecho a la integridad física y psíquica.

Finalmente, los mapuches integrantes de la organización Enlace Mapuche Internacional celebra las gestiones legales en progreso (ante la Corte de Apelaciones de Santiago) llevada a efecto por el abogado Mapuche y Jefe del Departamento Jurídico del Consejo Inter-regional Mapuche, Sr. José Lincoqueo, en representación de comunidades mapuche en conflictos. Con fecha 15 de enero de 1999, el abogado Lincoqueo ha demandado al Estado de Chile y sus tres poderes, el Ejecutivo, Legislativo y Judicial, representados por los presidentes de cada una de las entidades mencionada. Las gestiones se basan en los tratados subscrito por la Nación Mapuche con la Corona Española y la República de Chile, en particular el tratado de Negrete (3-5 de marzo de 1803). Cabe señalar que la nación Mapuche era independiente y soberana hasta 1860 y ejercia total y absoluto control de su soberanía sobre todos los territorios ubicados al sur del rio Bio-Bio, entre el Oceano Pacífico y el Atlantico. Desde 1860 a 1885 se produjo lo que en Chile se conoce como "Pacificación de la Araucanía" y, en Argentina "Campañas del Desierto." Por consecuencia los conflictos territoriales contemporaneos tienen origen directo con la ocupación y anexión ilegal del territorio de la nación Mapuche, que se produjo en contravención con las normas y tratados internacionales, tratados que fueron unilateralmente violados por el Estado Chileno y Argentino. Las gestiones legales del abogado Lincoqueo estan destinadas a encontra una solución honorable y equitativa, en Chile, a los numerosos problemas de tenencia de la tierra y la preservación y desarrollo de la identidad cultural del pueblo Mapuche.

Hacemos un llamado a las organizaciones de derechos humanos y a los pueblos y naciones indígenas del mundo a solidarizar activamente con la justa causa del pueblo Mapuche y exigir al Gobierno Chileno el respeto a los tratados internacionales, la devolución de los territorios mapuches usurpados, el respeto a la Ley Indígena, la vigencia de los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos, sociales y culturales,  el respeto a la libertad religiosa y de libre movimiento, cesar la persecución contra los dirigentes y autoridades mapuches, la desmilitarización del territorio Mapuche y sugerir que mediante la negociación y un espíritu constructivo, bajo un plano de igualdad y respetuo mutuo, se busquen soluciones globales al centenario problema Mapuche.

Pedimos ademas, exigir a las autoridades chilenas:

La libertad inmediata e incondicional de todos los presos mapuches y el cese de la represión,

Investigación y castigo a los carabineros que se ponen al margen de la Ley y se tomen medida para erradicar el racismo institucionalizado que existe en dicha institución,

Poner fín a los métodos represivos y se abtengan a utilizar la Ley de Seguridad Interior del Estado que tanto daño ha causado a la relación entre el pueblo Mapuche, el poder judicial y los servicios de seguridad,

Reconocimiento constitucional del pueblo Mapuche y la ratificación del Convenio 169 de la OIT por parte del Estado Chileno.

Finalmente, pedimos a las organizaciones de derechos humanos enviar urgentemente delegaciones al territorio mapuche, para que investiguen y documenten la violación de los derechos humanos y de esta forma desechar el mito creado por los medios de comunicación que acusan a los visitantes y huespedes extranjeros del pueblo Mapuche de subversivos y eco-terroristas.

Puede escribir expresando su preocupación a las siguentes personas:

Eduardo Frei Ruiz-Tagle
Presidente de la República,
Palacio de la Moneda,
Santiago, Chile.
Fax: 56-2-6 90 40 20

Martin Zilic,
Intendente Regional,
Calle Anibal Pinto 4442,
Concepción, Chile.
Fax: 56-41-230247

Soledad Alvear
Ministra de Justicia
Ministerio de Justicia
Morande 107 Santiago, Chile.
Tel/Fax: 56-2-6964558