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Mapu Express Junio 06
 


Puelmapu: Familia Quintriqueo de Villa la Angostura ¡No nos moverán!
(hace más de una semana fueron desalojados y siguen en batalla)




(Noticias Bariloche) La familia mapuche Quintriqueo parece decidida a sostener en los hechos el derecho que les asiste a ocupar las tierras de las que fueron desalojadas el 15 de mayo por la justicia neuquina.
Al menos con ese objetivo y acompañados por varias decenes de vecinos de la zona, el domingo pasado se instalaron nuevamente en la tierra, pacífica pero firmenente.



La opinión pública de la región está atenta al desenlace por varias razones, entre ellas como es obvio por la situación de la familia que, ya se dijo, tuvo históricamente una buena relación con la familia Newbery, uno de cuyos descendientes reivindica ahora la propiedad.
Pero además, los Quintriqueo están dispuestos a dar la batalla legal y por esa razón, con el patricinio de Silvia Mariela Pereyra y Dario Rodríguez Duch, un abogado de reconocida especialidad en la materia, promovió una acción autónoma de nulidad en relación con el juicio por desalojo que les sigue Tomás Newbery.
Como se informó días pasados, para hacerlo se constituyó previamente como comunidad, designó sus autoridades y reafirmó además que su domicilio real es Paso Coihue, paraje ubicado a orillas del brazo Huemul del lago Nahuel Huapi.

La presentación fue realizada ante el juzgado civil de Junín de los Andes (Neuquén), denunciando como "nulas de nulidad absoluta por inconstitucionales y violatorias de normas internacionales" las sentencias que ordenaron el desalojo.

Como se recordará, la medida se cumplió hace 15 días, cuando el juez de Paz de Villa La Angostura se presentó acompañado de varios efectivos policiales en uno de los campos que tradicionalmente ocupan los Quintriqueo. En tanto, el domingo pasado alrededor de 40 personas recuperaron pacíficamente el espacio territorial en litigio.

Desde entonces, permanecen en el lugar alrededor de 10 integrantes de la familia desalojada, quienes conviven forzosamente con tres policías y dos cuidadores apostados por la parte demandante.

Otra vez las tierras
Mayo 31, sábado

La provincia de Río Negro intenta regularizar la situación dominial de las tierras fiscales rurales mediante la entrega de los correspondientes títulos de propiedad a personas, grupos o sociedades que figuren como ocupantes legítimos y sean acreedores de la adjudicación en venta de los predios.
Así lo propone un proyecto de ley que el Poder Ejecutivo envió ayer a la Legislatura para efectivizar el acceso a la propiedad de la tierra en forma inmediata a todos los ocupantes que cumplieron con las exigencias y obligaciones de la ley 279 y que han visto postergados sus derechos.
Según fundamentos oficiales, la iniciativa permitirá acordar a los pobladores rurales la seguridad jurídica que garantice su estabilidad y promueva el trabajo y las inversiones económicas.
Uno de los artículos del proyecto propicia establecer que el gobierno provincial deberá efectivizar la entrega de los títulos de propiedad a todos los ocupantes de tierras fiscales que reúnan los requisitos exigidos por la Ley 279.
Esa norma exige que no existan constancias administrativas o judiciales sobre denuncias que cuestionen la ocupación pacífica de la parcela a titularizar y, además, que la antigüedad de la ocupación no sea menor de 15 años. También se deberá contar con la mensura aprobada del predio y la ciudadanía argentina nativa o por opción por parte del ocupante.
Otro artículo aclara que cuando se trate de tierras fiscales ocupadas por comunidades indígenas, la Dirección General de Tierras y Colonización deberá dar intervención previa al Consejo de Desarrollo de las Comunidades Indígenas, cuyo dictamen será vinculante para la autoridad de aplicación de la ley.
En la nota de presentación del proyecto se consignó que la efectivización de la venta de las tierras deberá permitir concretar las operaciones de acuerdo con las condiciones, posibilidades de los pobladores y características de los predios.
Para ello, se deberá mantener los valores de venta actualmente vigentes, determinados sobre criterios que reflejan la capacidad productiva de los predios, en el marco de las posibilidades de inversión del poblador rural.