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CONFLICTO, DIALOGOS Y PROCESO AUTONÓMICO EN EL WAJMAPUCE

Enero, 2001 Temuko Waria, Wentemapu, Wajmapuce
Luego del periodo de "domesticación política" en que cayó gran parte del movimiento mapuce, desde 1997 se iniciaron una serie de movilizaciones para enfrentar la imposición de proyectos públicos y privados en distintas regiones del Wajmapuce, destacando el conflicto generado por la imposición del Proyecto Hidroeléctrico Ralko en la Región Pewence del Alto Bío Bío y la invasión de las empresas forestales.

En el transcurso de estos años, mucho se ha hablado de "conflicto" para caracterizar este proceso movilizador, pero la más de las veces sólo para destacar los supuestos rasgos violentos y de desobediencia de las acciones mapuce, tratándolas además de actitudes minoritarias. Pero el conflicto existe, y es de naturaleza política y global. Más allá de quien toma la iniciativa en la movilización y las formas y rasgos que adopta esta, así como lo selectivo que han sido la represión hacia algunas comunidades y parte del movimiento, la contienda de fondo confronta a dos sujetos; el Estado Chileno y la Nación Mapuce, situación que deriva de la negación, por parte del Estado, de la sociedad mapuce como sujeto colectivo depositario de derechos políticos.

Lo que ha variado en los últimos años en la dinámica del conflicto de fondo es la concepción con la cual parte del movimiento mapuce ha logrado develar su naturaleza, transmitiendo a la sociedad que la confrontación con el Estado tiene una base política, criticando el carácter negador de este Estado, cuestionando su legitimidad y legalidad en el Wajmapuce, y sobre todo promoviendo los derechos que le corresponden a la sociedad mapuce en tanto Nación; el derecho a auto afirmarse como tal, a reivindicar y poseer un territorio, el derecho a la autodeterminación, y a expresar este derecho por medio de una fórmula de autonomía. Si bien esta concepción no es homogénea en discurso y en propuestas, ha logrado crear un nuevo escenario, que junto con generar nuevas perspectivas en el proceso de liberación mapuce, ha hecho que las medidas de las últimas administraciones estatales sean cada vez más insuficientes.

Es un escenario en que comienzan a delimitarse y ha confrontar con mayor nitidez dos opciones estratégicas. Por un lado, la consolidación del modelo unitario del Estado y la economía neoliberal, por medio de la reformulación del integracionismo institucional y una mayor intensidad de la asistencia social y económica que viene promoviendo la Concertación en los últimos diez años. Por otro, la autonomía política - territorial de la Nación Mapuce, sobre la base del ejercicio de sus derechos políticos.

En este escenario de confrontación, hay que ubicar la estrategia político - represiva aplicada por los gobiernos de la Concertación; las iniciativas jurídicas, como el reconocimiento constitucional de pueblo y la ratificación del Convenio 169; las medidas represivas como la aplicación de la Ley de Seguridad del Estado y las operaciones policiales; las medidas y los majaderos llamados al diálogo, son las parte de un todo, que busca desarticular el proceso político autonomista mapuce o en el mejor de los casos neutralizarlo. A la luz de los acontecimientos, si bien se han dado algunos golpes represivos y el gobierno ha logrado imponer sus fórmulas, mirada en la globalidad de sus resultados, esta estrategia sigue caracterizada por el fracaso.

En este contexto hay que considerar la constitución de la Comisión de "Verdad y Nuevo Trato". Esta iniciativa se concretó el 18 de enero y en ella participarán políticos, académicos, empresarios, representantes de las iglesias y dirigentes indígenas. A ella se restaron el Consejo de Todas las Tierras, Identidad Lafkenche y la Asociación Ñankuchew de Lumako, argumentando la falta de participación previa y las ambigüedades en torno a sus objetivos y alcances.

Esta nueva medida adoptada por el gobierno confirmó la esterilidad y fracaso del "Plan de Desarrollo Indígena", anunciado en el gobierno de Eduardo Frei, como culminación de los "Diálogos Comunales", y lo inútil y sin sentido político de la propia "Mesa de Diálogo" establecida al inicio del tercer gobierno concertacionista. Además reafirma el agotamiento de las vías jurídicas y políticas que diseño la Concertación hace una década para resolver la "problemática mapuce"; la ley indígena 19.253 y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi), que en los últimos años han sido ineficaces para responder a las características, necesidades y aspiraciones de la sociedad mapuce contemporánea.

De esta nueva iniciativa ¿Se pueden esperar otros o mejores resultados para los intereses mapuce?. No, si nos detenemos aunque brevemente a analizar los verdaderos objetivos y contexto de las anteriores así como de la actual.
 

En el caso de los "Diálogos Comunales Mapuce", sólo se promovieron cuando la represión jurídica y policial contra las comunidades no rendía fruto alguno y por el contrario generaba repulsión general. Por lo tanto, esta medida no significó un cambio serio de actitud del gobierno frente a la situación mapuce, sino que pretendió desactivar las movilizaciones, como paso táctico para encausar estas en la estrategia integracionista del gobierno, la cual protege intereses políticos y económicos en el Wajmapuce.

Respecto a la "Mesa de Diálogo", el "nuevo estilo" que Ricardo Lagos quiso otorgarle a la dirección del gobierno, requería en este y otros temas, formas de trabajo que lo distancie de manera clara de la política mediocre, intolerante y represiva aplicada por el gobierno de Frei. Lagos no deseaba atesorar esa herencia, pero tampoco pretende modificar el marco doctrinario de la Concertación frente a la "problemática mapuce" y sobre todo los objetivos estratégicos integracionistas de carácter político y económico que promueve el Estado. Esta definición se refleja en la continuación de la estrategia represiva para detener las fuertes movilizaciones que han comenzado nuevamente en los últimos meses.

 Respecto a la actual Comisión de "Verdad y Nuevo Trato", si bien se venía trabajando desde la finalización de la "mesa de diálogo", sólo se lanzó de modo oficial en momentos en que la movilización mapuche nuevamente arreciaba, como una clara forma de contrarrestarla, apostando el gobierno a que la incorporación de un espectro mapuche más amplio tendría efectos paralizantes en el proceso. Sin embargo, el retiro del Consejo de Todas las Tierras, la Asociación Ñankuchew y la Identidad Lafkenche, más la exclusión desde la partida de la Coordinadora Arauko-Malleko y otro conjunto de organizaciones de carácter local, ha generado nuevamente un escenario en que dialogarán el gobierno, sus amigos tanto civiles como empresarios y los mapuce concertacionista. Ante actores tan poco heterogéneos de pensamiento y opciones política el consenso esta asegurado como objetivo de las comisión, pero será esteril para soluciones políticas reales.

En síntesis el "Plan de Desarrollo Indígena", la "Mesa de Diálogo Indígena" y la Comisión de "Verdad y Nuevo Trato", corresponden a parte de la estrategia del Gobierno y no de los mapuce, son los mecanismos para imponer a la Nación Mapuce un callejón en que la única salida es la asistencia social y económica que siempre se ha ofrecido. Con ellas el gobierno sólo pretende ganar tiempo, ocultar el fondo del conflicto y con esto mantener la estrategia de integracionismo institucional del conjunto del Estado, la cual viene aplicándose desde 1990 por la Concertación, por medio de su limitada doctrina de "reconocimiento de la diversidad de la nación chilena", que se reduce a reconocer la existencia mapuce, pero no los derechos políticos que emanan de su realidad colectiva.

El Estado, en particular el gobierno no tiene opción de solución política real para el Wajmapuce, no al menos en el marco de su actual doctrina y sin la colaboración mapuce. Entre el indigenismo asistencial y el proyecto autonomista, no hay espacios posibles, más allá de imponer medidas como las analizadas, falsas e insuficientes. En este escenario, el movimiento mapuce tiene la responsabilidad de dar pasos que permitan robustecer el proceso autonómico y con ello desbloquear el estancamiento actual. En primer lugar, es necesario dotar al movimiento mapuce de un marco de tratamiento político que le permita delimitar las condiciones y qué le corresponde al Estado y qué a la Nación Mapuce en un escenario de solución política. Una situación como esta le exige al movimiento mapuce clarificar mediante la confrontación de ideas y propuestas los alcances de las reivindicaciones políticas que se han expuesto hasta hoy de modo general. En otras palabras se debe pasar del marco constituido por los derechos políticos : Nación, Territorio, Autodeterminación y Autonomía, a la precisión de los alcances de cada uno de estos derecho.

Si bien estos esclarecimientos contribuirán a una mejor conducción y avance de los derechos políticos en el escenario que hemos esbozados, para que estos se puedan realizar y ejercitar en el tiempo, se deben generar condiciones materiales e ideológicas importantes. En este sentido, el mundo organizado mapuce de aspiración autonomista debe dar pasos que le permitan crear acuerdos programáticos internos mínimos para que el marco general constituido por los derechos se coloque en práctica en los distintos escenario de actuación de todos aquellos(as) que tienen por horizonte la autodeterminación.
 

Por último, surge la necesidad de la fuerza política responsable de dar una dirección al proyecto autonomista y que se perfile como interlocutor serio, eficaz y determinante en una solución política verdadera. En este sentido la maduración política de diversas organizaciones distanciadas de la política estatal pueden contribuir a articular las bases de una fuerza importante. Este salto todavía inmaduro, pero de alcance estratégico puede abrir mejores escenarios políticos para el proceso de liberación mapuce.


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