Ong’s regionales critican sentencia a Lonkos
Por Kolectivo Lientur - 24 de octubre de 2003
Frente a la situación de los Lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norín, la
Red Agenda Regional de La Araucanía, conformada por ONGs y Centros de
Estudios de la Región, declara lo siguiente:
Es de público conocimiento que el proceso penal efectuado sobre el caso
de don Aniceto Norín y de don Pascual Pichún han significado una doble
persecución penal. La resolución de la Corte Suprema de fecha 2 de julio
de 2003, que acogió el recurso de nulidad interpuesto por el Ministerio
Público y querellantes, decretando la anulación del juicio en que fueron
absueltos los 'Lonkos' ordenando la realización de un nuevo juicio, viola
derechamente las garantías fundamentales de un debido proceso, como la
presunción de inocencia.
Particularmente, los Instrumentos Internacionales de Derechos Humanos
ratificados por Chile imponen la prohibición de una doble persecución
penal, en cuanto que nadie puede ser sometido a un doble juicio, cuando
en el primero ha resultado absuelto por sentencia firme. La exigencia
de mayor fundamento a la decisión de absolución vulnera numerosas disposiciones
contenidas en tratados internacionales suscritos por Chile, en la propia
Constitución Política de la República y leyes procesales penales.
Ambos Lonko, fueron condenados el pasado 27 de septiembre por el Tribunal
del Juicio Oral en lo Penal de Angol, a cinco años y un día de presidio
por el delito de amenazas terroristas hacia los dueños y/o administradores
de los Fundos Nancahue y San Gregorio de la comuna de Traiguén. La Defensoría
Penal Pública, interpuso un recurso de nulidad, pues estima que no existieron
antecedentes suficientes para tener por acreditados los delitos de amenazas
por los cuales se condenó a Pascual Pichún y Aniceto Norín.
En este sentido, aún en el caso de aceptar que se acreditaron tales hechos,
no compartimos la calificación jurídica hecha por el Tribunal que los
estimó como 'amenazas terrorista', dada la impertinencia de los antecedentes
considerados y la falta de tipicidad [los hechos, aunque se estimen probados,
no son constitutivos de esos delitos], sumado el bajo estándar probatorio
requerido por el Tribunal.
Las instituciones miembros de la Red Agenda Regional de La Araucanía creemos
que la sentencia es injusta y discriminatoria, puesto que al desconocer
el fallo de inocencia vulnera las garantías esenciales en el juzgamiento
de la conducta que se le reprocha a cualquier ciudadano; y el segundo
juicio impone una pena de 5 años y un día, de cumplimiento efectivo, más
un conjunto de otras penas accesorias, contra los inculpados, cuando de
haberse cometido efectivamente tales delitos, no merecerían una pena superior
a 61 días, regularmente excarcelables. Ambas situaciones revisten una
grave discriminación toda vez que el carácter terrorista de las amenazas
ha sido sostenida explícitamente a partir de la condición de mapuche de
los inculpados y su rol de autoridades tradicionales.
Queremos justicia para todos y sin discriminación de ningún tipo, por
tanto repudiamos con fuerza los hechos de violencia que afectaron a los
Fundos Nancahue y San Gregorio y alentamos todos los esfuerzos de la Fiscalía
Regional por encontrar a los responsables. Sin embargo no podemos dejar
de decir que la sentencia contra Pichún y Norín no hace justicia, mas
bien la violenta, al colaborar en la criminalización de dirigentes mapuche
que han presentado sus demandas en forma pública y de acuerdo a los procedimientos
legales.
Consideramos que esta situación refleja una vez más el uso desproporcionado
del poder en contra de personas mapuche, esta vez por parte de los Tribunales
de justicia, situación que evidencia la discriminación existente hacia
los mapuche por parte de quienes tienen como misión resguardar el orden
público y el bien común.
Constatamos con preocupación que muchas de las situaciones de violencia
y abuso de poder que afectan a personas mapuche, no han llegado a sancionar
a los responsables, quedando en la absoluta impunidad, actitud que indirectamente
valida y promueve la existencia de estos hechos.
Solicitamos a la justicia chilena el esclarecimiento pleno de la verdad
en este hecho y la sanción a los responsables. Igualmente solicitamos
esfuerzos de las empresas forestales para hacer posible un diálogo constructivo
con los habitantes originarios del territorio que hoy ocupan, y posibilitar
así relaciones de equidad entre todos los que vivimos en este país.
Angélica Hernández, RED DE ONGS AGRA
Marcelo Segura, ONG Gedes
