Centro de Documentación Mapuche Documentation Center

 
Movimiento mapuche reactiva campaña de denuncia internacional Protesta en frontis de Embajada de España
Por Carlos Millahual / Kolectivo Lientur / 06 de agosto del 2003
La sorpresiva manifestación, que contó con la participación de numerosos dirigentes mapuches de las regiones VIII y IX del sur de Chile, fue encabezada por la líder pehuenche Berta Quintreman, quien aún no permuta a Endesa-España las tierras que posee en el sector del Alto Bio-Bio para la construcción de la polémica Central Hidroeléctrica Ralco.

Dirigentes y miembros de una decena de organizaciones mapuches de la zona sur del país protestaron el pasado lunes en el frontis de la Embajada de España en Santiago, en rechazo a la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco en la zona cordillerana del Alto Bio-Bio, proyecto impulsado por la empresa española Endesa y que -según denuncian tanto organizaciones indígenas como ambientalistas- representaría una grave violación de diversos tratados internacionales de derechos humanos y de protección del ecosistema local, tal como lo reconoció tras visitar la zona del conflicto hace un par de semanas el propio Relator Especial de Naciones Unidas para los Pueblos Indígenas, Rodolfo Stavenhagen.

La manifestación, convocada por la Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales Mapuches y que agrupa a medio centenar de organizaciones de los territorios pehuenche, lafkenche, nagche, wenteche y warriache,  fue encabezada por la dirigenta pehuenche Berta Quintreman, mujer símbolo de la resistencia indígena a Endesa-España y una de las pocas que aun no ha permutado sus tierras a la transnacional energética española, impidiendo de esta forma el emplazamiento definitivo del embalse de la polémica represa en dicho sector cordillerano.

Luego que no pudiera llevarse a cabo una entrevista con el jefe diplomático de la representación española, Alfonso Ortiz, los dirigentes mapuches entregaron una carta dirigida al jefe diplomático para reclamar por la presión indebida que estaría ejerciendo Endesa sobre las familias opositoras al proyecto y que le impiden, por ahora, inundar más de 3.500 hectáreas de territorio correspondientes al lago artificial originado de la Central. Posterior a esta acción, integrantes de la delegación mapuche procedieron a "encadenarse" en las puertas del recinto diplomático, exigiendo de este modo el fin al "colonialismo mercantil" de Endesa y la salida de los "intereses españoles" del territorio mapuche-pehuenche.

Según manifestaron los dirigentes al finalizar la protesta horas más tarde en el frontis del Palacio de La Moneda, tanto esta como otras acciones desarrolladas en las últimas semanas se enmarcarían en una reactivación de las campañas de denuncia en contra de la transnacional española y la administración del Presidente Ricardo Lagos, justo en momentos en que vencería el plazo para que el gobierno responda ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre las "actuaciones" del Estado chileno en favor o en contra de los pehuenches en este emblemático y prolongado conflicto.

Fallo de la OEA

Cabe recordar que recientemente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA, notificó al gobierno chileno de una acusación pehuenche por violaciones de derechos humanos en su contra, exigiéndole que adoptara todas las medidas cautelares necesarias a favor de las familias pehuenches opositoras a Endesa-España. De la misma forma, el fallo de la CIDH solicitaba expresamente al Estado que se abstuviera de realizar cualquier acción que modificase el "statuto quo" del conflicto por la construcción de la Represa Ralco, al menos hasta que dicha instancia internacional no se pronunciara definitivamente sobre el caso.

Sin embargo, el incumplimiento por parte del gobierno chileno y la propia Endesa-España de las indicaciones emanadas del máximo organismo interamericano, provocarían más tarde la reactivación de las movilizaciones mapuches en la zona sur del país en contra del megaproyecto, llegando los dirigentes mapuches el pasado 10 de junio a denunciar el caso directamente ante el Secretario General de la OEA, César Gaviria, en el marco de su visita oficial a Chile con motivo de la realización de la XXXIII Asamblea General del organismo en la ciudad de Santiago. En aquella ocasión, una delegación de la Coordinación de Organizaciones e Identidades Territoriales Mapuches le haría entrega de una carta denunciando la actitud "irresponsable" del Estado chileno frente a los dictámenes del organismo internacional.

"Al respecto señalamos que todos los plazos pactados con la CIDH han expirado y el Estado Chileno no ha cumplido ninguno de los acuerdos adoptados, situación que vulnera y atenta contra los derechos colectivos del pueblo mapuche... De la misma forma denunciamos que el Estado de Chile contraviene los acuerdos suscritos a nivel internacional y contraviene los principios y criterios más básicos de la propia OEA, ya que no reconoce los derechos en nuestras formas tradicionales colectivas de propiedad y uso de tierras, territorios, recursos, aguas y zonas costeras, condiciones necesarias para nuestra supervivencia, organización social, desarrollo, espiritualidad y bienestar individual y colectivo", señalaban en la misiva.

Si bien el gobierno, presionado por estas acciones de denuncia desarrolladas por las organizaciones mapuches, intentó negociar en los últimos meses un "acuerdo amistoso" entre las familias pehuenches y la propia Endesa-España encargada del megaproyecto, la decisión de los inversionistas extranjeros de no paralizar las obras en la zona cordillerana haciendo suya la estrategia de los "hechos consumados" y su persistente actitud en orden a no respetar las disposiciones de la Ley Indígena 19.253, hicieron fracasar finalmente dicho intento gubernamental, debiendo ahora la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinar la responsabilidad del Estado chileno en el marco del presente escenario de conflicto.