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En juicio simplificado realizado en Temuco

Condenan a 19 universitarios mapuches

Por Kolectivo Lientur / 12 de julio de 2003



Al pago de 5 Unidades Tributarias Mensuales (UTM, $140.000 aprox.), aunque con la posibilidad de sobreseer a futuro el caso de no existir "reincidencias", fueron condenados por la magistrado del Tribunal de Garantía los 19 jóvenes que el pasado 10 de junio resultaron detenidos tras el desalojo de las oficinas de Conadi y el posterior allanamiento ilegal del Hogar Universitario Mapuche ubicado en calle Las Encinas de Temuco, realizado por un gran contingente Fuerzas Especiales de Carabineros.

Como se recordará, ese día más de un centenar de estudiantes ocuparon de manera pacífica y temporal las antiguas dependencias del organismo indigenista ubicadas en el barrio universitario de la UFRO, calle Los Gladiolos, como una forma de protestar ante una serie de acuerdos incumplidos por las autoridades de Mideplan y referidos a la grave situación de inestabilidad financiera por la que atraviesan los hogares estudiantiles, la mayoría de ellos afectados por un alto grado de hacinamiento y condiciones infrahumanas de habitabilidad y funcionamiento.
 
 
 
Si bien la manifestación se desarrolló de manera pacífica durante gran parte de la mañana, a mediodía, una orden de desalojo emanada del Subdirector Nacional Sur de Conadi, Rubén Quilapi Capabran, y ejecutada por un fuerte contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros, cambiaría radicalmente el escenario, iniciándose un fuerte enfrentamiento entre los estudiantes refugiados en el Hogar Universitario y las fuerzas policiales que, no satisfechas con haber desalojado violentamente las dependencias de Conadi, intentaban por todos los medios concretar un allanamiento al recinto estudiantil que finalmente arrojó el saldo de 29 estudiantes detenidos y golpeados, además de millonarios daños a la infraestructura del local.

La jornada

A medio día del viernes y con una gran concurrencia de estudiantes se dio inicio al juicio abreviado en contra de los 19 jóvenes acusados por el Ministerio Público y la Intendencia Regional de los delitos de desórdenes públicos y daños a la propiedad pública. El Fiscal del Ministerio Público, Sergio Moya, encabezó la presentación de la acusación en contra de los estudiantes, asumiendo la representación de los imputados la Defensoría Penal Pública Mapuche a través de la abogado Sandra Jelvez. Cabe recordar que el juicio abreviado es una modalidad establecida en la Reforma Procesal Penal para casos donde las penas solicitadas por los querellantes no exceden los 541 días de presidio y tiene como principal objetivo el agilizar los procedimientos judiciales para delitos menores.

En su presentación, el Fiscal del Ministerio Público de La Araucanía, Sergio Moya, argumentó que la gravedad de los hechos acaecidos en las dependencias de Conadi y la alarma pública provocada por la acción de los estudiantes en la población del sector, exigían la aplicación de severas sanciones en contra de los imputados y la calificación de los desórdenes producidos como "delitos" y no como meras faltas. Minutos más tarde, la abogada de la Intendencia Regional se sumaría a la solicitud presentada por la fiscalía, señalando además como “agravante” el hecho de que la mayoría de los detenidos poseían variados beneficios provenientes de la acción social del estado, “tales como becas de estudio y créditos fiscales”, situación que –a juicio de la abogada- haría injustificada en ellos su participación en cualquier tipo de protestas.

Por su parte, la abogada Sandra Jelvez refutó estas apreciaciones de la Fiscalía, solicitando además a la magistrado el establecer medidas alternativas y beneficios judiciales a los jóvenes, toda vez que se trata –señaló la abogada- de “jóvenes de escasos recursos y que con muchos esfuerzos han llegado a cursar carreras universitarias”. Para avalar su argumentación, la profesional puso a disposición del tribunal sendos antecedentes académicos y socioeconómicos de todos los estudiantes procesados y en donde se establecía la veracidad de su alegato.

El Fallo

La lectura de sentencia de este procedimiento se desarrollaría por la tarde, en una audiencia convocada para las 16:30 horas, conociéndose en la oportunidad la resolución de la magistrado del Tribunal de Garantía que condenó a los involucrados en los hechos al pago de una multa de 5 UTM (4 por desórdenes y 1 por daño), otorgándoles sin embargo el beneficio de sobreseer definitivamente la causa si los estudiantes, en un plazo de seis meses, no se ven nuevamente involucrados en hechos que ameriten ser puestos a disposición de la justicia.
 
 
 
Según la abogado Sandra Jelvez, la resolución de la magistrado -si bien establece la responsabilidad de los estudiantes en los hechos imputados por la fiscalía- constituye un pequeño gran triunfo para los estudiantes. “El Ministerio Público y la Gobernación solicitaban que fueran condenados por desórdenes pero por la figura constitutiva de delito, cosa que no ocurrió y lo cual para nosotros es un triunfo, puesto que implica que nuestros representados, todos estudiantes, no van a quedar con antecedentes penales y además la magistrado junto con calificar los hechos como falta y no como delito, suspendió la pena y sus efectos. Esto quiere decir que ellos tampoco tendrían que pagar la multa a que fueron condenados y quedan por un periodo de seis meses sujetos a la condición de que no vuelvan a ser requeridos por otra falta”, señaló.

Para los estudiantes, sin embargo, la visión que tienen del fallo no concuerda mucho con el optimismo de la profesional de la Defensoría Mapuche. “Para nosotros el fallo es claramente desfavorable, ya que se nos esta sancionando políticamente por un supuesto delito que nosotros consideramos inexistente. Nosotros luchamos por una causa justa, a través de esa movilización dimos a conocer la difícil realidad que enfrentamos como hogares, las mentiras del gobierno y por ello nos están condenando. Es cierto que nos dieron beneficios pero eso es lo que corresponde a cualquier ciudadano, además nosotros los interpretamos sólo como una libertad condicional, ya que igual para la jueza, los fiscales y la opinión pública aparecemos como los culpables”, señala Julio Marileo, vocero estudiantil de Temuco y uno de los condenados.


 

Según Marileo, más allá del falló en si –“esperable”, asegura-, lo que asegura haberlo sorprendido en verdad fueron las argumentaciones presentadas por los querellantes a la hora de solicitar sanciones más duras en contra de todos ellos. “La abogada de la Intendencia señaló en su alegato que los estudiantes teníamos un hogar y diferentes beneficios del gobierno, como becas y créditos, tratando de deslegitimar de esa forma nuestras actuales reivindicaciones y necesidades. Si bien la abogada defensora logró demostrar nuestra precaria situación actual y el mal estado de nuestros recintos, la utilización de tales argumentos por parte de la Intendencia nos parece repudiable”, señala Marileo.

Miguel Lincolao, dirigente del Hogar Mapuche ubicado en Padre Las Casas y también condenado por la magistrado, coincidió con Marileo en rechazar el fallo judicial, asegurando que una vez más se terminaba culpando a los estudiantes de los abusos cometidos por los propios Carabineros. “Yo creo que para toda la opinión pública quedó súper claro que el día de los incidentes nosotros nos retiramos de la Conadi sin oponer mayor resistencia. Los intentos por allanar el hogar de Las Encinas nos hicieron responder y eso es un derecho que tenemos como estudiantes, de defender nuestros recintos. Gran parte de los daños provocados en la Conadi fueron por la acción de Carabineros, eso hasta la prensa lo registró, pero sin embargo se nos culpa finalmente a nosotros de todo lo sucedido”, señala Lincolao.

Para los estudiantes, más allá de la sanción en dinero estipulada en el fallo y el posterior beneficio de “seis meses de prueba” otorgado por la magistrado, lo que se persigue finalmente es torpedear los incipientes esfuerzos de reorganización estudiantil mapuche impulsados por los hogares universitarios en la zona sur del país. Esa es la opinión que nos plantea Juan Pichún y que es compartida por todo el resto de los dirigentes universitarios.
 
 
“El fallo para nosotros no es ninguna novedad. Nosotros sabemos que los fiscales son unos verdaderos cazadores de mapuches y cualquiera que este imputado de delitos, sean de comunidades o estudiantes, van a resultar condenados. Ahora, detrás de cada fallo hay una doble intención, una es castigar y la otra es desmovilizar. Así interpreto yo el fallo de la magistrado, ya que nos da supuestamente seis meses de prueba para no ser detenidos, pero eso significaría estar seis meses sin poder movilizarnos, sin poder luchar por lo que nos corresponde como estudiantes”, señala Juan Pichún, uno de los estudiantes condenados y que además es werken de las comunidades en conflicto de Traiguén.

Sin embargo, sostiene Pichún, que la justicia logre finalmente su objetivo de desmovilizar a los estudiantes sólo pasa por ellos mismos. “Ahora el desafío del movimiento estudiantil es como sobrepasar este escenario represivo. Nosotros debemos analizar lo que sucede, cambiar posiblemente de estrategias, evitar los costos de tener nueva gente presa y condenada, pero la lucha debe continuar. Aún no sabemos ni tenemos claro la modalidad, pero de que seguiremos movilizándonos y exigiendo lo que nos corresponde, eso lo podemos asegurar”, finaliza Pichún

Por lo pronto, los estudiantes anunciaron la realización de un Encuentro de Dirigentes Universitarios para este día sábado 12 de julio en Temuco y al cual asistirían además de los anfitriones, delegados de las ciudades de Valdivia y Osorno. En esta reunión, señala Miguel Lincolao, “veremos la forma de enfrentar las futuras movilizaciones, ya que hasta ahora el diálogo con las autoridades de Conadi o el Subsecretario Jaime Andrade no es una vía que nos interese retomar”.