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Suprema ordena un nuevo juicio contra lonkos
Reacciones ante el fallo de la justicia capitalina
Por Pedro Cayuqueo / Kolectivo Lientur / 3 de julio de 2003

Diversas e inmediatas reacciones generó al interior del territorio mapuche el reciente falló del máximo tribunal capitalino y que obliga a los tribunales de justicia de la región a repetir el juicio oral en contra de dos destacados dirigentes mapuches. El fallo, decretado el día miércoles con el voto favorable de los ministros Alberto Chaigneau, Enrique Cury, José Luis Pérez y Nibaldo Segura (Milton Juica voto en contra de la medida), estableció en los hechos la existencia de errores de "procedimiento" en el anterior juicio desarrollado en la ciudad de Angol, situación que es rechazada por las organizaciones mapuches que sólo ven tras la decisión la mano poderosa e influyente del ex ministro y actual ministro constitucionalista Juan Agustín Figueroa.

Reacciones en contra

A través de una declaración pública, una de las primeras organizaciones en pronunciarse en contra del fallo judicial fueron los dirigentes del Consejo de Todas Las Tierras, quienes tras participar en Santiago de la lectura del veredicto denunciaron presiones políticas tras la decisión de los magistrados.

"La resolución de la Corte Suprema de Justicia, no convence a nadie, sino mas bien revela los mecanismos de influencias que dispone Juan Augustin Figueroa como persona privilegiada política y económicamente alrededor de los grupos de poder del país. Pero al mismo tiempo lamentamos que la Corte Suprema y sus ministros estén tan abiertamente al servicio de los poderosos que desarrollan trafico de influencia para proteger sus tierras que usurparon a las comunidades mapuche... No basto los testigos sin rostros figura tenebrosa que avergüenza el régimen de Alberto Fujimori, sino además el miembro del Tribunal Constitucional señor Juan Agustín Figueroa, utilizo todos los recursos a su alcance para conseguir una resolución a su entera disposición", señalan.
De la misma forma y en un análisis mucho más jurídico, los dirigentes le restan validez a los argumentos esgrimidos por los ministros de la Corte Suprema para revertir el fallo de primera instancia decretado el pasado 9 de abril en el Tribunal Oral en lo Penal de Angol y que declaraba la total inocencia de los lonkos de Traiguén en los graves cargos de "terrorismo" imputados por la fiscalía del Ministerio Público de la IX Región.

"La resolución carece de argumento jurídico, debido a que la Fiscalia del Ministerio Publico, los querellantes y el gobierno tuvieron el tiempo suficiente para la investigación y presentaron sus pruebas que consideraron convenientes, incluidos los testigos sin rostros. Sin embargo, nada se pudo probar sobre la participación de los lonko en las imputaciones de los hechos que el Ministerio Publico investigo por un año y medio. La resolución de la Corte Suprema tiene por objeto forzar los hechos para configurar supuestos delitos y atribuirle a los lonko que ninguna participación tienen en los hechos, razón fundamental de la absolución", enfatizan los dirigentes del Consejo.
El abogado Jaime Madariaga, miembro de la Corporación de Derechos Humanos NorAlinea y defensor del lonko Aniceto Norín, indicó por su parte que se apelará ante la Corte Interamericana de Justicia por la anulación del juicio absolutorio de los lonkos, resolución que adoptó la Corte Suprema con un solo voto en contra, el correspondiente al ministro Miltón Juica, quien se ha caracterizado por ser un voto disidente al interior del máximo tribunal, especialmente en la revisión de causas vinculadas a violaciones de derechos humanos.
En fuertes términos se refirió el profesional a la forma en que se llevo este caso, aludiendo directamente al peso que tiene el miembro del Tribunal Constitucional Juan Agustín Figueroa y a las influencias que tiene en el gobierno para presionar que la Corte Suprema adoptara finalmente esta decisión.

Por su parte, el defensor público abogado Claudio Pavlic precisó que la Defensoría Penal Pública esta preparada para un nuevo juicio en Angol y su equipo estará allá para defender a los lonkos y a Patricia Troncoso, recordando que en el primer juicio la defensoría penal pública sólo asumió la responsabilidad de Pascual Pichún y de Troncoso a través de los abogados Carmen Gloria Ormeño, Sandra Jelves, Miriam Reyes y Carlos Martínez.

Pavlic, declinó referirse a las acusaciones de presión que se habrían efectuado a la Corte Suprema para asumir esta resolución, pero -al igual que Jaime Madariaga- se declaró absolutamente contrario a la medida decretada por el máximo tribunal capitalino, a la vez que confiado en el positivo desenlace final que debiera tener el emblemático proceso penal para todos sus defendidos.

"El fallo de la Excelentísima Corte Suprema, no emitió juicio de valor alguno respecto del fondo del asunto, por lo tanto la convicción de absolución a la que llegó el tribunal de juicio oral no ha sido reprochada por la Corte Suprema.
El vicio que el voto de la mayoría hizo valer para decidir la anulación del juicio, es de carácter formal y consiste en que los jueces no habrían evaluado la totalidad de la prueba. Esta omisión consiste en “no valorar del modo que exige la ley” la prueba rendida por los acusadores, lo que la Defensa, tal como lo recoge el voto disidente no considera suficiente para acoger el recurso y anular el juicio", señaló.

Reacciones a favor

A diferencia de sectores mapuches y de la defensa de los dirigentes mapuches, autoridades políticas y judiciales manifestaron su conformidad con el fallo emitido el día de ayer por la Corte Suprema de Justicia. En Temuco y recordando el ya viejo y archirepetido dicho laguista en torno a que "las instituciones funcionan", el Intendente Ricardo Celis insto a todos los sectores a asumir la resolución de la Corte Suprema con tranquilidad y altura de miras.

“Hay que dejar que las instituciones operen, es un tema que esta radicado en la justicia y lo que ha resuelto hoy día la Corte Suprema, creo que tenemos que acatarlo y aceptarlo con la misma tranquilidad que lo hicimos la vez anterior cuando recibimos el fallo del juicio oral en Angol, hay un proceso que se va a radicar en Temuco, probablemente el Juicio Oral que sobreviene a continuación y aquí las partes tendrán la oportunidad de presentar sus puntos de vista en cualquiera de los dos sentidos, para finalmente terminar con un resultado jurídico en un plazo no muy largo”, señaló.

Respecto de los llamados a nuevas movilizaciones realizados por algunas organizaciones mapuches, Celis respondió que no le parecían extraños, advirtiendo eso sí de la aplicación de todo el rigor de la ley a quienes se aparten del estado de derecho al manifestar su disconformidad con la resolución judicial. "Obviamente no comparto esos llamados, porque cuando hubo un fallo anterior ellos tuvieron una actitud distinta y los fallos en la justicia uno tiene que aceptarlos en ambos sentidos. Creo que no tiene ninguna justificación hacerlo, cuando decimos que se tiene que respetar el estado de derecho, estamos hablando de eso. Uno no puede usar y aceptar participar de un proceso jurídico y aceptar un resultado, y cuando este es adverso uno invitar a un levantamiento o reacción o cualquier cosa de esta naturaleza, porque quiere decir que uno no esta aceptando las reglas del estado de derecho”, indico.

Por su parte, el vocero de la Fiscalía Regional, Pedro García, manifestó a través de un comunicado público la conformidad del Ministerio Público de que el fallo judicial fuera resuelto favorablemente tanto para la fiscalía como para los otros abogados querellantes en el proceso.

“Esta decisión satisface plenamente las pretensiones procésales de este Ministerio Público, el que asume con responsabilidad y compromiso para con las victimas de los delitos, a quienes la ley nos ha conferido su protección. Este fallo trae como consecuencia la realización de un nuevo juicio oral, cuyo tribunal se compondrá de nuevos jueces, distintos de los magistrados que fallaron el primero y respecto del cual, por ahora esta Fiscalía Regional no emitirá declaraciones ni adelantará públicamente sus próximas actuaciones jurídicas”, señaló García.

"La estrategia procesal que vamos a ocupar para este nuevo juicio será reservada", declaró García a la prensa. "No lo les voy a adelantar todavía cuales son las formas o etapas o mecanismos que nosotros vamos a ocupar para ese trabajo, oportunamente lo van a conocer, pero comprenderán que por la naturaleza de los hechos, por la naturaleza de la importancia de este juicio nosotros debemos ser cautos y ordenados en la oportunidad y formas en la que nosotros vamos a desarrollar ese litigio. En su oportunidad ustedes la van a conocer”, enfatizó.

Por su parte, el abogado Francisco Muñoz, Secretario Ministerial de Justicia de la Novena región, si bien declinó referirse al fallo en particular, insistió en el respeto al estado de derecho que se debiera reforzar con este tipo de resoluciones. "Lo primero que debemos precisar – afirmó Muñoz- que no tenemos opinión de lo que fue el fallo, porque cuando los tribunales de justicia se pronuncian en el ejercicio de sus atribuciones privativas, lo que corresponde que estas sean cumplidas y en el presente caso, significa que se va a realizar un nuevo juicio oral con jueces no inhabilitados, es decir, con jueces distintos a los presentes en la primera audiencia y este juicio tendrá que realizarse nuevamente para arribar a una nueva sentencia" señaló.

Consultado respecto de las pretensiones de los abogados defensores de los dirigentes mapuches en orden a recurrir a tribunales internacionales para presentar el caso, tal como lo adelantó el abogado Jaime Madariaga en Temuco, Muñoz declaró que tal decisión también formaría parte del buen funcionamiento del estado de derecho. "Las organizaciones pueden recurrir a los tribunales de justicia sean nacionales o extranjeros en demanda de sus derechos y en tal sentido nosotros no tenemos opinión ni reparo en formular que a nosotros lo que nos interesa es que el estado de derecho sea respetado, en este caso cuando un tribunal de justicia dicta una resolución sea favorable o desfavorable es el estado de derecho el que está funcionando y eso es lo que pretendemos que siga funcionando en la región", enfatizó.