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Corrupción en Chile: El Caso de ENDESA

Por Héctor Kol / Kolectivo Lientur / 07 de julio de 2003


Un reciente fallo de la justicia ratificando graves irregularidades en la aprobación de los permisos ambientales a Endesa para la construcción de la central Ralko, ha dejado en evidencia la complicidad existente entre el poder económico y el político a la hora de atropellar los derechos de las comunidades mapuches.

Para Héctor Kol, investigador especialista en temas de medio ambiente, estas irregularidades representarían tan solo la punta de un iceberg. Un iceberg de corrupción, negociación incompatible y tráfico de influencias que se arrastra desde los tiempos de la privatización de Endesa a fines de la dictadura militar y que cruza los últimos tres gobiernos de la Concertación. El siguiente reportaje corresponde a un trabajo sobre el tema desarrollado por el autor y publicado originalmente en la Revista Pretextos del mes de Febrero del 2003.


El Estado chileno entrega numerosas garantías para asegurar el éxito de la inversión privada, especialmente de capitales extranjeros. Entre estas garantías existen varias que, con seguridad, serían consideradas "delitos" en los países de origen de las numerosas transnacionales que operan en el país. En otras palabras, el Estado chileno permite la corrupción como herramienta de generación de proyectos y para asegurar la rentabilidad de los mismos a la empresa privada extranjera. Y es desde el Poder Ejecutivo, principalmente, que emanan los lineamientos que permiten que, recurriendo a toda clase de irregularidades, las empresas extranjeras obtengan fabulosas utilidades incapaces de conseguir en otras naciones.

En efecto, en Chile una empresa privada puede evadir impuestos sin correr riesgo alguno dada la escasa fiscalización estatal a estas irregularidades . Más aún, puede quedar eximida del pago de impuestos durante 50 años si se acoge a leyes especiales creadas por el Estado chileno para incentivar la inversión en regiones aisladas del país e incluso no pagar impuestos jamás si se acoge a leyes de tributación que fueron creadas para favorecer el desarrollo de la pequeña y mediana empresa nacional, como ciertas leyes del cobre y que las transnacionales usan en su favor. Para mantener este status quo, la inversión privada cuenta con numerosos parlamentarios (entre miembros de la gobernante "Concertación de Partidos por la Democracia" y la oposición de Derecha) para bloquear todo intento de reforma tributaria que aumente la capacidad de los organismos del estado para investigar los delitos tributarios que cometen las empresas .

La empresa privada, nacional y extranjera, cuenta con la policía chilena para amedrentar a sus eventuales rivales comerciales, a los trabajadores que demandan mejores condiciones laborales o salariales y para reprimir las protestas que organizan las uniones de trabajadores ante los abusos empresariales. Las huelgas en Chile siempre son vigiladas por vehículos policiales blindados, los que se encargan de protegerlos vehículos con "rompehuelgas" con los que los empresarios neutralizan las movilizaciones de los trabajadores y sus huelgas legales. La Ley Laboral chilena permite la existencia de rompehuelgas.

En Chile se puede despedir a una mujer embarazada a pesar de la existencia del "fuero maternal" que garantiza la estabilidad laboral a la madre durante su embarazo y los primeros meses post-parto. También puede despedir a los dirigentes de los sindicatos, que también cuentan con un "fuero sindical" aprovechando la inexistencia de Tribunales del Trabajo, clausurados por la Dictadura Militar tras el Golpe de Estado de Septiembre de 1973. La empresa privada en Chile puede contratar niños para efectuar labores en la agricultura de exportación, haciéndoles manipular pesticidas prohibidos en todo el mundo... excepto en Chile. Los supermercados en Chile, con fuerte presencia de capitales extranjeros, pueden emplear niños y hacerles trabajar sin cancelarles siquiera un sueldo, haciéndoles vivir de las propinas voluntarias que les entregan los clientes de tales establecimientos .

Todos estos abusos están permitidos en Chile porque la empresa privada cuenta, entre los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, con Ministros, Subsecretarios (Vice-Ministros) y congresistas permeables a la corrupción, a los sobornos y al "tráfico de influencias", que tras desempeñarse en algún cargo estatal siempre arriban a un cargo ejecutivo en una empresa privada que fue favorecida con algunas de sus decisiones. También el sistema funciona a la inversa: la empresa privada provee de un número considerable de funcionarios a los gobiernos de turno para desempeñarse en el área estatal.

La inexistencia de una ley que regule el financiamiento de los Partidos Políticos permite que los candidatos a ocupar un escaño en el Congreso (o la misma Presidencia de la República) puedan recibir ilimitadamente dineros de la empresa privada, los que son devueltos con creces cuando el candidato alcanza el cargo para el que se postulaba . Especialmente durante la tramitación de leyes de carácter laboral o ambiental y anti-corrupción o durante las investigaciones sobre actos de corrupción protagonizados por empresas privadas y que son efectuadas por comisiones parlamentarias, los congresistas que han recibido el financiamiento de la empresa privada son más sensibles al "lobby" con los resultados previstos: ninguna Comisión Parlamentaria que ha investigado casos de corrupción en empresas privadas, por ejemplo, ha llegado a resultado alguno en los 11 años de funcionamiento del Congreso chileno tras su reapertura en Marzo de 19 90.

Las empresas privadas, especialmente las transnacionales, no cometen "delitos" cuando recurren a estas maniobras para asegurar el éxito de sus inversiones, simplemente porque ninguno de los abusos hasta aquí relatados son considerados "delitos" en Chile. Pueden, entonces, efectuar impunemente operaciones de "lavado de dinero" proveniente del narcotráfico aprovechando que el Parlamento chileno se ha negado, en varias ocasiones, a aprobar leyes que permitan investigar las cuentas bancarias sospechosas de recibir dineros del narcotráfico. El Banco Central chileno (entidad autónoma del Estado) ha eliminado, además, todas las barreras que existían para el ingreso de capitales financieros al país.

La empresa privada encuentra un paraíso cuando invierte en Chile. Capitalistas norteamericanos y europeos cuentan, en nuestro país, con amplias garantías para operar en un medio que tolera todas estas irregularidades. El Estado chileno no está dispuesto a perder sus atractivos para el capital privado y es por ello que en las conversaciones que este mantuvo con Estados Unidos para alcanzar un Tratado de Libre Comercio, Chile insistió en NO INCORPORAR garantías especiales de protección laboral y protección ambiental en tal acuerdo comercial.

El Estado chileno sabe que su tolerancia a los abusos es lo que atrae la inversión privada y, como veremos a continuación en el caso que hemos elegido para demostrarlo, los empresarios europeos y norteamericanos han aprovechado a plenitud esta permisividad. En este artículo se describirá el caso de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) que fue traspasada al área privada por la Dictadura Militar, como ejemplo de todas las irregularidades y corrupción que el Estado chileno es capaz de tolerar tanto en las gestiones financieras de las empresas privadas como en los planes de desarrollo de estas mismas.

1.- El Caso ENDESA

La Venta de ENDESA-Chile a ENDESA- España

Según una reciente publicación de la periodista chilena María Olivia Monckeberg ("El Saqueo Económico al Estado Chileno", Ediciones LOM, Chile, 2.001) el Fisco chileno perdió unos US$ 3.000 millones al traspasar empresas estata les al área privada durante la Dictadura de Pinochet. En el proceso de privatizaciones (bautizado por la Dictadura como "Capitalismo Popular") los funcionarios que Pinochet colocó como "interventores" a cargo de empresas estatales se quedaron con estas, pagando precios absurdos por enormes unidades productivas.
Una de estas empresas fue la Empresa Nacional de Electricidad (ENDESA) que quedó en manos del grupo de "interventores" que encabezaba José Yuraszeck, un extremista de Derecha militante del grupo neo-nazi "Patria y Libertad". A pesar de que sólo se posesionó del 0,06% de las acciones "tipo B" de la empresa después de su privatización, las irregularidades de todo el proceso de privatizaciones le permitió al grupo de Yuraszeck mantener el control de ENDESA .

Durante los dos primeros Gobiernos de post-Dictadura, el Grupo Yuraszeck fortaleció su poder económico y político, especialmente durante el Gobierno del Presidente Eduardo Frei Ruiz Tagle (1994-1999) que entregó todo tipo de concesiones económicas y encubrimiento a las acciones irregulares cometidas por Yuraszeck en la ejecución de sus negocios, especialmente cuando en estas estaba involucrado el grupo Sigdo-Koppers (SK), un holding de empresas del área de la ingeniería donde unos de sus principales accionistas fue el Presidente Frei.

Fue justamente bajo el Gobierno de Frei que se produjo la venta de ENERSIS (un holding al que pertenecía ENDESA, la distribuidora de electricidad CHILECTRA y la Empresa Constructura MANSO DE VELASCO, entre otras empresas) a ENDESA - España, en Agosto de 1997 y en condiciones tremendamente desventajosas para los accionistas tipo "A". En efecto, los españoles cancelaron por cada acción tipo "A" la suma de $ 220 a $ 260 (pesos chilenos) mientras que por cada acción tipo "B", la suma pagada por los españoles fue de $ 185.000 (pesos chilenos). Los ejecutivos encabezados por Yuraszeck poseían acciones tipo "B". Esta transacción fue inmediatamente cuestionada por un grupo de accionistas "A", los que representados por el abogado estadounidense Mark Klugmann iniciaron las primeras acciones legales para anular la venta de la empresa a su similar española.

El 23 de Octubre de 1997, la ex-esposa de Klugmann, la chilena Marlene Martínez, fue secuestrada junto a su hijo de 6 años de edad y ambos fueron trasladados a un recinto desconocido donde se le interrogó acerca de las actividades de Klugmann. El secuestro se repitió en 1998, cuando la mujer fue retenida por desconocidos y luego abandonada en un camino de acceso a Santiago. Los raptores introdujeron en la boca de la mujer un recorte de prensa referido al caso ENDESA y su venta a la transnacional española.

Los secuestros de Marlene Martínez fueron investigados por el Fiscal Militar Juan Eduardo Troncoso, quien a pesar de la evidencia y de haber recibido un informe de Carabineros donde se acusaba a funcionarios del Ejército de Chile como responsables de ambos secuestros , ordenó el cierre del caso tras declarar "mitómana" a la mujer afectada, en Marzo de 1999. Días más tarde, un Juez Civil ordenó la reapertura del caso, anulando lo dispuesto por el Fiscal Militar ante la evidente participación de agentes de la policía de Carabineros en ambos secuestros. La participación de Carabineros en los secuestros no sólo motivó la reapertura del caso, sino la presentación, en Julio del año 2.000, de una demanda por "obstrucción a la Justicia" en contra del General Director de Carabineros que, a juicio del abogado de Marlene Martínez, había montado una operación de inteligencia para encubrir a los policías secuestradores 8 9 .

En Marzo del 2.001, Marlene Martínez logró reconocer al Carabinero Luis Leiva como uno de los secuestradores de 1997 y también reconoció al estacionamiento subterráneo del edificio de la Dirección General de Carabineros (ubicado frente al Palacio de Gobierno, en Santiago) como el recinto donde fue interrogada acerca de las actividades de su ex-esposo. También se logró establecer que el Coronel de Carabineros Eloy González González, de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOLCAR), había informado al entonces General Director de la institución policial, Fernando Cordero Rusque, acerca de la participación de personal de Carabineros al menos en el primer secuestro de Marlene Martínez. El ex-Director ha declarado que el informe sobre esta situación lo había recibido horas después de haber presentado su renuncia al cargo para asumir un escaño parlamentario como Senador Designado, donde aún permanece. Ninguna acción judicial se ha tomado para sancionar a este individuo y tampoco el Congreso Nacional, donde la coalición gobernante tiene una representación mayoritaria, ha iniciado un juicio político en contra de este ex-Director de Carabineros, primo de un ex-Ministro del Interior del Gobierno del Presidente Aylwin y ex- Presidente del Partido Demócrata-Cristiano, Enrique Krauss Rusque.

El proceso por este caso de amedrentamiento a un rival comercial de Yuraszeck permanece abierto después de 5 años transcurridos desde el primer secuestro a Marlene Martínez, reflejando la concomitancia entre los servicios de seguridad del Estado con los empresarios privados, especialmente con aquellos que fueron estrechos colaboradores de Pinochet.

Aunque José Yuraszeck debió renunciar al directorio de ENERSIS (el holding propietario de ENDESA) y que recibió varias sanciones por las irregularidades cometidas en esta transacción, los Tribunales de Justicia han anulado, una tras otra, tales sanciones. El abogado de Yuraszeck es Pablo Rodríguez Grez, fundador de "Patria y Libertad" y que encabeza, además, el equipo jurídico que defiende al ex-Dictador Augusto Pinochet en más de 200 juicio por violaciones a los Derechos Humanos cometidos bajo su Dictadura. La venta de ENDESA-Chile a su homónima española tampoco fue anulada y los nuevos controladores españoles neutralizaron las eventuales acciones de la propia Bolsa de Comercio de Santiago al contratar al presidente de esta, Pablo Irarrázabal, como Gerente General de ENDESA 10 .

El poder político de ENDESA: los Gobiernos de Frei y Lagos

El Pr esidente Frei Ruiz –Tagle fue un constante aliado de Yuraszeck en los diferentes proyectos de inversión que emprendió ENDESA bajo el control del ex colaborador de la Dictadura Militar. Desde su cargo de Jefe del Poder Ejecutivo, Frei designó y removió a funcionarios públicos de acuerdo a las necesidades e intereses de ENDESA, dictó decretos y generó leyes que favorecieran a esta empresa y dio su personal respaldo a los más cuestionados proyectos de este grupo empresarial. En la descripción de la materialización de los proyectos hidroeléctricos Pangue y Ralco detallaremos los procedimientos usados por el Presidente Frei ( y del Presidente Lagos) para favorecer a ENDESA.

Los detractores de ENDESA asignaban a la vinculación de Frei con el holding Sigdo-Koppers (SK) su abierto favoritismo para con ENDESA, dado que SK participó en varios proyectos vinculados a ENDESA como ejecutor de obras. Sigdo-Koppers era un holding de tamaño mediano al inicio del Gobierno de Frei. Al culminar este, se había convertido en el 5º Grupo Económico más importante del país 11. Aunque Frei se había desprendido de su participación accionaria en Sigdo Koppers en 1988, como consta en los registros de valores respectivo, una investigación del periodista Cristián Opazo reveló que tras vender sus acciones en SK, el Presidente Frei y su esposa, Marta Larraechea, constituyeron la sociedad INVERSIONES SATURNO S.A. en Octubre de 1988, cuyo fin comercial declarado era "la compra y venta de toda clase de acciones, bienes raíces, inversiones en acciones, derechos de toda clase de sociedades", etc.

A través de esta sociedad, Frei se mantuvo vinculado a ENDESA, pues SATURNO fue constituida por el abogado Alberto Coddou, quien ya aparece como Director de SATURNO en 1998 y también como director de la Administradora de Fondos de Pensiones PROVIDA, una de las principales empresas accionistas de ENDESA, con un 3,4% de participación accionaria, de acuerdo a la Memoria Anual 1999 de ENDESA 12 . En otras palabras, Frei Ruiz-Tagle estuvo siempre vinculado al éxito económico de ENDESA, aunque no a través de SK, sino de SATURNO S.A.. Según el reportaje de Opazo, en Junio de 1998 una Junta Extraordinaria de accionistas de SATURNO S.A. se celebró en el domicilio particular del Presidente de la República. No ha existido aún una investigación profunda acerca de los beneficios económicos que Frei Ruiz-Tagle obtuvo de su "alianza estratégica" con ENDESA bajo el control de Yuraszeck, pero el mismo ex colaborador de Pinochet ha reconocido que ENDESA hizo una donación de US$ 250.000 al Museo Interactivo Mirador (MIM) que estaba dirigido por la esposa de Frei, la señora Marta Larraechea.

También Yuraszeck debió reconocer, en una entrevista concedida al diario "El Mercurio" en Octubre de 1997, la contratación de un yerno de Frei (cuando este era Presidente de la República) como arquitecto en una obra de la Inmobiliaria Manso de Velasco, de propiedad del holding ENERSIS, que estaba presidido por Yuraszeck 13 . Probablemente Frei también recibió apoyo económico de ENDESA para sus campañas políticas como Senador y luego como Presidente de la República, pues aunque Yuraszeck se negó a dar nombres en la entrevista citada, reconoció haber apoyado ("con sus propios medios económicos") las campañas políticas de varios candidatos a cargos de representación popular.

Las relaciones entre ENDESA y el actual Presidente de la República, Ricardo Lagos, se remontan desde que este ocupaba el cargo de Ministro de Obras Públicas(MOP) del Gobierno de Frei Ruiz-Tagle. Desde ese cargo, Lagos apoyó las irregularidades cometidas por Frei y altos funcionarios de su Gobierno para favorecer la construcción del proyecto hidroeléctrico Ralco en el río Bío-Bío y aunque la evidencia existente no logra establecer vínculos de mutuo provecho económico con ENDESA cuando esta permanecía bajo el control de Yuraszeck, estas relaciones aparecen con claridad cuando ENDESA pasa a estar controlada por ENDESA-España.

En Marzo de 1999, los Diputados demócrata-cristianos Ricardo Rincón y Jaime Jiménez presentaron un Proyecto de Acuerdo (firmado, además, por otros 27 Diputados) para que una Comisión Parlamentaria investigara un presunto "fraude al Fisco" en la venta de aguas del Lago Laja a ENDESA en Julio de 1998 y que fue autorizada por la Dirección de Obras Hidráulicas (DOH) organismo dependiente del MOP encabezado, entonces, por Ricardo Lagos. De acuerdo a los Diputados denunciantes, en la venta de las aguas del Lago Laja el Fisco chileno perdió entre US$ 14 y US$ 60 millones 14 .

ENDESA había solicitado las aguas del Lago Laja para evitar, según la empresa, un probable racionamiento eléctrico derivado de los pronósticos de sequía que afectaría al país en Julio del año 1998 por un descenso de las lluvias a nivel nacional, pronósticos que fueron confirmados por la Comisión Nacional de Energía (CNE). Según el propio Ricardo Lagos, su autorización para entregar aguas a ENDESA en forma anticipada se basó en los estudios de la CNE, mientras que el precio de la transacción estuvo determinado tras un estudio que su Ministerio encargó a la Universidad Católica de Chile por sugerencia del entonces Presidente de la República, Eduardo Frei 15 .

Bajo el control de los españoles, ENDESA tampoco ha estado ajena a la carrera política del actual Presidente de la República. Según las organizaciones ecologistas e indianistas que se oponen a la construcción de la represa Ralco en el río Bío-Bío, Alfredo Llorente (ejecutivo español presidente del holding ENERSIS propietario de ENDESA) fue el "agente recaudador de fondos" que Lagos tuvo en Europa para financiar su campaña política que le llevó a convertirse en Presidente de la República. Las relaciones se profundizaron incluso antes de que Lagos jurara como Primer Mandatario. Un mes antes, Alfredo Llorente se reunió con el nuevo Ministro Secretario General de la Presidencia, Alvaro García, para solicitarle que el nuevo Gobierno nombrara a Vivianne Blanlot como Directora Ejecutiva de la Comisión Nacional de Energía (CNE) el organismo estatal encargado de planificar el desarrollo energético de Chile 16 . La mujer solicitada po r Llorente para dirigir la CNE había ocupado la Dirección Ejecutiva de la Comisión Nacional para el Medioambiente (CONAMA) durante el Gobierno de Frei Ruiz-Tagle, cometiendo toda clase de arbitrariedades e ilegalidades para poder entregarle el permiso ambiental a ENDESA para la ejecución de su proyecto Ralco, como se verá más adelante.

Una vez fuera de la CONAMA (y tras cumplir su objetivo de autorizar la construcción de Ralco), Vivianne Blanlot se desempeñó en el área privada como "consultora", teniendo entre sus clientes a CHILECTRA, empresa de distribución eléctrica de propiedad de ENERSIS. Al ocupar su nuevo cargo como Directora de la CNE (tal como lo había solicitado Llorente), Vivianne Blanlot autorizó, en Abril del 2.001, un alza en las tarifas eléctricas que había solicitado CHILECTRA basándose en un estudio técnico que LA PROPIA VIVIANNE BLANLOT HABÍA EJECUTADO PARA CHILECTRA CUANDO SE DESEMPEÑO COMO "CONSULTORA" DE ESTA EMPRESA, según lo denunció el Diputado Tomás Jocelyn-Holtz (DC). Con esta alza de tarifas, CHILECTRA se aseguró una ganancia extra de US$ 40 millones 17 .

Las relaciones político-comerciales del Presidente Lagos con ENDESA se han extendido hasta los juicios que el ex-Dictador Augusto Pinochet debió enfrentar en España por crímenes en contra de la Humanidad. En Mayo del año 2.000, a sólo dos meses de haber asumido el cargo de Presidente de la República, el Presidente Lagos condecoró a Rodolfo Martin Villa, Presidente de ENDESA-España (propietaria de ENERSIS) por sus "servicios distinguidos a la Patria" como reconocimiento a la intervención del ejecutivo español ante el Gobierno de España para obstaculizar el proceso que el Juez de ese país, Baltasar Garzón, llevaba en contra del ex Dictador Pinochet, particularmente por la obstrucción a las solicitudes de extradición que Garzón enviaba a Inglaterra donde Pinochet se encontraba detenido desde Octubre de 1998. Martin Villa había ocupado varios cargos ministeriales en España durante la Dictadura fascista del General Francisco Fran co.

La Derecha política chilena no está ajena al área de influencias de ENDESA. La principal figura de la derecha, Joaquín Lavin (ex Candidato Presidencial que estuvo a punto de ganar las elecciones Presidenciales de 1999) tiene entre sus colaboradores más directos al economista Ernesto Silva Bafalluy, miembro del directorio de ENDESA y Presidente del Directorio de la Inmobiliaria Manso de Velasco, perteneciente al holding ENERSIS. Lavin y Silva son, además, socios en la propiedad de la privada Universidad del Desarrollo 18 .

Los parlamentarios de Derecha son, también, activos defensores de los intereses de ENDESA cuando el Poder Legislativo impulsa investigaciones sobre operaciones comerciales irregulares donde ENDESA es protagonista. En Mayo de 1999, la Cámara de Diputados (donde la coalición gobernante tiene una amplia mayoría de representantes) aprobó una ley que especificaba las sanciones económicas (y sus montos) que deberían enfrentar las empresas que no cumplieran con sus funciones de generación y/o distribución eléctrica, tras registrarse numerosos cortes de energía eléctrica en varias regiones del país entre Noviembre de 1998 y Mayo de 1999. Sin embargo, una Comisión de la Cámara de Senadores (donde la Derecha tenía una mayoría de representantes) decidió disminuir en un 50% las sanciones a las empresas eléctricas por deficiencias en su gestión, favoreciendo especialmente a ENDESA, la principal responsable de los cortes de luz registrado s durante casi un año en Chile.

Los parlamentarios derechistas que defendieron así de los intereses de ENDESA fueron Evelyn Matthei (de la UDI), Francisco Prat (UDI) , Sergio Diez (del partido aliado de la UDI, Renovación Nacional) e Ignacio Pérez Walker (RN). Gracias a la intervención de estos parlamentarios, las multas máximas a aplicar a las empresas eléctricas cuyas deficiencias de gestión generaban los cortes de luz, se redujeron de $ 3.000 millones (unos US$ 5 millones) a sólo $ 1.500 millones 19 . A esta disminución a las sanciones económicas se sumó la negativa de ENDESA a cancelar las indemnizaciones que los Tribunales de Justicia determinaron en favor de los usuarios afectados y que fluctuaban entre los $ 250 millones y los $ 500 millones 20 .

Las construcciones de las Represas Pangue y Ralco

Los proyectos más cuestionados de ENDESA bajo el control de Yuraszeck fueron la construcción de las represas Pangue y Ralco en las aguas del río Bío-Bío, aunque para esta última el ex colaborador de Pinochet sólo alcanzó a participar en las irregularidades que permitieron que ENDESA obtuviera los permisos ambientales que el proyecto necesitaba. Las represas citadas correspondían a un megaproyecto hidroeléctrico diseñado por ENDESA en los años ’60 y que contemplaba la construcción de 6 embalses sobre las aguas del río Bío-Bío, entre las VIII y IX regiones del país y que sustenta la cultura mapuche-pewenche, casi exclusivamente asentada en esta zona. En 1986, el proyecto de ENDESA (ya en manos de Yuraszeck, como "interventor" designado por la Dictadura de Pinochet) fue denunciado por la antropóloga estadounidense Catherine Bragg en el marco del II Congreso de Antropología realizado en el país en plena Dictadura. Las conclusion es de la antropóloga eran definitivas: el complejo hidroeléctrico diseñado por ENDESA destruiría un ecosistema único en el mundo y haría desaparecer la cultura mapuche-pewenche. Unas 500 hectáreas de territorio pewenche de Callaqui, Pitril y Quepuca-Ralco fueron inundadas para la construcción de Pangue, la primera de las 6 represas planificadas.

La construcción de Pangue se inició durante el gobierno de Patricio Aylwin (1990-1993) quien fue advertido de las consecuencias ambientales y étnicas de esta primera construcción en una reunión con representantes pewenches de las comunidades afectadas, de organizaciones ecologistas (en particular del Grupo de Acción por el Bío-Bío, GABB) e incluso mediante la entrega de informes elaborados por el Banco Mundial (uno de los financistas del proyecto Pangue) y del propio Ministerio de Planificación Nacional (MIDEPLAN) que eran contrarios a los propósitos de ENDESA. A pesar de las evidencias, el Presidente Aylwin optó por desentenderse del problema, declarando que "el Gobierno no puede impedir la construcción de Pangue por carecer de facultades legales para hacerlo" 21 . En aquella reunión, celebrada en el Palacio de Gobierno el 10 de Diciembre de 1992, el Presidente Aylwin se escudaba en la inexistencia de las Leyes Indígena y d e Bases del Medioambiente que habrían regularizado la construcción de tal represa, pero que, como mostraremos más adelante, ya vigentes en Chile tampoco lograron impedir la materialización de una segunda represa en territorio pewenche.

A pesar de su aparente neutralidad, el Gobierno del Presidente Aylwin intervino inmediatamente en favor de los propósitos de ENDESA. En Enero de 1993, es decir, sólo 5 semanas después de haberse realizado la reunión de Aylwin con los representantes pewenches y ecologistas, el periódico estatal "La Nación" publicó un artículo donde se advertía a los chilenos de una eventual alza de entre un 25 y un 50% de las tarifas eléctricas si no se llegaba a construir Pangue. La "advertencia" se basaba en un estudio técnico que la Comisión Nacional de Energía (CNE) había encargado a una empresa consultora dirigida por un ex-funcionario de la propia CNE: Juan Cembrano. El estudio, titulado "Efectos económicos de una eventual postergación de los proyectos hidroeléctricos del Río Bío-Bío" fue divulgado por el entonces Director Ejecutivo de la CNE, Jaime Tohá, que luego tendría una abierta participación en las irregularidades cometidas por e l Gobierno de Frei Ruiz-Tagle para la materialización de Ralco y que en el actual Gobierno de Ricardo Lagos, desde su cargo de Intendente de la VIII Región (que es atravesada por el Río Bío-Bío) dirige la represión a las comunidades mapuches que reclaman derechos territoriales. El estudio citado fue complementado por un informe de la propia CNE ("Principales lineamientos de la política energética nacional") donde se defendía LA CONSTRUCCION DE LAS 6 REPRESAS PROGRAMADAS POR ENDESA EN EL RIO BIO-BIO. El artículo del diario "La Nación", donde se difundían ambos informes favorables a ENDESA, concluía con la siguiente expresión : "¿Se puede defender al Río Bío-Bío frente a la racionalidad de estas cifras?" 22 .

Parte del financiamiento para la construcción de Pangue lo había obtenido ENDESA a través de la Corporación Financiera Internacional (IFC) del Banco Mundial. En Octubre de 1993, ENDESA y la IFC firmaron un Acuerdo de Inversión por un préstamo de US$ 170 millones y la adquisición del 2,5% de la propiedad de Pangue por otros US$ 4,7 millones. En este Acuerdo, la IFC, en atención a las directrices propias del Banco Mundial sobre protección ambiental y social para los proyectos que el organismo financiaba y los estudios preliminares sobre Pangue realizados por la propia IFC, incluyó la creación de la Fundación Pehuén (financiado con parte de las ganancias obtenidas por Pangue) para programar y dirigir las acciones tendientes a mitigar los impactos negativos de la Represa Pangue sobre la cultura mapuche-pewenche. Sin embargo, esta Fundación siempre estuvo en concordancia con los intereses de ENDESA por sobre los de los pewenches y de la propia IFC: el Directorio de 7 miembros de la Fundación Pehuén sólo tenía 3 representantes de las comunidades indígenas afectadas.

El Director de la Fundación, un no-indígena, tenía derecho a un voto extra en las reuniones del directorio y todo el Directorio estaba facultado, además, para remover a cualquiera de sus miembros con el que presentaran "diferencias insalvables". Los resultados del trabajo de la Fundación Pehuén fueron expuestos por un informe del antropólogo estadounidense Theodore Downing sobre el funcionamiento de la fundación. En su informe emitido en Mayo de 1996, el antropólogo (contratado por la IFC para tales efectos) destacaba:

a) "...la Fundación Pehuén se ha insertado en la sociedad pewenche sin una evaluación previa de su cultura y sin consentimiento o participación indígena...";

b) "...la Fundación Pehuén no ha cumplido con 4 de los 5 objetivos para los que ha sido creada: no ha aportado beneficios a largo plazo y con capacidad de sustentabilidad y desarrollo sostenible a las familias pewenches afectadas por el proyecto Pangue; no ha entregado capacitación a las comunidades pewenches para compensar los efectos negativos de Pangue; no ha preservado la identidad cultural de los pewenches; no ha, siquiera, extendido el beneficio de suministro eléctrico a las comunidades...".

Más adelante, el informe de Downing desmiente el "desarrollo de las comunidades pewenches gracias a la construcción de Pangue" defendido por ENDESA. En el informe se dice: "...En 1992, la totalidad de los habitantes de Callaqui, Pitril y Quepuca-Ralco estaban en el umbral de la pobreza nacional. Tras cuatro años de actividades de la fundacion y con el 30% de las unidades familiares de callaqui, pitril y quepuca-ralco empleadas temporalmente en las obras del proyecto, sólo el 1% de ellos superó el umbral de la pobreza (...) En términos estrictamente económicos, a esta altura la pérdida neta den la economía de los pewenches SUPERA CON CRECES LOS BENEFICIOS QUE APORTA LA FUNDACION A SUS COMUNIDADES..." 23 .

La conclusión del Informe Downing es categórica: "...Lo que queda por ver es si este grupo pequeño y empobrecido de pewenches se beneficiará con los frutos del proyecto o subsidiará el desarrollo eléctrico de Chile a expensas de su economía, recursos o cultura. Hasta ahora, a decir por la información recogida, están subsidiando el proyecto..." (id cit.).

El informe Downing fue escondido ante las amenazas de ENDESA de demandar al autor y a la propia IFC si este se daba a conocer. La IFC, luego amenazó con querellas y con despido al propio Downing si este publicaba su informe. Sin embargo, por iniciativa de su Presidente, James Wolfensohn, el Banco Mundial contrató un segundo estudio de evaluación con el ecólogo estadounidense Jay Hair ( Presidente Honorario de la National Wildlife Federation of USA). Hair entregó un informe en Abril de 1997, donde concluía que ENDESA no había cumplido con el 80% de las medidas ambientales y sociales que estaban contempladas en el acuerdo firmado con la IFC: "...como efecto de la construcción de Pangue, se ha producido una severa e incontrolada deforestación en el área"; además, detectó "...fallas en el cumplimiento de las medidas de protección ambiental y existen antecedentes suficientes para concluir que el personal de la IFC era responsable de engañar al Directorio de la IFC y a otros inversionistas sobre los planes de ENDESA de construir una segunda central". ENDESA había asegurado a los inversionistas que Pangue sería la única central hidroeléctrica que construiría en el río Bío-Bío, ocultando siempre (con la complicidad del Gobierno chileno) que Pangue estaba ligada a una segunda central (Ralco) para asegurar el normal funcionamiento de Pangue.

El informe Hair fue inmediatamente censurado por el personal de la IFC y un tercio del documento (dedicado a denunciar el impacto social de Pangue y las probables violaciones a los Derechos Humanos cometidas por ENDESA en contra de las comunidades pewenches) fue eliminado. El informe Downing sólo fue autorizado para publicarse en Diciembre de 1997, 19 meses después de haber sido emitido. El informe Hair nunca ha sido publicado.

En Febrero de 1997, la IFC decidió no realizar nuevos préstamos a ENDESA y similar medida adoptaron otras agencias de financiamiento de los Gobiernos de Suecia (BITS) y Noruega (NORA) que también habían participado en el financiamiento de Pangue. Como "represalia", ENDESA adelantó los pagos de los créditos solicitados a la IFC y el empresario chileno Eliodoro Matte renunció al directorio de la entidad en solidaridad con ENDESA (Grupo de Acción por el Bío-Bío, op.cit.).

En Mayo de 1997, científicos chilenos de la Universidad de Concepción advirtieron que ENDESA no había cumplido con la implementación de las medidas de mitigación (reducción) del impacto ambiental producido por Pangue y que habían sido sugeridas por el Centro Internacional de Formación e Investigación en Ciencias Ambientales (EULA) tanto a ENDESA como a la CONAMA, tras una investigación de 4 años sobre el río Bío-Bío y que había sido financiada por el Consejo de Europa. Tales sugerencias también habían sido entregadas al entonces Presidente Aylwin, en Abril de 1993 24 .

En Abril de 1998, durante una visita oficial a Chile, el Presidente del Banco Mundial, James Wolfensohn, reconoció la mala evaluación que la institución que presidía hacía respecto al proyecto Pangue: "...Las minorías étnicas (los pewenches) fueron desalojadas de sus tierras y mi institución ayudó a crear el problema..." (Grupo de Acción por el Bío-Bío, op.cit.).

La construcción de Ralco

En la construcción de la represa RALCO las irregularidades se han extendido desde el Gobierno de Frei Ruiz--Tagle hasta la presente administración del Presidente Lagos. Sin la intervención directa de ambos mandatarios ( y la de Lagos como Ministro de Obras Públicas de Frei) ni Ralco ni Pangue hubieran sido posibles. El nuevo proyecto de ENDESA (Ralco) debía enfrentar dos cuerpos legales que no estaban vigentes en los años en que se inició la construcción de Pangue: la Ley Indígena y la Ley de Bases del Medioambiente ("Ley Ambiental"). En la primera de ellas se creaba la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) y en la segunda, la Comisión Nacional para el Medioambiente (CONAMA).

ENDESA debió presentar su proyecto tanto a la CONAMA (para obtener los permisos ambientales para la construcción de Ralco) y a la CONADI (para obtener la autorización de esta Corporación para el uso de territorios indígenas). ENDESA no logró responder a las exigencias planteadas en ambas leyes y sólo la intervención política, la corrupción y el tráfico de influencias a nivel del poder ejecutivo (que despidió de sus cargos a todos los funcionarios públicos que, en el ámbito de sus respectivos cargos, se mostraron contrarios al proyecto Ralco) y la represión policial, permitieron a la empresa burlar las leyes del Estado chileno para que Ralco obtuviera todos los permisos y concesiones que se necesitaban para su construcción .

La CONADI y el proyecto Ralco

La Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) fue creada para asegurar los derechos territoriales y culturales de los Pueblos Indígenas en Chi le y supervisar el cumplimiento de la Ley Indígena, que entre su articulado contiene la prohibición de la venta de territorios indígenas a particulares no-indígenas, sólo permitiendo una "permutación" (intercambio) de territorios entre indígenas y no-indígenas que debe ser aprobada por la CONADI, la que debe comprobar que estos territorios deben tener similar valor comercial y entregar las mismas garantías de sustentación para los indígenas.

La Comisión Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) cuenta con 14 Consejeros Nacionales y un Director Ejecutivo. Siete de los Consejeros son designados por el Presidente de la República, así como el Director Ejecutivo. Sólo 7 Consejeros Nacionales son nombrados en sus cargos a través de una votación de los miembros de cada una de las etnias presentes en el territorio de Chile. Es decir, los representantes de los Pueblos Indígenas siempre son minoría dentro del Consejo de la CONADI, quedando la Corporación sometida a la voluntad del Presidente de la República, que puede remover a los Consejeros y/o Director Ejecutivo de acuerdo a sus propios intereses o, en este caso, a los intereses de ENDESA.

Desde el anuncio de ENDESA sobre su voluntad de construir una segunda represa sobre las aguas del río Bío-Bío, numerosos Consejeros de la CONADI expresaron su oposición a esta obra que implicaba la desaparición de la cultura mapuche-pewenche al inundarse unas 1.500 hectáreas de tierras habitadas por esta cultura. En Abril de 1995, el Consejero de la CONADI Juan Huenupi (mapuche) advirtió que la construcción de Ralco "...puede significar la desaparición de los pewenches..." durante un Seminario organizado por la CONAMA para dar a conocer las características del proyecto Ralco a los habitantes de las comunidades pewenches 25.

Para cumplir con las exigencias de la Ley Indígena, ENDESA presentó, en Marzo de 1996, un plan de relocalización de 98 familias pewenches que debían permutar, voluntariamente y tras firmar una solicitud respectiva, sus territorios (a inundar por la represa Ralco) por tres propiedades adquiridas por ENDESA para este efecto. En Marzo de 1997, la CONADI declaró "ilegal" el proyecto Ralco dado que violaba la Ley Indígena en sus artículos 1 y 13 y amenazaba con provocar una mayor deforestación en el área impactada por la represa, además de implicar la inundación de cementerios de los pewenches 26. La reacción del Presidente Frei fue inmediata: tanto el Director Ejecutivo de la CONADI, Mauricio Huenchulaf (mapuche), como dos Consejeros Nacionales nombrados por él mismo, fueron destituidos de sus cargos. Todos ellos se habían mostrado contrarios al Proyecto Ralco y para justificar sus despidos, Frei les acusó de irregularidades fin ancieras al interior de la CONADI 27.

A fines de Abril, el Presidente Frei nombró a Domingo Namuncura (de origen mapuche) como nuevo Director Ejecutivo en la CONADI. Con el cambio de Director, sin embargo, la CONADI no modificó su rol de fiscalizador del cumplimiento de la Ley Indígena: en Septiembre de 1997, la CONADI informa que las 8 primeras solicitudes de "permutación de tierras" presentadas por ENDESA eran rechazadas por ser "contrarias a las disposiciones del artículo 13 de la Ley indígena, que establece un similar valor comercial de las tierras a intercambiar". La tasación de las tierras en estas primeras 8 solicitudes la había hecho el ingeniero agrónomo Armando Illanes Oliva que había integrado el equipo de profesionales contratado por ENDESA para la elaboración del EIA de Ralco (28). Varias de estas solicitudes presentadas por ENDESA aparecían con la impresión de un dedo pulgar como firma de los pewenches solicitantes.

Las irregularidades cometidas por ENDESA en la captación de solicitudes de permuta de tierras entre los pewenches ya habían sido denunciadas por estos en Agosto de 1996, cuando acusaron a funcionarios de la Fundación Pehuen de recorrer las comunidades indígenas asegurándoles que si no firmaban las solicitudes de permuta, sus tierras iban a ser expropiadas por el Estado chileno sin entregarles otras tierras a cambio. Entre los funcionarios denunciados, los pewenches identificaron a Armando Illanes ( que más tarde aparecería como "tasador" de las tierras a permutar) y Gonzalo Figueroa, hijo del Ministro del Interior del Gobierno del Presidente Frei R.T., Carlos Figueroa (29).

En Diciembre de 1997, la CONADI anuncia que de las 69 solicitudes de permutación de tierras presentadas por ENDESA hasta esa fecha, sólo se habían aprobado en primera instancia 43 solicitudes 30 . En Enero de 1998, la CONADI rechazó otras 8 solicitudes y en Febrero del mismo año, Namuncura entrega su resolución definitiva sobre 41 solicitudes de permutación de tierras presentadas por ENDESA: NINGUNA resulta aprobada por ser contrarias a las disposiciones de la Ley Indígena (31).

Además de esto, la CONADI cuestiona profundamente la viabilidad de las tierras ofrecidas por ENDESA para la relocalización de las 98 familias pewenches a desplazar. En Agosto de 1997, el Director de CONADI no logra acceder a uno de los fundos ofrecidos por ENDESA para los pewenches (Fundo "El Barco") dada la mala calidad de los caminos de acceso y las intensas nevadas que afectan a la zona donde se ubica el fundo. Según una declaración posterior de Namuncura "...las condiciones climáticas del lugar ofrecido por la empresa para el traslado de los pewenches son tremendamente agresivas para la vida, los animales y las siembras de los pewenches..." (32). Posteriormente, en Febrero de 1999 El Consejero de la CONADI José Santos Millao (mapuche) denuncia que una segunda propiedad ofrecida por ENDESA a los pewenches, el Fundo "El Huachi", no tendría capacidad para sostener a las 30 familias pewenches que la empresa planeaba relocali zar allí, de acuerdo a un informe elaborado por el Ministerio de Agricultura del Gobierno de Frei y que había sido ocultado a los pewenches y a la opinión pública 33 . En Mayo de 1998, 14 propietarios pewenches que habían firmado las solicitudes de permutación de tierras, anuncian que se desistían de tal intercambio dado que habían actuado bajo amenazas de funcionarios de la Fundación Pehuen (34).

ENDESA no solo no contaba con las solicitudes de permutación de tierras que requería su proyecto. Tampoco contaba con un Consejo en la CONADI que fuera favorable a sus intereses: en Junio de 1998, 4 Consejeros de la CONADI (entre ellos dos designados por el Presidente Frei) manifiestan públicamente su oposición a la construcción de Ralco. El Presidente Frei interviene destituyendo a los dos Consejeros por él designados que manifiestan su oposición a Ralco, Cristian Vives y Milene Valenzuela. También destituye, el 5 de Agosto de 1998, al Director Ejecutivo de la CONADI, apenas horas antes de que se reúna el Consejo Nacional de la CONADI para dar su respuesta definitiva a las solicitudes de permutación de tierras que había presentado ENDESA. Como ocurrió con su antecesor, Namuncura fue acusado de "irregularidades financieras" para justificar su despido. En la actualidad, Domingo Namuncura es el Asesor Presidencial para Asuntos Indígenas del Presidente Ricardo Lagos, quien, desde su cargo de Ministro de Obras Públicas del Gobierno de Frei, había apoyado la destitución de Namuncura como Director Ejecutivo de la CONADI.

En reemplazo de Namuncura, Frei nombró a un no-indígena a cargo de la CONADI. El nuevo Director Ejecutivo, Rodrigo González (militante del Partido Socialista) organizó una reunión del Consejo Nacional de la CONADI en Enero de 1999, donde con la ausencia de la totalidad de los consejeros indígenas, entregó su aprobación a 54 solicitudes de permutación de tierras. En la actualidad, sólo 9 familias pewenches restan por entregar su consentimiento a la permutación de tierras. Una de ellas, integrada por las hermanas Quintremán y sus familiares, han demandado por "etnocidio" a ENDESA-España, recurriendo para tal efecto a la propia Justicia Española. Las hermanas Quintremán han sido amenazadas de muerte y han sido violentamente reprimidas por Carabineros de Chile durante sus movilizaciones pacíficas en contra de la construcción de Ralco. Ambas mujeres (mayores de 60 años de edad) han sido acusadas de "maltrato y agresión a Carabine ros" y enfrentan una demanda radicada en una Fiscalía Militar.
 

La CONAMA y Ralco

El rol principal de la Comisión Nacional para el Medioambiente (CONAMA) era la revisión del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) presentado por ENDESA para su proyecto Ralco. El estudio, elaborado para ENDESA por la firma suiza Electrowatts Ingenieros, fue entregado a CONAMA en Marzo de 1996. En su revisión participaron 23 servicios del Estado y ninguno de ellos aprobó el estudio. En Junio de 1996, la CONAMA anuncia que el estudio sólo contemplaba respuestas para el 12% de los requerimientos ambientales y sociales que se le habían solicitado a ENDESA. El informe de la CONAMA ("Informe Técnico de Calificación al Proyecto Central Hidroeléctrica Ralco") señalaba, además, tres grandes insuficiencias en el EIA presentado por ENDESA: una descripción incompleta del proyecto; una definición incorrecta del área de influencia del proyecto y ausencia de un detallado plan de relocali zación de las familias pewenches del área impactada por el proyecto. Sin embargo, CONAMA no rechaza el proyecto y sólo lo objeta, entregándole a ENDESA un plazo de 180 días para corregir el EIA de Ralco a través de una "addendum" (anexo) contemplado en la Ley de Bases del Medioambiente para estos fines ("Ley Ambiental") (35).

En Marzo de 1997, el "addendum" presentado por ENDESA también resulta rechazado, pero la CONAMA, en una decisión arbitraria, tampoco decreta el rechazo al proyecto Ralco. Por el contrario, brinda a ENDESA la oportunidad de presentar un segundo addendum que no estaba contemplado en la Ley Ambiental. La ilegal decisión tomada por la CONAMA es denunciada por el Diputado Juan Pablo Letelier como "...un procedimiento único que se ha hecho para ENDESA; la solicitud de un segundo addendum no existe en la Ley de Bases del Medioambiente..." (36).
En el mismo mes de Marzo, la CONADI había declarado "ilegal" el proyecto Ralco, de modo tal que el rechazo de la CONAMA al EIA de Ralco, primero, y al "addendum", después, significaba la cancelación definitiva del proyecto de ENDESA. La intervención directa del Presidente Frei y de sus funcionarios de confianza evitaron que los intereses económicos de ENDESA (y del propio Frei) fueran af ectados por tal rechazo, iniciándose una serie de despidos de funcionarios públicos contrarios a Ralco en ambos organismos estatales: así como en la CONADI son despedidos el Director Ejecutivo y dos Consejeros Nacionales que habían sido designados por el Presidente Frei, en la CONAMA ya se había producido el despido del Fiscal de la institución, Rigoberto Valdivia, que se había manifestado contrario al proyecto Ralco. Según Valdivia, en su despido habría intervenido el Vice-Ministro del Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Jorge Rosenblut, superior jerárquico de Vivianne Blanlot. Rosenblut, en Enero del año 2.000, fue nombrado Presidente del Directorio de la empresa de distribución eléctrica CHILECTRA, perteneciente al holding ENERSIS, propietaria de ENDESA (37).

La Cámara de Diputados del Parlamento chileno solicitó una sesión especial para plantear sus dudas respecto a los procedimientos usados por CONAMA en torno al caso Ralco. La reunión, programada para mediados de Marzo de 1997 fue boicoteado por el Ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Juan Villarzú, bajo cuyo mandato se encuentra CONAMA, quien decidió no asistir al Congreso para la fecha programada 38 . En otras dos ocasiones el Ministro Villarzú suspendió su visita a la Cámara de Diputados, la última de ellas en Junio de 1997 39 . Juan Villarzú, militante de la Democracia Cristiana, fue un colaborador de la Dictadura de Pinochet durante los primeros años posteriores al Golpe de Estado de 1973 y en la actualidad ocupa el cargo de Presidente Ejecutivo de la Corporación del Cobre (CODELCO) tras designación del Presidente Ricardo Lagos.

El segundo addendum para su proyecto Ralco fue presentado por ENDESA el 17 de Mayo de 1997. El 6 de Junio de ése mismo año la CONAMA otorga su aprobación a Ralco. Las irregularidades cometidas por el Estado chileno y ENDESA en contra de los derechos territoriales y culturales de los pewenches del Alto Bío-Bío se han manifestado hasta hoy . Aún sin contar con ninguna de las solicitudes de permutas de tierras aprobadas por la CONADI, ni con las concesiones para aprovechar las aguas del Río Bío-Bío ("derechos de aguas") ni las concesiones eléctricas para construir las torres de transmisión eléctrica, ENDESA ocupó territorio pewenche para iniciar la construcción de Ralco a mediados del año 1998, cuando la CONAMA aún tramitaba los permisos ambientales necesarios, generando la reacción de los pewenches y de las organizaciones que les apoyan.

Con apoyo de ecologistas y estudiantes universitarios sensibles al tema, los pewenches iniciaron acciones de resistencia pacífica (tomas de caminos y de puentes) para impedir el acceso de los camiones de la empresa constructora BESALCO encargada de ejecutar las obras de Ralco (40). Durante todas estas movilizaciones, los pewenches fueron permanentemente amenazados por el Ministro de Planificación Nacional (MIDEPLAN) Germán Quintana, por el Intendente de la VIII Región, Martin Zilic y por el Gobernador de la Provincia de Concepción, Juan Carlos Coronata, todos ellos funcionarios nombrados por el Presidente Frei. En Febrero de 1999, una toma de caminos realizada por pewenches y ecologistas fue reprimida brutalmente por Carabineros, que para llegar al sitio de la toma hizo uso de camiones de BESALCO, según denunció un Diputado Chileno (41).

En Febrero del 2001, los pewenches instalan barricadas alrededor del cementerio indígena de Quepuca-Ralco, para impedir que los operarios de la constructora BESALCO siguieran destruyendo este sitio sagrado. Según denunciaron los pewenches, BESALCO había profanado 8 tumbas en Enero de este año, con el propósito de "reubicar los cuerpos" como lo necesitaba la construcción de Ralco (42). Los Tribunales de Justicia y la Contraloría General de la República (que fiscaliza la constitucionalidad y legalidad de los decretos emitidos por cada repartición pública, entre otras funciones) han ido adoptando, sucesivamente, posiciones favorables a los intereses de ENDESA. En 1997, las hermanas Quintremán habían presentado una demanda por "daño ambiental" en contra de ENDESA en el Sexto Juzgado Civil de Santiago, solicitando la paralización de las obras de construcción de Ralco. Tras dos años de investigación, el Juez Mario Carrozas de dich o Tribunal resolvió acoger la demanda de las hermanas pewenches, ordenando la paralización de la construcción de Ralco, en Septiembre de 1999. Quince días más tarde, tras una apelación de ENDESA, la Séptima Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revocó el fallo, permitiéndole a ENDESA continuar con sus obras de construcción de Ralco (43).

La ilegalidad de las acciones de ENDESA se manifiesta claramente si se considera que en ése mismo mes la Contraloría General de la República rechaza tanto las concesiones eléctricas otorgadas por el Ministerio de Economía para la construcción de Ralco y de los "derechos de agua" entregados a ENDESA por la Dirección General de Aguas dadas las irregularidades cometidas por estas reparticiones públicas en la tramitación de estos decretos (44). Las presiones de ENDESA (entre ellas, la amenaza de despido de todos los trabajadores involucrados en las obras de Ralco) y del propio Gobierno de Frei sobre la Contraloría General de la República (encabezada por Arturo Aylwin Azócar, hermano del ex-presidente Aylwin, que permitió la construcción de Pangue) tuvieron por respuesta final la aceptación de la Contraloría a nuevos decretos de concesiones eléctricas y de derechos de agua en favor de ENDESA: el 10 de Marzo del 2.000. un nu evo decreto de "concesión eléctrica" para la construcción de Ralco emitido por el Ministerio de Economía es aceptado por la Contraloría. Un día después, Ricardo Lagos asume como Presidente de la República. Según organizaciones indigenistas contrarias a Ralco, en este nuevo decreto el Ministro de Economía (Jorge Leiva) viola abiertamente la Ley Indígena, lo que no es considerado por la Contraloría.

Notas

*. Del Libro "La Corrupción En Chile Parte II: La Corrupción en la Empresa Privada ", de Héctor Kol. Publicado originalmente en Revista Pretextos Febrero de 2003.

1. Consultas y sugerencias a : Héctor Kol, e-mail: hector_kol@hotmail.com

2. En un informe enviado por el Director del Servicio de Impuestos Internos (SII) al Senador Jorge Lavanderos (DC) y fechado Octubre 17 de 1997, el funcionario reconocía la falta de fiscalizadores conque cuenta el SII para regularizar la tributación que hacen las empresas privadas. En el informe (Memorandum Nº 60), el Director del SII, Javier Etcheverry, reconoce la falta de fiscalizadores para regular la tributación de las empresas privadas y entrega una Tabla Comparativa entre las plantas de funcionarios de los organismos fiscalizadores del pago de Impuestos en otros países del mundo con la planta del SII chileno. De acuerdo a esta Tabla, el SII chileno cuenta con una planta de 146 funcionarios por cada punto del PIB (Producto Interno Bruto) recaudado, mientras que en Estados Unidos esta planta es de 4.478, en Argentina 754, en México 1.970 y en Francia 1.881. De todas las naciones americanas incluidas en esta Tabla, Chile tenía la menor planta de funcionarios por punto de PIB recaudado.

3. En Enero del 2.001, el Director del SII declaró que dada la debilidad de las leyes que regulan la tributación de las empresas privadas, el Estado pierde unos US$ 20 millones mensuales a raíz del retraso en la aprobación de una Ley de Lucha contra la Evasión Tributaria en el Senado de la República. La Ley, impulsada por el Presidente Ricardo Lagos ha sido boicoteada por las organizaciones empresariales y por parlamentarios de la Democracia Cristiana y de la Oposición de Derecha. Unos US$ 4.000 millones deja de recaudar el Fisco chileno cada año por la evasión tributaria que hacen las empresas. (Diario "La Tercera", Enero 17, 2.001)

4. En Noviembre de 1999, la Dirección del Trabajo (que regula el respeto a los derechos laborales) dictó un decreto que obligaba a los supermercados a contratar a los niños (menores de 18 años) que efectuaban labores de empaque a cambio de propinas entregadas por los clientes. Tras una reunión con los propietarios de los supermercados, la Dirección del Trabajo suspendió el decreto en Diciembre del mismo año, apenas 15 días después de que este había sido emitido. Se calcula en 5.000 los niños que trabajan en estos establecimientos, todos carecen de contratos. En 1996, una encuesta ejecutada por el Gobierno estimó que más del 17% de los trabajadores de las Grandes Empresas (incluyendo os supermercados) eran niños menores de 18 años. En Chile existirían unos 125.000 niños trabajadores; el 13% de ellos tienen entre5 y 8 años de edad. Los supermercados en Chile tienen fuerte presencia de capitales estadounidenses y europeos. ( Di ario "Las Ultimas Noticias", Diciembre 8, 1999; Diario "La Tercera", Diciembre 15, 1999 y Enero 7, 2.000).

5. Uno de los principales financistas de la Campaña Presidencial del actual Presidente de la República, Ricardo Lagos Escobar, fue el traficante en armas Carlos Cardoen, sobre el que pesa una orden internacional de captura dictada por el FBI estadounidense por el robo de circonio, elemento químico usado para la fabricación de las mortíferas "bombas de racimo". Según la publicación "La Delgada Línea Blanca" (aparecida en el año 2.000) Cardoen está involucrado en operaciones de tráfico de cocaína a Europa durante la Dictadura de Pinochet. En un reportaje del diario "La Tercera", Cardoen reconoció que también entregó dinero para financiar las campañas presidenciales de los otros dos gobernantes pertenecientes a la Concertación de Partidos por la Democracia: Patricio Aylwin (1990-1993) y Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-1999), todos ellos de la Coalición política Concertación de Partidos por la Democracia. (Diario "La Tercera", Abr il 25, 1999).

6. Diario "El Mercurio", Octubre 19, 1997.

7. Diario "El Mercurio", Octubre 26, 1997.

8. Diario "Las Ultimas Noticias", Marzo 3, 1999

9. Diario "Las Ultimas Noticias" , Marzo 13, 1999; Diario "La Tercera", Julio 25, 2.000.

10. Diario "La Tercera", Junio 1, 1999

11. "El Gran Salto de Chile", Ediciones ESTRATEGIA, 1994, Chile.

12. Cristian Opazo: "Los Negocios secretos del Presidente Frei". Publicado en Diario "El Metropolitano", Enero 12, 2.001

13. José Yuraszeck, para Diario "El Mercurio", Octubre 26, 1997.

14. Ricardo Rincón, Diputado (DC). Diario "La Tercera", Marzo 16, 1999.

15. Diario "El Mercurio", Mayo 9, 1999.

16. Diario "La Tercera", Febrero 3, 2.000

17. Tomás Jocelyn-Holtz, Diputado (DC). Diario "Las Ultimas Noticias", Abril 17, 2.001.

18. "El Manager de Joaquin Lavin". Reportaje del Diario "La Tercera", Abril 25, 1999.

19. Diario "La Tercera", Mayo 8, 1999.

20. Diario "La Tercera", Mayo 8, 1999.

21. Diario "La Tercera" , Diciembre 11, 1992.

22. Diario "La Nación", Enero 16, 1993.

23. Grupo de Acción por el Bío-Bío (GABB): "Antecedentes para una demanda por genocidio". 2.001, Chile.

24. Oscar Parra, Director EULA (Universidad de Concepción, Chile). Para Diario "El Mercurio", Mayo 31, 1997.

25. Juan Huenupi, Consejero CONADI. Diario "Las Ultimas Noticias", Abril 16, 1995.

26. Mauricio Huenchulaf, Director Ejecutivo CONADI. Diario "La Epoca", Marzo 23, 1997.

27. Diario "El Mercurio", Abril 30, 1997.

28. Victor Alonque, Subdirector CONADI. Diario "La Tercera", Septiembre 9, 1997.

29. Cristian Opazo, Vice-Presidente (GABB). Diario "La Tercera", Agosto 29, 1996.

30. Domingo Namuncura, Director Ejecutivo CONADI. Diario "La Tercera", Diciembre 24, 1997.

31. Domingo Namuncura. Diario "El Mercurio", Febrero 3, 1998.

32. Domingo Namuncura. Diario "La Epoca", Agosto 7, 1997.

33. José Santos Millao, Consejero CONADI. Diario "La Tercera", Febrero 3, 1999.

34. Diario "El Mercurio", Agosto 9, 1998.

35. Vivianne Blanlot, Directora Ejecutiva de CONAMA. Diario "La Epoca", Agosto 25, 1996.

36. Diputado Juan Pablo Letelier (PS). Diario "La Epoca", Mayo 11, 1997.

37. Diario "El Mercurio", Julio 14, 1996 y Diario "La Tercera", Enero 29, 2.000.

38 Diario "La Tercera", Marzo 20, 1997.

39. Diputado Juan Pablo Letelier (PS). Diario "La Tercera", Junio 5, 1997.

40. Diario "La Tercera", Julio 9, 1998

41. Diputado Alejandro Navarro (PS). Diario "El Mercurio" , Febrero 21, 1999 y Diario "La Tercera", Marzo 2, 1999.

42. Diario "Las Ultimas Noticias" Febrero 6, 2.001 y Diario "La Tercera", Febrero 26, 2.001.

43. Diario "El Mercurio", Septiembre 29, 1999 y Octubre 3, 1999.

44. Diario "El Mercurio", Febrero 22, 2.000.