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Crónica de un conflicto interminable

A un paso de la paralización de Ralco

Por Pilar Espinosa / 06 de Junio de 2003

Kolectivo Lientur 

Ayer jueves, el tribunal que debía resolver sobre la paralización de las obras de esta central suspendió su fallo para la próxima semana. Los pehuenches ya no se oponen a su construcción, pero pelean una mayor indemnización, que también arriesgan perder si la empresa gana esa batalla judicial. Dos años más tardará la construcción de la represa y su costo subirá unos US$ 200 millones respecto a los US$ 470 millones proyectados originalmente.

Aunque Endesa reconoce que la construcción de la central Ralco ha enfrentado distintos inconvenientes y el camino no ha sido fácil, la vida cotidiana en el Alto Biobío es bastante más amigable de lo que pudiera parecer. Para nosotros la historia de Ralco no es un calvario, asegura el director del proyecto, Julio Montero.

Pero lo cierto es que la paralización de las obras, unas voluntarias y otras obligadas, la caída de la presa provisoria en 2001, por un inusual aumento del caudal, numerosas acciones judiciales y los atentados incendiarios contra camiones de sus contratistas, son parte de la historia del polémico proyecto. Hoy, nuevamente se enfrenta al riesgo de paralización. El pasado 3 de junio, el Sexto Juzgado Civil de Santiago acogió a trámite la petición de una medida precautoria interpuesta por las familias pehuenches al fracasar la búsqueda de una salida amistosa.

El magistrado Hadolff Ascencio estableció un plazo de tres días para escuc har a la otra parte, en este caso, Endesa y Conama, luego de lo cual resolvería si paralizaba o no las obras. Ayer jueves, en tanto, este plazo fue extendido por el magistrado hasta comienzos de la próxima semana. Todo esto ha significado no sólo un retraso - hasta ahora- de dos años en el inicio de las operaciones de la central Ralco, sino también un aumento de US$ 100 millones sobre el costo inicial del proyecto que contemplaba una inversión de US$ 470 millones.

Ello, sin considerar que el costo en los programas de mitigación ambiental y relocalización de las familias afectadas se elevó de los US$ 12,5 millones contemplados inicialmente a US$ 34 millones. O el pago de US$ 43 millones, por los daños ocasionados por la caída de la presa provisoria y que la aseguradora se resiste a cancelar.

Y como un golpe de gracia, para complicar más el escenario, el sorpresivo fallo del mismo juez Hadolff Ascencio, del Sexto Juzgado Civil de Santiago, declarando nulos los pe rmisos ambientales que autorizaron la construcción de la central hidroeléctrica Ralco. Su dictamen, hace unos meses, hubiera hecho saltar de alegría a los pehuenches. Pero llegó cuando, tras seis años de tramitación, nadie esperaba que por la vía judicial pudieran cambiar las cosas.

Ni Endesa, que, sorteando todo tipo de obstáculos, sigue adelante registrando 85% de avance en las obras de la central. Ni tampoco los pehuenches, los que finalmente aceptaron permutar sus tierras y que se construya Ralco. Ya no se busca impedir Ralco. No es el propósito de las familias ni de sus representantes. No interesa la paralización, porque el daño ya está hecho, afirma el ingeniero comercial Hernán Echaurren, integrante del grupo que, junto a los abogados Roberto Celedón y Álex Quevedo, asesora a las familias.

Con el fallo del juez Ascencio que impugnó el acuerdo entre Endesa y Conama, suscrito en 1995, autorizando la construcción de Ralco, se puede retrasar sí la puesta en marcha de la central al judicializar el caso. Pero no sólo eso, porque si Endesa gana la apelación de ese dictamen, donde pidió un pronunciamiento de fondo de los tribunales, podrían quedar sepultadas bajo las aguas del embalse las pretensiones económicas de los pehuenches y la salida amistosa a la que intentó llegar, con la mediación del Coordinador de Políticas Indígenas y subsecretario de Mideplan, Jaime Andrade.

Petición escandalosa

La tardía resolución judicial, más que una ayuda, se convirtió en un escollo difícil de sortear para las pretensiones de los pehuenches que, amparados por el contundente fallo, no sólo mantienen sus demandas económicas, sino que las aumentaron.

Para la empresa, el monto de tales peticiones es escandaloso. Y las rechazó de plano, retirando de la mesa de negociación una oferta para muchos más que generosa: $ 200 millones, 77 hectáreas de tierra, infraestructura, a sistencia técnica y otros beneficios. Todo ello para Berta Quintremán Calpán, Aurelia Marihuán Mora, Rosario y Mercedes Huenteao Beroíza, las 4 titulares de los predios que aún no son permutados y que suman 48,35 hectáreas. La gran diferencia radica en el número de beneficiarios. Las mujeres sostienen que son 15 las familias que tienen derecho a ser compensadas, considerando también a sus hijos casados que viven en esos predios.

Los asesores de las familias sostienen que, para lo que involucra el proyecto, lo que separa la demanda de los pehuenches y lo que ofrece la empresa es irrelevante. Pero lo cierto es que son varios millones de dólares. Endesa no está dispuesta a transar por un principio de justicia para las restantes familias afectadas por la central. Julio Montero sostiene que siempre estarán dispuestos a escuchar y llegar a un acuerdo razonable para ambas partes.

Para los asesores de los pehuenches tal voluntad no existe. Son sus tierras y los obligan a irse. Las familias bajaron sus expectativas a la mitad y Endesa no cede. En las reuniones de la empresa sólo se escucha no, no, no, dice el abogado Álex Quevedo. Los detractores del emblemático proyecto hidroeléctrico afirman que éste nunca fue rentable e incluso que cuando Endesa España tomó el control de la empresa, quiso detenerlo. Pero, por presiones del Gobierno, decidieron continuar adelante. Ahora sostienen que una eventual paralización con el consiguiente retraso pondría a la empresa en una difícil situación financiera.

Endesa descarta categóricamente tal riesgo. No habla de costos, por ser imposibles de calcular anticipadamente, pero, advierte, las consecuencias de un retraso en la puesta en servicio las sufrirá todo el país. Julio Montero dice que, de no entrar en operaciones en la fecha estimada, a mediados de 2004, el Sistema Interconectado Central (SIC), que abastece de energía al 70% del país, no contará con el 10% que aportará Ralco.

Según el ejecutivo, la ausencia o tardanza en la entrada en servicio de Ralco podría llegar a provocar niveles de desabastecimiento eléctrico si se agregan otros factores en contra, especialmente climáticos. Echaurren, advirtiendo que el país sigue dependiendo de San Isidro, comenta que con Ralco o sin Ralco un año muy seco implicará igual racionamiento.

Escollos

Junio 1997: Conama aprueba proyecto Ralco, con condiciones.

Julio 1997: Nicolasa y Berta Quintremán y Mercedes Huenteao interponen en el 6º Juzgado Civil de Santiago una demanda de nulidad de derecho público, en contra de Conama y Endesa por dar autorización ambiental a Ralco.

Septiembre 1997: Conama emite resolución Nº 23/97, sobre condiciones definitivas de aprobación del proyecto Ralco.

Mayo 1998: Corte de Apelaciones de Concepción falla a favor de Endesa, rechazando el recurso de protección interpuesto por pehuenches en septiembre de 1997 y en junio lo confirma la Corte Suprema.

Agosto 1998: Como un gesto de buena voluntad, la empresa suspende las recién iniciadas obras para apaciguar los ánimos de los pehuenches que quedan al margen de los beneficios que se contemplaba para quienes deberían permutar sus tierras.

Octubre 1998: Se firma Convenio de Afectados Indirectos entre Endesa y familias de las comunidades de Quepuca Ralco y Ralco Lepoy. A Endesa le significa destinar US$ 2 millones.

Septiembre 1999: El juez Mario Carroza ordena suspender las obras y el plan de relocalización.

Febrero 2000: Una nueva interrupción se registra entre febrero y abril, cuando por razones de prudencia empresarial, Endesa paraliza las faenas al no contar con las concesiones definitivas.

Mayo 2001: Una crecida del río arrasa con el muro provisorio, lo que se traduce en la postergación en seis meses de la puesta en marcha de la central.

Diciembre 2002: Pehuench es interponen denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, que deriva en medidas cautelares que impiden dar curso al proceso de tasación de los Hombres Buenos.

Mayo 2003: El titular del Sexto Juzgado Civil de Santiago, Hadolff Ascencio, declaró nulo de derecho público los actos administrativos relativos al sistema de impacto ambiental del proyecto Ralco de Endesa.

Se ha dicho...

Santa Bárbara, 16-04-1995: "Desde nuestro punto de vista, el proyecto no podría realizarse si no cumple con las exigencias ambientales que se le van a plantear", José Goñi, director ejecutivo de Conama en el Primer Cabildo Ambiental de Chile para analizar el proyecto Ralco.

Santa Bárbara, 16- 04-1995: "Nosotros no podemos imponer proyectos a nadie. Lo único que hacemos es proponerlo y someterlo a la legislación vigente. Afortunadamente, tenemos una ley de medio ambiente y voluntariamente lo incorporamos al sistema esperando que se a pruebe", Gastón Aigneren, gerente general de empresa Pangue, durante el Cabildo Ambiental al presentar el proyecto Ralco.

Santiago, 21-09-1995: "La central Ralco, iniciando operaciones en el año 2002, sigue constituyendo la solución de más bajo costo para el abastecimiento eléctrico del país", José Yuraszeck, presidente del directorio de Endesa, al confirmar la ejecución de la central Ralco, cuatro años antes que lo previsto en el plan de obras de la Comisión Nacional de Energía.

Santiago, 27-04-1997: "El proyecto viola, al menos, los artículos 1 y 13 de la Ley Indígena y como indígena en el Gobierno, mandatado por una ley especial de protección, ha sido mi deber pronunciarme irrestrictamente en favor del respeto de los derechos de los indígenas y de su dignidad como ciudadanos de este país", Mauricio Huenchulaf, director de la Conadi, al comentar su destitución del organismo por oponerse a la aprobación del proyecto Ralco.

Temuco, 11-06-1997: _"Plan de relocalización propuesto por Endesa es sustantivamente insuficiente y no asegura una mejor condición de vida para las familias indígenas que deben ser reubicadas", Domingo Namuncura, director de Conadi, asegurando que el permiso otorgado por Conama a Ralco no obliga a permutar tierras.

Santiago, 08-08-1998: "Uno va al Alto Biobío y se encuentra con maquinarias. En el fondo, se inició la obra, aun antes de que Conadi siquiera entrase a resolver el tema de fondo. Esa postura, que yo llamo cultura de imposición, a nosotros nos puso en una posición como corporación muy difícil", Domingo Namuncura, al comentar su destitución del cargo.

Concepción, 06-02-2003: "Hay que tratar de terminar bien algo que no comenzó bien y que no siempre se hizo de la mejor forma", Jaime Andrade, subsecretario de Mideplan, al establecer una mesa de trabajo con las familias pehuenches.

Santiago, 23-05-2003: "Ralco es una central hidroeléctrica necesaria y conveniente para el país, y así será entendido por los tribunales de justicia. El fallo es en primera instancia, hay que esperar los próximos, y estoy seguro de que van a salir bien parados. No se me ha pasado jamás por la cabeza que Ralco se destruya", Jorge Rodríguez, ministro de Economía, al ser consultado por la salida del conflicto de la central hidroeléctrica Ralco.