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Kolectivo Lientur / 31 de mayo de 2003

Endesa retira su oferta. Pehuenches piden paralizar las obras.

Quiebre total en negociaciones por Ralko

Kolectivo Lientur / 31 de mayo de 2003



Sin acuerdo culminaron el pasado jueves las prolongadas negociaciones entre las familias pehuenches que aún no permutan sus tierras con Endesa y el Subsecretario de Planificación, Jaime Andrade en la ciudad de Los Ángeles. Esta vez sin embargo, el quiebre de las conversaciones pareciera ser definitivo. Tanto así que los pehuenches ya exigieron a los tribunales paralizar las obras de la central y Endesa estaría preparando toda su artillería judicial para un inminente desalojo. El gobierno, en tanto, asume la derrota del diálogo y se prepara para rendir sus cuentas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sin acuerdo y con un evidente quiebre de las conversaciones finalizó la última semana de reuniones entre los pehuenches que aún no permutan sus tierras con Endesa y el Gobierno para poner fin al conflicto por la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, en Alto Bio-Bío. El pasado jueves, tras seis horas de tensa reunión en Los Ángeles con sus abogados y el subsecretario de Planificación, Jaime Andrade, ambas partes no lograron conciliar importantes puntos de la negociación política y económica, situación que llevó a Endesa-España a retirarse de la mesa de conversación y a los abogados de las cuatro familias pehuenches a solicitar el pasado viernes ante el Sexto Juzgado Civil de Santiago medidas precautorias para detener el avance de las obras.
 
Al dar cuenta del encuentro, el séptimo desde que el 6 de febrero se inició la búsqueda de una solución amistosa en el emblemático conflicto en el marco de la acusación que los pehuenches hicieron contra el Estado chileno ante la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, todos los involucrados coincidieron en que no se ha logrado ningún tipo de acuerdo.

 "No hemos logrado nada ni con el Gobierno ni con Endesa y aunque queremos seguir buscando una solución al conflicto, no podemos correr el riesgo de que nuestras tierras se inunden con las lluvias del invierno. Por ello el viernes recurrimos a los tribunales para paralizar de una vez por todas las obras de la empresa", explicó Hilda Riquelme, vocera de las familias pehuenches justificando así la medida precautoria solicitada al tribunal.

Los abogados Roberto Celedón y Álex Quevedo, que representan a las familias pehuenches, confirmaron la medida de protección interpuesta junto al diputado socialista Alejandro Navarro, asegurando que se vieron obligados a pedir la paralización de faenas para evitar una inundación de tierras no permutadas de los pehuenches. La posible inundación está circunscrita a que el muro de la represa, que ya alcanzó los 100 metros de altura, estaría a un nivel más alto que las tierras y algunas casas de las familias afectadas, lo que supondría un grave peligro de inundación para la presente temporada de invierno. 

El jurista argumentó que por esta razón se debe paralizar la construcción puesto que "si los niveles de lluvia aumentan, el túnel para el desvío de las aguas será insuficiente y las tierras se inundarán de todas formas. Asimismo, la medida precautoria tiene por objeto asegurar la eficacia de las resoluciones judiciales en términos de que lo decidido por ella sea materialmente ejecutable", indicó. Esto último -según explicó Celedón, porque la resolución del juez Ascencio es de primera instancia, y por ello no adquiere de por sí fuerza ejecutoria, lo que implica que la parte demandada podría continuar con el proyecto "afectando gravemente los derechos y legítimas pretensiones de las actoras, en términos que se podría causárseles un daño irreparable e irreversible".

A juicio del abogado Alex Quevedo "la locura de la paralización de Ralco es únicamente responsabilidad de Endesa", porque no tuvo disposición a resolver las demandas. No obstante, es una medida fundamental para asegurar la eficacia jurídica de las resoluciones judiciales, agregó. Igualmente, señaló, las familias reiteran su disposición al diálogo e insistieron en la intervención del Estado para resolver los problemas y llegar a un acuerdo, el cual, estimaron, se ha dilatado por más de un mes a pesar del compromiso asumido ante la Comisión Interamericana.

Ambos profesionales afirmaron que la voluntad de las familias pehuenches es mantener las instancias de diálogo, aunque a futuro pedirán al Gobierno un rol mucho más activo en el proceso y referido a dos aspectos importantes de la negociación. En primer lugar, a las implicancias políticas de las conversaciones hasta ahora sostenidas entre las partes en conflicto, ya que paralelo al tema económico los pehuenches han puesto sobre la mesa el reconocimiento constitucional y la libertad de los prisioneros políticos mapuches, principalmente el caso del dirigente mapuche de Collipulli, Víctor Ancalaf, procesado por Ley Antiterrorista por una serie de atentados ocurridos contra Endesa en el Alto Bio-Bio y que se encuentra desde hace siete meses recluido en la cárcel El Manzano de Concepción.

En otro aspecto y referido directamente con las indemnizaciones, los pehuenches estarían exigiendo al gobierno una participación mucho más activa, principalmente en lo referido a la posible destinación de recursos fiscales para complementar lo que Endesa se niega a otorgar a las familias no dueñas de las permutas. Cabe recordar que en materia de indemnización económica la transnacional española hasta el jueves ofrecía 200 millones de pesos y 77 hectáreas de terreno para cada una de las cuatro familias que no han permutado sus tierras, sin embargo, los pehuenches afectados pretendían obtener los mismos beneficios además para otras diez familias que habitan en sus predios.
 
Respecto de estas últimas, Endesa ofrecía sólo adicionalmente 300 millones de pesos que entregaría al Gobierno para que éste desarrollase proyectos sociales, además de la adquisición del Fundo Porvenir de mil hectáreas en el Alto Bio-Bío para su directo beneficio. Es en este punto donde los pehuenches esperaban la participación activa del gobierno aportando los más de 1000 millones de pesos restantes, posibilidad que sin embargo fue finalmente rechazada por el representante del ejecutivo en Los Ángeles, dando Endesa y los pehuenches entonces por finalizada la reunión.

Subsecretario de Mideplan: "Se abre un nuevo escenario"

El Subsecretario Andrade, en tanto, reconoció que este nuevo fracaso cierra la búsqueda de un acuerdo amistoso por parte de las autoridades al prolongado conflicto. Para el Subsecretario Andrade se cierra un ciclo y se abre un nuevo escenario luego que se produjera el fallo de primera instancia del 6º Juzgado que cambia radicalmente la posición de las familias en disputa. Sin embargo, aseguró también que el gobierno mantendrá la disposición a continuar dialogando y de respetar el ordenamiento jurídico vigente en el caso del emblemático conflicto territorial. 

Jaime Andrade anunció además que en los próximos días el gobierno dará una respuesta formal a las que consideró las "nuevas peticiones" de las familias pehuenches en el nuevo escenario dado por el favorable fallo del juez Hadolff Ascencio. De la misma forma, aseguró que el gobierno informará de manera oportuna a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA sobre las fallidas negociaciones mantenidas con los pehuenches hasta ahora y que parecieran haber concluido esta vez definitivamente.

Andrade señaló que la existencia de una resolución judicial como la dictada por el juez Hadolff Ascencio debe ser analizada por la citada Comisión Interamericana antes de que ésta recomiende poner los antecedentes ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, instancia que podría finalmente resolver una dura condena contra contra el Estado chileno por graves violaciones a los derechos humanos del pueblo mapuche-pehuenche.

Precisó Andrade finalmente que mientras la justicia chilena no decrete lo contrario, mantendrán como gobierno el status quo en el Alto Bio Bío, manteniendo pendiente la actuación de la Comisión de Hombres Buenos que tasó los predios de los indígenas en el marco de la Ley Eléctrica y que sería una salida judicial de Endesa para obtener finalmente las tierras de las familias afectadas por el megaproyecto.

Endesa: "No volveremos a negociar"

Por su parte, el fiscal de Endesa Carlos Martín, aseguró ayer que la medida precautoria presentada por las familias pehuenches que aún no llegan a acuerdo en las compensaciones para su traslado, significará que Endesa no se volverá a sentar a la mesa de negociaciones. "Las medidas precautorias en ninguna parte han sido moneda de cambio. Si ellos solicitan la precautoria, Endesa nunca volverá a sentarse a la mesa", puntualizó Martín horas antes de que el abogado Roberto Celedón presentara ayer, pasado el mediodía, ante el Sexto Juzgado Civil de Santiago, la solicitud de paralización de las obras de Ralco.

Dicho tribunal, el 15 de mayo pasado declaró nulo los procedimientos que aprobaron el estudio de impacto ambiental del proyecto en 1995. El fiscal Martín adelantó que a la empresa hoy sólo le queda esperar que el gobierno notifique a las partes la valorización de la tierra que entregó la comisión de hombres buenos, y que si el gobierno no entrega ese valor, Endesa no descarta exigirlo por vía judicial del desalojo.

Esto fue al menos lo que indicó ayer viernes el gerente de Comunicaciones de Endesa, Rodolfo Nieto, quién tras el fracaso de la reunión aseguró que Endesa reiterará a las autoridades la petición de que opere la tasación efectuada por la llamada Comisión de Hombres Buenos, que a fines del año pasado avaluó -bajo la tuición de la Ley Eléctrica- los predios de las familias que no han permutado. Con ello, la compañía pretende consignar los dineros en el tribunal y lograr el desalojo de los pehuenches. "Si ellos judicializaron el tema, nosotros también lo vamos a hacer", señaló Nieto.
 
La notificación de lo obrado por la Comisión -que tasó los predios entre $ 1 y $ 2 millones por familia- se mantiene paralizada debido a que el gobierno acató mantener un statu quo en el Alto Bio Bío, luego que así lo solicitara la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) de la Organización de Estados Americanos (OEA). Ello, porque los opositores a la construcción de la central hidroeléctrica habían presentado una demanda ante este organismo por vulneración a los derechos humanos, lo que llevó a crear una mesa de diálogo que anteayer culminó con un rotundo fracaso.

Por parte de Endesa, la situación de Ralco pareciera haberse vuelto insostenible. "Si el gobierno en un plazo prudente no resuelve este tema, apelaremos a las instancias judiciales pertinentes". La empresa aseguró que buscaron todos los caminos posibles para llegar a acuerdo con las familias, pero que "ya no hay más diálogo y los ofrecimientos realizados (compensaciones económicas) ya no cuentan". 

El fallo judicial 

Cabe recordar parte importante de la responsabilidad en el "quiebre" de las negociaciones entre Endesa, los pehuenches y el gobierno la tiene el magistrado el Sexto Juzgado Civil de Santiago, Hadolff Ascencio, quién propinó un duro revés al proyecto de la Central Ralco, luego de el pasado 15 de mayo declarara nulos todos los procedimientos que aprobaron el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto y que fue tramitado por la Comisión Nacional de Medio Ambiente (Conama). El juez había acogido de manera positiva en junio de 1997 una demanda presentada por Mercedes Huenteao y las hermanas Berta y Nicolasa Quintremán en contra de la transnacional española. 

"En especial, se declara nula el acta general de acuerdo para el proceso de evaluación de impacto ambiental del proyecto Ralco, suscrito por Endesa y la Conama el 1 de septiembre de 1995", dice parte del histórico fallo. Huelga destacar que la resolución fue considerada "emblemática" tanto por instituciones de derechos humanos y organizaciones mapuches, como por grupos ambientalistas y personalidades del quehacer político opositores al proyecto Ralco.

Por una parte esta resolución judicial dejaba al descubierto una serie de "irregularidades" cometidas por el gobierno del ex presidente Eduardo Frei y que fueron ampliamente denunciadas por los opositores al megaproyecto, y por otra, impedía a futuro que Endesa-España pudiera construir nuevas represas en la zona del Alto Bio Bío, tal como eran sus planes originales desde la inauguración de la Central Pangue el año 1994.