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En una audiencia que se prolongaría
por más de dos horas, la justicia chilena ordenó finalmente
el encarcelamiento del miembro de la Coordinadora Arauco-Malleco, Héctor
Llaitul, 36 años, de profesión asistente social y que es
sindicado en fuentes de inteligencia policial como uno de los principales
"jefes operativos" de la citada organización autonomista mapuche.
Esta resolución fue tomada tras finalizar ayer miércoles
a eso de las 19:30 horas la audiencia de formalización de la investigación
y en la cual tres fiscales del Ministerio Público, un representante
del Ministerio del Interior y un abogado particular, presentaron ante la
magistrada Maria Isabel Uribe los "antecedentes" recopilados durante el
proceso y que desembocaron en definitiva en la medida de reclusión
preventiva contra Llaitul.
Respecto de las versiones de prensa que hablaban de una supuesto ofrecimiento por parte de los fiscales al dirigente de acogerse al beneficio de la "delación compensada" - entrega de información a cambio de rebajas en la pena-, García señaló. "No era un ofrecimiento. Esas son alternativas que la ley contempla y todas las posibilidades que la ley tiene para desarrollar delante una investigación se pueden utilizar, no se descarta ninguna posibilidad, sin embargo la diligencia de hoy día dice relación principalmente con la posibilidad que el imputado pudiera prestar declaración y para eso se encuentra en presencia de su abogado”.
Sin embargo, según informó Radio Bio-Bio en su radiograma del mediodía, este polémico punto de la Ley Antiterrorista si habría sido tratado en este primer encuentro de la fiscalía con el dirigente de la CAM, él cual una vez enterado de sus alcances lo habría rechazado tajan temente. Poco antes del mediodía y una vez finalizado el intento de interrogatorio, Llaitul fue trasladado de regreso hasta la cárcel de Temuko, a la espera del horario de la audiencia de formalización de la investigación que fue programada para las 17 horas en el Tribunal de Garantía local.
A las 17:00 horas y bajo una gran expectación periodística se daría inicio más tarde a la esperada audiencia, dirigida por la jueza de Garantía de Temuco, Maria Isabel Uribe. Por espacio de dos horas y media aproximadamente, tres fiscales del Ministerio Público, Alberto Chifelle, Karla Hernández y Sergio Moya y dos querellantes, un abogado que representó al Ministerio del Interior y otro al propietario del Fundo Curaco, entregaron a la magistrado los antecedentes de las investigaciones que hasta el momento sindican a Llaitul como "jefe operativo" de la CAM, quien "se trasladaba hasta las comunidades para instruir, organizar y enseñar técnicas y capacitaba en la fabricación de elementos incendiarios y miguelitos además de formas de enfrentar a la policía", según la exposición realizada por los fiscales.
La defensa del dirigente mapuche, por su parte, fue asumida por la Defensoría Penal Pública Mapuche a través de su abogado jefe Sandra Jelvez y del abogado Jaime López. Ambos profesionales rechazaron por completo las acusaciones esgrimidas por la fiscalía contra Llaitul, asegurando que tal como en el fallido intento del Ministerio Público por inculpar de terrorismo a los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norin, este asistente social mapuche también debería ser absuelto de las "delirantes" acusaciones de la fiscalía. Cabe recordar que en el caso de los lonkos de Traiguén Pichún y Norin, estos tras permanecer más de un año encarcelados y sometidos a proceso en virtud de la Ley Antiterrorista, fueron finalmente absueltos de todos los cargos en un histórico juicio realizado en Angol la primera semana de abril de este año.
Sin embargo y tras escuchar los alegatos presentados por ambas partes, la jueza de Garantía decretó finalmente acoger la solicitud de la fiscalía en orden a acoger una investigación por "asociación ilícita terrorista" en contra de Llaitul y decretar su encarcelamiento "preventivo" en la cárcel de Temuco al considerarlo un "peligro" para la sociedad. Tras el fin de la audiencia de formalización de investigación, Llaitul fue trasladado por personal de Gendarmería fuertemente armados hasta la cárcel local, dando el tribunal a los fiscales un plazo de diez meses para la realización de su investigación contados desde diciembre del año pasado, fecha en que se realizaron las primeras detenciones de miembros de la CAM en distintos puntos de la zona sur del país.
Del total de los mapuches
investigados y arrestados desde diciembre del 2002 en la investigación
judicial en contra de la Coordinadora Arauco-Malleco que dirige el fiscal
Alberto Chiffelle, 11 permanecen en prisión preventiva en la cárcel
de Temuco y a otros tantos se les ha otorgado la medida cautelar de "prisión
domiciliaria", en lo que se considera la más importante razzia policial
dirigida hacia una organización mapuche en los últimos años
por parte de los tribunales y los gobiernos supuestamente "democráticos"
de la Concertación.