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Kolectivo Lientur / 16 de mayo de 2003

Juez anula permiso para construir Central Ralko



Luego años de tramitación, el Sexto Juzgado Civil de Santiago declaró nulo el Estudio de Impacto Ambiental de la represa Ralco, lo que podría implicar la paralización de las obras que realiza Endesa en la Octava Región.

El titular del Sexto Juzgado Civil de Santiago, Hadolff Ascencio, entregó hoy una sentencia que declara “nulo de derecho público los actos administrativos relativos hechos al sistema de impacto ambiental del proyecto Central Hidroléctrica Ralco de Endesa”.

La resolución también impugna los procedimientos seguidos en la Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto tramitado por la Comisión Nacional del Medio Ambiente (Conama) y todas las actuaciones de ese servicio público en el marco de dicho procedimiento administrativo.

“En especial se declara nula el acta general de acuerdo para el proceso de Evaluación de Impacto Ambiental del proyecto Central Hidroléctrica Ralco, suscrito por Endesa y la Conama el 1 de septiembre de 1995”. Cabe destacar que la aprobación del EIA es requisito previo para otras serie de autorizaciones para edificar las obras y las permutas de tierras de las familias cuyas terrenos serán inundados por la represa.

El juez Hadolff Ascencio acogió una nulidad de derecho público presentado por las hermanas Nicolasa y Berta Quintremán, principales opositoras al proyecto, cuando comenzó a emplazarse el proyecto en 1995.

El fallo se da en pleno proceso de conversaciones entre el gobierno, las familias pehuenches y Endesa para llegar a un acuerdo de compensaciones económicas, ambientales y políticas. Según los abogados representantes de las familias, la aprobación de un Estudio de Impacto Ambiental es clave para la empresa, pues con éste se otorgan una serie de permisos para edificar sus obras e, incluso, iniciar las permutas con las familias emplazadas en los territorios.

Diputado Navarro pide solución

El diputado socialista Alejandro Navarro manifestó que la decisión de la justicia civil reafirma “nuestras convicciones de que este es un proyecto ilegal desde su inicio debido a la complicidad del gobierno que ha dado facilidades a Endesa como a ninguna otra empresa extranjera”.

Navarro culpó directamente a la Secretaría General de la Presidencia de violentar los derechos indígenas individuales y de presionar a favor de los inversionistas de Endesa. El parlamentario espera que este fallo permita avanzar en acuerdos que genere condiciones colectivas para los pehuenches de la comuna de Ralco y una solución definitiva para las familias que aún no accedan a las permutas.