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Tribunal acepta participación de "testigos sin rostro"

Se inicia histórico juicio contra lonkos mapuche

Por Kolectivo Lientur / 01 de abril de 2003


Tal como en los tribunales peruanos en tiempos de Alberto Fujimori, tras un biombo y utilizando un distorsionador de voz, dos testigos "sin rostro" del Ministerio Público declararán en los próximos días en contra de los tres dirigentes mapuches que son acusados como presuntos autores de los delitos de "amenazas e incendio terrorista", perpetrados el año 2001, en distintos fundos en conflicto de Traiguén, Provincia de Malleco.

Este fue, sin duda, uno de los puntos más discutidos y polémicos del emblemático juicio oral que se inició ayer en Angol y que concitó el interés de diversos medios de comunicación regionales, nacionales y extranjeros, incluso de observadores de Amnistía Internacional con sede en Londres. Periodistas de Suiza, Alemania, Belgica y Francia, además de dos representantes de la citada organización que vela por los derechos humanos, participaron de la audiencia con la finalidad de conocer en detalles el histórico proceso que enfrentan dos lonkos de la zona, el primero que se realiza en La Araucanía bajo la Ley Antiterrorista creada bajo el régimen de Pinochet.

Juicio Oral

Pasadas las 10 horas y en medio de gran expectación periodística, llegaron hasta el Tribunal Oral en Lo Penal, Pascual Pichún Paillalao, 49 años, lonko de la comunidad Temulemu; Segundo Aniceto Norín Catrimán (42), lonko de la comunidad Didaico; y Patricia Troncoso Robles (34), todos sindicados como presuntos responsables de una serie de actos terroristas registrados en diciembre de 2001, traducidos principalmente en el atentado incendiario ocurrido al interior del fundo Nancahue, en Traiguén, que arrasó con la casa patronal del ex ministro de Agricultura, Juan Agustín Figueroa; y al atentado perpetrado en el fundo San Gregorio, donde más de 80 hectáreas de pino insigne de 18 años fueron consumidas por el fuego, generando millonarias pérdidas.

Los tres imputados se mostraron tranquilos, serenos, aunque a Patricia Troncoso se le vio visiblemente emocionada al ingresar al recinto y reencontrase -tras casi un año en la cárcel de Victoria- con numerosos peñi y lamngenes que acudieron a presenciar el juicio oral y manifestar su apoyo a los imputados. Paralelamente, unos 70 mapuches -liderados por el werken Juan Pichún, hijo de uno los lonkos- participaron de una rogativa a las afueras del tribunal, como una forma de apoyar a los tres dirigentes indígenas.

Incidentes

Bajo un fuerte dispositivo de seguridad desplegado por personal de Carabineros y Gendarmería, se dio inicio a uno de los juicios más esperados en el marco del denominado "conflicto indígena". Después de un largo debate, en el que hubo tres recesos, el tribunal -encabezado por el magistrado Waldemar Koch, Luis Sarmiento y Georgina Solís- autorizó a los medios de comunicación para fotografiar, grabar y filmar los alegatos de apertura y cierre del juicio, denegándose la parte correspondiente a la presentación de pruebas, principalmente atendiendo a las medidas de seguridad, de orden y concentración de la audiencia.

Luego de superar este impasse, los fiscales a cargo de la investigación, Raúl Bustos, Alberto Chiffelle y Francisco Rojas, además de dos abogados querellantes del Gobierno y uno del ex ministro Juan Agustín Figueroa, solicitaron al tribunal decretar medidas de protección para dos testigos que han estado reticentes a declarar por temor a represalias. Después del segundo debate, los magistrados acogieron la petición del Ministerio Público, en orden a disponer como medida de protección la declaración de ambos testigos tras un biombo y con instrumentos que distorsionen sus voces, al estilo de los tristemente célebres tribunales fujimoristas en el Perú.

Tras una mañana ocupada en incidentes de forma, la apertura del juicio se inició a las 14.30 horas. En la reanudación, la defensa -representada por los abogados Sandra Jelves, Carmen Gloria Ormeño, Miriam Reyes, José Martínez, Jaime Madariaga, Rodrigo Lillo y José Araya- se opuso a que la Fiscalía hiciera su alegato de apertura apoyada del sistema data show, un telón que se encontraba en la sala del tribunal, en el que se pretendía con imágenes explicar a los intervinientes y a los magistrados la tesis jurídica del Ministerio Público respecto de las actividades violentistas desarrolladas por los imputados.

Luego de fallar este nuevo incidente formal, el presidente del tribunal resolvió que la Fiscalía debía comenzar su alegato de apertura sin el apoyo visual-escrito que tenía preparado, ya que este medio atentaba contra el principio de "oralidad" que busca precisamente reaguardar el nuevo sistema procesal penal. De esta manera, después de seis horas de una seguidilla de incidentes, el Ministerio Público procedió a la apertura del juicio.

Fiscalia: "Ellos manipulan la Historia de Chile"

En su intervención, el fiscal Raúl Bustos, destacó majaderamente que "éste no es un juicio contra el pueblo mapuche, sino contra personas determinadas que han tenido una postura radical que los ha llevado a cometer delitos determinados en la investigación". Además agregó que los acusados no representan al pueblo mapuche, sino que "constituyen elementos que han tomado el camino de la comisión de delitos en nombre de reivindicaciones territoriales".

La tesis jurídica del Ministerio Público "y que se puede aplicar a todo el conflicto mapuche en la Región se basa en lo siguiente", explicó el Fiscal:

Primero, "existe una manipulación de la historia de Chile, ideas que están al servicio de la propaganda de estos pequeños grupos radicalizados. Esta manipulación consiste en difundir y hacer creer a la comunidad que los mapuches son distintos a los chilenos, además de afirmar que los fiscales son racistas, que los jueces son racistas y que el Estado chileno también es racista”, puntualizó Bustos citando incluso un libro de José Bengoa (Historia del Pueblo Mapuche, 1982).

Segundo, "difunden la idea de la reivindicación territorial como un derecho, para luego sentar la idea de que en estas actividades de reivindicación ellos no reconocen el Estado de Derecho y entonces cualquier acción, incluida la comisión de delitos es válida para conseguir sus objetivos. Así pues, Temulemu y Didaico se ha convertido en un espacio territorial en el que es un pequeño grupo el que manda y de quien dependen las personas que quieren entrar o salir de estos lugares y que viven en el sector".

Cuarto, la victimización. "Ellos se autodenominan “presos políticos mapuches”, en consecuencia, no reconocen que hayan cometido delitos. Ellos se autoconsideran víctimas del estado racista chileno y por lo tanto, por muy graves que sean los hechos que cometen no puede aplicárseles la Ley".

Quinto, "usan la idea del “terreno declarado en conflicto”. Con este mecanismo, ellos de manera unilateral deciden qué terreno, fundo o predio va a dejar de pertenecer a su dueño y lo declaran terreno en conflicto. A partir de ello, inician una serie de acciones que incluyen amenazas, hostigamientos a sus propietarios que incluyen no sólo a grandes propietarios sino a muchos pequeños propietarios, según señaló el Fiscal, que finalmente se concretan en delitos tan graves como ha ocurrido con el incendio de la casa y bosques de Nancahue y de los bosques de San Gregorio que han sido objeto de esta investigación".

Sexto, "no hay respeto por la decisión de la comunidad. Si al interior de una comunidad indígena se decide por votación, no importa si los violentistas ganan o pierden, ya que éstos de todos modos imponen siempre su voluntad ejerciendo la violencia y la intimidación y amenaza al resto de los comuneros que no comparten estas prácticas".

Finalmente, "utilizan como idea organizativa, la infiltración. No siempre ellos pertenecen a la etnia mapuche, como la imputada Troncoso Robles quien se adhirió a las acciones violentistas y que no pertenece a la etnia ya que ella no es mapuche". El Fiscal Bustos concluyó su polémica exposición expresando una interrogante: ¿Qué pueden hacer las víctimas de los atentados terroristas?.

La defensa exige absolución

En sus alegatos de apertura del juicio oral, los abogados defensores de los dirigentes mapuche rechazaron la tesis de la fiscalía y los argumentos de la acusación, respecto de la existencia de delitos sancionados por la Ley 18.314 [“Antiterrorista”].

En la primera de 12 audiencias para escuchar los alegatos por la acusación contra Pascual Pichún Paillalao, Patricia Troncoso Robles y Segundo Aniceto Norín Catrimán, la defensa de cada uno de los imputados respondió a las acusaciones del fiscal del Ministerio Público Raúl Bustos Saldías. "Este hizo acusaciones sin especificar hechos que sean constitutivos de delito alguno”, expresaron las defensoras Miriam Reyes y Carmen Gloria Ormeño ante la audiencia.

"El Fiscal de Angol acusa de incendio terrorista y amenaza de atentado terrorista a Pichún y Troncoso, a la cual además persigue por incendio terrorista en predio forestal. En tanto, a Norín le formuló cargos de incendio terrorista y amenaza de atentado terrorista, según el auto de apertura presentado y su propio alegato inicial, pero el señor Fiscal será incapaz de presentar pruebas concretas que respalden dichas acusaciones en el transcurso de este juicio", indicó la abogada Reyes.

Así como el fiscal pidió al tribunal “una respuesta judicial oportuna y proporcional a los cargos”, la defensa de los tres imputados demandó la absolución de todos ellos, "por no corresponder los ilícitos denunciados a la aplicación de la Ley Antiterrorista y por no estar acreditada la participación en los mismos de Pichún, Troncoso y Norín". Miriam Reyes precisó que “los delitos terroristas, según el primer artículo de la Ley que los sanciona, requieren que se afecte o pretenda afectar a toda la población, lo que acá no sucede, porque la población está en todo el país y no sólo en un predio particular”.

Por su parte, el abogado Pablo Ortega, rechazó las declaraciones del Fiscal en orden a justificar la aplicación de la Ley Antiterrorista por "el temor" causado en la población y la "baja" en las inversiones en la región producto del conflicto, como indico este último en parte de su alegato de apertura. "Para que un delito sea considerado terrorista nada tiene que ver el temor en la población o los perjuicios económicos que este provoque. Si asi fuera, a los violadores o a los encargados de Inverlink habría que aplicarles también dicha legislación", señaló.

Una vez que finalizó la primera audiencia, los imputados fueron trasladados en un carro celular hasta el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Angol, donde permanecerán recluidos hasta hoy, cuando se inicie la segunda jornada de este histórico juicio en contra de destacados dirigentes del Wallmapu.