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Persecución político-judicial contra el movimiento mapuche

La represión policial paso a paso

Por Equipo Lientur / 11 de febrero de 2003
Territorio Mapuche

El 04 diciembre de 2002, una coordinada acción de inteligencia policial desarrollada en diversas comunas de la IX Región termina con 16 hermanos pertenecientes a la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) tras las rejas.

La orden de búsqueda y captura, decretada por la fiscalía del Ministerio Público de la IX Región, buscaba desarticular a una de las principales organizaciones del movimiento mapuche actual asestando un duro golpe a su estructura dirigencial. Tras su arresto, todos los hermanos fueron trasladados a la cárcel de Temuko, uniéndose de esta forma a otros 9 dirigentes mapuches ya retenidos en diversas cárceles del sur del país y acusados de infracción a la Ley 18.314 de Conductas Terroristas o bien de Seguridad Interior del Estado.

Sin embargo, esta historia de golpes represivos contra nuestro pueblo comienza a gestarse mucho antes del 4 de diciembre. Para ser más específicos, la razzia policial contra el movimiento mapuche en general y la CAM en particular, se inicia a mediados del año 2002 y encuentra uno de sus puntos más críticos el día 7 de noviembre, fecha en que una bala policial destrozó la cabeza del joven comunero mapuche Alex Edmundo Lemún tras la ocupación de un predio forestal en Ercilla.

A continuación, un breve repaso cronológico por esta historia plagada de abusos y atropellos.

Resumen Cronológico de hechos

13 de julio de 2002: A raíz de una acción concertada entre colonos chilenos, efectivos policiales y pehuenches ligados al gobierno, en la zona del Cajón del río Queuco, Alto Bio-Bio, fueron brutalmente atacados los miembros de la familia Huenupe Pavian, miembros del Consejo Tradicional de Lonkos de dicha zona y activos participantes en las movilizaciones por recuperaciones de territorio. Tras la cobarde acción, en la que participaron más de 40 personas, algunas de ellas encapuchadas, resultaron asesinados los jóvenes hermanos Mauricio (28) y Agustina Huenupe Pavian (32), ambos dirigentes de la comunidad pehuenche de Cauñicu. Otras seis personas resultaron igualmente heridas, debiendo ser trasladadas más tarde hasta el servicio de urgencia del Hospital de Santa Bárbara.

Dirigentes de la zona denunciaron al Gobernador del Bio-Bio, Esteban Krausse, como uno de los principales responsables de los asesinatos al dividir a las comunidades y apoyar los intereses de los colonos residentes en el área. De la misma forma, dieron a conocer un listado con al menos cinco personas amenazadas de muerte y pertenecientes al movimiento de resistencia pehuenche. Entre ellos figuraba el nombre de Segundo Suárez Marihuan, lonko de la comunidad de Malla-Malla y werken del Consejo Tradicional de Lonkos.

31 de julio de 2002: La menor Daniela Ñancupil de 13 años, hija del lonko de la comunidad Nalcahue de Temuko, es secuestrada por civiles no identificados en las inmediaciones de su hogar.

Durante varias horas, la menor fue interrogada sobre su participación en las movilizaciones mapuche y sobre su posible conocimiento de los dirigentes y voceros de la Coordinadora Arauco-Malleco en la zona de Chol-Chol. La menor, tras varias horas de terror y bajo amenaza de muerte, fue dejada en libertad por los civiles, presuntamente vinculados con organismos de inteligencia policial.

Tan sólo días antes del extraño secuestro de la lamngen, un incendio intencional había destruido completamente el vehículo del abogado temuquense Jaime Madariaga. El profesional, en representación de la menor Daniela Ñancupil, llevaba en los tribunales una querella en contra de funcionarios policiales responsables de haber baleado a la menor en enero del año 2001, mientras caminaba por las inmediaciones de su comunidad.

05 de agosto de 2002: Con absoluta impunidad y emulando el trabajo de inteligencia policial desarrollado por organismos represores durante la dictadura militar, civiles no identificados intentaron por segunda vez secuestrar a la menor Daniela Ñancupil, acción que fue evitada gracias a la oportuna intervención de terceros alertados por los hechos. Esta grave situación de amedrentamiento fue denunciada en una concurrida conferencia de prensa realizada en Temuco dos días más tarde, el 7 de agosto, y en la cual participaron familiares de la menor y los abogados José Aylwin y Jaime Madariaga, del Programa de Derechos Indígenas de la UFRO. Huelga decir que muy pocos medios chilenos, excepto Radio Bio-Bio y El Gong, transmitieron más tarde la noticia.

06 de agosto de 2002: Un violento allanamiento tiene lugar al interior de Collipulli, específicamente en la comunidad "Juan Aylla Varela", sector de Caillín. En el operativo participaron alrededor de 80 efectivos policiales, quienes movilizados en furgones, buses blindados y motos todo terreno, buscaban detener a comuneros mapuches prófugos de la justicia y con domicilio en dicho sector.

Tras varias horas de operativo policial, los efectivos se retiran de la comunidad llevándose consigo al lonko de la comunidad Aylla Varela, Francisco Llanca, quién fue brutalmente golpeado tanto al momento de su detención como durante su traslado a cuarteles policiales de la ciudad de Angol. Tres días más tarde, un nuevo y violento operativo policial se desarrolla al interior de la misma comunidad, no resultando esta vez comuneros detenidos. El lonko Francisco Llanka es dejado posteriormente en libertad bajo fianza el 19 de agosto.

Cabe destacar que al momento de producirse estos allanamientos, una delegación de dirigentes y werkenes mapuche de Traiguén, Lumako y Collipulli, encabezada está última por Víctor Ancalaf y Bernardo Llanca, hermano del lonko de Caillín, se encontraban en Santiago denunciando la situación de los presos políticos mapuche y exigiendo al gobierno detener la persecución contra el movimiento mapuche en las diferentes zonas de conflicto.

07 de agosto de 2002: Un nuevo y violento allanamiento se produce en la comunidad "José Millacheo Levio", del sector Chekenko, comuna de Ercilla. Bajo la excusa de buscar a algunos miembros de la comunidad con órdenes de aprehensión pendientes, un contingente policial cercano a los 80 efectivos allanó violentamente varias viviendas, en particular aquella perteneciente al lonko de la comunidad, a quién más tarde acusaron de mantener allí una fábrica de armas caseras. Tras varias horas de violento operativo, los efectivos se llevaron herramientas de trabajo agrícola y restos de fierros y alambres de uso campesino para justificar ante los tribunales sus acusaciones. También resulto detenido en la acción el comunero Sergio Neculpan, quién tras ser presentado al día siguiente ante la Fiscalia Militar de Angol, quedó en libertad por falta de méritos.

07 de agosto de 2002: En la cárcel de Traiguén, cuatro presos políticos mapuche inician una huelga de hambre indefinida exigiendo poner fin a las irregularidades procesales cometidas en su contra, su derecho a un juicio justo y la inmediata libertad de otros prisioneros políticos repartidos por las cárceles de la VIII y IX regiones. Se trataría de los lonkos mapuches de Traiguén, Pascual Pichún y Aniceto Norin, los hermanos Rafael y Pascual Pichún Collonao, todos ellos recluidos desde hacia más de 4 meses en la cárcel de Traiguén y acusados de "atentado incendiario" y "amenazas" en contra del Fundo Nancahue, propiedad del ex ministro de la Concertación, Juan Agustín Figueroa.

08 de agosto de 2002: Una huelga de hambre indefinida en apoyo a los presos políticos de Traiguén inician en la ciudad de Temuko un grupo de familiares y amigos. La huelga, iniciada en dependencias de la Casa de la Mujer Mapuche, se trasladaría más tarde a la Parroquia San Francisco de dicha ciudad, culminando dos días más tarde tras un violento desalojo policial.

10 de agosto de 2003: Mientras se trasladaba en un bus de recorrido rural, es detenido por fuerzas policiales de civil el dirigente mapuche Guillermo Millacheo, de la comunidad "José Millacheo Levio", sector Chekenko de Ercilla, a raíz de una orden de aprehensión pendiente en su contra. El dirigente permaneció alrededor de un mes detenido en la cárcel de Angol.

12 y 13 de agosto de 2002: Diversos operativos policiales se desarrollan al interior de la comuna de Ercilla, específicamente en la comunidad "Manuel León Catrimil", sector de Tricauco, a raíz de la resistencia de los comuneros de permitir las faenas de explotación forestal de la empresa Mininco S.A. en el Fundo Pidenco. Al sector arriban desde Temuko y Angol alrededor de 100 efectivos de Fuerzas Especiales, fuertemente armados, para proteger las faenas forestales y repeler las manifestaciones de los comuneros mapuche.

Dirigentes locales, encabezados por Domingo Marileo, denuncian que las plantaciones de la transnacional generan graves daños al ecosistema local, afectando principalmente el cauce del río Huequen, situación que se suma al hecho de pertenecer el Fundo Pidenco a tierras antiguas de la comunidad y hoy en estado de usurpación legal. Producto de los operativos, cinco comuneros mapuche resultan detenidos y trasladados a cuarteles policiales de Collipulli, siendo dejados en libertad posteriormente.

14 de agosto de 2002: Mientras los presos políticos de Traiguén se encontraban en su octavo día en huelga de hambre, familiares y amigos hacen ocupación de las oficinas del Programa de Derechos Indígenas de Conadi en Traiguén e inician allí también una huelga de hambre indefinida. Sin embargo, alrededor de las 20 horas, un contingente de alrededor de 50 efectivos de Fuerzas Especiales de Carabineros procedió a desalojar el edificio gubernamental, resultando más de 20 personas golpeadas y detenidas. Todos ellos, luego de ser interrogados por el Fiscal de Traiguén, Raúl Bustos y fotografiados por personal de inteligencia policial, fueron dejados en libertad.

En Santiago, por su parte, miembros de la una delegación de dirigentes y werkenes mapuche de visita en la capital, encabezados por Juan Pichún Collonao, hijo del lonko Pascual Pichún recluido en la cárcel Traiguén, se toman las dependencias de la Embajada de la Unión Europea para denunciar las graves irregularidades cometidas por los tribunales y el gobierno en contra de los presos políticos mapuche. La acción se prolongaría por todo el día y en ella participaron miembros de las comunidades en conflicto de Lumako, Traiguén y Collipulli, más un grupo de apoyo urbano encabezado por la organización Meli Witran Mapu.

15 de agosto de 2003: La comunidad mapuche "José Guiñón", del sector San Ramón de Ercilla, es víctima de un nuevo y violento allanamiento policial. Durante el operativo, en que participaron más de 50 efectivos policiales fuertemente armados, resultó herido de gravedad el comunero Luis Licán, quién recibió el impacto de más de 15 balines, debiendo ser trasladado de urgencia hasta el Hospital de Collipulli donde quedaría internado con diagnóstico "reservado". Otros cuatro comuneros resultan detenidos y golpeados en la misma acción policial, siendo dejados en libertad en las horas posteriores.

16 de agosto de 2003: Un nuevo allanamiento afecta a la comunidad "José Millacheo Levio", sector Chekenko de Ercilla. Con similares características a los anteriores, el operativo policial -según fuentes judiciales- tenía por objeto capturar a comuneros mapuche prófugos de la justicia. Sin embargo, tras varias horas de registro en varios domicilios de la comunidad, la policía se retiró sin mayores resultados, sólo resultando detenido el comunero Pedro Marileo, quién luego de algunas horas y tras comprobarse su no figuración en causas judiciales pendientes, fue dejado en libertad.

05 de septiembre de 2002: Tras permanecer más de un mes en huelga de hambre en la cárcel de Traiguén, los jóvenes Rafael y Pascual Pichún dan inicio a una huelga de hambre "seca", con la disposición de mantenerla hasta las últimas consecuencias. Cuatro días más tarde, ambos hermanos son trasladados de urgencia al Hospital de Traiguén debido al delicado estado de salud de ambos. Por varios días, los dos prisioneros políticos permanecen conectados a alimentación intravenosa y con diagnóstico "reservado". Finalmente, tras permanecer más de 35 días movilizados por su libertad, deciden abandonar la huelga acogiendo el llamado de sus familiares.

12 de septiembre de 2002: A raíz de un sorpresivo allanamiento realizado por Fuerzas Especiales de Carabineros a la comunidad "José Millacheo Levio", es detenido el lonko de la comunidad, Juan Ciriaco Millacheo Lican, quién se encontraba hasta ese día prófugo de la justicia. Asimismo, por acción de personal de civil de Carabineros es detenida Patricia Troncoso Robles, colaboradora no mapuche de las comunidades en conflicto y quién era hasta la fecha una de las personas más buscadas por la policía en el marco del conflicto mapuche-chileno.

26 de septiembre de 2002: En el sector de Lleu-Lleu, VIII región, fue detenido el comunero Eduardo Meñaco, hijo del lonko de la comunidad Pascual Coña, Avelino Meñaco. Su detención, realizada por personal de civil de carabineros, fue ordenada por el Juzgado de Cañete debido a su supuesta participación en atentados incendiarios que afectaron a cabañas de veraneo cercanas a la Hacienda del empresario Osvaldo Carvajal. Sin embargo, al no poder comprobarse su participación en los hechos, fue dejado en libertad días más tarde .

06 de noviembre de 2002: Tras un violento operativo policial desarrollado en el sector céntrico de Temuko, el vocero de las comunidades en conflicto de Collipulli, Víctor Ancalaf, es detenido por personal de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOLCAR) y trasladado hasta la VIII región tras una orden de búsqueda y captura ordenada por el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción, Diego Simpertigue, en el marco de un requerimiento por infracción a la Ley Antiterrorista.

Según fuentes judiciales, su arresto se habría enmarcado en las investigaciones realizadas por el ministro para esclarecer una serie de atentados incendiarios que en la zona del Alto Bio-Bio, entre los años 2000 y 2001, afectaron a empresas subcontratistas de Endesa-España a cargo de la construcción de la Represa Ralko. Tras permanecer cinco días incomunicado y después de ser sometido a fuertes interrogatorios, Ancalaf es sometido a proceso como uno de los autores "materiales" de los hechos, decretándose su encarcelamiento en el módulo de presos políticos de la cárcel El Manzano de dicha ciudad.

07 de noviembre de 2002: En el marco de una ocupación productiva del Fundo Santa Alicia (Forestal Mininco S.A.) desarrollada por la comunidad Montutui Mapu, sector Agua Buena de la comuna de Ercilla, resultó mortalmente herido en su cabeza el comunero mapuche Alex Edmundo Lemún Saavedra.

El disparo, según denunciaron miembros de la comunidad presentes en la movilización, habría provenido de una escopeta antimotines de carabineros, utilizada en el operativo por el oficial a cargo de la unidad enviada desde Angol para corroborar la efectividad de la ocupación. Es decir, del arma que utilizaba el mayor de Carabineros Marco Aurelio Treuer. Alex Lemún, de 17 años, debió ser trasladado de urgencia hasta el hospital de Angol, siendo posteriormente derivado y debido a la gravedad de sus lesiones cerebrales, hasta el Hospital Regional de Temuko y, más tarde, hasta la Unidad de Tratamiento Intensivo de la Clínica Alemana. En dicho recinto penal permanecería en estado de coma y conectado a un respirador artificial por los próximos cinco días.

12 de noviembre de 2002: Alrededor de las 06:15 horas de la mañana y debido a la gravedad de sus lesiones cerebrales, fallece en la Clínica Alemana de Temuko el joven comunero Alex Edmundo Lemún. En declaración pública, la Coordinadora Arauco-Malleco responsabilizó a Carabineros y al gobierno de Ricardo Lagos como principales responsables de la muerte del joven mapuche. "Carabineros, el gobierno de la Concertación, los partidos políticos, los parlamentarios y el aparato de estado opresor, subordinado a los intereses del empresariado nacional y extranjero, deberán asumir la responsabilidad histórica de asesinar a un joven mapuche en esta etapa de nuestra lucha como pueblo", manifestaron.

Luego de una multitudinaria marcha por las calles céntricas de Temuko, el cuerpo de Alex Lemún fue trasladado hasta su domicilio en la comunidad Requen Lemun, Ercilla. Dos días más tarde y con la participación de numerosas delegaciones de mapuches provenientes de distintos puntos del Wallmapu, sus restos fueron finalmente enterrados en el cementerio de la comunidad mapuche "José Millacheo Levio", sector de Chekenko.

13 de noviembre de 2002: Un informe preliminar de la Policía de Investigaciones de Chile citado por la prensa, establece que el proyectil que terminó con la vida de Alex Lemún correspondería a un "balín metálico" disparado por una escopeta antidisturbios de Carabineros. El tipo y origen del proyectil fueron determinados mediante un peritaje balístico a las armas utilizadas por los efectivos policiales en el operativo.

Carabineros y el Ministerio Público rechazaron sin embargo las declaraciones de la Policía Civil, argumentando que aun no se disponían de pruebas suficientes que asegurasen la responsabilidad de carabineros en los hechos. "El proyectil que provocó la muerte del joven mapuche también pudo provenir de un arma utilizada por los propios mapuche... Sabemos que habían armas caseras en manos de los comuneros ese día", señaló en su oportunidad la Fiscal Regional, Esmirna Vidal.

Para la investigación del caso, en primera instancia la justicia designó al fiscal de Angol, Ocar Soto. Sin embargo y extrañamente según lo denunció el abogado de la familia Lemún Saavedra, Pablo Ortega, el 12 de noviembre la investigación es traspasada al fiscal de Collipulli, Luis Chamorro. Finalmente, el 19 de noviembre y tras comprobarse -luego de conocido el informe forense desarrollado por el Instituto Médico Legal de Temuko- la procedencia uniformada de la munición, el fiscal Luis Chamorro se declara incompetente y el caso es traspasado a la Fiscalía Militar de Angol.

16 de noviembre de 2002: Fuerzas Especiales de Carabineros, actuando bajo órdenes no aclaradas, procedieron a allanar varias viviendas de la comunidad mapuche "José Guiñón", sector San Ramón, comuna de Ercilla. El violento operativo, realizado como es habitual en presencia de mujeres, ancianos y niños, buscaba determinar la presencia de armamento al interior de la comunidad, el cual habría sido utilizado por los mapuches en las ocupaciones de predios desarrolladas desde comienzos de año. Tras varias horas de terror, los efectivos policiales se retiraron sin encontrar materiales ni pruebas al respecto. Según denunció más tarde la Coordinadora Arauco-Malleco, este allanamiento se constituía en el "quinto" realizado en contra de la comunidad desde que ésta inició su proceso de recuperación de tierras el año 2001. Esta comunidad reivindica más de 800 hectáreas de tierras, hoy en manos de las empresas forestales Cautín y Mininco S.A..

29 y 30 de noviembre de 2002: En un operativo policial desarrollado la tarde del día viernes 29, fue detenido en la comunidad Pascual Coña, sector Lleu-Lleu, el comunero mapuche Jaime Cona Tranamil. Más tarde, alrededor de las 02:00 horas de la madrugada del sábado 30, fue detenido en similares condiciones en la ciudad de Tirúa el werken de la Coordinadora Arauco-Malleco, José Huenchunao Mariñán. Ambos mantenían ordenes de aprehensión pendientes dictadas por el ministro en visita Eliseo Araya, quién instruye desde el año 2001 un requerimiento por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado en la Provincia de Arauco.

En dicha investigación judicial, relacionada con diversos atentados ocurridos contra la Hacienda Lleu-Lleu, alteración del orden público e incendio de pastizales, el ministro ya había dictado sentencia contra otros 4 comuneros mapuches vinculados a la CAM, todos ellos condenados a 3 años de cárcel con el beneficio de pena remitida. Tras su arresto, Huenchunao y Cona quedaron incomunicados en dependencias de la cárcel El Manzano de Concepción.

04 de diciembre de 2002: Tras una coordinada acción de inteligencia policial, el Ministerio Público de la IX región logra la detención de más de 20 personas vinculadas a la CAM en las comunas de Ercilla, Collipulli, Chol-Chol y Temuko.

Los operativos simultáneos desarrollados por alrededor de 100 efectivos policiales, comenzaron la madrugada del 4 de diciembre en un sector poblacional de la ciudad de Temuko, donde fueron detenidos tras varios allanamientos José Llanquileo Antileo (werken de la CAM en Temuko), Angélica Ñancupil Poblete, Marcelo Quintraleo Contreras, Oscar Higueras Quezada y Mauricio Contreras Quezada. Estos últimos jóvenes no mapuches colaboradores de la organización en la zona urbana.

Más tarde, efectivos policiales allanaron varias viviendas en la comunidad "Agustín Chihuaicura" de Chol-Chol deteniendo al lonko Jorge Huaiquín Antinao y a los comuneros José Huaiquín Antinao y José Mariqueo Coilla. En forma paralela, efectivos policiales fuertemente armados irrumpían en la comunidad mapuche "José Millacheo Levío" de Ercilla, deteniendo a los comuneros Juan Andrés Necul Marín y José Millacheo Marín, y en la comunidad "José Guiñón" tambíen de la comuna de Ercilla, arrestando al lonko José Cariqueo Saravia y al comunero Jaime Marileo Saravia. Mientras tanto, en la comunidad de Tricauco, efectivos policiales detuvieron a Mireya Figueroa Araneda, secretaria de la comunidad y sin vinculación política con la CAM.

Finalmente, al interior de Collipulli, efectivos policiales detuvieron a Ester Alvarez Zuñiga, de la comunidad "Juan Aylla Varela" y en pleno centro de la misma ciudad al ciudadano germano-polaco y empresario molinero de la zona, Guillermo Hornung. Este último sería sindicado por los fiscales y la prensa como supuesto "financista" de la CAM. Sin embargo, tanto el inculpado como la propia CAM desmintieron más tarde la existencia de tal vinculación. Todos los detenidos en esta redada policial fueron trasladados hasta la ciudad de Temuko, quedando en régimen de incomunicación en la cárcel pública.

Tras conocerse los resultados de la redada policial, la Fiscal Regional, Esmirna Vidal, entregó su parecer en una entrevista transmitida por la radio Bio-Bio. "En virtud de un trabajo investigativo con la policía de Carabineros y que se arrastra desde hace varios meses, fuimos desarrollando un trabajo bastante acucioso que nos permite vincular el nombre de las personas que hoy han sido detenidas con o la ejecución directa, la planificación o la participación en diversos atentados en las zonas de conflicto", señaló.

05 de diciembre de 2002: El fiscal a cargo de la investigación, Alberto Chifelle, señala ante los medios de comunicación su conformidad con el accionar de la policía y adelanta que a todos los detenidos les sería formalizada durante el transcurso de la semana una investigación judicial por "Asociación Ilícita Terrorista". El mismo día 5, el gobierno a través del equipo jurídico de la Intendencia Regional, se querella contra los detenidos por "terrorismo" y otros delitos, acción a la que posteriormente se sumaria el alcalde de Temuko, Rene Saffirio, a nombre del municipio.

Por su parte, en la ciudad de Santiago, el subsecretario del Interior, Jorge Correa Sutil, se refirió a la detención de 16 personas pertenecientes a la Coordinadora Arauco Malleco, señalando que se trataba de simples “delincuentes" mapuches y no personas "representativas" de su pueblo. “Yo no creo que esto pueda extremarse como una persecución al pueblo mapuche. Esto es una persecución a delincuentes, a personas de los cuales existen antecedentes delictuales; solo algunos de ellos son de apellido mapuche. Es errado pensar de que esto es un acción dirigida en contra de algún grupo o contra todo el pueblo mapuche”, señaló Correa Sutil.

Ante estas declaraciones, la CAM a través de un comunicado público precisó que entre los detenidos se encontraban "verdaderos y dignos luchadores de la causa mapuche y de comunidades que se han levantado en contra de los intereses del empresariado nacional y extranjero", denunciando a su vez un "montaje" político-judicial del gobierno para desarticular a la organización.

06 de diciembre de 2002: La Fiscalía Regional de La Araucanía confirma la medida cautelar de "prisión preventiva" para los mapuches y no mapuches detenidos el 4 de diciembre y formaliza los cargos por "asociación ilícita terrorista" contra un total de 24 detenidos, ya que está acción judicial se amplió a otros 9 mapuches vinculados a la CAM y que ya se encontraban encarcelados en distintos puntos de la VIII y IX región.

Se trataría de los lonkos mapuches de Traiguén, Pascual Pichún y Aniceto Norin, los hermanos Rafael y Pascual Pichún Collonao (todos ellos recluidos desde hacia más de 8 meses en la cárcel de Traiguén); el lonko de Chekenko, Juan Ciriaco Millacheo Lican (recluido en la cárcel de Angol); el werken de la CAM, José Huenchunao Mariñán (recluido desde fines de noviembre en la cárcel de Concepción); el comunero Jorge Millapan Barrales (recluido en la cárcel de Nueva Imperial) y la colaboradora no mapuche de la CAM, Patricia Troncoso Robles (recluida desde hacia más de dos meses en la cárcel de Victoria).

Si bien todos ellos fueron trasladados hasta la ciudad de Temuko para participar de la audiencia de formalización de los cargos, todos debieron regresar a sus cárceles de origen debido a "desordenes administrativos" denunciados por la defensa de los comuneros y acogidos por el Tribunal de Garantía. Debido a estas irregularidades cometidas por la Fiscalía, la formalización de los cargos contra los 9 mapuches restantes quedó finalmente establecida para el 18 de diciembre.

07 de diciembre de 2002: Dirigentes pehuenches del Valle del Río Queuco, Alto Bio-Bio interponen una denuncia  por "presunta desgracia" ante Carabineros por la extraña desaparición del joven paramédico pehuenche, Jorge Suárez Marihuan, miembro de la comunidad de Malla Malla y activo participante del movimiento de recuperación territorial en dicha zona del Wallmapu. Según familiares del joven pehuenche, este habría desaparecido de su hogar el pasado 5 de diciembre en extrañas circunstancias. Los temores de la familia dicen relación con las constantes amenazas de muerte que habría recibido Jorge Suárez por parte de colonos chilenos y pehuenches aliados al gobierno, todos ellos contrarios al movimiento pehuenche y su accionar reivindicativo.

10 de diciembre de 2002: La Corte de Apelaciones de Concepción confirma el procesamiento contra el werken de la Coordinadora Arauco-Malleco, José Huenchunao. Según el dictamen del máximo tribunal penquista, Huenchunao fue sometido a proceso por infracción a la Ley de Seguridad Interior del Estado a raíz de atentados en contra de la Hacienda Lleu-Lleu y el predio Los Troncos en la comuna de Cañete. Posteriormente, el 18 de diciembre, José Huenchunao fue notificado de su procesamiento paralelo en Temuko por infracción a la Ley 18.314 Antiterrorista, cargo imputado por la Fiscalia del Ministerio Público de La Araucanía en contra de los dirigentes, voceros, miembros y colaboradores de la CAM.

11 de diciembre de 2002: Jorge Arturo Suárez Marihuan, pewenche de 27 años de la comunidad de Malla-Malla y quién había desapareció de su hogar extrañamente el pasado 5 de diciembre, fue encontrado muerto a orillas del río Queuco. Según testigos, el cuerpo del joven pehuenche presentaba claras evidencias de tortura y malos tratos al momento de ser encontrado por los propios lugareños en un sector conocido como Chinchintahue.

El joven pehuenche, hermano del lonko de la comunidad Segundo Suárez y miembro del Consejo de Lonkos Tradicionales del Alto Bio-Bio, era integrante activo del proceso de recuperación de tierras en dicha zona del territorio mapuche, proceso mediante el cual en conjunto las comunidades de Trapa-Trapa, Butalelbun, Malla Malla y Cauñicú habían logrado recuperar 16 mil hectáreas de tierras de las 30 mil que están en disputa con el Estado, empresas transnacionales y colonos chilenos en dicha zona cordillerana de la Octava Región.

Para los dirigentes pehuenches, la extraña muerte de Jorge Suárez -que se suma a los asesinatos ocurridos el 12 de julio de 2002 de los hermanos Mauricio y Agustina Huenupe Pavian, werkenes de la comunidad Cauñicu del Alto Bio Bio y también miembros del Consejo de Lonkos Tradicionales-, deja de manifiesto la acción de grupos anti-mapuches que a través del "asesinato directo" de los miembros de la resistencia pehuenche intentan posibilitar mejores condiciones para la intervención directa del aparato del Estado y de las empresas transnacionales como Endesa-España en la zona.

13 de diciembre de 2002: La Corte de Apelaciones de Temuco, ante un recurso de amparo presentado por la defensa de los detenidos en la redada del 4 de diciembre, confirma la medida cautelar de "prisión preventiva" contra 15 de los 16 imputados. El máximo tribunal sólo acogió la petición de libertad, aunque con medidas cautelares, para Ester Álvarez, miembro de la comunidad "Juan Aylla Varela" de la comuna de Collipulli aduciendo falsas razones "humanitarias" producto de su embarazo. Según manifestó la abogada Miriam Reyes, de la defensoria penal pública de Angol, tales razones "humanitarias" jamás habrían existido (el ordenamiento jurídico chileno sólo las contempla para dementes, enfermos terminales y mayores de 70 años) y sólo serían consecuencia de lo "absurdas" de las pruebas que los fiscales presentaron en su contra.

"La circunstancia de que haya salido Ester Álvarez, da cuenta que para el tribunal los hechos que se investigan no son de la magnitud de la cual desde el punto de vista mediático, comunicacional ha pretendido señalar el Ministerio Público. Si acá efectivamente la Corte hubiese considerado que hay un grupo que tiene sembrado el terror en la zonas rurales y urbanas de la novena región, nadie hubiese salido en libertad, con una medida cautelar de baja intensidad, como es firmar y permanecer con arraigo nacional”, señaló la profesional.

18 de diciembre de 2002: El Tribunal de Garantía de Temuco determina acoger la solicitud de la Fiscalía en orden a investigar a los comuneros mapuches detenidos en Temuko, Angol y Traiguén bajo la figura de la "Asociación Ilícita Terrorista". Además, decreta mantener la prisión preventiva de los últimos cuatro comuneros mapuches incluidos en el múltiple procesamiento (Rafael y Pascual Pichun, Luis y Juan Millacheo y el werken José Huenchunao), todos ellos recluidos en cárceles de la Novena y Octava regiones en el marco de otras investigaciones judiciales relacionadas con el conflicto mapuche.

Tras conocerse la determinación del Tribunal, el fiscal Alberto Chifelle señaló su absoluta conformidad. "El hecho que se haya calificado de terrorista esta conducta, nos permite a nosotros como fiscalía realizar una serie de diligencias que afectan derechos garantizados constitucionalmente, una serie de diligencias que enumera el propio articulo 14, un catálogo que se establece ahí. Es decir, nos da en ese sentido más facultades, mayor cantidad de facultades para realizar esta investigación", señaló.

Por su parte, el Abogado Jaime López, uno de los defensores asignados por el Ministerio Público al caso, lamentó la medida decretada por el tribunal. "Nosotros vamos a estudiar la posibilidad de apelar a esto, por cuanto nos parece extremadamente grave el hecho de que se dicte una resolución fundada según la ley y se califique una situación de fondo sin ningún antecedente que ustedes han podido apreciar... Se le pregunta a la fiscalía si en los antecedentes hay informes periciales, no hay informes periciales, se están elaborando. Se pregunta si hay testigos, testigos que no se puede decir quienes son, etc... En este caso, se ha calificado una conducta terrorista prácticamente de nada", manifestó.

20 de diciembre de 2002: A través de un comunicado público, los presos políticos mapuche y no mapuche recluidos en la cárcel de Temuko denuncian lo irregular de sus procesamientos y la campaña política, judicial y comunicacional montada por el gobierno de la Concertación en su contra.

"Tanto nuestra detención como la de nuestros hermanos y hermanas, obedece a una estrategia política del gobierno, con el claro objetivo de seguir resguardando los grandes intereses económicos, que tienen las forestales que supuestamente hoy se ven amenazados por la lucha que llevan nuestras comunidades", manifestaron.

También denuncian a los Fiscales del Ministerio Público de actuar de manera "arbitraria" y "racista" en contra de todos ellos. "Los fiscales continúan con el afán de figurar y ganar status como profesionales y con esto llevar adelante un juicio político en contra de la CAM, actuando dentro de este marco de una forma irresponsable, racista y xenofóbica en contra de personas que luchamos por nuestros legítimos derechos; por ende, violan todas y cada una de las garantías del debido proceso y los tratados internacionales respecto a los derechos humanos", señalaron.

21 de diciembre de 2002: Basados en antecedentes obtenidos de las carpetas de investigación, un profesional de la Defensoría Penal pudo comprobar que se había autorizado por parte del Ministerio Público la intercepción del teléfono celular del abogado Pablo Ortega, defensor ante los tribunales de los miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco detenidos en Temuco por supuesta "Asociación Ilícita Terrorista". Esto quedó establecido tras la realización de una audiencia extraordinaria para analizar dicha situación llevada a cabo el 21 de diciembre en la ciudad de Temuko y que fue solicitada por el abogado de la Defensoria del Ministerio Público, Jaime López.

Sin embargo, la sorpresa de los abogados defensores sería mayúscula cuando -tras su intervención en la citada audiencia- el Fiscal del Ministerio Público, Francisco Rojas, reconoció que efectivamente se mantenían intervenidos los teléfonos no solo del abogado de la CAM, Pablo Ortega, sino también el equipo celular del perito de la Defensoría Penal Pública, Asistente Social Víctor Alonqueo. Según el Fiscal Rojas, esta medida habría sido solicitada por la parte querellante por existir "presunciones" de una vinculación "más allá del ámbito jurídico" entre el abogado Pablo Ortega y los mapuches imputados por delitos terroristas.

Estas "presunciones" habrían bastado para solicitar la interceptación de sus comunicaciones telefónicas, medida que fue autorizada en su momento por la Jueza de Garantía Maria Isabel Uribe. Sin embargo y tras finalizada la audiencia, la propia magistrado Uribe determinó el cese inmediato de la intercepción telefónica del Abogado Pablo Ortega, argumentando que al momento de autorizar dicha medida "desconocía" el rol del abogado como defensor de los comuneros mapuches de la CAM.

Tras conocerse la irregular medida judicial y el posterior fallo a favor de la defensoría, el abogado Pablo Ortega señaló: "Lamento profundamente el criterio de los fiscales del Ministerio Público, ya que pretender que los abogados defensores pudiéramos estar vinculados a la comisión de delitos supuestamente terroristas nos parece extremadamente grave, un verdadero atentado a la profesión de abogado". Días más tarde, el profesional interpuso ante el Colegio de Abogados de la Octava Región un recurso de amparo gremial en contra de la Jueza de Garantía de Temuco, María Isabel Uribe.

En Temuko en tanto, los abogados Hugo Gutiérrez, Jaime Madariaga y Rodrigo Lillo interpusieron una querella en contra de los fiscales del Ministerio Público responsables del hecho. Los profesionales sostuvieron que la resolución que ordenó la interceptación telefónica databa del 29 de noviembre, fecha en la cual el abogado Ortega ya tenía la calidad de defensor de los comuneros detenidos en Temuco. Para los defensores, "la autorización del Tribunal de Garantía se obtuvo de una manera no ajustada a derecho, ocultándose dolosamente información esencial que de haberse entregado en forma oportuna habría redundado indudablemente en la negativa de la autorización". Dicha querella sería acogida a tramitación por la Corte de Apelaciones el 26 de diciembre.

23 de diciembre de 2002: La oficina del Codepu en Valdivia anuncia el envío de un reporte con los antecedentes del caso judicial contra la CAM al Observatorio para la Protección de los Defensores de Derechos Humanos de la Federación Internacional de Derechos Humanos en Francia (FIDH) y al Programa de Defensores de Amnistía Internacional en Londres, con el fin de que esta situación se conozca en los organismos internacionales que súper vigilan el accionar del estado de Chile en materia de derechos humanos en Naciones Unidas.

El informe incluirá la situación ocurrida al abogado Jaime Madariaga, a quien en un extraño atentado le quemaron su vehículo particular el pasado mes de agosto frente a su domicilio en el centro de Temuco. Este hecho lo vinculan a la situación de la joven Daniela Ñancupil Lepin, baleada por funcionarios policiales en un confuso incidente ocurrido en el mes de diciembre de 2001 al interior de Chol-Chol. Jaime Madariaga es abogado de la joven y ha solicitado el sometimiento a proceso de tres funcionarios policiales por este caso.

26 de diciembre de 2002: Tras realizarse una audiencia secreta y sin la participación de los abogados defensores de los mapuches detenidos en Temuko, el Tribunal de Garantía acoge una solicitud de la Fiscalía del Ministerio Público de "dispersar" a los presos de la CAM a diferentes recintos penales de la región. Según manifestó la fiscal a los medios de comunicación, la extraordinaria medida -similar a la tomada por el Estado español contra los presos políticos vascos- buscaba evitar una "rearticulación" de la CAM desde el interior de la cárcel.

En rueda de prensa, la Fiscal Regional Esmirna Vidal manifestaría más tarde su total respaldo a la medida tomada por el Tribunal de Garantía. “La gente está cansada de la violencia y por ello pedimos al tribunal la separación de los imputados en distintas cárceles de la región por cuanto ya hemos tenido antecedentes de que esta asociación terrorista está rearticulándose ahora desde la cárcel, como lo hemos podido observar a raíz de los últimos hechos de violencia ocurridos en Ercilla y Collipulli, los que estamos investigando en la actualidad”, señaló.

27 de diciembre de 2002: A través de un comunicado público, miembros de la comunidad pehuenche de Malla Malla denuncian una serie de "irregularidades" cometidas por la policía y los tribunales en la investigación por la muerte de Jorge Suárez Marihuan. "Ante la denuncia de presunta desgracia por la desaparición de Jorge Suárez, Carabineros se marginó de su búsqueda y se limitó solamente a dar órdenes una vez que sus familiares y amigos encontraron el cuerpo. Actitud muy distante de la tenida con otros casos de desaparición que afectan a familias de la región", señalan los comuneros, en directa alusión al caso de Jorge Matute Johns y el espectacular despliegue de medios policiales y técnicos comprometidos desde hace dos años en su búsqueda.

Por otra parte, los miembros de la comunidad denuncian un trato discriminatorio por parte de tribunales para con las familias de la víctima. "En demasiadas oportunidades se le ha negado a la familia tener acceso al informe del forense argumentando que es "secreto de sumario", en circunstancias que el día jueves 12 de diciembre, mientras se esperaba la entrega del cuerpo en el Instituto Médico Legal, el señor Guido Ríos (Jefe de Gabinete de la Gobernación) se comunicó con dicho servicio para obtener dicha información... Finalmente, denunciamos que hasta el día 18 de diciembre el juzgado de Santa Bárbara no había dado ninguna orden a la policía para investigar sobre cómo y en que circunstancias murió nuestro hermano", finalizan.

29 de diciembre de 2002: Abogados defensores de la CAM en Temuko interponen ante la Corte de Apelaciones de Temuko un recurso de amparo en favor de los 16 detenidos, ello porque la audiencia en que se solicitó su traslado a distintas cárceles de la región se habría realizado de manera "secreta", sin que se oficiara a los abogados defensores, lo que resultaría a todas luces una "grave irregularidad".

El abogado defensor Jaime Madariaga manifestó a radio Bio-Bio su sorpresa por la actitud asumida por la Fiscalía. "A mi me sorprenden las declaraciones formuladas el día viernes por la fiscalia, en que justifica su actuar señalando que tiene presunciones de que la Coordinadora se esta rearticulando al interior de la cárcel y para ello se fundamenta en los hechos ocurridos el día miércoles y jueves en Collipulli y Ercilla, pero lo absurdo y realmente absurdo es que pidió el traslado el día lunes, tres días antes que ocurrieran los hechos y más encima en una audiencia secreta”.

Madariaga señaló que los defensores no fueron informados de esta audiencia, ni de su resolución, conociéndola solo en día jueves en la tarde. Por su parte la abogado jefe de la Defensoría Penal Pública Mapuche, Sandra Jelvez, entregó mayores antecedentes del procedimiento.

"La verdad es que nos causo mucha sorpresa esta solicitud de traslado puesto que se hizo a puertas cerradas, en forma secreta, cuando en realidad de acuerdo a las normas de nuestro nuevo sistema, esto debió ser discutido en una audiencia con la citación y participación de la defensoria... Esto me parece de una gravedad enorme -agregó la defensora mapuche- ya que los fiscales sólo buscan apremiar sicológicamente a mis representados con el objeto de que presenten una eventual declaración inculpándose de los hechos", denunció.

Por su parte la abogado jefe de la Defensoría Penal Pública Mapuche, Sandra Jelves, entregó mayores antecedentes del procedimiento. "Es importante señalar que recién el día 26 de diciembre, a las 18 horas, aproximadamente, tomamos conocimiento que se había decretado el traslado de varios imputados dentro de ellos, ocho cuyas defensas son de mi representación. La verdad es que nos causo mucha sorpresa esta solicitud de traslado puesto que se hizo a puertas cerradas, en forma secreta, cuando en realidad de acuerdo a las normas de nuestro nuevo sistema, esto debió ser discutido en una audiencia con la citación y participación de la defensoria”.

Finalmente, la orden de "dispersar" a los presos políticos recluidos en Temuko no se cumple debido a la negativa manifestada por autoridades de Gendarmería. Según manifestó a la prensa su Director Regional, la institución uniformada no podía autorizar el traslado de los detenidos por estrictas razones de "seguridad" y falta de "personal idóneo" en los penales de Lautaro y Nueva Imperial, recintos seleccionados previamente por el Tribunal de Garantía.

30 de diciembre de 2002: A través de un comunicado público, los presos políticos mapuche de la CAM recluidos en Temuko manifiestan su rechazo a la medida judicial decretada por el Tribunal de Garantía en orden a "dispersarlos" en distintos penales de la región. Esta medida -señalan los detenidos- sólo se compara con los métodos utilizados por la "dictadura" militar para amedrentar a sus opositores políticos.

"Nos queda claro, con este suceso, que la fiscalía pública esta utilizando explícitamente técnicas de torturas psicológicas muy semejantes a la S.S. de Hitler o al más puro estilo de la CNI de Pinochet. Esto demuestra que no poseen las pruebas contundentes que dicen tener. En este sentido somos categóricos, esto no es un atropello a un grupo o ha individuos sino al Pueblo Mapuche que aún sigue escribiendo su historia con sangre y al tenor de las rejas. Esto sin duda quedara sellado que el Estado chileno que ampara el poder transnacional en pleno siglo XXI, atropella con toda su fuerza los derechos humanos del Pueblo Mapuche".

Finalmente, los miembros de la CAM señalan la iniciación de una "huelga de hambre líquida" de concretarse a futuro dicha medida extrema solicitada por la Fiscalía y autorizada por el Tribunal de Garantía de Temuko.