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Por usurpación, genocidio y hechos violentos en Traiguén.
JUSTICIA ACOGE QUERELLA MAPUCHE CONTRA EL ESTADO CHILENO

Kolectivo Lientur / 25 de diciembre de 2002



En un hecho judicial absolutamente inédito y que podría transformarse en un importante precedente en la lucha del pueblo mapuche por sus derechos político-territoriales, el 20° Juzgado Civil de Santiago acaba de acoger una querella posesoria de restitución contra el Estado de Chile por la violación de tratados internacionales ante los hechos de genocidio, usurpación masiva de tierras indígenas y por otros hechos de violencia. La demanda fue presentada por el destacado abogado mapuche José Lincoqueo, en representación de las comunidades mapuches en conflicto de Temulemu y Didaico, cuyos lonkos permanecen desde hace más de once meses encarcelados en Traiguén por supuesta infracción a la Ley Antiterrorista.

La querella se extiende a los tres poderes del Estado, representados en la persona del Presidente Ricardo Lagos y a la abogada del Consejo de Defensa del Estado, Clara Szczaranski, el Presidente de la Excelentísima Corte Suprema, Mario Garrido, y abogados y personeros vinculados a la Empresa Forestal Mininco S.A.

La demanda, en términos generales, pide una indemnización por daños y perjuicios a las comunidades indígenas del sector de Temulemu de la comuna de Traiguén, quien según la demanda presentada por el abogado Lincoqueo, antes del proceso de pacificación (1881-1929) era propietaria comunitaria del llamado Fundo Nancahue de una superficie aproximada de 1.797.76 hás., ubicado en el lugar Temulemu a unos 25 kilómetros al suroeste de la ciudad de Traiguén, la cual actualmente está inscrito a nombre, Juan Agustín y doña Aída Figueroa Yávar, quienes también son querellados en este documento.

Según el documento, la comunidad también era propietaria de los fundos Santa Rosa de Colpi y Chorrilos, ubicadas también en la misma comuna y que hoy pertenece a Forestal Crecex, filial de Forestal Mininco, quien también aparece en los registros como dueña del predio llamado Estados Unidos, un retazo del fundo Santa Clara y un predio rústico ubicado en la comuna de Lumaco, todos pertenecientes a las comunidades del sector, según decretos internacionales firmados con España en los Parlamentos Generales de Negrete de los días 3,4 y 5 de marzo de 1803, los cuales reconocen estos terrenos como indígenas, según la querella del profesional.

Los fundamentos de la querella

Lincoqueo en su demanda dice que los predios al ser rematados a principios del siglo XX, reconocía la propiedad de la comunidad Ñirripil o Temulemu sobre estos territorios, siendo aún así rematados a particulares, manifestando que con este acto el Gobierno transgredió leyes internacionales y su propio Código Legal, sumiendo a las comunidades en recurrentes hechos de delitos desde 1895, cuando comenzó el remate de los terrenos.

“El Código chileno prohíbe constituir la propiedad privada cuando hay violación del derecho institucional y Chile incumplió sus propias leyes e incurrió en la sanción establecida en el Art. 641 del mismo cuerpo legal, que en lo esencial dispone: 'Las presas hechas por bandidos, piratas o insurgentes, no transfieren dominio...', y permite a los comuneros mapuches a recuperar por sus propios medios las tierras obtenidas por los querellados por medio del terrorismo de Estado y posteriormente entregadas a chilenos de raza blanca o empresas transnacionales y que es el caso de este juicio, quienes al tenor de las precisas citas legales, jamás han sido dueños de los mencionados predios sino por siempre los han tenido desde 1895 hasta ahora a calidad de 'presas de bandidos y piratas...', señala el escrito.

Por otra parte, según la demanda de Lincoqueo, todo el territorio del sur del Bío Bío estaba amparado por el Parlamento de Tapihue de 7 de enero de 1825, el que fue firmado entre un representante del Estado de Chile y otros de la Nación mapuche, y que citaban a este río como la frontera entre Chile y las comunidades que están en territorio mapuche.

”Su Art. 18 prohíbe que algún chileno pueda vivir al sur de ese río ‘por constituir un peligro para la paz y la tranquilidad pública’ y su Art. 26 sanciona como ‘crimen de lesa patria’ si una de las partes contratantes viola ese tratado internacional, sea al norte o al sur del Bío Bío. Dicho Parlamento General fue materializado en virtud de la ley del 27 de octubre de 1823, por la cual se delegó por el Congreso Nacional de Chile al Director Supremo de aquella época facultades amplísimas para celebrar un Parlamento General con indígena araucanos para fijar la frontera sur de Chile y redimir las familias de chilenos que estuvieren prisioneros de tales indígenas”, indica el abogado.

Lincoqueo señala que este tratado fue sobreseído por parte del Estado en 1852, cuando producto de una ley ficticia se creo la Provincia de Arauco y se incorporó este terreno a la soberanía chilena, creándose en 1866 una segunda ley que facultaba al presidente José Joaquín Pérez a parcelar, dividir y a vender a subasta pública tierras de indígenas. Esto cimentó el proceso de pacificación, y por tanto las luchas entre el ejército de Chile y las comunidades mapuches, dándose la figura, según el profesional, de genocidio programado y premeditado “que de un total de unos 2.00 integrantes de la mencionada comunidad, antes de la masacre, sobrevivieron a dicho holocausto, no más de 120 comuneros, de los cuales mis representados son descendientes”.

La demanda señala que a partir de la Reforma Agraria y luego del inicio del periodo presidencial del General Pinochet, las forestales inician un periodo de cultivos de bosques artificiales, lo que provocó perjuicios a la labor productiva de la comunidad, manifestando que cuando los mapuches intentaron poner coto a este asunto, el gobierno sencillamente no oyó voces “usurpando también la tierra” para edificar carreteras, iniciándose el proceso de reclamo de tierras.

En la década del noventa comienza el periodo de recuperación de territorio, siendo la justicia, a través del Presidente de la Corte de Apelaciones de Temuco Archibaldo Loyola, quien someterá a 16 mapuches de la comunidad -entre ellos el propio abogado Lincoqueo- por presunta participación en hechos violentistas.

Indemnización

Todos estos referentes hacen que el abogado Lincoqueo en su libelo pida indemnización de perjuicios. Entre ellos el pago del equivalente de 50 quintales métricos de trigo por cada hás. y cada año de ocupación por el total de fundos. Indemnización que debe ser pagada en pesos.

También se exige la devolución de territorios usurpados, y si esto no fuera posible, ya que significa terminar con infraestructura de desarrollo, se solicita el pago a título de precio la suma de $50.000 el metro cuadrado.

También se pide la suma de 2 millones de pesos de reparación a favor del abogado y para cada uno de los comuneros mapuches detenidos el mes de mayo de 1999 en el llamada "cárcel pública de Traiguén" por decisión del querellado Archivaldo Loyola López. En este sentido, la indemnización corre por cada día de prisión.

Por último, la demanda exige a las Forestales Mininco y Crecex la restitución de $110 millones de pesos que en forma ilegitima percibieron por la venta de 58,40 hás de tierras indígenas, adquirida ilegitima por CONADI a la citada empresa usurpadora, para lo cual en concierto falsificaron instrumentos públicos y otros engaños para simular una venta en derecho, con sus intereses y reajustes desde junio de 1998 hasta en momento del pago real de esa suma.

Fuente: Diario El Gong