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Caso CAM: Flagrante violación de derechos constitucionales

TRIBUNAL MANTENÍA INTERCEPTADO TELÉFONO DE ABOGADO DEFENSOR

Carlos Millahual - 23 de diciembre de 2002

Kolectivo Lientur



Las sorpresas en la persecución político-judicial contra los miembros de la Coordinadora Mapuche Arauco-Malleco (CAM) suman y siguen. Basados en antecedentes obtenidos de las carpetas de investigación, un profesional de la Defensoría Penal pudo comprobar que se había autorizado por parte del Ministerio Público la intercepción del teléfono celular del abogado Pablo Ortega, defensor ante los tribunales de los miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco detenidos en Temuco por supuesta "Asociación Ilícita Terrorista". Así al menos quedó establecido tras la realización de una audiencia extraordinaria para analizar dicha situación llevada a cabo el pasado fin de semana en la ciudad de Temuko y que fue solicitada por el abogado de la Defensoria del Ministerio Público, Jaime López.

Fue la jefe de la Defensoría Penal Pública Mapuche, abogado Sandra Jelvez, quien inicio ese día la seria de alegatos por el polémico tema y que incomodaron de sobremanera a todos los representantes del Ministerio Público presentes en dicha audiencia, relatando la profesional algunas situaciones "extrañas" que se producían con su equipo celular, tales como lentitud para establecer llamadas, el agotamiento acelerado de las baterías de su móvil y el corte sorpresivo de sus comunicaciones, entre otros síntomas que le hacían presumir una intercepción de su teléfono por parte de la policía.

Cada uno de los abogados siguieron argumentando hechos similares, advirtiendo además que -de comprobarse esta situación- se estarían vulnerando derechos consagrados por la ley y la propia Constitución Política del Estado. Tras la abogado Jelvez, intervinieron los profesionales del área, Jaime López, Jaime Madariaga, Carmen Ormeño, Pablo Ortega y Renato Maturana, quienes tienen la representación de los hasta ahora 26 imputados en este caso político-judicial.

Minutos más tarde, sin embargo, las sorpresa de los abogados defensores sería mayúscula cuando -tras su intervención- el Fiscal del Ministerio Público Francisco Rojas estableció que efectivamente se mantenían intervenidos los teléfonos no solo del abogado de la CAM, Pablo Ortega, sino también el equipo celular del perito de la Defensoría Penal Pública, Asistente Social Víctor Alonqueo, argumentado el fiscal que al momento de solicitarse la autorización del tribunal de garantía para interceptar sus comunicaciones este último no oficiaba como representante de alguno de los ahora imputados.

Según el Fiscal Rojas, esta medida habría sido solicitada por la parte querellante por existir "presunciones" de una vinculación "más allá del ámbito jurídico" entre el abogado Pablo Ortega y los mapuches imputados por delitos terroristas. Estas "presunciones" habrían bastado para solicitar la interceptación de sus comunicaciones telefónicas, medida que fue autorizada en su momento por la Jueza de Garantía Maria Isabel Uribe.

Resolución del Tribunal de Garantía

Sin embargho y tras un prolongado receso, la propia magistrado Maria Isabel Uribe determinó el cese inmediato de la intercepción telefónica del Abogado Pablo Ortega, considerando que al momento de determinarse que se hiciese por parte de la policía no se tenia antecedentes que el profesional representara a alguno de los mapuches imputados en la causa. Es decir, "carecía" la señora magistrado de antecedentes que ligaran al abogado Pablo Ortega con la defensa de los miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco...¿?. A la vez, por considerar carente de eficacia para el desarrollo de la investigación por haberse hecho pública la medida, determinó la magistrada que cesara también la intercepción telefónica del Asistente Social perito de la Defensoría Penal, Víctor Alonqueo Boudon.

Se determino además que no existía fundamento que hiciera presumir una intercepción de los teléfonos móviles de los abogados de la defensoría, a la vez que preciso la magistrado que carecía de facultades para acceder a la destrucción del material de audio grabado por la policía, tal como lo habían solicitado expresamente los defensores argumentando que constituía una grave violación del derecho de los imputados a una legítima defensa.

Las sinrazones de la Fiscalia

El Fiscal del Ministerio Público Francisco manifestó al termino de la audiencia que "se acaba de dictaminar una resolución por parte del tribunal en el sentido de que cesar la interceptación telefónica de uno de los abogados, tal y como lo solicitó el Ministerio Público en su oportunidad y se rechazo la nulidad planteada por uno de los intervinientes. Nos parece una resolución que se ajusta específicamente a derecho", señaló.

Respecto de la factibilidad de interceptación de otros teléfonos, el Fiscal Rojas recordó que esta vigente el plazo de 10 meses para el desarrollo de la investigación y "vamos a utilizar todos los mecanismos legales que previene el Código de Procedimiento Penal"... No se puede descartar ninguna forma de investigación, ninguna diligencia a priori", indicó.

Respecto de si en estos momentos existiesen otros celulares que estén interceptados en el marco de esta investigación, el representante del Ministerio Público indicó que "eso es parte del secreto de la investigación, hay una serie de diligencias que han sido decretadas y como les comentaba estamos dentro del curso de la investigación que dura 10 meses".

Pablo Ortega: "Un atentado a la profesión de abogado"

El abogado defensor de los mapuches detenidos lamentó que los abogados del Ministerio Público tengan un criterio jurídico que atenta contra uno de los pocos derechos absolutos que contempla la legislación nacional e internacional como es el derecho a defensa jurídica. "Lamento profundamente el criterio de los fiscales del Ministerio Público, ya que pretender que los abogados defensores pudiéramos estar vinculados a la comisión de delitos supuestamente terroristas nos parece extremadamente grave, un verdadero atentado a la profesión de abogado. Respecto de la resolución del tribunal, debo también decir que enaltece la actitud de los tribunales de garantía, no esperaba menos de un juez de la República ya que esta era una situación tan clara, tan meridianamente clara en materia jurídica, que no podía ser de ninguna otra manera la resolución del tribunal", señaló.

Sin embargo, manifestó sus aprehensiones respecto del uso que la fiscalía pudiera darle al material grabado por la policia desde su teléfono. "Nosotros entendemos que el perjuicio se mantiene toda vez que no se ordenó la destrucción de los registros de audio y tal vez otros elementos que no conocemos en estos momentos obtenidos a partir de estas intercepciones ilegales. Entendemos que queda a salvo el derecho de continuar con la tramitación de un amparo constitucional que sea interpuesto ante la Corte de Apelaciones de Temuco y de otras acciones que se evaluaran en los próximos días", señaló.

Respecto de que esta interceptación de comunicaciones telefónicas pudiera alcanzar a otras personas vinculadas a la defensa jurídica del movimiento mapuche, el profesional precisó que "sin duda el criterio que ha sostenido el Ministerio Público significa una grave violación de los derechos de todos los ciudadanos, que en este momento le ha tocado a profesionales ligados a causas indígenas, pero mañana puede tocarle a cualquier ciudadano de la República", indicó el abogado.

En tanto, en fuentes ligadas a la defensa de los mapuches detenidos no se descarta que como medida inmediata el abogado Pablo Ortega interponga ante el Colegio de Abogados de la Octava Región un recurso de amparo gremial en contra de la jueza de garantías de Temuco, María Isabel Uribe, por haber decretado la magistrada una medida claramente atentatoria en contra de quienes ejercen dicha profesión en el marco del conflicto mapuche-chileno.

Fuente: Ministerio Público, Radio Bio-Bio, El Gong.