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Redada político-judicial contra la CAM
EL OBJETIVO FINAL SOMOS TODOS...

*Pedro Cayuqueo / 06 de diciembre de 2002

Kolectivo Lientur

El Ministerio del Interior, a través del subsecretario de la cartera Jorge Correa Sutil, ha solicitado a los tribunales de justicia de la Novena Región procesar a los miembros de la Coordinadora Arauco-Malleco detenidos en Temuko en virtud de aquel engendro de la seguridad nacional pinochetista denominado como Ley Antiterrorista. Se trata, por cierto, de la crónica de una persecución política anunciada, ante la cual todas aquellas discusiones de carácter jurídico y legal respecto de la pertinencia o no del uso de determinado cuerpo jurídico o de las características de los delitos cometidos por los hermanos detenidos carecen ya de total importancia.

Asistimos, por el contrario, a una decisión de seguridad nacional de profundas connotaciones políticas, como lo fue, por ejemplo, cuando el año 1990 se oficializó la creación de la Oficina de Seguridad Pública, con el objetivo inalterable de combatir a quienes el Estado consideraba por aquellos años como sus mayores enemigos políticos, aquellas agrupaciones armadas de ultra izquierda a quienes calificaba de la peor forma posible ante los medios de comunicación («terroristas», «violentos», «extremistas»...) y quienes, sin embargo, insistían en reclamarle en su cara una transformación radical del sistema democrático chileno en beneficio de la mayoría de los sectores populares excluidos del famoso pacto de la transición.

Nuevamente hoy, a doce años de retornada la democracia a país, las autoridades de gobierno deciden embestir políticamente a través de los tribunales de justicia y todo su aparataje represivo en contra de un sector político ­en este caso mapuche- que cuestiona tanto su institucionalidad opresora como aquellos intereses de todo orden que se han ido consolidando con la venia gubernamental al interior del maltratado territorio histórico de nuestro pueblo.

La respuesta a la pregunta de si el Estado chileno persigue a un determinado sector del movimiento mapuche por su pretendido carácter violento o porque, en realidad, defiende derechos que le han sido negados históricamente, ofrece muchas pistas para conocer las verdaderas intenciones del ejecutivo chileno en la persecución actual en contra de la Coordinadora. ¿Se trata de evitar la violencia mapuche en la zona sur o de obstaculizar el trabajo político a quien pretende superar el sacrosanto estado de dominación neocolonial vigente y apostar por la reconstrucción de la utopía del país mapuche?.

La respuesta resulta a todas luces evidente. Más aun si constatamos que a la luz de los hechos investigados por los tribunales de justicia en los últimos meses, la supuesta “violencia terrorista” de la Coordinadora no ha pasado de ser una legítima reacción de las comunidades frente a las constantes agresiones y atropellos de que han sido víctimas por parte de guardias forestales, grupos paramilitares y la ya reconocida prepotencia de las fuerzas policiales. Prepotencia que, digámoslo con todas sus letras, ha adquirido ribetes de terrorismo de estado en las últimas semanas con el asesinato hasta ahora impune del joven comunero de Ercilla, Edmundo Lemún.

En los hechos, la tan comentada escalada de violencia de la que se acusa a los miembros de la Coordinadora no ha dejado de ser un legítimo ejercicio de autodefensa, derecho humano fundamental tanto en este como en otros sistemas jurídicos y que por lo demás se ha manifestado mayoritariamente con métodos artesanales y no precisamente haciendo gala del profesionalismo propio de los denominados grupos “terroristas” que tanto parecieran atemorizar al gobierno, la clase política y los empresarios nacionales y extranjeros.

¿Qué es lo que se esconde entonces tras esta espectacular persecución político-judicial?. Simplemente la necesidad del gobierno por desarticular una organización mapuche que ­más allá de sus particulares métodos de lucha y estrategias de construcción político-social- apuesta concretamente a la generación de un discurso y una práctica mapuche de corte autonomista y revolucionaria. No son los únicos, claro está, otras agrupaciones mapuches también levantan y construyen desde sus propios espacios de acción discursos y prácticas que tienen como norte la reconquista de derechos políticos y territoriales por parte de nuestro pueblo, pero sin duda es en la Coordinadora donde aquella lógica de reconstrucción nacional adquiere ribetes de “peligro público” para las autoridades.

En cualquier caso, no cabe ni la menor duda de que cualquier formación autonomista mapuche, llámese Coordinadora, Identidad Territorial o Frente por la Liberación, será ilegal de ahora en adelante a los ojos de la legislación y el ordenamiento jurídico chileno, lo que, en primera instancia, retrata claramente el carácter neocolonialista de dicha legislación y desmiente, por otro lado, aquello de que toda aspiración política justa es defendible en el marco de la legalidad y los estrechos márgenes del sacrosanto estado de derecho. Esto quedará más que demostrado toda vez que aquellas organizaciones mapuche autonomistas como la propia Coordinadora, el Consejo de Todas las Tierras, la Identidad Territorial Lafkenche o la Identidad Territorial Nagche rompan de manera paulatina relaciones con el Estado o, dejando sectarismos nefastos y afanes de protagonismo de lado, sean capaces de confluir en un referente o movimiento político mayor con las mismas características y con pretensiones de poder y no precisamente de administración.

Independientemente de lo digan o dejen de decir las instituciones del Estado chileno, ¿es ante los ojos del movimiento mapuche en general el de la Coordinadora un proyecto político ilegítimo?. Por supuesto que no. Tan solo se trata de la primera organización mapuche de este nuevo siglo y con reivindicaciones nacionalitarias que ha sido declarada ilegal y perseguida por la maquinaria colonialista del Estado chileno. A comienzos de la década de los noventa le correspondió el turno al Consejo de Todas las Tierras, quizás la primera organización mapuche en plantear de manera pública el derecho de los mapuche a su autodeterminación nacional. Mañana, créanme que nos tocará el turno a cada uno de nosotros.

* Su autor es dirigente universitario mapuche.