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K O N T R A I N F O R M A C I O N
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Megaproyecto Carretero en la IX Región

LOS PLANES DEL GOBIERNO EN EL LAFKENMAPU

Pedro Cayuqueo, desde Isla Huapi

25 de noviembre de 2002

Después de recorrer los noventa kilómetros que separan Temuko de la zona costera de la novena región, llegamos a la Comunidad Lafkenche de Pu Budi, ubicada 6 kilómetros al sur de Puerto Saavedra y epicentro del conflicto existente entre las comunidades del sector y el Ministerio de Obras Públicas por la ejecución en la zona del megaproyecto “Carretera de la Costa”.

Llegamos a la comunidad con el firme objetivo de empaparnos de la realidad que allí se vive y comprender así de mejor manera los recovecos de un conflicto interminable. Un conflicto que se arrastra desde el año 1994 y que si bien se creía solucionado tras los acuerdos firmados por las comunidades y el gobierno el año 2001, hoy aflora con renovada fuerza tras los últimos intentos del MOP y caudillos locales por “imponer” el pasó de la carretera costera por la zona lafkenche de Isla Huapi, territorio considerado inviolable y sagrado para las comunidades opositoras al proyecto.

Esto al menos denuncian los dirigentes del Consejo Territorial Lafkenche, organización que agrupa a las comunidades contrarias al proyecto en dicha zona del Wallmapu y que desde el año 1995 ha protagonizado la resistencia de los lafkenche de la IX Región frente a un sinnúmero de megaproyectos comerciales de origen gubernamental y privado(1). Proyectos que ­según denuncian sus dirigentes- sólo buscarían transformar el territorio de las comunidades en una nueva fuente de riquezas para las empresas transnacionales forestales, pesqueras y turísticas que arriben al sector.

Un poco de historia

Los orígenes del proyecto de la Carretera Costera datan de los tiempos de la dictadura militar. Serían los jerarcas del régimen quienes se habrían propuesto en primera instancia la construcción de una súper carretera que atravesara el país por su sector costero, con el objetivo de conquistar esta "frontera interior", dotar de una infraestructura vial adecuada al nuevo modelo económico neoliberal impuesto por los economistas de Chicago y facilitar de esta forma la explotación de los recursos naturales disponibles en dicha zona (2).

El inesperado fin del régimen militar y la llegada de los gobiernos democráticos no lograría sepultar esta sentida aspiración “integradora” del hoy anciano dictador. Por el contrario, a poco andar las nuevas autoridades civiles harían suya la idea central de este megaproyecto, en una clara muestra del carácter continuista con que los gobiernos de la Concertación asumirían el mando del país tras su triunfo en las elecciones del año 1990. De hecho, uno de sus más fervientes impulsores en aquellos años sería nada menos que el actual presidente de la República Ricardo Lagos Escobar, por entonces flamante Ministro de Obras Públicas y responsable al momento de su cargo de otro polémico proyecto de infraestructura vial en territorio mapuche. Nos referimos a la construcción del Megaproyecto By-Pass en la ciudad de Temuko.

A partir del año 1994, la construcción de la Carretera de la Costa pasó a constituirse en uno de los megaproyectos viales más ambiciosos de los gobiernos de la Concertación. Se trataba de unir las ciudades de Arica a Puerto Montt, en un trazado de más de 3.000 kilómetros paralela a la Ruta 5 y con el objetivo oficial de “romper” el aislamiento de vastas zonas rurales y “fomentar” el desarrollo económico a través del turismo y otras áreas productivas del quehacer nacional (3).

En su parte sur (Concepción-Puerto Montt), la construcción de la carretera costera comenzó a ser ejecutada por el Cuerpo Militar del Trabajo y la Dirección de Vialidad del MOP el año 1995, sin la existencia de estudios de preinversión ni evaluaciones de impacto ambiental de acuerdo a las normas que entonces regían proyectos de esta naturaleza (ley de Bases del Medio Ambiente) y menos aún con el consentimiento de las numerosas comunidades lafkenches que se verían en los hechos afectadas por su construcción inicial en las regiones VIII, IX y X (4).

A partir de entonces, esta iniciativa gubernamental comenzó a generar una férrea oposición por parte de distintas organizaciones ambientalistas y por las propias comunidades lafkenches afectadas por el proyecto, quienes vieron en la Carretera Costera más que una oportunidad para el “progreso” y el “desarrollo local” prometido por las autoridades, una nueva amenaza para su patrimonio territorial y cultural. Tal es el caso de las comunidades lafkenches del sector de Isla Huapi, comunas de Puerto Saavedra y Teodoro Schmidt, agrupadas desde entonces en el Consejo Territorial Lafkenche.

La voz de la resistencia

En el sector lafkenche de la IX Región, los dirigentes y miembros del Consejo Territorial Lafkenche vienen manifestando su oposición al proyecto desde hace más de siete años y ante distintas instancias de gobierno. Así nos lo cuenta el dirigente Domingo Raín, mientras compartimos en casa de la familia Aillapán Marileo, de la Comunidad de Pu Budi.

“El conflicto comenzó en 1996 cuando se iniciaron los estudios del trazado para la construcción de la Carretera de la Costa en el sector de Isla Huapi. Las comunidades lafkenche rechazaron la forma en que dichos estudios fueron realizados por la empresa concesionaria del MOP, quienes ingresaron a nuestras tierras sin previo aviso y sin consentimiento de las comunidades, destruyendo los cercos, dañando las siembras e instalando puntos de referencia en lugares considerados sagrados para nosotros, como lo son dos "Nguillatues", un cerro "Treng Treng" y un cementerio indígena”, rememora.

Según el dirigente, siete fueron en principio las comunidades lafkenche que se opusieron al trazado de la carretera: Malawe, Yenewe, Peleco, Nomellangui (Isla Wapi) y Treguaco, Curileufú y Metremken (sector Hualpin). Ya en diciembre del año 2000, más de un 90% de las familias de ambas comunas declararon su férrea oposición al trazado de la ruta costera por la Isla Huapi y por tierras mapuche. Por cierto, esta oposición al trazado de la carretera costera tenía sus razones.

“La oposición a la carretera no fue antojadiza. Poco a poco, las comunidades nos fuimos dando cuenta de que la carretera violaba nuestro derecho a la tierra y con ello a la vida y a la cultura del pueblo lafkenche en su propio territorio. Esta situación nos parecía grave, ya que incluso significaba una violación de la Ley Indígena, que en su artículo 13 habla de la protección de las tierras comunitarias (5). Es en virtud de este artículo que las comunidades exigimos al MOP un cambio del trazado de la carretera, el cual tras varios años de conflicto declarado y movilizaciones fue aceptado a regañadientes por el MOP y el gobierno regional”, nos relata Rain.

En efecto, en el mes de abril del año 2001, la entonces Intendenta Regional Berta Belmar, junto a funcionarios del MOP, sellaron un acuerdo con las comunidades en el cual se comprometían a respetar la integridad territorial en el sector de Huapi, cambiando el trazado de la ruta por la vertiente oriental del lago Budi propuesta por los lafkenches, y a que las obras en el trazado original solo serían de “mejoramiento” del camino en la medida en que las propias comunidades lo aceptasen.

“Precisamente en este último punto del acuerdo estaba la trampa”, señala el dirigente del Consejo Territorial Lafkenche, Luis Aillapán Aillapán, quién además es el ngenpin de la comunidad de Pu Budi opositora desde un comienzo al proyecto. Esto porque -según denuncia el dirigente- el gobierno estaría ocultando en este proyecto de “mejoramiento” de camino en Isla Huapi sus verdaderas intenciones de construir la carretera por dicho sector aun atropellando la voluntad de las comunidades y los acuerdos firmados hace más de un año.

“Hasta el momento no nos han respetado nuestra posición que tenemos, como lafkenches. Eso preocupa harto, que nunca seamos escuchados. Yo me pregunto porque el conflicto sigue, si aquí el gobierno firmó un acuerdo con las comunidades, se comprometió a respetar nuestras tierras y ahora intenta construir la carretera engañando a nuestra gente. ¿Por qué digo esto?. Porque el gobierno ha engañado, manipulado a nuestros hermanos, diciéndoles que firmen la autorización para un arreglo de camino, siendo que se trata de la carretera costera, ya que quieren ensanchar el camino público actual en la Isla de 6 a casi 25 metros de ancho”, señala Aillapán.

“Nosotros hemos propuesto al MOP, cientos de veces, ya que el gobierno ofrece plata para mejorar el camino público, porque no mejor arreglar primero los caminos vecinales, los caminos de las comunidades que están en muy mal estado. Hemos planteado esto muchas veces, pero no han aceptado. El acuerdo que habíamos tomado el año pasado era de hacer una limpia del camino principal, pero ahora el MOP dice que debe construirlo de nuevo y más ancho. Eso es una burla, ya que se trata de la ruta costera”, enfatiza.

Los incidentes con el MOP

Para los dirigentes del Consejo Territorial Lafkenche, el Proyecto de Mejoramiento del Camino Público de Isla Huapi, en etapa de estudio por el MOP y el Cuerpo Militar del Trabajo, esconde los intentos del propio gobierno, presionado por los empresarios nacionales y extranjeros, de intervenir a toda costa el territorio lafkenche con fines mercantilistas. “Esta carretera es una ruta de penetración de las empresas forestales y pesqueras, de los grandes ricos. No es para beneficio de los mapuche, por el contrario, sólo provocará más pobreza en nuestras comunidades”, afirma Luis Aillapán.

Quizás por ello reaccionó con molestia junto a su señora, Catalina Marileo, la mañana del viernes 11 de octubre, cuando sorprendió a funcionarios del MOP acompañados de un grupo de militares efectuando labores de medición y demarcación de la ruta en su predio. Horas más tarde, ambos funcionarios denunciarían a la policía y los medios de comunicación el haber sido agredidos por un grupo de mapuches “encapuchados”. Días más tarde, una querella por agresión y robo quedaría además estampada en los tribunales de justicia. La versión del incidente que nos entrega la familia afectada, por cierto, difiere mucho de la entregada por el MOP y publicada en primera plana por el derechista Diario Austral de Temuco (6).

“Como nuestra comunidad está en contra del proyecto, ellos venían haciendo mediciones desde el sur de la Isla, convenciendo a la gente de firmar las autorizaciones para el ensanchamiento del camino. Fue el día jueves 10 de octubre cuando llegaron a mi comunidad con los militares. Allí les dijimos que no íbamos a firmar nada, que se fueran. Se lo dijimos con buenas palabras y no en ingles ni en mapudungun, para que nos entendieran. Al otro día volvieron a entrar al predio, yo no estuve al comienzo pero si mi señora y una cuñada que estaba de visita en la casa”, recuerda el peñi Aillapán.

“Yo fui con una hermana y mi niño de cinco años a decirles que terminarán el trabajo que estaban haciendo, que ya se lo habíamos dicho el día antes. En ese momento, cuando los estaba echando, uno de los trabajadores sacó un podón de la camioneta y con eso nos amenazaron. Entonces le quitamos como pudimos el podón al huinca. Luego llegó mi esposo y ellos se arrancaron… Nadie andaba encapuchado ni se los atacó, ellos inventaron eso para perjudicarnos. Yo defendí solamente el derecho de mis hijos, nuestra poca tierra que tenemos. Con ella alimentamos a nuestros hijos y no quiero que ellos sufran más adelante”, señala la lamngen Catalina Marileo.

Para los planes del gobierno, la firme oposición a la carretera de la familia Aillapán Marileo y de otras que constituyen la Comunidad Pu Budi no es un hecho menor. Por el contrario, su estratégica ubicación como puerta de entrada a la Isla (una vez cruzado el Puente Budi) los convierte en un importante obstáculo para el emplazamiento de la polémica ruta costera. Por ello, las acciones de amedrentamiento en su contra no se han hecho esperar. “Una semanas después del incidente, la madrugada del sábado 19 de octubre, un grupo de personas atacó mi propiedad echando a bajo todos mis cercos que dan al camino público. Nosotros sentimos que andaba gente, por el ladrido de los perros. Cuando fuimos a ver estaba todo destruido. No sé quienes fueron, pero debe ser por nuestro rechazo a la carretera”, señala el peñi Aillapán.

Lo cierto es que el clima de tensión en la zona se incrementa rápidamente. Los propios soldados miembros del Cuerpo Militar de Trabajo encargados de realizar las obras en la zona, han sido fuertemente cuestionados, ya que en varias ocasiones han invadido ilegalmente terrenos mapuches para realizar demarcaciones o han sido vistos amedrentando a las comunidades. Por su parte, el gobierno también se ha preocupado de generar divisiones internas entre las comunidades, ya sea levantando organizaciones paralelas (como el Consejo de Werkenes del Lago Budi) o utilizando los recursos del Estado (Área de Desarrollo Indígena del Budi, Programa Orígenes...) como una eficaz herramienta de desmovilización (7).

¿Desarrollo con identidad?

El conflicto generado por la construcción de la Carretera de la Costa no es un hecho aislado. Se repite en muchas zonas del territorio mapuche, allí donde las necesidades del modelo económico chileno han sido puestas por sobre las necesidades del pueblo mapuche por resguardar su integridad territorial. Ralko, el By-Pass, la Ruta Costera, el Corredor Bioceánico…, huelga decir que todos estos megaproyectos en nada han contribuido al desarrollo de las comunidades mapuches afectadas y sólo han logrado erosionar las bases territoriales del pueblo mapuche en su conjunto. Así al menos lo cree el peñi José Miguel Malo Huenchu, integrante del Consejo Territorial Lafkenche, para quién la construcción de la carretera por Isla Huapi significará únicamente el “exterminio” de la identidad cultural lafkenche.

“Nosotros lo que hemos visto en todos estos años es que la carretera significa dolor y destrucción. Nosotros nunca hemos estado contra el progreso, como se dice, pero quisiéramos también participar de su discusión, de su elaboración. Ellos nunca nos han invitado, nunca han querido saber cuál es el progreso que nosotros queremos como mapuche… Imagínese la carretera que pretenden hacer, nosotros somos campesinos, nos trasladamos en carretas, pequeños vehículos y ellos quieren construir una carretera gigante para camiones… Sabemos que esta carretera contamina la tierra, destruye campos sagrados, cementerios, no respeta a nuestros espíritus”, señala.

Las comunidades lafkenches de Isla Huapi, poseedoras de una cultura que pone especial énfasis en el cuidado y resguardo del patrimonio ambiental de sus territorios, temen que la construcción de la carretera costera provoque un daño irreparable a la biodiversidad biológica y cultural que existe en su sector. Especialmente preocupante para ellos es la situación del Lago Budi, único lago salado de América del Sur, sitio declarado con prioridad II en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas y que acuna 180 especies de flora y 156 de fauna, algunas de éstas son vulnerables y otras en peligro de extinción.

“Nosotros peñi no estamos maltratando a nadie, como lo hacen aquellos que nos dicen “este progreso es para ustedes”. Tiene un sentido profundo el decirle no a la carretera…Ojala chao ngenechen nos siga apoyando y la tierra bendita que él nos regalo nos esta diciendo ¡defiéndanla!, Inkaiñ taiñ mapu!, porque son de ustedes, yo los puse a ustedes ahí con el lago, con los animales, con los cerros. Yo les regalé esa tierra como pueblo, como mis hijos y defiéndanla porque mañana cuando pierdan sus tierras ustedes ya no tendrán donde descansar tranquilos. Por eso decimos no a la carretera…”, finaliza el peñi José Miguel.

NOTAS:

1. En un comienzo las comunidades opositoras al proyecto se agruparon en la Comisión de Defensa de las Comunidades Mapuche Lafkenche del Budi. El año 2001, una vez firmados los acuerdos con las autoridades, esta Comisión sería disuelta y sus miembros fundarían el Consejo Territorial Lafkenche, organización socio-política con base en las comunidades de Isla Huapi y de corte autonomista.

2. Soto Navarro, Jaime. “Globalización y Megaproyectos en Territorio Mapuche”. Programa de Derechos Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de La Frontera (UFRO). Temuco, 2002.

3. El Eje-Sur de la Ruta Costera contempla la unión de las ciudades de Concepción y Puerto Montt en un trazado de 710 kilómetros. Este se subdivide en los siguientes tramos: Concepción-Tirúa, Tirúa-Límite Regional, Limite Regional-Tranapuente, Tranapuente-Mehuin, Mehuin-Caleta Bonifacio, Caleta Bonifacio-Los Molinos, Corral-Hueicolla, Hueicolla-Bahía Mansa, Bahía Mansa-Puerto Montt. El conflicto con las comunidades de Isla Huapi se concentra en el tramo Tranapuente-Mehuin.

4. La ejecución del proyecto contempla dos etapas. La primera a cargo del Cuerpo Militar del Trabajo (CMT) y la Dirección de Vialidad del MOP, y dice relación con la construcción de la plataforma del camino, los puentes y el alcantarillado. La segunda etapa será dada a concesión a empresas privadas y está relacionada con la pavimentación de la ruta.

5. "Las tierras indígenas, por exigirlo el interés nacional, gozarán de la protección de esta ley y no podrán ser enajenadas, embargadas, gravadas ni adquiridas por prescripción, salvo entre comunidades o personas de una misma etnia". Artículo 13, Ley Indígena 19.253.

6. “Encapuchados agreden a funcionarios del MOP”, Diario Austral de Temuco, lunes 14 de octubre de 2002.

7. El año 1996, la zona del Lago Budi fue declarada por el gobierno como Área de Desarrollo Indígena. A partir de entonces, la zona ha sido blanco de una millonaria inyección de recursos estatales, la mayoría de los cuales ­según denuncian los miembros del Consejo Territorial Lafkenche- han ido a parar a manos de los dirigentes que apoyan el emplazamiento de la carretera costera.