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INFORME DE LA COMISIÓN DEL SENADO SOBRE “INSEGURIDAD JURÍDICA” EN LA ARAUCANÍA Y LOS DERECHOS DE LOS  MAPUCHE.



El día 17 de mayo pasado la prensa dio a conocer una propuesta de informe elaborado por la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia del Senado (con el voto en contra del senador Rafael Moreno) acerca del denominado “conflicto mapuche” en las regiones del Bío Bío y de la Araucanía. En este borrador de  informe se plantea una visión parcial y sesgada de dicho conflicto, que pone el acento en lo que se considera como una grave afectación de “la vigencia del principio de la seguridad jurídica, en las regiones del Bío-Bío y La Araucanía, como elemento esencial para la protección de los derechos fundamentales asegurados por la Constitución Política, que el Estado debe garantizar a todos los ciudadanos....”, sin abordar los temas de fondo que son determinantes para entender la situación hoy existente en esta parte del país.

Dada la gravedad que las afirmaciones contenidas en este borrador de Informe revisten para el país en su conjunto, y para el pueblo mapuche en particular, el Programa de Derechos Indígenas del Instituto de Estudios Indígenas de la Universidad de la Frontera de Temuco, espacio de investigación y reflexión en torno a los derechos de los pueblos indígenas en Chile,  siente el deber de señalar lo siguiente:

1. No es primera vez que instancias del Congreso Nacional manifiestan su opinión en relación a la situación del pueblo mapuche. A comienzos del 2002, y a pocos días de pronunciarse en torno a la propuesta de reforma constitucional relativa al reconocimiento de los pueblos indígenas, el senador Espina convocó a una sesión especial para oír a las víctimas de la violencia mapuche. Además, la Cámara de Diputados realizó en junio del 2002 una sesión especial para tratar el tema, solicitando la presencia del Ministro del Interior. En el debate se dijo que “el terrorismo se expande en sectores rurales de la Novena Región y en la parte sur de la Octava región” (Francisco Bayo de RN), producto de la infiltración o de la “instrumentalización” de los mapuche por grupos radicalizados.

2. Pensamos que el planteamiento del voto de mayoría de la Comisión del Senado es peligroso para la democracia y para la protección de los derechos humanos que preocupan a los senadores que redactaron el voto de mayoría.

3. Esto, en primer término, porque ésta forma de presentar el debate confunde los graves efectos de actos violentos y delictuales, que son del conocimiento de los tribunales de justicia, y que el Programa de Derechos Indígenas repudia en forma categórica, con la demanda que los mapuche y otros pueblos indígenas en Chile vienen haciendo desde largo tiempo por el reconocimiento de sus derechos. Estigmatiza la imagen de los indígenas que reclaman la posibilidad de vivir de acuerdo a los parámetros de su cultura, participar en la vida política y tener las condiciones para un desarrollo apropiado en sus espacios  territoriales ancestrales. De acuerdo al enfoque contenido en el borrador de Informe que la prensa dio a conocer, la discusión en torno a la relación que el Estado tiene con los pueblos indígenas, ya no es más una que se refiera a sus derechos, sino al carácter violento y subversivo de tales demandas, pasando de ser demandas “por” derechos, a ser demandas “contra” derechos. El efecto que se provoca  con este planteamiento es la deslegitimación de las demandas de los indígenas; demandas que tienen que ver con un colectivo, a diferencia de los hechos violentos, que son atribuibles a individuos en particular.

4. En segundo lugar, creemos que esta manera de “ver” el conflicto indígena, en lugar de propender a su canalización por vías pacíficas, promueve más la violencia, pues cae en la persistente tentación de “echar mano” a las soluciones de las leyes de excepción y de la represión.  En efecto, el borrador del informe considera "imperiosa" la intervención de las policías en la zona, "para garantizar el imperio del Derecho", debido a las infracciones a "la legalidad penal, de la seguridad pública y del orden público que redundan en incendios, destrucción de inmuebles".

5. No se trata de minimizar hechos violentos, que sí han ocurrido, y que sí han afectado las pertenencias de algunas personas y la integridad de algunos trabajadores y policías. Se trata, a nuestro entender de apreciar el conflicto en su justa dimensión y de aplicar instrumentos de solución con proporcionalidad.

6. Mientras el Senado no desarrolle una reflexión abierta, despojada de prejuicios y tergiversaciones en torno a los derechos de los pueblos indígenas, se mantendrá la situación actual en el sur del país, y los conflictos no tendrán más vías de canalización que la violencia. La violencia provocada por personas, indígenas y no indígenas, y la violencia provocada por agentes del Estado (como la que  significó la muerte de Alex Lemun).

7. Las regiones del Bío Bío y la Araucanía no son los únicos lugares en el mundo donde existen tensiones entre las sociedades mayoritarias y los pueblos indígenas. Cabe recordar que la mayoría de los Estados no tienen una conformación mono étnica o mono cultural, sino que contienen en su interior un crisol de culturas y comunidades. Los pueblos indígenas reclaman el reconocimiento de sus derechos colectivos que les corresponden como pueblos, sin que ello signifique una amenaza para la integridad de los Estados. En un contexto de globalización y de valorización de la diversidad cultural, diversos países,  reconociendo la legitimidad de las demandas indígenas, los que  reclaman derechos que no necesariamente afectan la conformación de la democracia, se ha avanzado en el reconocimiento de la diversidad étnica y cultural y en el establecimiento de mecanismos institucionales que permiten el dialogo y la resolución de los conflictos  entre el Estado y los pueblos indígenas. Ello a través del; a) reconocimiento político-jurídico de los pueblos indígenas; b) de sus derechos colectivos de participación, o en algunos casos de autogobierno; c) del reconocimiento de derechos sobre ciertos espacios de pertenencia ancestral; d) y/o de un derecho a desarrollar una educación y una justicia propia, coordinada con la del Estado. En el derecho comparado, tanto en América del Norte como del Sur, en Australia y Nueva Zelanda,  existen una multiplicidad de experiencias en esta  perspectiva de  las cuales nuestro país, y nuestros senadores podrían aprender. Se trata de experiencias que no son perfectas, pero que constituyen esfuerzos conjuntos entre los pueblos indígenas, movimientos sociales y agentes del Estado, que han permitido superar gradualmente los conflictos del pasado, avanzando por caminos de dialogo y entendimiento.

8. El senador Espina, con quien nuestro Programa ha conversado anteriormente exponiéndole nuestros puntos de vista, pide a los servicios públicos que cumplan con mantener la vigencia del Estado de Derecho, como si el sinónimo de Estado de Derecho fuera el Estado Policial. Cabe recordar que la noción de Estado de Derecho surgió precisamente como reacción al poder absoluto, estableciendo límites a los gobernantes, límites entre los cuales se encuentra la vigencia de los derechos fundamentales. Si tomamos como parámetro las normas emanadas de Tratados Internacionales suscritos y ratificados por Chile, así como la actividad de las Organizaciones Internacionales, como Naciones Unidas (cuyo Relator Especial para los Pueblos Indígenas –Rodolfo Stavenhagen- visitará en julio nuestro país), o la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (órgano de la OEA cuya misión es promover los derechos humanos en los Estados partes), debemos aceptar entonces que el Estado de Derecho incluye también los derechos que los  mapuche y otros pueblos indígenas de Chile reclaman de la sociedad chilena, y que esta sigue sin reconocerles.
 

9. Es por ello que instamos a la Comisión del Senado a que antes de evacuar un informe como este, con imputaciones tan graves, se preocupe de avanzar en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas en el país, y de crear mecanismos que permitan darle cauce positivo a los conflictos que existen en el sur del país, permitiendo con ello su resolución por vías pacíficas.
 

PROGRAMA DE DERECHOS INDÍGENAS
INSTITUTO DE ESTUDIOS INDÍGENAS.
UNIVERSIDAD DE LA FRONTERA
TEMUCO, 26 de mayo de 2003