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COMUNICADO MAPUCHE

Los abajo firmantes somos miembros de organizaciones mapuche, principalmente vinculadas al medio urbano. Nos sentimos parte de un todo, que es el pueblo nación mapuche. Estamos luchando, en diferentes espacios y modalidades, junto a nuestr@s herman@s de las organizaciones y comunidades que están igualmente movilizados en favor de una lucha única, que es por mantener vivas las bases de nuestra cultura, que son el territorio, Wallmapuche, la filosofía y cosmovisión, kimün, la lengua Mapuche dëngún y nuestros propios fundamentos jurídicos, Ad Mongén y Nor Mongén, que rigen la vida, el trabajo comunitario y las relaciones humanas y con el medio ambiente. La lucha de la nación mapuche es política y, como la vida, es diversa por lo que admite diferentes opciones y sabemos con certeza que hay muchos caminos para llegar a un mismo destino.

Tierra, cultura, justicia y libertad
        Luchamos hoy por el derecho de nuestro pueblo a mantener todos estos basamentos de nuestra cultura: la recuperación de nuestro territorio, el derecho a nuestras manifestaciones filosóficas, la preservación de nuestra lengua, costumbres y creencias, en un marco de libertad y respeto recíproco frente a la sociedad global y el Estado-Nación y al reconocimiento de que somos un pueblo diferente al mundo globalizado.

Libertad a l@s prisioner@s mapuche
        Frente a la situación que aflige a herman@s nuestr@s, acusados, procesados y encarcelados por la justicia chilena, pertenecientes a comunidades de Arauco, Malleco y otros lugares de nuestro territorio, expresamos un decidido apoyo a sus motivaciones, y reivindicaciones, que son las mismas que guiaron a nuestros antepasados para resistir a las dominaciones hispánica, chilena y argentina. Exigimos la excarcelación inmediata de nuestr@s herman@s, el sobreseimiento de sus causas y la revisión de todas las demandas relativas a la reivindicación de las tierras mapuches usurpadas, que ha dado origen al conflicto que aflige a nuestro pueblo.
Rechazamos el accionar racista de los fiscales creados por la reforma procesal penal, fiscales ligados a los poderosos para encarcelar a los débiles. ¿O es que acaso hay un hermano mapuche que haya sido nombrado fiscal en la IX Región para perseguir a los que cometen crímenes en contra de las comunidades, como las usurpaciones de tierras, estafas, amenazas y torturas en contra de nuestra gente? Es una muestra más de la intención de esta reforma, la inusual agilidad con que el sistema represivo ha actuado contra nuestros hermanos de la Coordinadora Arauko-Malleko, en circunstancias en que queda impune la muerte de nuestro hermano Alex Lemún.
En estos días en que las autoridades celebran la ampliación a otras regiones, de la reforma procesal penal, nos asiste el deber de rechazar con toda nuestra fuerza la aplicación racista, venal y parcial de esta reforma, que en nuestras regiones se pone al servicio de los intereses de las grandes forestales, poderosos usurpadores de nuestras tierras, dueños del gran capital transnacional.

Diferentes, pero unidos
        Podemos no estar de acuerdo con las prácticas de la Coordinadora Arauko-Malleko y con sus declaraciones en que personeros cercanos a su organización descalifican sectariamente a los que no pertenecen a ella o que adoptan otras formas y espacios de lucha, contrariando el espíritu mapuche de respeto y unidad en la diversidad, pero nos sentimos fuertemente unidos con ellos en el espíritu de Leftraro, Keupulikán, Pelantraro, Mañilwenu y Külapang, por lo que lucharemos por su liberación.

El verdadero terrorismo proviene del Estado Wingka
        El gobierno chileno comete una aberración jurídica al invocar la ley antiterrorista, resultado de una concepción de derecho impuesta por la dictadura de Pinochet por la fuerza de las armas, destinada a someter a los pueblos chileno, mapuche y otros que habitamos el estado-nación, por la vía del terrorismo de Estado. La legislación que se pretende aplicar contra nuestr@s herman@s no tiene asidero en el derecho internacional, y está viciada en su origen, al ser el resultado de las orientaciones de un régimen no democrático, sin que represente el debido consenso social que se obtiene en una democracia formal. No legitima a esta ley, el que haya sido implantada bajo la democracia formal, conociendo la fragilidad de ésta en el período de transición, en que la institucionalidad ha estado sometida a la fuerza de los que ejercen los verdaderos poderes en la sociedad chilena. La ley antiterrorista es inaplicable a luchadores cuyos métodos difieren en el fondo y en la forma que el der
 echo internacional da al concepto de terrorismo. Nuestr@s herman@s pres@s son luchadores que se oponen a un régimen opresor, pero no son terroristas.

Por el derecho al trato justo y a la verdad
        Denunciamos la ofensiva comunicacional por la cual se quiere una vez más deslegitimar las justas reivindicaciones de nuestro pueblo, ocultando los crímenes contra la humanidad cometidos desde 1881, especialmente las usurpaciones legalizadas desde la implantación del decreto ley 2.568 que dividió y privatizó a muchas comunidades. La desinformación y la deformación de nuestra situación ha permitido dejar impunes todas las  vejaciones contra nuestro pueblo, que han culminado en la muerte del joven Alex Lemún.

Alex Lemún, mártir de la Nación Mapuche
        Condenamos la política represiva con que el gobierno ha enfrentado el conflicto que aflige a nuestro pueblo, la penalización del legítimo derecho a organización y movilización social de nuestro pueblo y el abuso de autoridad que siempre se ha ejercido contra nuestr@s herman@s. Denunciamos esta innecesaria y desproporcionada violencia que ya cobró una víctima mapuche, así como la postura adoptada por el Gobierno, al aceptar la versión policial sin emprender una investigación profunda acerca de los hechos. Rechazamos el respaldo institucional que el Gobierno ha dado a la acción etnocida de Carabineros. Condenamos al Estado, las instituciones y los individuos que asesinaron a nuestro peñi Alex Lemún. El pueblo mapuche no olvida a sus mártires ni se confunde frente a quiénes son sus victimarios.

Hacia un Estado de Derecho basado en la Justicia y en la Nueva Relación
        Denunciamos al gobierno chileno y sus instituciones civiles y policiales como destructoras del mismo “Estado de Derecho” que se nos ha pretendido imponer. El gobierno es el que ha desahuciado y transgredido el Estado de Derecho por medio de innumerables prácticas corruptas que han permitido mantener a nuestras comunidades en la opresión del gran capital: postergación de nuestras reivindicaciones más justas, frente a un aparato burocrático; escándalos dentro de la CONADI, pérdidas de expedientes con documentación favorable a los derechos de nuestras comunidades, gastos injustificados, imposición de megaproyectos con prácticas ilegales, prevaricación y presiones contra las comunidades afectadas (como los casos de la imposición de la construcción de las represas de Pangue y Ralko, en que los gobernantes y sus familias fueron jueces y son parte beneficiada económicamente), estudios de impacto ambiental que misteriosamente se pronuncian en contra de los derechos de nu
 estras comunidades, régimen de persecución contra las comunidades y organizaciones mapuches no afectas al régimen de turno, apremios físicos, suspensión de las libertades individuales básicas como el derecho a la libre circulación por los caminos o a la privacidad de la comunicación telefónica.
        Los mapuche estamos inseguros y sin protección frente a la represión del Estado y a la violencia de los grupos paramilitares que han levantado las transnacionales y algunos wingka. Las leyes wingka y la aplicación malintencionada de algunos aspectos de ellas, oprimen constantemente nuestro derecho a la opinión y a la actuación. Hay un sentimiento de inseguridad y de temor frente al Poder. Temor a las arbitrariedades, a la violencia física, a la discriminación, a la infiltración en nuestros espacios. Nuestras comunidades y sus estructuras ancestrales de organización han existido desde antes de nuestra existencia individual y desde antes del establecimiento del derecho wingka y sin embargo éste puede considerarlas asociaciones ilícitas.
        La reforma procesal penal ha sido una punta de lanza del Estado chileno para imponer un orden represivo en contra de nuestros pueblos: por eso se ha implantado en las regiones con más presencia mapuche y aymara, antes que en regiones donde predomina la cultura globalizada, no obstante haya mayor delincuencia en estas regiones que en las en que nosotros tenemos mayor presencia. Si esta reforma tendiera a disminuir los delitos comunes y a hacer justicia más ágil en favor de los humildes chilenos y mapuche, tendría desde ya nuestro saludo; pero sólo podemos verla como la imposición de un orden represivo donde nuestros derechos son conculcados una vez más. Los fiscales y otros funcionarios representan los intereses de los grupos de poder que oprimen a nuestro pueblo y usurpan nuestras tierras y ejercen un poder prevaricante en nuestra contra.
        El estado de derecho no se consolida sobre la base de la legislación de la dictadura que lo negó desde su espúreo origen. Sólo se hace posible sobre la base de una convivencia sana, que no se logra por el apoyo al capital transnacional en desmedro de nuestras comunidades; se logra mediante un profundo saneamiento y erradicación de las prácticas de corrupción al interior de las entidades oficiales que deberían velar por el cumplimiento de políticas económicas y sociales que favorezcan a nuestro pueblo. Se logra mediante un verdadero diálogo, entre las autoridades  y los legítimos representantes de las comunidades mismas que hoy reivindican sus derechos ancestrales. La verdad histórica acerca del sometimiento y daño a nuestro pueblo, y la nueva relación que debe establecerse entre las culturas que quedan dentro del poder del estado-nación, sólo se lograrán mediante un diálogo verdadero y productivo entre las autoridades, la sociedad chilena y el pueblo mapuche, involucrando ef
 ectivamente a los actores mapuche más afectados por la opresión, la usurpación y la discriminación.

A derogar la legislación dictatorial, ecocida y etnocida
        Llamamos al estado chileno y a la ciudadanía a una profunda transformación que consiga que el accionar del gobierno no sea la continuidad histórica en lo económico y jurídico, del régimen de la dictadura y del poder del capital oligárquico y transnacional. Hoy, como ayer, el pueblo chileno condena la dictadura y a su lógica fuera de todo principio ético. Llamamos en concreto a derogar los decretos leyes 2.568 y 2.750 del año 1979 que han permitido el etnocidio del pueblo nación mapuche y el ecocidio de la tierra mapuche. Llamamos a derogar las leyes 17.798 y 18.314 en las partes inspiradas por principios antidemocráticos y que contrarían el derecho internacional. La vigencia de estas leyes y decretos hasta hoy demuestra que los gobiernos concertacionistas han optado erradamente por ser la continuidad de la dictadura.

Por los derechos de las mayorías democráticas y contra el autoritarismo heredado de la Dictadura
        El gobierno chileno no obtendrá por la vía del autoritarismo heredado de la dictadura, el reconocimiento y apoyo de la ciudadanía ni de la comunidad internacional, ni logrará servir los intereses del gran capital transnacional, cuyos verdaderos representantes en Chile hoy hacen lo posible por desplazar del poder a la Concertación. Sólo el servicio a los intereses de las mayorías de chilen@s y mapuches que buscamos vivir con dignidad, pluralismo, respeto a las culturas originarias y a los bienes materiales de éstas, permitirá una convivencia sana al interior del estado-nación y conseguirá el apoyo de los pueblos.

Contra la opresión del gran capital transnacional
        No es sirviendo a los intereses del neoliberalismo transnacional, que el gobierno de Chile se legitimará ante la sociedad chilena y los pueblos originarios; si su política económica y social y su represión nos someten al poder del extranjero, no puede haber Nuevo Trato hacia nuestro pueblo. El pueblo mapuche está en alerta frente a las consecuencias del Tratado de Libre Comercio, que no hará otra cosa sino reforzar la dependencia de nuestros pueblos frente al imperialismo norteamericano, que a través de las transnacionales y con la complicidad de otras potencias, nos imponen económica y culturalmente la injusta servidumbre y el despojo de nuestros recursos, renovando los motivos que llevaron a nuestro pueblo a enfrentar la dominación española. Ante el neocolonialismo, nuestra nación estará a la altura de Leftraru y de Külapang.

Bicentenario ¿De qué?
Denunciamos la incongruencia y el vacío del discurso del Bicentenario de un Estado que no es independiente frente al imperialismo y el capital extranjero. No es libre un pueblo que somete dentro de sí a otros pueblos. Tal como nos opusimos a celebrar el quinto centenario de nuestra opresión, hoy llamamos a desactivar la “celebración” del Bicentenario y a realizar un profundo análisis en la perspectiva histórica acerca de nuestra situación como pueblo inserto a la fuerza dentro del Estado-nación.

Por el libre ejercicio de nuestros derechos políticos como Pueblo Nación
        Llamamos al pueblo mapuche a ejercer de manera libre, masiva y combativa todos los derechos políticos que hemos ganado en cinco siglos de resistencia a la invasión, derechos irrenunciables y que nos permitirán reafirmar nuestra vigencia como cultura, recuperar y reconstruir la libre existencia de nuestro pueblo nación en el tiempo y en el espacio.

Solidaridad con nuestras reivindicaciones
        Llamamos a todos los pueblos, originarios y chileno, a comprender lo justo y legítimo que hay en nuestras reivindicaciones y luchas, y a solidarizar activamente con tod@s l@s pres@s políticos mapuche. Llamamos a exigir se respeten todos los derechos humanitarios que tienen nuestr@s herman@s pres@s, a defensa, juicio justo, etc., y a que las autoridades permitan una amplia información acerca de las condiciones de salud de ell@s y su situación procesal, sin dar lugar a tergiversaciones que atentan a los fundamentales derechos de los procesados.

Hacia un verdadero diálogo entre nuestros pueblos
        Llamamos a todas las autoridades a acercarse a las comunidades a que pertenecen nuestr@s herman@s para comprender el trasfondo económico, social y cultural en que se desenvuelve nuestro pueblo; para entender sus motivaciones y aspiraciones, la historia de las usurpaciones y vejámenes, verdadero memorial de la violencia ejercida contra nuestro pueblo; para restituir a las comunidades la tierra y los recursos que nos han sido arrebatados y para establecer así las bases justas para un nuevo trato.

¡Nos apresarán, nos matarán, pero diez veces venceremos!

Santiago Waria mew, Pikun Mapu mew, Wallmapuche mew, Leftraro (1553), Pelantraro (1598) ñi rëpü mew, walüng, enero küyen 2003.
 

Sergio Huitrañán. Miembro de la Comisión Jurídica Urbana y de la Comisión Mapuche Urbana.
Fernando Kilaleo. Periodista. Director de Radio Canelo, miembro de la Comisión Jurídica Urbana y de la Comisión Mapuche Urbana.
Guillermo Lincolao. Comunicador radial. Centro Mapuche de Estudio y Acción.
Isolina Lincolao. Arquitecto. Centro Mapuche de Estudio y Acción.
José Llancapán. Consejero indígena urbano CONADI. Miembro de la Comisión Mapuche Urbana.
Marcelina Llancapán. Abogado. Miembro de la Comisión Jurídica Urbana y de la Comisión Mapuche Urbana.
Carlos Ruiz R. Historiador. Centro Mapuche de Estudio y Acción.
Pablo Vira. Dirigente organizaciones poblacionales. Centro Mapuche de Estudio y Acción.