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Defensa de un Estado de Derecho, por organismos de connotaciones corruptas

COMISION NACIONAL INDIGENA CHILE

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Pitrufquén   28 de  Noviembre 2002

Ante las declaraciones del Señor Alcalde de Temuco  que plantea la aplicación irrestricta de la Ley de Seguridad Interior  del Estado en contra de nuestros hermanos  Mapuches que manifiestan  colectivamente sus revindicaciones y exigen el respeto de sus derechos fundamentales manifestamos que:

1. Es un hecho cierto que agentes policiales y guardias privados amparados por el Estado chileno y con la complicidad de las autoridades gubernamentales han  torturado, baleado y asesinado a comuneros mapuches.

2. Que con mucho pesar y dolor constatamos que  en las  cárceles  chilenas permanecen prisioneros Mapuches  condenados y procesados por el solo hecho de revindicar sus justos derechos como Pueblo Mapuche. Estando todos ellos sometidos a procesos, dentro del marco jurídicional de la “justicia militar”, práctica que pensabamos erradicada después  de la Dictadura y la proclamación formal de los Gobiernos democráticos..

3. Que los  Gobiernos de Concertación , en particular el Gobierno actual, ha expropiado y autorizado la apropiaciones de tierras Pehuenches, cedido integralmente los derechos de utilzación de aguas (patrimonio nacional), en favor de grandes capitales extranjeros  (ENDESA y Forestales), desplazado poblaciones indígenas; violando el  Derecho Internacional y la Carta Fundamental de los Derechos del Hombre, configurando el delito de Genocidio.

4. Que las responsabilidades de la aplicación de la Ley de Seguridad Interior del Estado es resorte único y exclusivo del Gobierno actual , mas allá de lo normado constitucionalmente.

5. Que el ejercicio y aplicación de la Ley  de Seguridad Interior del Estado , que pretende defender el Estado de Derecho establecido, ( impuesto con el poder de la fuerza militar a la sociedad chilena y a los  Pueblos Indígenas), es aplicada contra  los Mapuches por organismos gubernamentales y del Estado , que cobijan en su seno la corrupción ; Por tanto buena parte de ellos se encuentran inhabilitados moralmente,   (Parlamentarios, Alcaldes, Intendentes ,Gobernadores , Ministros, agentes de  la Policia y las fuerzas Armadas vinculados al tráfico de drogas y armas) para ejercer prerrogativas constitucionales que requieren de responsabilidad y honestidad en la accion de gobernar

6. Que la corrupción detectada hace varios años en los organismos gubernamentales para el tratamiento de la problemática Indígena  (CONADI, MIDEPLAN), hoy vinculados al millonario programa  ORIGENES, no se ha esclarecido, ni transparentado, lo cual de por si es una grave falta tanto civil como penal. Por ello resulta una necesidad  imperiosa que las autoridades den cuanta al país y a los Pueblos Indígenas sobre el destino de los recursos y bienes que pertenecen a las comunidades.

Por lo mismo el Señor Castillo  , responsable de la  IX región del programa Orígenes, hace bien al reconocer y lamentar  la desconfianza del Pueblo Mapuche  a la aplicación de dicho Programa.

7. lo afirmado explica en gran medida que en torno al reconocimiento Constitucional de los Pueblos  Indígenas y su normativa jurídica , no haya habido cambio ni  avance alguno, creando una profunda decepción de nuestras comunidades en el accionar  gubernamental sobre la problemàtica indígena. No olvidamos la promesa incumplida del Presidente de la República   de ratificación del Convenio  N*169  de la OIT.

En este contexto, de una gobernabilidad cuestionada, donde reina  la confusión , la falta de probidad , de diálogo, entendimiento y referencia constitucional, es ilógico , de alto riesgo y discriminatorio, los planteamientos y exigencias de la autoridad para que se aplique la Ley de Seguridad Interior del Estado , para intentar contener las legitimas demandas del Pueblo Mapuche. De allí que los seudos llamados a respetar  la institucionalidad carecen de toda racionalidad toda vez que los guardianes de esta institucionalidad conviven con parlamentarios desaforados, ministros cuestionados, asesores de confianza encarcelados, y policias procesados .

Es decir no es posible aceptar, ni éticamente admitir que se nos exija  que respetemos el concepto de estado de derecho cuando en las instituciones y capas gobernantes  prevalece la corrupción, la coima , y el robo de fondos públicos  que pertenecen a todos los chilenos y Mapuches.

Ante tan cruda y violenta realidad expresamos y demandamos que:

Hoy día  es necesario y urgente generar  situaciones y salidas nuevas y concretas en torno al reconocimiento de los Pueblos Indígenas en Chile.

Es imperioso que el Gobierno  de Chile adopte la decisión urgente de incluir en el actual periodo legislativo el tratamiento, por parte del Senado de la Republica , del Convenio N 169 de la OIT, más aún, cuando después  del fallo favorable del Tribunal Constitucional el Presidente de la Republica, Señor Ricardo Lagos, le había colocado SUMA URGENCIA a la discusión y votación del Convenio.

El retiro posterior de la Suma Urgencia por parte del gobierno es una decisión que rechazamos de la manera mas   enérgica  , ya que dicha medida aparece como un nuevo engaño no solo a nuestros Pueblos, sinó también a toda la sociedad chilena y la comunidad internacional. Con ello el Estado y de manera particular el Gobierno cierra una vez más la posibilidad de encontrar  junto a los Pueblos Indígenas  una salida a la gravísima situación de confrontación que actualmente  se vive, y que puede agudizarse como bien lo dice el Señor Alcalde  , hasta llegar a consecuencias aún mas trágicas.

Es urgente y necesario  el término de procesos pseudojudiciales a los Mapuches y sus familias ya que ellos no conciben la noción del Derecho indígena , ni en la normativa constitucional que reconozca y permita el ejercicio  de la consideración de  uso y costumbres, mientras la justicia chilena no adopte esos conceptos su accionar tendrá siempre  altos grados de discriminación y será injusta para nosotros.

Por ello exigimos al Gobierno terminar definitivamente con los requerimientos interpuestos en contra de nuestros hermanos, en tanto se hace uso y abuso de la mal llamada Ley de Seguridad Interior  del Estado en las condiciones descritas anteriormente.

Solicitamos iniciar un diálogo que permita establecer nuevos parámetros de relación y trato entre nuestros pueblos y el Estado favoreciendo al mismo tiempo una AMNISTIA   para todos los Prisioneros y procesados mapuches en la justicia chilena.

Solicitamos crear una Comisión de carácter Constitucional de la cual emane una subcomisión del Pueblo Mapuche , que permita la participación y reconocimiento de todas las organizaciones Mapuche sin excepción.

Solicitamos  el reconocimiento  de un Consejo Indígena por la VERDAD HISTORICA, en tanto la Comisión nombrada por el Gobierno de Chile y presidida por el Señor Alwyn por sus propósitos y composición carece  de toda validez práctica y de autoridad política y moral para abocarse a tan importante quehacer mas aún cuando no incorpora ni se abre a la participación de los principales  protagonistas  , los Pueblos  Indígenas.

Por la Comisión  Nacional Indígena

Marcelo Calfuquir