BASES PARA UNA POLITICA DE ESTADO DE RESPETO A LOS DERECHOS Y TERRITORIOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS DE CHILE

COORDINADORA DE ORGANIZACIONES E INSTITUCIONES MAPUCHE Y TERRITORIOS EN CONFLICTO.

1.- EN CUANTO A DERECHOS INDIGENAS

1.1 Reposición del Proyecto de Reconocimiento Constitucional de los Pueblos Indígenas, presentado a trámite parlamentario en 1991.

1.2 Ratificación del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) referido a los Derechos Indígenas.

Consideramos que con la ratificación del Convenio Constitutivo del Fondo indígena Latinoamericano, que se basa en el Convenio 169 de la OIT, debe darse por superado el debate estéril y objeciones que se sostuvieron en 1991 para aprobar el Convenio 169.

1.3 Aplicación cabal del Convenio de Biodiversidad.

1.4 Suscripción oficial de la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos Indígenas.

Pedimos que se informe públicamente de las posiciones y votos de Chile en el proceso de tramitación de la Declaración de la ONU.

1.5 Suscripción oficial de la Declaración Interamericana de Derechos Indígenas, promovida por la OEA, y sometida a ratificación en junio de 1997.

1.6 Cumplimiento efectivo de las Declaraciones de las Cumbres Iberoamericanas, en donde se hace mención a derechos de los Pueblos Indígenas.

Planteamiento de una moción de respeto a los territorios indígenas, en la declaración de la VII Cumbre de Venezuela en 1997, y Cumbre de las Américas a realizarse en Chile en marzo de 1998.

1.7 Cumplimiento efectivo de los deberes del estado y sus organismos, establecido en los artículos 1º y 34º de la Ley Indígena, en lo referente a protección de las tierras indígenas, y participación.

Directiva Presidencial a todos los organismos de la administración del Estado, para cumplir con el deber de escuchar y tomar en consideración la opinión de las organizaciones indígenas.

1.8 Elevación de la Ley Indígena a rango de Ley Orgánica Constitucional.

2. TIERRAS Y TERRITORIOS INDIGENAS

2.1 Expresión de voluntad del Gobierno de respetar y hacer cumplir la protección de las tierras indígenas, por exigirlo el interés nacional.

En particular, respetar las tierras pehuenche del Alto Bío Bío, tierras Mapuche de Truf Truf, tierras Huilliche de Quellón, tierras Lafquenche.

Instrucción al Ministerio de Obras Públicas y organismos estatales encargados de aprobar proyectos, de velar por la estricta aplicación de la Ley 19.253.

2.2 Directiva Presidencial referida a procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental, en particular cautelando la participación ciudadana indígena de acuerdo al artículo 34 de la Ley 19.253.

2.3 Establecer cartografía Oficial de las Tierras Indígenas, demarcación y delimitación de las minas.

2.4 Establecimiento de un Plan de Ordenamiento territorial que identifique las zonas de ampliación de tierras indígenas, separando y limitando la zonas de expansión forestal.

Conjuntamente, establecer un presupuesto trienal significativo del Fondo de Tierras y Aguas, que permita asegurar territorios indígenas sustentables.

2.5 Protección especial de las aguas indígenas, con modificaciones al Código de Aguas, actualmente en trámite en el Parlamento, que establezcan la inseparabilidad de los derechos de agua respecto a la propiedad de la tierra indígena.

2.6 Protección del subsuelo en zonas indígenas, estableciendo expresamente la prohibición de imposición de gravamen minero por no indígenas. Modificación respectiva al Código Minero.

2.7 Protección de los derechos de las comunidades ribereñas de lagos, para las concesiones acuicolas.

2.8 Reposición del concepto de Territorios Indígenas en la Ley Indígena, estableciendo cláusulas que protejan a los territorios de megaproyectos, intervenciones y obras mayores que no se originan en planes de desarrollo indígena. Elaboración de un estatuto legal especial de Territorios Protegidos.

2.9 Información y participación indígena en los proceso de negociación de Acuerdos Comerciales Internacionales, para cautelar nuestros intereses.

Exigimos una aclaración al sentido y aplicación de las cláusulas referidas a población y tierras indígenas contenidas en el Acuerdo de Libre Comercio suscrito entre Chile y Canadá.
 

3.- DESARROLLO Y PARTICIPACION INDIGENA

3.1 Directiva Presidencial a los organismos públicos de administración y servicios (Gobiernos Regionales, INDAP; FOSIS, Municipios, SERNAM, AGCI, SERVIU, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Educación, M.O.P, etc.) para que escuchen y tomen en consideración la opinión y propuestas indígenas en la elaboración, ejecución y evaluación de planes, programas y proyectos de desarrollo.

3.2 Reformulación de las Estrategias de Desarrollo Regional de las regiones Y, II, VIII, IX y X, del periodo 1995-2000, por no cumplir con la exigencia legal establecida en el Artículo 34 de la Ley 19.253, y contener directrices y líneas de acción que atentan contra territorios e intereses indígenas.

3.3 Cumplimiento del compromiso de Chile al Fideicomiso del Fondo Indígena Latinoamericano, con un aporte sustantivo acorde con la economía del país.

3.4 Formulación de un Plan Intersectorial de Desarrollo Indígena, elaborado en conjunto con las organizaciones indígenas.

Consideramos poco serio que el Estado descargue en una institución escuálida todas las obligaciones que le ordena la Ley 19.253.

Asimismo, consideramos insuficiente el llamado "Plan Trienal" elaborado por la Secretaría General de la Presidencia. Muchas palabras y poca concreción de las medidas, de corto alcance.

Al igual que en el caso de las políticas de género, debe asumirse sin complejos que es el estado el principal responsable histórico de la discriminación y atropellos hacia los Pueblos Indígenas. Es necesario, formular un Plan de Igualdad de oportunidades con los Pueblos Indígenas, que señale con precisión las obligaciones, compromisos y metas de cada Ministerio, servicio y organismo público.

3.5 Dar aplicación a la Ley Indígena en las normas de participación indígena en las instancias de representación política local y regional.

3.6 Aplicación cabal del pluralismo lingüístico en nuestras regiones, tal como lo ordena la Ley.

3.7 Poner límite y regular los impulsos estatales de controlar la medicina tradicional indígena

Establecer sistemas de salud intercultural en los territorios indígenas.

3.8 Garantizar y respetar la autogestión indígena en las Areas de Desarrollo Indígena.
 
 

4.- SITUACION ACTUAL Y FUTURO DE CONADI

Venimos a manifestar a Ud. nuestra preocupación por el futuro de una institución pública, la CONADI, que creamos juntos el Estado de Chile y Los Pueblos indígenas, para defender nuestros derechos y tierra, y para promover nuestro desarrollo, y no para profundizar nuestro sometimiento. Para superar la actual crisis de la CONADI proponemos y exigimos:

4.1 Respeto del Gobierno al principio institucional de la CONADI de co-gobierno entre Estado y Pueblos Indígenas.

Es efectivo que es potestad del Presidente de la República nombrar a los directores de Servicios, pero es deber nuestro advertir a la autoridad cuando algo se está haciendo mal, y se está desconociendo las bases institucionales de la CONADI. Es actuar con responsabilidad y de acuerdo a nuestra potestad. No cualquiera cuenta con nuestra confianza, menos cuando sus primeras declaraciones revelan la intención de modificar la Ley Indígena.

4.2 Participación efectiva de los Subsecretarios en el Consejo de la CONADI, como gesto de respeto e interés gubernamental en los asuntos indígenas.

4.3 Respeto y acatamiento de los Acuerdos del Consejo Nacional de la CONADI referidos al rechazo a las permutas de tierras indígenas en el Alto Bío Bío.

4.4 Respeto por parte del Ministerio de Hacienda, a los compromisos adquiridos en 1993 de establecer un piso presupuestario de $ 10,000 millones, lo que al no cumplirse originó los problemas presupuestarios que se arrastran hasta ahora.

4.5 Incremento sustantivo del Presupuesto del Fondo de Tierras y Aguas, de Acuerdo a un Plan Territorial de ampliación de tierras y protección de Derechos de Aguas.

4.6 Exigencia de no intervención de intendentes y Gobernadores en la gestión de CONADI.

4.7 Gestos y medidas de reparación de los graves errores políticos y legales cometidos por un conjunto de autoridades que participaron en la intervención de la CONADI, Subsecretaria de la Presidencia, MIDEPLAN, Intendencia IX Región; quienes con su autoritarismo y desconocimiento de principios básicos de política indígena provocaron una crisis de legitimidad y gobernabilidad de la CONADI.

Hay demasiada improvisación e irresponsabilidad en sus representantes cuando se trata de relacionarse con nosotros, ignorando que en nuestra cultura lo que más valoramos es la dignidad de nuestras autoridades.

Nosotros necesitamos conversar con una contraparte seria, que piense como estadista, y tenga c capacidad de decisión.

4.8 Finalmente, reiteramos nuestra propuesta responsable de establecer un Periodo de Transición de la CONADI, de tres meses, en donde el Consejo Nacional asuma su responsabilidad que le indica la Ley, en la fijación de las políticas de la Corporación, con activa participación de las organizaciones Indígenas.

Establecimiento de un compromiso político del Gobierno de no desnaturalizar la CONADI y pretender convertirla en un instrumento de manipulación de las comunidades indígenas, y un facilitador de megaproyectos.

debemos advertir, que de persistir en esa pretensión, el Gobierno cometería una grave error de política que ya es clásico en la historia del indigenismo oficial de América latina y que ya ha demostrado su ineficiencia.
 

Sr. Presidente

En la primera mitad de la década de los noventa, Chile se destacó a nivel internacional por los avances logrados en el respeto a los derechos indígenas. Esa es la tendencia mundial.

Como muestra de reconocimiento al país, la Primera Asamblea del Fondo Indígena Latinoamericano, integrante por representantes de los Estados y los Pueblos Indígenas del continente eligieron la Capital de Chile como sede de la Segunda asamblea del Fondo en Noviembre de 1996. Un honor que el organismo creado por convenio de la II Cumbre Iberoamericana se reuniese en Santiago de Chile. Pero, incomprensiblemente, se suspendió esa reunión a solicitud del Canciller José Miguel Inzulza, fijándose como nueva fecha los días 15 y 16 de Mayo de 1997. Ahora, nuevamente se ha suspendido la Asamblea, lo que ha motivado el rechazo internacional. Chile es mirado como un país intolerante y donde se atropellan nuestros derechos y se intervienen las instituciones indigenistas.

Nos preocupa nuestro país y nuestro futuro como Pueblos. Creemos firmemente que la tolerancia, el diálogo, el respeto a la naturaleza y a la autodeterminación de los pueblos puede y debe ser parte de la modernidad.

Es nuestra palabra Sr. presidente, y hemos venido desde tan lejos a entregarla, bajando cerros, cruzando ríos, días y noches, atravesando el territorio picunche, hasta llegar a su casa a dejarle esta carta. Con esperanza. No venimos solos. Acá están nuestros hermanos del Huelén y delegaciones de hermanos Aymará, Atacameños, Collas, Rapa Nui. Viajan también con nosotros la memoria de nuestros antepasados y vienen nuestros hijos, nuestro futuro. Somos el pueblo mapuche de ayer, de hoy y de siempre.

Es nuestra palabra. Ahora queremos escuchar la suya.

Santiago Mayo de 1997.-