Centro de Documentación Mapuche Documentation Center

Voces desde el encierro

Una huelga de hambre exigiendo el fin de la persecución policial que afecta a las comunidades en conflicto, así como la libertad que el Estado chileno les ha negado como luchadores sociales mapuche, iniciaron el pasado lunes 7 de agosto seis presos políticos recluidos en la cárcel de Angol y que enfrentan duras condenas en democracia, bajo la Ley Antiterrorista de Pinochet. La acción de protesta fue anunciada por la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche y coincide con el inicio de las audiencias de preparación de juicio oral contra Jorge Manquel Torres en Collipulli, acusado por la fiscalía local del incendio de una sementera de trigo propiedad del particular Rene Urban.

Por Pedro CAYUQUEO / Azkintuwe Noticias / 09 de marzo de 2005


A través de un comunicado público, seis presos políticos mapuche recluidos en la cárcel de Angol dieron a conocer el inicio de una huelga de hambre indefinida, a fin de exigir al gobierno el fin de la persecución que los afecta, su rechazo a las acciones de hostigamiento contra sus comunidades, así como la libertad de todos los mapuche encarcelados en distintos recintos de detención de la zona sur de Chile. Asimismo, reiteran su visión de estar siendo perseguidos por sus ideas políticas y no por los delitos por los cuales reiteradamente los acusa la Fiscalía del Ministerio Público.

"Nuestro encarcelamiento obedece a nuestras ideas y posturas de resistencia frente a un modelo económico destructivo, que ha robado nuestras tierras ancestrales y ha sobre explotado todos nuestros recursos naturales, empobreciendo y destruyéndonos económica-política y socialmente como pueblo Mapuche. Es por eso que decimos que esta reclusión obedece a una prisión política, en el que más allá de probarse los hechos, nos persiguen por ser mapuche", señalaron.

En el texto de la declaración, dado a conocer por la Agrupación de Familiares y Amigos de los Presos Políticos Mapuche, deja muy en claro los objetivos de esta nueva movilización al interior de una de las cárceles con mayor cantidad de presos políticos en la región de La Araucanía.

"Una vez más, nos levantamos y alzamos nuestra voz desde la cárcel para exigir: La libertad inmediata de todos los Presos Políticos Mapuche, recluidos en la cárcel de Traiguén, Angol y Concepción. El cese a la persecución de los mapuche clandestinos y el cierre de sus causas judiciales. El fin al hostigamiento y represión por parte de carabineros de Chile a las comunidades mapuche. Y la expulsión de las forestales y latifundistas del Territorio Mapuche", señala.

Cabe destacar que gran parte de los huelguistas, entre quienes se encuentran Jaime Marileo Saravia, Patricio Marileo Saravia, Jorge Manquel Torres, Jaime Huenchullan Cayul, Juan Carlos Huenulao Lienmil y Patricia Troncoso Robles, enfrentan severas condenas y acusaciones por delitos de supuesto "terrorismo", cargos que han sido rechazados tanto por los presos, como por abogados defensores y diversos organismos de derechos humanos que han estudiado los expedientes de sus causas judiciales.

Historia de injusticias

"Me encuentro encarcelada porque el Estado chileno y forestal Mininco me considera terrorista y me condenó a 10 años y un día por luchar por la dignidad de todo un pueblo. He tenido que soportar 4 juicios, en los cuales he sido absuelta en tres oportunidades, he sufrido del escarnio publico, principalmente de parte de la prensa que siempre condena antes de un juicio al mapuche. He tenido que soportar la convivencia con delincuentes comunes, separada de mis hermanas y hermanos mapuche", señaló Patricia Troncoso Robles, una de las huelguistas.

"Pero desde esta posición, sigo resistiendo, porque considero de que se trata de una lucha digna, y lo que nos ha tocado vivir en el ultimo tiempo es parte de un proceso mas largo, en el cual ni la fuerza del estado ni el dinero de los poderosos podrán acallar nuestras legitimas demandas. Por lo anterior, me mantengo con mucha fuerza y con la frente en alto, porque tengo la convicción y la confianza de que la lucha que están dando mis lamngenes dará sus frutos", enfatizo a través de una declaración emitida ayer martes 8 de marzo, paradójicamente en el Día Internacional de la Mujer.

Jaime Huenchullan Cayul, miembro de la comunidad Temucuicui de Ercilla, es otro de los huelguistas. Encarcelado hace dos meses en dicho recinto penal, Huenchullán es acusado de una serie de delitos comunes por las fiscalías de Traiguén y Collipulli, acción judicial que se enmarcaría -según denuncian los mapuches- en una nueva estrategia del Ministerio Público para perseguirlos sin recurrir a la aplicación de leyes como la 18.314 (Anti-terrorista), cuestionadas fuertemente por la comunidad internacional

"Este montaje realizado por el Ministerio Publico y orquestado por latifundistas y empresas forestales, ha consistido en inculparme de una serie de delitos, aparentemente aislados al conflicto mapuche, lo que se ha transformado en una nueva estrategia para inculpar dirigentes y gente activa dentro de las comunidades. Es así que se nos ha acusado de abigeato, daños, amenazas y un sin fin de delitos comunes, con el único afán de mantenernos presos y perseguidos judicialmente, y mantener al margen a las organizaciones mapuche como de defensa de derechos humanos e indígenas", denunció Huenchullán.

"Lo anterior se suma a la militarización de nuestras comunidades por parte de Carabineros de Fuerzas Especiales, que resguardan el patrimonio de los latifundistas y empresas forestales que invaden nuestro ter ritorio, creando un clima de hostigamiento sistemático y de estado de sitio hacia las comunidades mapuche. Maltrato físico y psicológico, a niños, mujeres y ancianos, allanamientos y controles de identidad abusivos en los caminos de las comunidades son una constante que deben soportar nuestros hermanos", relata.

Y como para no dejar dudas respecto de la parcialidad y el racismo del actuar de la justicia, da cuenta de un grave atentado que sufrió a manos de desconocidos al interior de su propia comunidad. "A mediados del mes de noviembre del año 2004, en momentos que me encontraba trabajando, recibí dos impactos de cartucho de escopeta por desconocidos al interior de mi propia comunidad. Posterior al disparo recibido, permanecí desangrándome a la intemperie durante toda la noche, hasta que en la mañana del día siguiente, fui encontrado por una tía, quien me llevo hasta el hospital de Victoria, en donde recibí un trato racista y discriminatorio de parte de todo el personal medico", señala.

Sin embargo, pese a existir una querella interpuesta ante los tribunales de justicia, hasta la fecha la justicia ha sido incapaz de dar con los responsables del hecho. Más aun, en una clara muestra del humor negro que caracteriza las acciones del Ministerio Público en las causas contra comuneros mapuches, la justicia asignó como encargado de la investigación al mismo fiscal encargado, en otras causas, de perseguirlo tanto a él como a su comunidad.

"El Ministerio Público, hasta el mes de enero del 2005, no había realizado ninguna diligencia para dar con el paradero e identidad de los responsables. La primera acción para esclarecer los hechos, fue el acoger una querella por homicidio frustrado presentada por abogados particulares. Entonces se da la paradoja de que el mismo fiscal que persigue a mi comunidad y mi familia, está encargado de investigar quien trato de matarme", denuncia.

Nueva audiencia

Esta nueva acción de protesta de los presos políticos mapuche coincide además con el inicio de las audiencias de preparación de juicio oral en contra de Jorge Manquel Torres en Collipulli, acusado por la fiscalía local del incendio a una sementera de trigo de propiedad del particular Rene Urban. Manquel, miembro de la comunidad Ancapi Ñancucheo de Ercilla, fue detenido por Carabineros el 27 de febrero del 2004 en las cercanía de su casa, en momentos en que transitaba por un camino público.

Posteriormente, el Juzgado de Garantía de Collipulli otorgó un plazo de ocho meses de investigación, tiempo en el cual ha debido permanecer en prisión, denunciando el pasado 10 de enero una grave violación de su derecho a una legitima defensa por parte de la Defensoría Penal Mapuche, encargada en teoría de defenderlo de las acusaciones del fiscal.

"En un primer momento fui asistido por la Defensoría Penal Mapuche, defensa que oficialmente aun tengo pero que no ha hecho ninguna gestión por mi libertad. Al contrario, el defensor público, abogado Jaime López, me aconsejó inculparme a modo de tener un juicio simplificado y recibir una condena de cinco años de pena remitida", denunció en dicha oportunidad / Azkintuwe