Protesta pacífica por los comuneros detenidos

Los manifestantes quemaron un Código Penal en plena vía pública en repudio a la situación procesal que vive la dirigente Mireya Figueroa y a la "impunidad" por la muerte de Alex Lemún.

Alrededor de 50 comuneros, integrantes de la izquierda mapuche, marcharon pacíficamente ayer por las calles de Temuco para exigir al Gobierno la liberación de 20 presos políticos mapuches y de Mireya Figueroa, dirigente de la comunidad Trikauko, quien se encuentra recluida hace un año en el Centro de Cumplimiento Penitenciario de Traiguén, acusada por el Ministerio Público del delito de incendio terrorista.

Los manifestantes, encabezados por el dirigente Domingo Marileo, se dirigieron hasta la Intendencia con la finalidad de entregar una carta para el presidente Ricardo Lagos, en la que le manifestaban intervenir en esta situación para buscar una solución a sus demandas.

Debido al fuerte contingente policial, sólo cinco dirigentes llegaron hasta el edificio de Gobierno, donde entregaron el documento, para luego retirarse de lugar, sin que se registraran incidentes.

El dirigente Domingo Marileo dijo que "mientras no se retiren las querellas presentadas por el Ministerio del Interior en contra de los mapuches de la región, no existirá un cambio en las relaciones, ni menos habrá un Nuevo Trato".

En forma de repudio a la justicia chilena por su trato al pueblo mapuche, los manifestante quemaron un Código Penal en plena vía pública, rechazando la situación que afecta a Mireya Figueroa y pidiendo "término a la impunidad por la muerte de la única víctima del conflicto, Alex Lemún". 
 

LIBERTAD

En tanto, en la mañana de ayer en el Juzgado de Garantía de Temuco, se realizó la audiencia de revisión de medida cautelar de prisión preventiva en contra del dirigente Galvarino Raimán, quien fue aprehendido por agredir al intendente Ricardo Celis, durante el coloquio mapuche.

Un Decreto Supremo firmado por el Presidente Lagos, que determina la designación de Raimán como integrante de la Comisión Verdad y Nuevo Trato, y los certificados de arraigo social y familiar del imputado presentados por su defensa, resultaron vitales para que el juez Alejandro Vera resolviera dejarlo en libertad.

El tribunal fijó como medidas cautelares para el comunero presentarse a firmar una vez al mes al tribunal, la prohibición de salir del país, de acercarse a la primera autoridad policial y asistir a reuniones convocadas por el intendente.

Por Víctor Hugo Palma