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Respecto de los sucesos en Rucamañio

Las Consecuencias de una Estrategia Maldita

5 de febrero de 2002
Resistencia Mapuche



Pasado ya el trágico impacto inicial producido por la matanza de comuneros huilliches en el sector de Rucamañio, San Juan de la Costa, hemos querido dedicar esta sección de nuestra página para realizar una reflexión necesaria al respecto. Y hemos querido realizarla precisamente hoy día, cuando dicha noticia desaparece paulatinamente de los racistas y despectivos titulares de la prensa chilena, cuando las explicaciones de las autoridades encargadas del caso ya no nos causan la repugnancia de los primeros días y cuando el silencio cómplice del movimiento mapuche nos obliga definitivamente a gritar aquello que otros simplemente callan.

En primer lugar, intentaremos situar los hechos ocurridos en su justa dimensión política y dejar así de lado versiones interesadas que buscan reducirlo a un mero problema de tipo social, conductual, educacional y -cuando no- a la consecuencia imprevisible de un "lamentable" error de procedimiento al interior de la burocracía reconocidamente inoperante de Conadi.

No hablaremos por tanto en esta editorial ni de la violencia fratricida manifestada por los agresores, ni de los factores psico-socio-filosófico-culturales que posibilitaron dicha masacre y que -según la editorial del diario La Tercera del 4 de febrero-, hacen más necesario que nunca un trabajo educacional para "alejar" a las comunidades de la "lógica primitiva que las obliga a recurrir a la fuerza y la violencia cómo método para resolver sus conflictos".

No, aquí no haremos apología de las teorías darwinistas ni mucho menos de aquella otra lógica tan civilizada del contrato social, el estado de derecho, los tribunales de justicia y todas aquellas patrañas del orden social y sus sacrosantas instituciones de que nos habla La Tercera, aun cuando sus propios y civilizados impulsores se masacren cada cierto tiempo en brutales guerras y enfrentamientos fratricidas que harían palidecer hasta la más primitiva y sanguinaria de nuestras ancestrales costumbres bélico-culturales.

Aquí más bien hablaremos de política y de aquellos antecedentes ocultos que posibilitaron el enfrentamiento de nuestros hermanos allá en las montañas osorninas y que nos debieran hacer reflexionar respecto de la forma en que el Estado (a través del accionar de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena) interviene y opera en función de sus intereses coloniales al interior de nuestras comunidades y especialmente en aquellas catalogadas eufemísticamente como "conflictivas" o "radicalizadas" a la hora de plantear sus reivindicaciones y demandas territoriales. Y esto porque es allí y no precisamente en el estudio del perfil sicológico de nuestros hermanos huilliches, donde podemos verdaderamente encontrar las causas que originaron la matanza de Rucamañio.

Divide et Imperia

Cuenta la leyenda que en los tempranos tiempos del Imperio Romano, los afanes expansionistas del César chocaron contra la feroz resistencia de numerosos pueblos que no aceptaban bajo ningún ofrecimiento pasar a formar parte de las nuevas fronteras imperiales. Para salvar la situación, estrategas y asesores militares del Emperador idearon entonces una estrategia político-militar que ya tenía sus antecedentes en el ámbito del derecho romano y que le permitiría al Cesar debilitar definitivamente la resistencia de aquellos pueblos rebeldes e insumisos.

Dicha estrategia fue conocida bajo el aforismo "divide et imperia", que en latín significaba "dividir para gobernar" y que con el paso de los siglos ha evolucionado al menos pretensioso "dividir para vencer" y que según algunos teóricos inescrupulosos constituye la piedra angular del éxito para cualquier empresa en la que un hombre pretenda ambarcarse en la vida.

Esta legendaria estrategia romana constituye hoy en día la base de las políticas aplicadas por el Estado chileno en contra de nuestro pueblo y sus postulados un verdadero manual de cortapalos para todos aquellos funcionarios que hoy forman parte de la maquinaria indigenista estatal de Conadi. Asi lo demuestra al menos la posición asumida por los sucesivos gobiernos de la Concertación una vez estallado los primeros focos de conflicto y que si bien han variado en sus matices dependiendo de las coyunturas, han sabido mantener intactos sus objetivos a largo plazo: el dividir a nuestro pueblo, debilitar su resistencia y continuar con su dominación.

Esta estrategia en el ámbito del conflicto mapuche/chileno se manifiesta claramente en la porfiada manía de las autoridades de clasificar a nuestras organizaciones entre aquellas "violentistas" y aquellas "pacíficas", entre aquellos mapuches "malos" y aquellos mapuches "buenos", entre aquellos dirigentes que optan por las vías "antisistémicas" y aquellos que optan por las vías "institucionales", entre aquellos que se merecen zanahorias y proyectos, y aquellos que sólo pueden esperar como respuesta a sus demandas los garrotes y la persecución policial, planteando incluso entre ambas tácticas de lucha una falsa dicotomía que ha logrado -increiblemente- imposibilitar cualquier esperanza de unidad al interior de un movimiento mapuche sumido en disputas internas sólo funcionales a los intereses de su enemigo común.

Esta situación, por cierto, no solo es posible apreciarla a nivel de las organizaciones políticas mapuche y de manos de las autoridades de gobierno. A nivel de comunidades en conflicto y del actuar de los funcionarios de Conadi la estrategia del "divide y vencerás" se traduce cotidianamente en un sin fin de desvergonzadas intervenciones que en no pocos casos han desatado conflictos internos de complicada resolución.

Y esto porque si las autoridades de gobierno dividen a las organizaciones entre mapuches buenos / mapuches malos y en función de esta calificación aplican determinados niveles de represión, tanto las autoridades como los funcionarios de la Conadi hacen lo suyo con las propias comunidades mapuches y en función de esto aplican o dejan de aplicar determinados programas de asistencia económico-social contemplados en la legislación indigenista.

Es de conocimiento público el mal trato y la burocracia que cientos de comunidades en conflicto territorial encuentran como respuesta a sus demandas en las dependencias de Conadi y que contrastan notablemente con los múltiples beneficios que otras comunidades reciben día tras día. Beneficios que van desde la asignación de recursos frescos para sus actividades culturales, información privilegiada sobre determinados programas asistencialistas, la aprobación expedita de un sin fin de proyectos productivos y comerciales, y cuando no, la compra de algún fundito agrícola o forestal gentileza del caritativo Fondo de Tierras de la Corporación.

Si esta situación de injusticia y desfachatez estuviera cruzada sólo por elementos políticos, uno podría terminar incluso por aceptarla. Pero no es así, pues al factor político se suman otros factores de tipo más cuestionables y que dicen relación con los elevados índices de corrupción existentes al interior de la Corporación y específicamente del Fondo de Tierras, y que tienen hoy en día a gran parte de sus funcionarios contables siendo parte de una investigación por malversación de fondos públicos que ya se evidiaría la propia mafia siciliana.

Es en este oscuro marco que se inscriben precisamente las compras de predios para las comunidades mapuches en las regiones VIII, IX y X a cargo de la Corporación y que reproducen de manera más que gráfica los postulados del "divide y vencerás".

Su aplicación en los hechos

Estrategia 1: En determinada zona de conflicto, tierras y proyectos productivos para las familias y los dirigentes más débiles y proclives a los coqueteos con el gobierno. Resultado: en una misma comunidad, familias hasta entonces unidas por una historia común y una reivindicación territorial se transforman en enemigas potenciales y el conflicto es sofocado sin demora por el desánimo de los demás integrantes o, en su defecto, por el selectivo accionar represivo del gobernador provincial y sus muchachos.

Estrategia 2: En determinada zona del territorio mapuche, comunidades que reivindican territorios usurpados ante una empresa forestal o un terrateniente local, son obligadas por la Corporación ha aceptar -después de largos años de espera- la compra un "predio alternativo" situado en otro punto del territorio y alejado completamente de su lugar de origen (tuwun), en una medida que culturalmente atenta contra todo aquello que a nivel de discurso dicen defender las autoridades del organismo. Resultado: la identidad territorial afectada sufre la dispersión de sus comunidades originales, los lazos familiares se rompen, las alianzas políticas desaparecen.

Huelga decir que en muchos de estos casos, la comunidad "beneficiada" recibe tierras en una zona desconocida con anterioridad para ellos, en predios que esconden en su interior otras reivindicaciones locales y que a la postre terminan transformando a los comuneros recién llegados en personas no gratas para sus nuevos vecinos y en los perfectos candidatos para el apaleo del fin de semana una vez finalizado el torneo de rigor.

Ahora, si el conflicto interno provocado en uno u otro caso desemboca o no en enfrentamientos y muertes productos de recriminaciones, apaleos o balazos mutuos entre las familias o comunidades involucradas, no es algo que preocupe mayormente a las autoridades de la Corporación. Al menos así ocurrió en la zona del lago Lleu-Lleu y Traiguén el año 1999, donde varias comunidades en conflicto protagonizaron violentos incidentes entre sus propios miembros tras el paso por sus tierras de los operadores de Conadi y sus tentadoras ofertas de temporada. Claro está que allí no hubieron muertes que lamentar. Pero de que casi las hubo, es un hecho.

En fin, ambas estrategias anteriormente relatadas se han venido repitiendo con alarmante preocupación en los procedimientos de compra y entrega de tierras que dirige la Corporación. Es más, constituyen la norma al interior de un organismo indigenista que -siguiendo las instrucciones derivadas de sus patrones a nivel central- apuesta a la dispersión de las familias y a la división de las comunidades como vías para sofocar los conflictos, mantener la paz ciudadana y proteger a las empresas transnacionales forestales con sus millonarias inversiones.

Ejemplos de la aplicación de estas estrategias existen por montones, pero nos remitiremos a los casos ya mencionados. La número 1, por ejemplo, se aplicó el año 1999 en la zona del lago Lleu-Lleu y afectó a la combativa comunidad Pascual Coña, que reivindica desde hace 4 años derechos territoriales sobre 300 hectáreas de la Hacienda Lleu-Lleu, propiedad del oscuro empresario penquista Osvaldo Carvajal Rondanelli.

En dicha ocasión, ante la imposibilidad de convencer al lonko Avelino Meñaco de aceptar una negociación respecto de "otras" tierras, los funcionarios de Conadi pusieron sus ojos en las demás familias de la comunidad, las cuales después de un largo tira y afloja, y agotados por la represión policial decidieron aceptar la compra de un Fundo agrícola en las cercanías de Cañete. Es decir, a más de 90 kilómetros de su comunidad original, a más de 90 kilómetros de la Hacienda Lleu-Lleu y a más de 90 kilómetros del lonko Avelino Meñaco y su "radicalizada" postura de recuperar aquello que por historia y derechos les pertenecía.

Otro ejemplo y donde se aplicaron simultáneamente las dos estrategias antes mencionadas, ocurrió en la zona de Traiguén el año 1999. Cabe recordar que en dicho sector, miembros de la comunidad Antonio Ñíripil de Temulemu -apoyados por otras comunidades de la zona- reivindicaron con mucha fuerza cerca de 2.000 hectáreas pertenecientes al Fundo Santa Rosa de Colpi de la empresa Forestal Mininco, en uno de los conflictos más tensos y prolongados que se tenga memoria en los últimos años.

En dicha ocasión y cuando las escenas de los enfrentamientos y las tomas le estallaban al gobierno en su cara por las pantallas de la televisión nacional, funcionarios de la Corporación estimaron que había llegado la hora de aplicar el viejo aforismo romano. Para ello, primero deslegitimaron el mando del lonko tradicional Pascual Pichún al interior de la comunidad y lograron levantar una directiva paralela más proclive al diálogo y a las migajas ofrecidas por el Estado. A poco andar, esta directiva paralela conducida por el "presidente" Huenchu Nahuelkura renunció a la demanda por las 2.000 hectáreas del Fundo en conflicto y aceptó la entrega de sólo 80 hectáreas como "reparación" histórica, situación calificada entonces por el gobierno como un verdadero triunfo del "dialogo" por sobre la "intransigencia".

Era obvio que para las autoridades esto significaba el fin del conflicto en la zona. Sin embargo, la fortaleza alcanzada por el movimiento mapuche logró reposicionar al lonko Pascual Pichún y nuevas jornadas de movilización inundaron los titulares de la prensa y las pantallas de televisión. ¿Qué había fallado?. Pues algo muy simple: la creencia gubernamental de que todo tiene un precio, incluida la conciencia y la dignidad de toda nuestra gente.

Para las autoridades fue entonces el momento de pasar al Plan B y aplicar la estrategia número 2. Para ello, a través de la sutil intromisión de algunos personeros de Conadi, se logró que gran parte de las familias que reconocían la autoridad del "presidente" Nahuelkura aceptaran la compra de un predio "alternativo" de 600 hectáreas y en excelentes condiciones para el trabajo agrícola y ganadero. Y como dicen que la necesidad tiene cara de hereje, alrededor de 40 familias de la comunidad Antonio Ñiripil de Temulemu fueron "relocalizadas" en la zona de Pitrufquén, a más de 100 kilómetros de sus tierras originales y muy lejos de cualquier intensión de apoyar la toma del emblemático Fundo Santa Rosa de Colpi impulsada por el lonko Pascual Pichún y su familia.

Divide et Imperia, divide para gobernar, divide para vencer. ¿Cuál de estas estrategias se esconde tras el enfrentamiento producido en la localidad de Rucamañio el pasado miércoles y que costó la vida a cinco de nuestros hermanos de la comunidad Choroy-Traiguén?. ¿En cuantas otras zonas de conflicto territorial la mano negra del gobierno y de la Conadi se encuentra incubando hoy en día disputas internas y agresiones entre hermanos?. ¿Cuantos mapuches deberán morir a manos de sus propios peñi para darnos cuenta de cómo el gobierno chileno juega con nuestras aspiraciones y con la urgente necesidad de nuestra gente?.

Las víctimas de la matanza de Rucamañío sólo son la punta de un iceberg. Vaya a través de esta editorial nuestro sincero homenaje a cada uno de ellos.