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Dirigentes cumplen tercera semana en huelga de hambre

JUSTICIA NIEGA LIBERTAD A LONKOS MAPUCHES

Resistencia Mapuche / 09 de abril de 2002
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Por tratarse de un "peligro para sociedad", la justicia chilena determinó en audiencia pública realizada el pasado lunes 8 en el juzgado de garantía de Traiguén, mantener encarcelados a dos de los principales dirigentes mapuches de la zona de Malleko. Se trata de los lonkos Pascual Pichún y Aniceto Norin, autoridades tradicionales de las comunidades Antonio Ñiripil y Lorenzo Lorin, respectivamente, y quienes se encuentran recluidos en dicha ciudad por su presunta responsabilidad en el atentado incendiario que en diciembre del año pasado redujo a escombros la casa patronal del Fundo Nancahue, propiedad del ex Ministro de Agricultura, Juan Agustín Figueroa.
 

Ambos dirigentes mapuches, que están siendo investigados en virtud de la Ley Antiterrorista creada por la dictadura de Pinochet en la década de los ochenta para perseguir a opositores políticos de izquierda, permanecen recluidos desde hace más de dos meses en la cárcel pública de Traiguén, bajo estrictas medidas de seguridad y sin que todavía puedan ser probados por la fiscalía local ninguno de los numerosos cargos que existen en su contra por los hechos que se investigan.
 

Esta situación ha sido duramente criticada tanto por las comunidades en conflicto de la zona, como por distintas agrupaciones políticas y organizaciones de defensa de los derechos humanos en Chile, quienes ven detrás del encarcelamiento de los dirigentes de Traiguén tan sólo una nueva estrategia del gobierno para desmovilizar a las comunidades mapuches que reclaman en dicho sector por sus derechos político-territoriales frente al Estado chileno y frente a empresas multinacionales del rubro forestal que les mantienen usurpadas enormes extensiones de territorio desde la década de los ochenta.
 

A la salida de la audiencia pública realizada el pasado lunes, la propia abogada defensora de los dirigentes, Sandra Jelves, manifestó a Resistencia Mapuche sus aprehensiones respecto de la decisión tomada por el tribunal y de lo arbitrario del proceso en su conjunto.
 

"Nosotros teníamos la esperanza de revertir este ya prolongado encarcelamiento de los dirigentes, pero el tribunal a determinado lo contrario. Es una pena, pero tendremos que seguir insistiendo en su libertad, ya que no existe ni ha existido nunca a lo largo de este proceso ningun antecedente concreto que pruebe la participación de ambos dirigentes en los hechos que se investigan... Lo único que posee la fiscalía son testimonios recogidos de segunda o tercera fuente, pero ningún elemento de prueba concreto que señale la responsabilidad de los dirigentes en los ilícitos que se les imputan", señaló.
 

Pero las críticas a la gestión desarrollada por la justicia chilena en este polémico caso no sólo han provenido desde la trinchera del movimiento mapuche y sus simpatizantes. Desde sectores cercanos al gobierno socialista del Presidente Ricardo Lagos, comienzan de a apoco a surgir las primeras voces críticas frente a una situación a todas luces irregular y que podría comprometer a futuro la imagen del país frente a diversos organismos internacionales que -desde el estallido del conflicto por la construcción de represas hidroeléctricas en la zona del Alto Bio-Bio-, permanecen alertas a la difícil situación de discriminación y pobreza por la que atraviesan los pueblos indígenas en distintas partes de Chile.
 

En ese sentido, gran impacto causaron las declaraciones realizadas por el diputado Alejandro Navarro (PS) en la ciudad de Temuko el pasado viernes 5 de abril. En dicha ocasión y tras presentar en la Corte de Apelaciones de dicha ciudad un recurso de protección en favor de ambos dirigentes, el parlamentario acusó al gobierno de estar "atropellando" de manera sistemática los derechos del pueblo mapuche al actuar en favor de las empresas multinacionales y al privilegiar las vías represivas como solución a un conflicto que por sus características étnicas debiera ser abordado con una visión eminentemente "política". Además, acusó directamente a los tribunales de justicia de estar siendo "influenciados" por la figura del ex ministro Juan Agustin Figueroa, propietario del Fundo Nancahue reclamado por las comunidades de Traiguén y quién además integra el poderoso Tribunal Constitucional de la República.
 

"Es evidente que en este caso han existido presiones políticas y jurídicas de parte de determinados actores y en ese sentido la influencia que ha ejercido el ex ministro Figueroa ha sido determinante para prolongar el encarcelamiento de los dirigentes mapuches", señaló el parlamentario.
 

Ante este oscuro escenario, los miembros de las comunidades en conflicto de Traiguén, han manifestado su intención de recurrir a diversos organismos internacionales para denunciar el injusto encarcelamiento de sus dirigentes y las constantes violaciones a sus derechos humanos que los afectan por parte de las fuerzas de seguridad del gobierno y de diversos grupos paramilitares al servicio de latifundistas y empresas multinacionales forestales que operan en la zona en la más completa impunidad. Ellos esperan que al menos a nivel internacional, tanto los derechos de sus prisioneros políticos como aquellos que atañen al pueblo mapuche en su conjunto, si puedan ser reconocidos y respetados como corresponde.