"Resistencia Mapuche"
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Las lecciones de un allanamiento anunciado

Editorial de la página "Resistencia Mapuche"

24 de Julio de 2001

Las operaciones jurídico-policiales que se han desarrollado en los últimos días, vienen a confirmar que el Estado chileno sigue apostando por la represión para desarticular el movimiento mapuche y sofocar un escenario de conflicto social latente que ya se arrastra por tres años en el sur del país. Esta apuesta del gobierno de la Concertación no nos toma por sorpresa, llevamos tiempo manifestando en esta Página que la represión se agudizaría en las zonas de conflicto y que nuevas operaciones policiales se estaban preparando en contra de las organizaciones que aparecen a la cabeza de las movilizaciones más confrontacionales e, incluso, hacia aquellas otras caracterizadas por su actitud sumisa y dialogante con el gobierno. Advertíamos que en la medida que estas últimas asumieran posiciones más autónomas y coherentes con el escenario de conflicto que se vive hoy, la persecución política se ampliaría en contra de todas ellas y el carácter represivo del Estado nos mostraría en forma mucho más clara a los mapuche su verdadero rostro.

Hoy, desgraciadamente, ésa predicción se puede confirmar con el asalto policial a la sede del Consejo de Todas las Tierras, con los nuevos allanamientos y detenciones en la comunidad de Chequenco  y con la persecución policial que afecta a numerosos militantes mapuche en distintos puntos de nuestro territorio. Esta es la demostración de que el Estado chileno sigue pensando que por la inconducente vía de la represión puede acabar con las ansias de libertad que, si bien en forma germinal, comienzan a desarrollar importantes sectores de nuestro pueblo. Esa es la vía que ha utilizado los últimos tres años, la misma vía fracasada que han utilizado históricamente los sucesivos gobiernos chilenos y que ha llenado de vergüenza incontables páginas de su triste historia nacional.

El impulso orientador de todas esta estrategia represiva que está desarrollando el gobierno de Ricardo Lagos contra el movimiento mapuche es fundamentalmente político e involucra al conjunto de las instituciones y poderes del Estado, todos ellos coludidos con los intereses de importantes inversionistas nacionales y extranjeros que ven peligrar sus negocios en las zonas de conflicto. No se trata, como algunos mapuches lo han planteado, de los arranques represivos de un gobierno regional contrario a la “mano blanda” promulgada desde el poder central, ni mucho menos de las nefastas consecuencias de una Reforma Procesal implementada de “mala forma” en la zona por un grupo de fiscales racistas y desequilibrados. Esos dos son sólo aspectos de un problema político mayor que tiene como protagonista principal al Estado chileno y a todo su arsenal de políticas se asimilación / exterminio. Pensar de otra forma es simplemente equivocar el enemigo, el diagnóstico y, por cierto, la respuesta.

Es por esta razón que cuando algunos hablan de respetar las reglas del juego democrático y aquella institucionalidad que “tanto nos costo conseguir” tras la dictadura militar, nosotros nos preguntamos de qué régimen democrático nos están hablando y queremos que alguien nos explique cómo es posible llamar así a un sistema de gobierno en el cual los políticos actúan solo como meros administradores de un modelo económico importando y controlado desde el exterior. Queremos que alguien nos explique por qué deberíamos llamar democrática a una administración que gobierna siguiendo las instrucciones de organismos económicos internacionales y para la cual el legítimo reclamo de nuestro pueblo por su autodeterminación sólo significa una amenaza para su seguridad interna y para la estabilidad de sus equilibrios macroeconómicos. ¿Acaso los mapuche estamos condenados a tener que aceptar esas reglas del peculiar sistema democrático chileno?. Nosotros creemos que no.

No cabe duda que la coyuntura generada por esta ola represiva debiera llamar a una reflexión. Especialmente de parte de todas aquellas organizaciones de nuestro pueblo que siguen apostando por la institucionalidad y por todos aquellos mecanismos pirotécnicos que el gobierno utiliza para resolver los diferentes conflictos políticos y estallidos sociales que de vez en cuando le cuestionan el trasfondo de su gestión. El asalto a la sede del Consejo de Todas las Tierras, en tanto operativo policial, no es en si un hecho extraño o que debiera causar alarma pública entre los mapuche. Al interior de las comunidades en conflicto, todas las semanas operativos de este tipo e incluso más violentos e irregulares se realizan por parte de organismos de inteligencia policial, con un gran despliegue de efectivos y con resultados mucho más graves para nuestro pueblo en cuanto a violaciones de derechos humanos. Lo extraño de este último allanamiento policial no radica por tanto ni la violencia utilizada, ni en los medios desplegados, ni en lo irregular de la orden judicial que autorizó el procedimiento. Lo extraño radica en otra cosa: en la ampliación de la estrategia represiva del Estado en contra de aquellas organizaciones, como el propio Consejo, que de forma majadera han insistido en la negociación con el gobierno y en el beneficio político propio en desmedro del accionar del movimiento mapuche autónomo y de la construcción de una auténtica plataforma de lucha autonomista para nuestro pueblo.

En ese sentido, existe un claro mensaje implícito en lo acontecido el día viernes 21 de julio en la sede del Consejo. Este es un mensaje del gobierno hacia todas aquellas organizaciones mapuche que, agotadas de infructuosas negociaciones y un sin número de mesas de diálogos, opten por radicalizar sus posiciones e impulsen un proceso de movilizaciones al margen de la institucionalidad y la cancha rayada por las autoridades de turno, sumándose de esta forma al accionar de otros referentes como la Coordinadora Arauko-Malleko y generando un escenario propicio para la consolidación de un verdadero sector autonomista dentro del espectro político de nuestro pueblo. En ese sentido, la represión desatada en contra del Consejo por sus implicancias en las acciones de autodefensa implementadas por las comunidades en conflicto de Ercilla y Victoria, opera como un verdadero acto de amedrentamiento colectivo para el conjunto de las organizaciones mapuche alejadas hasta ahora del movimiento mapuche autónomo.

Los resultados que obtenga el gobierno de esta acción sólo dependerán de la actitud futura que asuma la organización afectada y, en particular, su dirigente máximo Aukan Huilcaman, actitud que creemos puede variar en dos direcciones diametralmente opuestas dependiendo de los intereses políticos en juego: Por un lado, el Consejo puede aprovechar la coyuntura generada para separar aguas de la institucionalidad del Estado y asumir una posición política autónoma que privilegie un trabajo social en base a la desobediencia civil y la insumisión que han caracterizado hasta ahora el accionar de la Coordinadora Arauko-Malleko; o, por otro, puede transformar dicha coyuntura en un “hecho político” meramente comunicacional que le permita ganar mayor presencia y “validez” entre el conjunto de las ONGs mapuches urbanas y así obtener un mejor piso para futuros diálogos y negociaciones con los diferentes tentáculos visibles del aparato del Estado. Por cierto, es el primer escenario y no el segundo aquel que muchos esperan ver llegar con ansias.

Es de esperar que los intereses del conjunto de nuestro pueblo, aquellos sobre los cuales el mismo Consejo desde sus inicios en los albores de los noventa se atribuye exclusiva representación, primen sobre los intereses particulares de una organización caracterizada hasta ahora por su indefinición frente a la institucionalidad opresora del Estado chileno. Y es de esperar también que los fervientes llamados a la “unidad” entre las organizaciones mapuches planteado en los últimos días por Aukan Huilcaman vayan mucho más allá de la realización de una marcha o de una jornada de protesta como respuesta casi emocional a la coyuntura. No es ese el tipo de “unidad” que nuestro pueblo de manera urgente necesita, ruta por lo demás ya recorrida e inconducente, sino aquella unidad basada en proyectos políticos de reconstrucción de la nación mapuche y en trabajos y conductas éticas cotidianas que avalen en los hechos un discurso de esa naturaleza.

Para finalizar un par de reflexiones para todas aquellas organizaciones mapuche que, al igual que el Consejo, han pecado o seguirán pecando de ingenuidad (o en su defecto, de oportunismo político) al aceptar las famosas “vías institucionales” ofrecidas insistentemente por el gobierno, mientras otros mapuches en Arauko y Malleko pagan a diario con su sangre el precio de mantener en alto la dignidad de nuestro pueblo.

Aceptar las reglas de la institucionalidad chilena no sólo significa limitar el desarrollo de nuestra lucha a los estrechos márgenes del discurso oficial del Estado de Derecho, sino que además nos convierte en legitimadores de un sistema político antidemocrático que en su fachada representativa, más no participativa, se esconden serios intentos por mantener la explotación de nuestra población, la usurpación de nuestro territorio y la negación de todos nuestros derechos políticos, sociales, económicos y culturales.

Aceptar la institucionalidad del Estado chileno no significa otra cosa que vivir en condiciones en que los mapuches, como pueblo, tenemos nuestros derechos más elementales secuestrados bajo un sin número de estrategias de integración forzada y de operaciones jurídico-policiales para contener nuestro creciente descontento. Esa es la realidad objetiva a la cual nos enfrentamos como pueblo y a la cual cada uno de nosotros debe enfrentar con el máximo de coraje, dignidad y consecuencia que le sea posible.