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Delegación Mapuche-Pewenche se entrevistan con parlamentarios Europeos

Información sobre la audiencia ante los representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo de la delegación mapuche-pehuenche, en relación a la construcción del megaproyecto hidroeléctrico en tierras indígenas del Alto Bío Bío, VIII Región, Chile.

La empresa Endesa de Chile, originalmente estatal y última en ser privatizada por el régimen dictatorial de Pinochet, elaboró un gran proyecto de construcción de 7 centrales hidroeléctricas a lo largo del río Bío Bío, VIII Región, de Chile. Después del inicio de la construcción de la primera central hidroeléctrica, denominada “Pangue”, financiada por el Banco Mundial, los gobiernos democráticos lograron la aprobación de la Ley Indígena (Nº19.253, de 5 de octubre de 1993) y la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley 19.300, de 9 de marzo de 1994), lo que impuso un marco jurídico distinto para la continuación de ese gran proyecto hidroeléctrico en el Alto Bío Bío.

A pesar de los informes negativos de 22 organismos públicos y la posterior negativa del Banco Mundial de seguir en la financiación por transgredir su código ético en materia de respeto a pueblos indígenas y criterios ambientales, tras un cúmulo de abusos e iniquidades se obtuvo la aprobación ambiental para la construcción de la segunda central hidroeléctrica, “Ralco”, que implica inundar 630 hectáreas de tierras indígenas y la desaparición de dos comunidades pehuenche, que habitan la Cordillera de Los Andes, en el Alto Bío Bío, desde tiempo inmemoriales.

La construcción de la totalidad de las centrales hidroeléctricas proyectadas implicará la desaparición del pueblo mapuche-pehuenche, cuyo nombre proviene del pino “pehuen”, de cuyo fruto vive este pueblo indígena.

La empresa Endesa España, después de adquirir las acciones de su homóloga chilena, a pesar de la oposición indígena continuó con la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, infringiendo la propia normativa ambiental impuesta como condición para su realización y violando flagrantemente la Ley Indígena. Atendido a que la realización del proyecto exigía la relocalización de 93 familias pehuenche, se ejercieron constantes presiones sobre los indígenas afectados, doblegando la resistencia de muchas familias ante la desesperanza y amenazas de ser expulsadas de no abandonar sus tierras.

En este marco, 8 familias pehuenche han mantenido su oposición a las permutas de sus tierras. El pasado 5 de abril del 2002, a solicitud de Endesa España, el gobierno de Chile ha nombrado una Comisión de Hombres Buenos para evaluar o tasar sus tierras e imponerles, en el marco de la Ley Eléctrica, la servidumbre de inundación que significa una verdadera expropiación de tierras indígenas. Dichas tierra tienen, sin embargo, un estatuto jurídico especial de protección que consagra la referida Ley Indígena. Asimismo, ello significaría la expulsión o evicción  forzada de sus tierras, donde han nacido y vivido siempre los pehuenche, resguardando la cultura, tradiciones y cultos sagrados que heredaron de sus antepasados.

El peligro es inminente, con consecuencias gravísimas no sólo para las 8 familias pehuenche sino también para el conjunto del pueblo mapuche. Violando flagrantemente la ley, una empresa europea, transnacional, impone sus intereses sobre la propia ley del país huésped y violando los derechos humanos y derechos de un pueblo indígena a sus tierras, identidad y cultura.

Por todo ello, la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo recibirá el dia 10 de julio de 2002 a una delegación mapuche-pehuenche junto con varios diputados del Parlamento Balear. Acompañaran a la delegación dos miembros de la ONG de Menorca, “Comité de Solidaritat amb els pobles d’América”. El motivo de dicha audiencia es dar a conocer los motivos de oposición de los pehuenche a la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco, mencionada anteriormente

El Parlamento Balear aprobó por unanimidad, el 11 de abril del 2000, una Proposición no de Ley, que expresaba su solidaridad y compromiso con el pueblo mapuche-pehuenche.

La gestión de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Balear ha permitido materializar dicha audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, oportunidad inédita que permitirá traducir concretamente el interés y compromiso de los pueblos europeos y sus representantes con los derechos humanos y, en especial, los derechos de los pueblos indígenas, los más postergados entre los postergados.

Ante el inminente Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Chile y las cláusulas democráticas y de respeto a los derechos humanos que tal acuerdo contiene, es pertinente requerir la más pronta acción de la Comisión de Derechos Humanos a fin de que conozca in situ la situación denunciada y previa a la ratificación de tan importante Acuerdo con Chile, exija, ante quienes corresponda, que no se inunde tierra indígena no permutada, única manera permitida por la legislación chilena de lograr el reasentamiento o relocalización de familias indígenas de sus tierras. Dicha delegación mapuche-pehuenche, instará a la Unión Europea a  que exija  a las empresas transnacionales, de origen europeo, a que respeten estrictamente las resoluciones de las autoridades comunitarias con relación a los derechos de los pueblos indígenas y preservación del medio ambiente. Y con urgencia, exigir a la empresa Endesa España un estricto respeto de los derechos humanos de los indígenas gravemente comprometidos con la construcción de la central hidroeléctrica  Ralco y de las cinco más, cuya construcción amenazan la existencia del pueblo mapuche-pehuenche.


 

COMITÉ DE SOLIDARITAT AMB ELS POBLES D’AMERICA

Memorándum sobre audiencia ante los representantes de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, de fecha 10 de Julio del 2002, sobre la construcción de megaproyecto hidroeléctrico en tierras indígenas en el Alto Bío Bío, VIII Región, Chile.

1.- En primer término, los que suscribimos este documento, expresamos nuestro profundo reconocimiento y gratitud a la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo por la enorme significación que tiene esta audiencia especial respecto del grave problema que afecta a comunidades mapuche-pehuenche de Chile con motivo de la construcción de la Central Hidroeléctrica Ralco y de otras cinco centrales hidroeléctricas proyectadas a lo largo del río Bío Bío por parte de la empresa Endesa España. En segundo término, no podemos dejar de expresar nuestra profunda valoración y agradecimiento a la sincera preocupación del Govern de les Illes Balears, de los Ayuntamientos de Mallorca y Menorca([i]), los Consells de Mallorca, Menorca y Eïvissa y Formentera, Fons Mallorquí , Fons Català y Fons Menorquí  y en especial, al Parlamento Balear, expresado en las intervenciones de los parlamentarios y contenido del acuerdo sobre Proposición no de Ley, aprobado unánimemente el 11 de abril del 2000, que expresa su solidaridad y compromiso con el pueblo mapuche-pehuenche([ii]).

Asimismo, agradecemos la posición pública del Parlamento de Catalunya de solidaridad con los pueblos indígenas en conformidad al Convenio Nº169 de la Organización Internacional del Trabajo, así como de la gestión de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Balear que ha permitido materializar la presente audiencia ante la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, oportunidad inédita que permitirá traducir concretamente el interés y compromiso de los pueblos europeos y sus representantes con los derechos humanos y, en especial, los derechos de los pueblos indígenas, los más postergados entre los postergados.

2.- La empresa Endesa de Chile, originalmente estatal y última en ser privatizada por el régimen dictatorial de Pinochet, elaboró un gran proyecto de construcción de 7 centrales hidroeléctricas a lo largo del río Bío Bío, VIII Región, de Chile, Luego del inicio de la construcción de la primera central hidroeléctrica, denominada “Pangue”, financiada por el Banco Mundial, los gobiernos democráticos lograron la aprobación de la Ley Indígena (Nº19.253, de 5 de octubre de 1993) y la Ley de Bases del Medio Ambiente (Ley 19.300, de 9 de marzo de 1994), lo que impuso un marco jurídico distinto para la continuación de ese gran proyecto hidroeléctrico en el Alto Bío Bío.

A pesar de los informes negativos de 22 organismos públicos y la posterior negativa del Banco Mundial de seguir en la financiación por transgredir su código ético en materia de respeto a pueblos indígenas y criterios ambientales, tras un cúmulo de abusos e iniquidades se obtuvo la aprobación ambiental para la construcción de la segunda central hidroeléctrica, “Ralco”, que implica inundar 630 hectáreas de tierras indígenas y la desaparición de dos comunidades pehuenche, que habitan la Cordillera de Los Andes, en el Alto Bío Bío, desde tiempo inmemoriales.

La construcción de la totalidad de las centrales hidroeléctricas proyectadas implicará la desaparición del pueblo mapuche-pehuenche, cuyo nombre proviene del pino “pehuen”, de cuyo fruto vive este pueblo indígena.

3.- La empresa Endesa España, después de adquirir las acciones de su homóloga chilena, a pesar de la oposición indígena continuó con la construcción de la central hidroeléctrica Ralco, infringiendo la propia normativa ambiental impuesta como condición para su realización y violando flagrantemente la Ley Indígena. Atendido a que la realización del proyecto exigía la relocalización de 93 familias pehuenche, se ejercieron constantes presiones sobre los indígenas afectados e indirectamente afectados, doblegando la resistencia de muchas familias ante la desesperanza y amenazas de ser expulsadas de no abandonar sus tierras.

En este marco, 8 familias pehuenche han mantenido su oposición a las permutas de sus tierras y el pasado 5 de abril del 2002, a solicitud de Endesa España, el gobierno de Chile ha nombrado una Comisión de Hombres Buenos para avaluar o tasar sus tierras e imponerles, en el marco de la Ley Eléctrica, la servidumbre de inundación que significa una verdadera expropiación de tierras indígenas, las que, sin embargo, tienen un estatuto jurídico especial de protección que consagra la referida Ley Indígena. Asimismo, ello significaría la expulsión o evicción  forzada de sus tierras, donde han nacido y vivido siempre, resguardando la cultura, tradiciones y cultos sagrados que heredaron de sus antepasados.

4.- El peligro es inminente, con consecuencias gravísimas no sólo para las 8 familias pehuenche sino que para el conjunto del pueblo mapuche, pues por sobre la ley y violándola flagrantemente, una empresa europea, transnacional, impone sus intereses por sobre la propia ley del país huésped y violando los derechos humanos y derechos de un pueblo indígena a sus tierras, identidad y cultura.

5.- Ante el positivo Acuerdo de Asociación de la Unión Europea con Chile y las cláusulas democráticas y de respeto a los derechos humanos y de los pueblos indígenas que tal Acuerdo contiene, es pertinente requerir la más pronta acción de la Comisión de Derechos Humanos a fin de que conozca in situ la situación denunciada y previa a la ratificación de tan importante Acuerdo con Chile, exija, ante quienes correspondan, que no se inunde tierra indígena no permutada, única manera permitida por la legislación chilena de lograr el reasentamiento o relocalización de familias indígenas de sus tierras.

Instamos a exigir a una empresa transnacional, de origen europeo, a respetar estrictamente las resoluciones de las autoridades comunitarias con relación a los derechos de los pueblos indígenas y preservación del medio ambiente y, concretamente, exigir a la empresa Endesa España un estricto respeto de los derechos humanos de los indígenas gravemente comprometidos con la construcción de la central hidroeléctrica Ralco y de las cinco más, cuya construcción amenazan la existencia del pueblo mapuche-pehuenche.

6.- Por último, valorando y elogiando la conciencia y sensibilidad del Parlamento Europeo sobre el tema indígena, que en Chile se expresa dramáticamente en los conflictos de tierra con las empresas forestales y el megaproyecto de Endesa, confiamos que en el marco de la Asociación la contribución de ustedes será motivo de gran esperanza para nuestros pueblos. Manifestamos nuestra disposición de colaborar en todo lo que sea necesario para el éxito de sus buenos oficios, deseando que les sea útil los antecedentes documentales que aportamos para su mejor conocimiento de la situación.

Agradeciendo su acogida y buena disposición,

Comitè de Solidaritat amb els Pobles D’América:                             

Representantes de Mapu Domuche Newen:

Laura Bañón Mercadal                        Nicolasa Quintremán  Calpán

Antoni Pons Bonet                              Rosario Huenteao Beroiza

Hilda Riquelme Huenteao

Representante de Corporación de Desarrollo y Comunicaciones mapuche Xeg- Xeg:                                                                                                                                     

Francisco Caquilpán Lincuante           

Roberto Celedón Fernández

(abogado)


Bruselas, 10 de Julio 2002

[i] “El Ayuntamiento en Pleno, en sesión de 20 de Junio de 2000, adopta la siguiente resolución:

DECLARACIÓN DE SOPORTE DEL AYUNTAMIENTO DE ES CASTELL AL PUEBLO MAPUCHE.

La Alcaldesa en nombre del Equipo de Gobierno y en el suyo propio, propone al Pleno:

1.- Expresar la solidaridad de los ciudadanos de Es Castell con el Pueblo Mapuche en la lucha que llevan a término para el reconocimiento de sus derechos como pueblo y para la preservación de sus derechos ancestrales.

2.- Pedir a la Empresa ENDESA que abandone el proyecto de construcción de las presas de la cuenca del Bío-Bío, por las destructivas consecuencias para el pueblo mapuche y los catastróficos efectos sobre el ecosistema.

3.- Instar al Gobierno del Estado y especialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores y de Industria, a fin de que desde sus respectivas competencias adopten las medidas oportunas para preservar los derechos del pueblo mapuche.

4.- Adherirse a las mociones y declaraciones de soporte al Pueblo Mapuche que han hecho públicas el Consell Insular de Menorca, el Gobierno de las Islas Baleares y otros ayuntamiento de nuestra Comunidad Autónoma.

La propuesta fue adoptada por unanimidad de los doce miembros presente de la Corporación.

Lo que comunico para su conocimiento y efecto.

La Alcaldesa

María Borras Anglada

Es Castell, a 12 de Julio de 2000”

[ii] -trasladar la Proposición no de Ley aprobada por unanimidad el pasado 11 de Abril de 2000, publicada en el BOPIB No. 44 de 28 de Abril del 2000:

    “El Parlament de las Islas Baleares insta al Gobierno del Estado (español), especialmente al Ministerio de Asuntos Exteriores y al Ministerio de Industria, a fin de que desde sus respectivas competencias y atendiendo a la problemática del Pueblo Mapuche, adopte las medidas oportunas para preservar los derechos del Pueblo Mapuche”

      Dicha Proposición, presentada y defendida en el Parlament Balear por el grupo de Esquerra Unida i Ecologista, apoyada por todos los grupos parlamentarios. Entre las intervenciones de los distintos grupos, cabe destacar:

-          Sra. AMER i RIERA por el Grupo Socialista

“Es un momento difícil, así nos lo van a expresar, para esta nación que lucha pacíficamente por su supervivencia, por su dignidad, y así nos expresaban como la Ley Indígena del 94, que parecía que era una protección para sus derechos, y por tanto necesitaban la autorización de todos los miembros afectados, no tenía la suficiente fuerza frente a esta Ley Eléctrica porque el interés general había permitido la construcción de la presa.

Esta proposición no de ley bien seguro que se aprobará por este Parlament...”

-          Sra. BENNASSAR i TOUS por el Grupo Popular:

“...en nombre del Grupo Popular quiero, primero de todo, mostrar el más gran respeto y admiración por el esfuerzo que los representantes, mujeres valientes, del pueblo Mapuche lleva a término con tal de sensibilizar la opinión pública denunciando la amenaza real que recae sobre su pueblo y su territorio.

La protección de los derechos humanos, y los derechos a la propia tierra también lo son, no tan sólo es un imperativo moral sino que es la base de la libertad, la justicia y la paz. Solidaridad es ponerse en el lugar del otro, es la razón de ser de la política de cooperación. Bien, entonces, estamos ante un caso de insolidaridad con el pueblo a vivir en su territorio, amenazado no por una desgracia natural o por una guerra, sino por una invasión tecnológica que actúa con efectos devastadores ante un pueblo duramente castigado por la historia. Es un caso atípico de cooperación al desarrollo de un país con el cual nos unen lazos históricos y culturales, en un momento en que España siente la solidaridad como un deseo de la sociedad y cuneta con un marco legal institucional de gestión de la política de cooperación”.