Comisión Nacional por
La libre determinación de 
Los Pueblos indígenas de Chile
y la ratificación del Convenio N°169
(Puren) Chile
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BREVE RESEÑA SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS
DERECHOS HUMANOS Y DE LAS LIBERTADES FUNDAMENTALES
DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS EN CHILE.

(Carta a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en su 57° período de sesiones)

Purén, Chile, marzo de 2001


1. Es con mucha pena y tristeza que nos dirigimos a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para referirnos a la situación de los derechos humanos y de las libertades fundamentales de los pueblos indígenas de Chile. Es una pena y tristeza porque, la actual situación, nos trae amargos recuerdos que se remontan a los tiempos de la dictadura militar (1973 - 1990). Los pueblos indígenas representamos, aproximadamente, el 10% de la población total del país y, las autoridades gubernamentales « han ‘aceptado la existencia’ de ocho identidades culturales indígenas» distintas.

2. Pensamos que es necesario recordar que, durante la dictadura militar, la Organización de lasNaciones Unidas (ONU), decidió estudiar y vigilar la situación de los derechos humanos y las libertades fundamentales en Chile y, en particular, la situación de los pueblos indígenas como asuntos de alta prioridad. Así, el Grupo de Trabajo ad-hoc y los tres Relatores Especiales que tuvo el « caso Chile », en sus informes, se refirieron, investigaron y propusieron medidas (jurídicas y administrativas) para mejorar la situación de los pueblos indígenas ; también, durante dicho período, en todas las resoluciones de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y de Protección a las Minorías, de la Comisión de Derechos Humanos y de la Asamblea General hay referencias (tanto preambulares como dispositivas) relativas a los pueblos indígenas ; además, el Comité para la eliminación de la discriminación racial (CERD) y el Comité de derechos humanos (CCPR) hicieron presente sus preocupaciones y recomendaciones a propósito del goce y ejercicio de los derechos, particulares y específicos, de los pueblos indígenas, durante aquel, gris y amargo, período de la historia de nuestro país.

3. En 1989 la dictadura militar fue derrotada en una votación popular; en 1990 asumió un gobierno civil que nos prometió muchas cosas y hoy, en 2001, el problema central que enfrentamos los pueblos indígenas (« etnias » en el lenguaje decimonónico gubernamental) es la existencia de una política generalizada de discriminación y de negación de derechos que hiere la dignidad de los indígenas, niega y deforma la historia del país, niega, restringe y limita derechos humanos y libertades fundamentales e impide la participación, en condiciones de igualdad, en la permanente construcción de la democracia. En Chile, actualmente, no son respetados, en particular, nuestros derechos a recuperar, poseer, controlar,administrar y desarrollar nuestras tierras y los recursos naturales y espirituales que ellas contienen. Y, al mismo tiempo, nos es negado el derecho a mantener, recrear, proyectar y trasmitir a las generaciones futuras el conjunto de nuestros respectivos patrimonios culturales.

4. Hoy, es con amargura y congoja que, en nuestras tierras (como en tiempos de la dictadura), vemos los camiones cargados con detenidos indígenas rumbo a los cuarteles policiales o los centros de detención ; observamos también (con rabia, pero sin sorpresa) que volvieron a funcionar los (tristemente célebres) tribunales militares ; y, al mismo tiempo, reaparece -con fuerza- un discurso gubernamental totalizador (pretendidamente superior) que niega los derechos de los pueblos indígenas y reprime toda manifestación contra la dicriminación o que reclame justicia. En la situación actual, como las puntas de un iceberg, se destacan : a) la « cuestión » de las tierras indígenas robadas; b) la construcción de centrales hidroeléctricas en tierras indígenas ; y, c) la política forestal. Si bien es cierto que estos son los tres « problemas » que aparecen regularmente en la prensa,a nuestro entender, se trata de una crísis mucho más profunda donde está comprobado que se ha agotado la política gubernamental de la mentira y la promesa no cumplida, pues la extrema pobreza, la represión, la discriminación y la negación de los derechos afectan, con énfasis diferentes, a todos los pueblos indígenas del país.

5. Pensamos que es una vergüenza que Chile, a más de 10 años de la derrota electoral de la dictadura militar, sea uno de los países más retrógrado del continente en lo que respecta a una política de respeto y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pues, entre otras promesas electorales no cumplidas (hechas por los tres presidentes postdictatoriales) y, hoy, reclamadas por los pueblos indígenas podemos citar :

a)no hay ninguna disposición constitucional que reconozca la existencia jurídica, física y cultural de los pueblos indígenas ;

b)no ha sido ratificado el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ;

c)no han habido cambios en las políticas económica, forestal, minera, de aguas y de agricultura que establezcan diferencias con la dictadura y que favorezcan a los pueblos indígenas ;

d)no existe una política que asegure la recuperación de las tierras indígenas que han sido robadas ;

e)no existe una política educacionalque contemple la plurietnicidad del país ;

f)no existe una política de apoyo y de estímulo a las creaciones artísticas indígenas ;

g)no existe una legislación que proteja, de manera efectiva, los lugares y sitios sagrados o ceremoniales de los pueblos indígenas ;

h)no existe una política que proteja, de manera efectiva, la flora y la fauna del país ;

i)no existen programas ni políticas que combatan la discriminación ;

j)no existen disposiciones jurídicas que aseguren, de manera real y efectiva, a los pueblos indígenas el goce y ejercicio de todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales ; y,

k)no existe la voluntad gubernamental para aceptar y/o implementar las recomendaciones y sugerencias que han hecho los órganos de control de instrumentos internacionales de derechos humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

6. La discriminación a la cual nos referimos está claramente definida en : a) la « Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial » de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ; b) el « Convenio N°111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) » de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ; y, c) la « Convención relativa a la lucha contra las discriminaciones en la esfera de la enseñanza » de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ; instrumentos de los cuales Chile es parte. Ejemplifica la deliberada discriminación gubernamental el hecho que en el último informe (dcto. CERD/C/337/Add.2) que Chile presentó al Comité para la eliminación de la discriminación racial de la ONU (CERD) no se refiere, en ninguna parte, al Artículo N°5 que es definido y considerado como « el alma » de la Convención por las imbricaciones directas que éste artículo tiene con derechos humanos básicos y libertades fundamentales establecidos en la Carta Internacional de Derechos Humanos. Debe recordarse que tanto el autor del informe como el « diplomático » que lo defendió frente al CERD son miembros (« expertos independientes ») de la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y de Protección a las Minorías de la Organización de las Naciones Unidas.

7. Con respecto a la discriminación se debe tener en cuenta que el CERD, (dcto. A/54/18), después de haber estudiado el informe de Chile (dcto. CERD/C/337/Add.2), entre otras cosas, recomendó : a) « El Comité señala que deben adoptarse medidas adicionales para reformar la legislación nacional, y en particular aprobar las propuestas de enmienda de la constitución para fortalecer la condición jurídica de la población indígena y el proyecto de reforma del Código Penal […] cuyo objetivo es penalizar los actos de discriminación basada en la raza o en el origen nacional o étnico…» (pár. 370) ; b) « El Comité expresa su preocupación por las conclusiones del trabajo de investigación que indican que una parte considerable de la población chilena muestra tendencias intolerantes y racistas. » (pár. 373) ; c) « Como parte del proceso actual de reforma legislativa, el Comité recomienda que se enmiende la constitución a fin de incorporar a ella la prohibición de la discriminación racial y que se amplíe el ámbito de aplicación de la Ley Indígena para que abarque la discriminación de conformidad con el párrafo 1 del artículo 1 de la Convención ». (pár. 378) ; y, d) « El Comité recomienda que el Estado parte utilice todos los medios a su alcance para concientizar a la población sobre los derechos de los pueblos indígenas … ». (pár. 380). Por su parte, el Comité de derechos humanos (CCPR), (dcto. CCPR/79/Add.104), recomienda que : « Debe promulgarse una ley que prohíba toda discriminación y proporcione un recurso efectivo a todas las personas contra la violación de su derecho a no ser discriminado. El Comité recomienda también que se cree la figura del defensor nacional de los derechos humanos u otra institución eficaz que vigile el cumplimiento de la discriminación. » (pár.23).

8. Los diplomáticos chilenos, frente a los órganos de control de tratados de la ONU han « reconocidola discriminación contra las étnias indígenas », pero, este supuesto reconocimiento no ha sido hecho al interior del país y, en general, las organizaciones indígenas desconocen y no han visto los efectos prácticos de dicho reconocimiento gubernamental. También los diplomáticos chilenos han utilizado la « pronta ratificación del Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) » como un « bote salvavidas », pero, al interior del país, las autoridades gubernamentales, diabolizan el Convenio y, desde 1990, retrazan su ratificación . Este engañoso discurso llevó al CERD a decir (dcto. A/54/18, pár. 370) que : « … acoge con satisfacción la intención del Estado parte de ratificar el Convenio N°169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales. » y, más adelante, agrega : «El Comité ecomia al Estado parte por haber reconocido su responsabilidad en la discriminación que sufre la población indígena, recuerda su recomendación general XXIII y pide al Estado parte que considere la posibilidad de pedir perdón oficialmente y adoptar medidas para indemnizar a todas las personas afectadas, política que, entre otras cosas, contribuiría significativamente al proceso de reconciliación del conjunto de la sociedad. » (pár. 377). Esta última recomendación, como todas las recomendaciones hechas por los órganos de control de la ONU a propósito de los pueblos indígenas, no ha sido atendida por las autoridades gubernamentales chilenas.

9. El « proyecto Ralco », (que, en definitiva es un megaproyecto, que se implementa, actualmente, en la región del Alto Bío-Bío y contempla la construcción de seis centrales hidroeléctricas), es un « caso típico » de la « gestión de la política indígena » en Chile pues : a) el proyecto, que es una expresión representativa del « modelo de desarrollo » impulsado por la dictadura y continuado por los gobiernos postdictatoriales, contó -desde sus inicios- con la resuelta oposición de las comunidades mapuche-pehuenche que, además, tuvieron la solidaridad de grupos ecologistas y de sectores de oposición a la dictadura ; b) con la derrota electoral de la dictadura se pensó que el proyecto sería -al menos- modificado ; c) los gobiernos postdictatoriales negaron validez a los estudios de impacto socioambiental y decidieron, a cualquier precio, cumplir con los compromisos (económicos y simbólicos) de la dictadura ; d) el hecho que el megaproyecto continúe adelante demuestra, con toda evidencia, que la ley indígena, la ley de medio ambiente y la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI) son herramientas caducas e inservibles para defender los intereses de los pueblos indígenas de Chile ; e) el proyecto y la actitudes gubernamentales van, absoluntamente, en contra de las disposiciones y recomendaciones del Capítulo 26 del « Plan de acción en pro del desarrollo sostenible » (Agenda 21 de la Conferencia de Río de Janeiro), documento que Chile « apoyó y aprobó sin reservas » ; f) a la alianza gobierno-compañías extranjeras no les interesa (y al parecer, tampoco les preocupa) que en el derecho internacional de los derechos humanos esté tipificado, como un delito particularmente grave, el traslado o transferencia de población; y, g) no son preocupaciones del gobierno el hecho que se inundarán tierras, bosques, cementerios, lugares sagrados, sitios ceremoniales y recursos (materiales y espirituales) de las comunidades, pues, en el « moderno » lenguaje gubernamentaldichos « detalles no pueden impedir el desarrollo de la patria ».

10. Con respecto a lo anterior, debe tenerse en cuenta que el CCPR en el párrafo 22 de su documento CCPR/C/79/Add.104 dice : « …el Comité se siente preocupado por los proyectos de energía hidroeléctrica y otros proyectos de desarrollo que podrían afectar el estilo de vida y los derechos de las personas que pertenecen a las comunidades mapuches y otras comunidades indígenas. Es posible que la reinstalación y la idemnización no sean adecuadas para dar cumplimiento al artículo 27 del Pacto. Por consiguiente : En el momento de planificar medidas que afecten a los miembros de las comunidades indígenas, el Estado parte debe conceder prioridad a la sostenabilidad de la cultura y el estilo de vida indígenas en la adopción de medidas que les afecten ».

11. La política forestal chilena que fue iniciada por la dictadura y continuada, sin variaciones de fondo, por los tres gobiernos postdictatoriales, es demostrativa de los atropellos que se cometen contra las comunidades y pequeños campesinos indígenas y contra la biodiversidad del país. Los hechos y sus consecuencias son los siguientes : a) en 1974, con el D.L. N°701 se reintegra el 75% de los costos de las plantaciones forestales y, en 1979, con el D.L. N°2565, el porcentaje alcanza al 90% ; b) entre 1974 y 1983 la superficie plantada de bosques artificiales pasa de 400 mil a 1 millón de hectáreas, y, se calcula que entre 1983 y 2000 las « necesidades de tierras » de las compañías forestales han sido entre 18 mil y 21 mil hectáreas anuales ; y, c) como consecuencia lógica de lo anterior, entre otras cosas, se ha producido : i) una acelerada concentración de las tierras en manos de las compañías forestales ; ii) la pérdida de tierras comunitarias o individuales indígenas (vía « venta », robo, apropiación o « arriendo ») ; iii) la destrucción del bosque nativo ; iv) la disminución de tierras agrícolas y de pastoreo ; v) la destrucción de biotopos y ecosistemas únicos ; y, vi) la desaparición o disminución peligrosa de algunas especies de la flora y de la fauna nativas, etc.

12. Las compañías forestales, con el beneplácito de las autoridades gubernamentales civiles, judiciales y policiales, han creado su propio sistema de seguridad que en la práctica, son « bandas armadas privadas » que detienen, golpean, amenazan y/o entregan a la policía o a los tribunales a toda persona sospechosa de atentar contra los intereses de las compañías forestales . Dichas bandas : a) están perfectamente uniformadas y entrenadas ; b) cuentan con armas de fuego, armas de puño, vehículos, machetes, esposas, palos, radios, teléfonos y perros ; c) en algunas « operaciones » contra comunidades mapuches, los jefes de banda dirigen las acciones, los carabineros (policía uniformada) reciben las órdenes ; y, d) actúan con toda impunidad y golpean, roban y amenazan de muerte delante de los oficiales de carabineros.

13. En los últimos 6 meses las autoridades gubernamentales han desatado la represión contra las comunidades mapuches que intentan recuperar, reclaman o reivindican tierras, bosques y/o recursos que les fueron robados por personas privadas o por las compañías forestales. Ancianos mujeres y niños han sido las víctimas privilegiadas de las fuerzas policiales y de las bandas armadas de las compañías forestales. Se han instalado « cuarteles policiales móbiles » para proteger los intereses de las compañías forestales y amenazar e intimidar las comunidades y, han vuelto a funcionar los (tristemente famosos) tribunales militares.

14. Las « operaciones » de las fuerzas de carabineros (generalmente acompañadas de las bandas de las compañías forestales) son verdaderos asaltos a las comunidades, pues, llegan disparando balas de guerra, bombas lacrimógenas y balínes de goma ; destruyen casas, alimentos y sembrados ; matan animales domésticos ; roban pequeñas cantidades de dinero, herramientas y joyas tradicionales; y, golpean, amenazan, intimidan y amedrentan. Todos los prisioneros son sometidos a tratos (iternacionalmente definidos como) crueles, inhumanos o degradantes y, como animales, son trasladados a las cárceles o recintos policiales.

15. Con respecto a la « cuestión de las tierras indígenas », los tribunales militares, los derechos humanos se debe recordar que el CERD (dcto.A/54/18) dice : « Al Comité le preocupan las controversias sobre tierras que se produjeron durante el período examinado entre la población mapuche y empresas privadas nacionales y multinacionales y provocaron tensión, violencia y enfrentamientos con los agentes encargados de hacer cumplir la ley que presuntamente condujeron a la detención arbitraria de varios miembros de la población indígena. » (pár. 375). Por su parte el CCPR (dcto. CCPR/C/79/Add.104), dice : a) « El Comité recomienda que se enmiede la ley para limitar la jurisdicción de los tribunales militares al enjuiciamiento de personal militar solamente, acusado de delitos de carácter exclusivamente militar. » (pár. 9) ; y, b) « El Comité recomienda que el Estado parte establezca un órgano independiente facultado para recibir e investigar todas las denuncias de uso excesivo de la fuerza y otros abusos de poder por parte de la policía y otras fuerzas de seguridad. » (pár. 10).

16. Es curioso (en caso que no sea racismo) que la economía chilena, que se autodeclara como « la más sólida del continente », perpetúe, en las comunidades indígenas, las abyectas y deshumanizadoras condiciones de la extrema pobreza y es sospechoso que esa misma « sólida » economía tenga que solicitar créditos internacionales para « impulsar el desarrollo de las étnias ». Nosotros nos hemos opuesto a un crédito solicitado por las autoridades gubernamentales al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) porque, en este momento, no hay garantías políticas ni institucionales que aseguren que los beneficiarios serán los pueblos y las comunidades indígenas. Pensamos que el BID tendrá grados deco-responsabilidad en la continuidad de la política discriminatoria y represiva. « El desarrollo de las étnias » en la concepción gubernamental está anclado en el siglo XIX y en absoluta contradicción con la « Declaración de las Naciones Unidas sobre el derecho al desarrollo », la « Declaración de Río de Janeiro sobre el medio ambiente y el desarrollo » y el « Plan de acción en pro del desarrollo sostenible (Agenda 21) ».

17.Por todo lo anterior, solicitamos a la Honorable Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que, haciendo uso de todas sus prerrogativas y, en particular, de la dimensión preventiva de su mandato, en su 57° período de sesiones, dentro del marco del punto 15 de su agenda y teniendo en cuenta las intervenciones en el punto 2, adopte una resolución que, al menos, contenga los siguientes elementos :
 
 
 

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS

CONSEJO ECONÓMICO Y SOCIAL
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS
57° período de sesiones
Punto 15 del programa
        2001/… Situación de los pueblos indígenas de Chile.

La Comisión de Derechos Humanos,

       Inspirada en los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas, así como en las disposiciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Internacional sobre la Eliminaciónde todas las Formas de Discriminación Racial ;

       Considerando que, entre otras cosas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos proclama que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en ella, sin distinción de ningún tipo, en particular de raza, color u origen nacional ;

       Reafirmando su firme determinación y empeño en erradicar total e incondicionalmente la discriminación racial, y su convicción de que la discriminación racial constituye una negación total de los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y de los derechos establecidos entodos los instrumentos internacionales relativos a los derechos humanos y a las libertades fundamentales ;

       Recordando que durante la dictadura militar chilena (1973 - 1990) todas las resoluciones adoptadas por la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y de Protección a las Minorías, la Comisión de Derechos Humanos y la Asamblea General, todos los informes del Grupo de Trabajo ad-hoc y de los Relatores Especiales como asimismo las recomendaciones y sugerencias del Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y del Comité de Derechos Civiles y Políticos (CCPR) se refirieron a la situación de los pueblos indígenas de Chile e hicieron particular énfasis en los derechos a la tierra y de las culturas de dichos pueblos ;

       Recordando también que tanto el CERD (dcto. A/54/18) como el CCPR (dcto. CCPR/79/Add.104), en el período postdictatorial (1990- 2001), han hecho sugerencias y recomendaciones a propósito de los pueblos indígenas de Chile.

       1. Expresa su profunda preocupación por la situación de los pueblos indígenas de Chile, en particular, en lo que respecta a sus tierras y sus culturas como asimismo por proyectos hidroeléctricos que afectantierras, cementerios, lugares ceremoniales, sitios sagrados y recursos indígenas y por los problemas surgidos o ligados a la política forestal impulsada por las autoridades gubernamentales ;

        2. Preocupada también por la actuación y comportamiento de las fuerzas policiales y otros grupos armados privados, el funcionamiento de los tribunales militares, la situación (procesal y de trato) de los presos indígenas y la extrema pobreza en que se encuentra un alto porcentaje de comunidades indígenas ;

        3. Recomienda a las agencias internacionales de ayuda bilateral o mutilateral y a las agencias especializadas, programas y fondos de las Naciones Unidas que tengan debidamente en cuenta la necesidad de asegurar que las comunidades indígenas sean beneficiarias directas de los proyectos y programas que financien o patrocinen

        4. Solicita a las autoridades gubernamentales chilenas estudiar, conjuntamente con las organizaciones indígenas representativas, la implementación de las sugerencias y recomendaciones hechas por le Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) y el Comité de Derechos Civiles y Políticos (CCPR) ;

        5. Solicita también a las autoridades gubernamentales chilenas la liberación de los presos indígenas, el cese inmediato de la actuación de los tribunales militares y la investigación, el procesamiento y, si fuere el caso, el castigo de todos los responsables (policiales y civiles) de tratos discriminatorios, detenciones arbitrarias y otros delitos cometidos contra las comunidades y personas indígenas ;

        6. Pide a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que le presente, en su próximo período de sesiones, un detallado informe sobre la situación de los pueblos indígenas en Chile y, si fuere necesario, recomiende medidas oportunas, adecuadas y eficaces para superar situaciones o resolver problemas ;

        7. Decide seguir examinando esta cuestión en su 58° período de sesiones en relación con el mismo tema del programa.

Comisión nacional provisoria

por la libre determinación de los
pueblos indígenas de Chile y la
ratificación del Convenio N°169 de la OIT
(cnindigena@hotmail.com)

Purén, Chile, marzo de 2001.