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Comunicado Público

Comunidades en Conflicto de Collipulli


Desde Territorio Mapuche, 14 de marzo de 2002



 


Las Comunidades en Conflicto de Collipulli, ante las informaciones de prensa que dicen relación con el surgimiento de un nuevo grupo paramilitar anti-mapuche en la zona de Malleko, declaramos ante la opinión pública nacional e internacional lo siguiente:

El supuesto surgimiento de un comando paramilitar denominado "Hernán Trizano" en la zona de Malleko, cuyo nombre rememora al tristemente célebre cazador de mapuches que en los tiempos de la Pacificación comandó la temida Guardia Nacional, pone en evidencia los niveles de gravedad que esta adquiriendo día tras día el conflicto político no resuelto entre el Estado chileno y nuestro pueblo desde su anexión militar el año 1881.

Real o no el surgimiento de dicha agrupación al servicio de los intereses del empresariado, preocupan los intentos del gobierno central y sus autoridades por bajarle el perfil a un hecho de suma gravedad y que en la práctica se ha venido repitiendo con alarmante periodicidad en el marco del conflicto mapuche actual. Tal es el surgimiento de diversas agrupaciones armadas de seguridad patronal y la contratación por parte de las empresas forestales de verdaderas milicias terroristas para el resguardo de sus plantaciones, campamentos e instalaciones industriales.

Las comunidades en conflicto desde el año 1999 venimos denunciando el accionar impune de diversos grupos armados de seguridad al interior del territorio mapuche. Ya en el mes de abril de 1999 denunciamos públicamente el surgimiento de un grupo paramilitar al servicio de los latifundistas locales denominado Frente Común por la Defensa de las Tierras de Collipulli (FCDT), el cual estaba integrado por numerosos antisociales de la comuna que actuaban bajo las órdenes y la protección de los empresarios agrícolas Italo Subiabre y Freddy Molina.

Este grupo desarrollaría a partir de ese año una serie de acciones para amedrentar a nuestras comunidades, hostigar a nuestros dirigentes y generar un clima del terror en nuestra zona a fin de justificar las acciones represivas realizadas posteriormente por los organismos policiales del Estado. Entre algunas de sus operaciones figuraron la persecución y detención de nuestros militantes en sectores rurales y apartados, la realización de públicas amenazas de muerte en contra de nuestros dirigentes y la realización de una serie de autoatentados que buscaban comprometer judicialmente a nuestro movimiento.

En forma paralela, y no conformes con la militarización que el gobierno había decretado alrededor de nuestras comunidades, la empresa multinacional Forestal Mininco S.A., también comenzó a partir de ese año a contratar grupos de guardias armados para proteger sus inversiones en la zona, principalmente en el sector del Fundo Rucañanco que estaba siendo reivindicado por dos comunidades miembros de nuestro movimiento.

Para estos fines Forestal Mininco recurrió a los servicios de la empresa de seguridad OSEPAR de Temuco, fundada a fines de los ochenta por Alfredo Rodríguez, un ex oficial del Ejército chileno, miembro de la Central Nacional de Informaciones (CNI, policía secreta del general Pinochet) y que a raíz de investigaciones sobre violaciones de derechos humanos debió vender su empresa a otro ex militar y huir hacia el extranjero.

Recordamos a la opinión pública que la llegada de los guardias armados de OSEPAR trajo consigo un recrudecimiento de las acciones de violencia en nuestra zona, principalmente de parte de la misma empresa forestal que a través de numerosos autoatentados pretendió inculpar ante los tribunales de justicia a varios de nuestros dirigentes y miembros. Un caso emblemático en dicho sentido resultaría el atentado incendiario que en agosto de 1999 destruyó la casa patronal del Fundo Rucañanco y por el cual varios dirigentes de nuestras comunidades fueron encarcelados y luego sometidos a proceso en virtud de la Ley de Seguridad Interior del Estado.

Mas tarde, la confesión ante los tribunales de Pedro Cifuentes, uno de los trabajadores de la empresa forestal, daría cuenta de la verdad oculta tras el atentado. Se trataba de un autoatentado, financiado y planificado por Alex de Ruiz, encargado de seguridad de la empresa Forestal Mininco, y ejecutado en conjunto por los guardias de OSEPAR y miembros del Frente Común por la Defensa de las Tierras para inculpar a numerosos miembros de nuestras comunidades.

Pero el actuar impune de estos grupos no solo se limitó a la comisión de autoatentados, sino que también a operaciones mucho más complejas y que buscaban la eliminación física de nuestros principales dirigentes. Recordamos a la opinión pública que en julio del año 1999, el ataque de un grupo armado desconocido afectó la vivienda de la familia Ancalaf en el sector rural de San Jorge, hechos que motivaron que el día 26 de julio, ante la Corte de Apelaciones de Temuco, fuera presentado un recurso de amparo preventivo y otro de protección en favor del dirigente y el conjunto de su comunidad por parte de nuestro abogado Pablo Ortega.

Meses mas tarde, una investigación periodística realizada por la radio Bio-Bio de Temuco denunció la participación de guardias armados de OSEPAR en diversos atentados ocurridos en la zona de conflicto mapuche. Dicha investigación contó incluso con la confesión de tres ex funcionarios de OSEPAR, quienes reconocieron públicamente su participación en diversos delitos contra el orden público que mas tarde serían atribuidos por las autoridades y los tribunales de justicia a miembros del movimiento mapuche.

El conocimiento público de estos testimonios llevó incluso a que los diputados de gobierno Eugenio Tuma y Guido Girardi, en el mes de enero del año 2000, pidieran al entonces ministro del Interior, Raúl Troncoso, que solicitara a la Corte de Apelaciones de Temuco la aplicación de la Ley Antiterrorista en contra de las empresas de seguridad que operaban en el marco del conflicto mapuche. Sin embargo, el gobierno rechazó dicha petición y hasta la fecha ninguna investigación judicial se ha realizado al interior de las empresas de seguridad para esclarecer la veracidad de tales denuncias.

En la actualidad, dos son los grupos armados que operan en Collipulli en la más completa impunidad al servicio de las empresas forestales y de los latifundistas locales. Por un lado el Frente por la Defensa de las Tierras, organización que según nuestras informaciones habría ampliado su radio de acción hacia las comunas de Victoria y Lautaro; y los mercenarios de la empresa de seguridad ASS de Los Ángeles al servicio de la Forestal Mininco, reconocidos en la zona por la preparación paramilitar de sus miembros y el alto grado de fanatismo de sus integrantes.

Los miembros de las comunidades en conflicto hacemos un llamado a las autoridades chilenas para que desarticulen estos grupos paramilitares y a que investiguen seriamente el posible surgimiento de nuevos grupos de estas características a nivel regional. No hacerlo sería una irresponsabilidad histórica que podría acarrear insospechadas consecuencias para el desarrollo futuro del conflicto que se vive acá en el sur del país.
 

NO MAS IMPUNIDAD PARA LOS GRUPOS PARAMILITARES

LIBERTAD A NUESTROS PRESOS POLITICOS