Comisión Nacional por
La libre determinación de 
Los Pueblos indígenas de Chile
y la ratificación del Convenio N°169
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Carta Abierta

Santiago, 03 de febrero de 2001
SEÑOR :
ENRIQUE V. IGLESIAS
DIRECTOR GENERAL
DEL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID)
WASHINGTON, EEUU.
FAX : 001-202-623.30.96

Distinguido Señor,

Nosotros, los abajo firmantes, dirigentes de la « Comisión nacional provisoria por la libre determinación de los pueblos indígenas de Chile y la ratificación del Convenio N°169 de la OIT » a través de la prensa hemos sabido que las autoridades gubernamentales chilenas, por intermedio del Ministerio de Planificación (MIDEPLAN), solicitarán un crédito o préstamo a la institución que Ud. dirige para, entre otras cosas, « impulsar el desarrollo de la etnias de Chile » y « asignar algunos fondos a las regiones con población mapuche ». Con respecto a las gestiones anunciadas queremos comunicarle y solicitarle lo siguiente :

1) Los pueblos indígenas de Chile representan aproximadamente el 10% de la población de Chile. El problema central que enfrentan, actualmente, dichos pueblos (« etnias » en el lenguaje gubernamental) es la existencia de una política generalizada de discriminación y de negación de derechos que hiere la dignidad de los indígenas, niega y deforma la historia del país, niega, restringe y limita derechos humanos y libertades fundamentales e impide la participación, en condiciones de igualdad, en la permanente construcción de la democracia.

2) En Chile, actualmente, no son respetados, en particular, nuestros derechos a recuperar, poseer, controlar,administrar y desarrollar nuestras tierras y los recursos naturales y espirituales que ellas contienen. Y, al mismo tiempo, nos es negado el derecho a mantener, recrear, proyectar y trasmitir a las generaciones futuras el conjunto de nuestros respectivos patrimonios culturales.

3) Los gobiernos postdictatoriales, inicialmente a través de la Comisión Especial de Pueblos Indígenas (CEPI) y actualmente con la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (CONADI), han creado un sistema y elaborado una concepción de la « política indígena » donde imperan la mentira, el clientelismo, la corrupción y el paternalismo.

4) Es una vergüenza que Chile, a más de 10 años de la derrota electoral de la sanguinaria dictadura militar, sea uno de los países más retrógrado del continente en lo que respecta a una política de respeto y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, pues, entre otras promesas electorales no cumplidas, podemos citar : a) no hay ninguna disposición constitucional que reconozca la existencia jurídica, física y cultural de los pueblos indígenas ; b) no ha sido ratificado el Convenio N°169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ; c) no han habido cambios en las políticas económica, forestal, minera, de aguas y de agricultura que establezcan diferencias con la dictadura y que favorezcan a los pueblos indígenas ; d) no existe una política educacionalque contemple la plurietnicidad del país ; e) no existe una política de apoyo y de estímulo a las creaciones artísticas indígenas ; f) no existe una legislación que proteja, de manera efectiva, los lugares y sitios sagrados o ceremoniales de los pueblos indígenas ; g) no existen programas ni políticas que combatan la discriminación ; y, h) no existen disposiciones jurídicas que aseguren, de manera real y efectiva, a los pueblos indígenas el goce y ejercicio de todos los derechos humanos y de todas las libertades fundamentales.

5) La política forestal chilena que fue iniciada por la dictadura y continuada, sin variaciones de fondo, por los gobiernos post-dictatoriales es demostrativa de los atropellos que se cometen contra las comunidades y pequeños campesinos indígenas y contra la biodiversidad del país. Los hechos y sus consecuencias son los siguientes : a) en 1974, con el Decreto-Ley N°701 se reintegra el 75% de los costos de las plantaciones forestales y, en 1979, con el Decreto-Ley N°2565, el porcentaje alcanza al 90% ; b) entre 1974 y 1983 la superficie plantada de bosques artificiales pasa de 400 mil a 1 millón de hectáreas, y, se calcula que entre 1983 y 2000 las « necesidades de tierras » de las compañías forestales han sido entre 18 mil y 21 mil hectáreas anuales ; c) la consecuencia de lo anterior, entre otras cosas, ha significado la concentración de las tierras en manos de las compañías forestales, la pérdida de tierras comunitarias o individuales indígenas (vía « venta », robo, apropiación o « arriendo »), la destrucción del bosque nativo, la disminución de tierras agrícolas y de pastoreo, la destrucción de biotopos y ecosistemas únicos, la desaparición o disminución peligrosa de algunas especies de la flora y de la fauna nativas, etc. ; d) las compañías forestales, con el beneplácito de las autoridades gubernamentales civiles, judiciales y policiales, han creado su propio sistema de seguridad que en la práctica, son « bandas armadas privadas » que detienen, golpean, amenazan y/o entregan a la policía o a los tribunales a toda persona sospechosa de atentar contra los intereses de las compañías forestales ; y, e) cotidianamente se producen problemas, así, actualmente (03/02/01) más de 500 personas indígenas se encuentran detenidas arbitrariamente, procesadas o requeridas por los tribunales a partir de denuncias o acciones de las bandas armadas de las compañías madereras

6) En los últimos 6 meses las autoridades gubernamentales han desatado la represión contra las comunidades mapuches que reclaman y reivindican tierras, bosques y recursos que les fueron robados por personas privadas o las compañías forestales. Ancianos, mujeres y niños han sido las víctimas privilegiadas de las fuerzas policiales y de las bandas armadas de las compañías forestales. Con mucha pena hemos visto (como en tiempos de la dictadura) los camiones cargados de mapuches camino a las cárceles o los recintospoliciales. Se han instalado « cuarteles policiales móbiles » para proteger los intereses de las compañías forestales y amenazar e intimidar las comunidades. Las fuerzas policiales (carabineros), actuando, conjuntamente, con las bandas armadas de las compañías forestales, entran, disparando balas de guerra y bombas lacrimógenas, a las comunidades y destruyen sembrados y alimentos, roban herramientas y animales domésticos. Toda persona que es arrestada es sometida a tratos internacionalmente calificados como crueles, inhumanos o degradantes.

7) Es erróneo hacer una descripción de la situación indígena en Chile centrándola, únicamente, en una « confrontación » entre algunas comunidades mapuches y las compañías forestales, pues estamos asistiendo al agotamiento de la política de la mentira y de la promesa no cumplida que afecta, con énfasis diferentes, a todos los pueblos indígenas del país. Dicha banca-rota es la expresión lógica de la incapacidad de las autoridades gubernamentales para elaborar políticas y programas que rompan con la discriminación y la injusticia.

8) Es escandalosa la miserable situación económica en que se encuentran los pueblos y comunidades indígenas del Norte de Chile (aymaras y atacameños) donde las autoridades gubernamentales impulsan proyectos, políticas y programas que no tienen en cuenta la opinión, las reivindicaciones y las culturas indígenas. Al mismo tiempo que las autoridades gubernamentales dan las más amplias garantías a las compañías mineras no han hecho absolutamente nada para, en consulta con las organizaciones indígenas, elaborar políticas y proyectos con respecto a aguas, camélidos, tierras, recursos del suelo y del subsuelo, lugares sagrados, medio ambiente e investigaciones arqueológicas.

9) Es escandalosa también la situación económica de los habitantes originarios de la Isla de Pascua y es más que evidente el no respeto de la cultura y los derechos de los rapa-nui cuando las autoridades gubernamentales : a) implusan proyectos turístico-hoteleros sin consulta con los habitantes de Rapa-nui ; b) no han elaborado políticas para mantener, respetar y proteger el patrimonio arqueológico y religioso ; c) no han adoptado, en consulta con las organizaciones indígenas, medidas adecuadas, oportunas y eficaces para asegurar, a largo plazo, la existencia de todas las dimensiones de la cultura rapa-nui ; d) no han elaborado planes y programas, en consulta con las organizaciones indígenas, para abordar correctamente los problemas de salud, educación, medio ambiente y trabajo ; y, e) no han elaborado políticas y programas para responder a las reividicaciones y aspiraciones de las organizacioes que representan a los rapa-nui que viven en el continente.

10) Las autoridades gubernamentales chilenas, en lo que respecta a los pueblos indígenas, no han cumplido, entre otras, con las dispociones establecidas en : a) la « Convención internacional sobre la eliminación de todas las formas de discriminación racial », en particular el artículo 5 ; b) el « Pacto internacional de derechos civiles y políticos », en particularel artículo 27 ; y, c) la « Convención sobre los derechos del niño », en particular el artículo 30. Los tres instrumentos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) citados han sido ratificados por Chile.

11) Es sarcástico o –al menos-curioso que la economía que se autodeclara como « la más sólida del continente »mantenga, en las comunidades indígenas, las abyectas y deshumanizadoras condiciones de la extrema pobreza y es sospechoso o –al menos- irónico que esa misma « sólida » economía tenga que solicitar créditos para « impulsar el desarrollo de las étnias » y, sólo en éste momento, acordarse de las « regiones que tienen población mapuche ».

12) Nosotros, dada la situación descrita en los párrafos anteriores, y, teniendo en cuenta que las tensiones sociales, los conflictos y la brutal represión son responsabilidad, única y exclusiva, de las autoridades gubernamentales, solicitamos a la dirección del Banco Interamericano de Desarrollo que, mientras dichas autoridades chilenas no renuncien a la política discriminatoria y represiva que actualmente aplican y mientras no se comprometan (dando garantías internacionales) a que respetarán todos los derechos y todas las libertades de los pueblos indígenas, no se le otorguen créditos ni préstamos para un supuesto « desarrollo de las etnias ». Al hacer esta solicitud pedimos también que, una vez obtenido un compromiso (real y efectivo) de las autoridades gubernamentales chilenas, el Banco Interamericano de Desarrollo, oriente su relación con dichas autoridades –al menos- según los criterios que establece el Banco Mundial en su « Directriz operativa concerniente a los pueblos indígenas (DO 4.20) ».

Distinguido Señor, esperando su respuesta, en nombre de nuestros pueblos y comunidades reciba nuestros cordiales saludos.
 
Marcelo Calfuquir
Juan Barra
Adán Alonso Millabur

 


c.c. :
SEÑORA ALEJANDRA KRAUSS
MINISTRA DE MIDEPLAN
SANTIAGO
FAX : 02-672.18.79