El werkén José Huenchunao afirmó que los conflictos en la zona pueden agudizarse "y pasar a mayores".
 

Mario Aravena M.
 

Líderes de las comunidades indígenas de Arauco y Malleco que participaron en la "cumbre" mapuche.  (Foto: VICTOR MACHUCA)

CONCEPCION.- Un directo desafío al Gobierno formularon los representantes de la mayor parte de las comunidades mapuches del país (cerca del millón de personas), que mayoritariamente habitan en Malleco y Arauco, reunidos en esta ciudad. Tras analizar en una verdadera "cumbre mapuche" el conflicto por las tierras que pertenecen en su mayoría a las empresas forestales, los lonkos optaron derechamente por la confrontación.

 Amenazaron con "movilizaciones de todo tipo", rechazando una eventual mesa de diálogo propuesta por La Moneda y las empresas forestales.

 En la sede de la Confederación de Trabajadores Forestales, unos 50 representantes de 14 comunidades en conflicto (más de cinco mil indígenas), analizaron desde el martes los problemas que les aquejan.

 La conflictiva situación ha tenido una escalada de violencia desde que elementos exaltados quemaron camiones forestales en Lumaco, el año pasado y luego siguieron movilizaciones en torno al proyecto de la central hidroeléctrica Ralco, en que se vieron envueltos extranjeros, como Patricia Ballestero, española y el estadounidense Lee Pope.

 Posteriormente, en incidentes que se registraron en Temulemu, en las cercanías de Traiguén, se detuvo al chileno-francés Arnauld Fuentes.

 Todos ellos recibieron decretos de expulsión por parte del Gobierno, que posteriormente fueron rechazados por la justicia. Luego se produjeron los violentos ataques al fundo Lleu Lleu, cerca de Tirúa, donde dos veces fueron incendiadas construcciones del predio. En la misma zona, incluso,dos mapuches asesinaron a un agricultor propietario de tierras en el interior de un bar, tras una discusión sobre el conflicto étnico .

 José Huenchunao, werkén de las comunidades de Arauco, sostuvo enérgicamente que no están dadas las condiciones para sentarse a negociar. "Por tal motivo, acordamos que cada comunidad, en forma autónoma, determinará los tipos de movilizaciones en distintos sectores".
 
 

EXIGENCIAS

 Para explicar las razones de la decisión indígena de romper el diálogo, Huenchunao se refirió a la "legítima lucha por los derechos históricos del pueblo mapuche" y no descartó ampliar la base de las comunidades en conflicto para reclamar las tierras. Según declaró, la solución de los problemas pasa porque el Gobierno asegure un mecanismo para que se les entreguen 200 mil hectáreas que reclaman como propias y que "hoy están en poder de empresas forestales y de particulares".

 Huenchunao cuestionó la incapacidad de la Corporación Nacional de Desarrollo Indígena (Conadi) para resolver esta situación. Manifestó que las compras han sido menores a las pérdidas de tierras sufridas en el último tiempo.

 "Las forestales siguen avanzando sobre nuestras tierras. Se da el caso que en Alto Biobío perderemos, de una sola plumada, tres mil hectáreas y en Arauco se han comprado no más de mil hectáreas. Esto significa que no hay ningún avance en la línea social del Gobierno para restituir las tierras usurpadas", explicó.

 El werkén reiteró que mientras se detenga y someta a proceso a los mapuches no habrá ninguna posibilidad de dialogar. Desde el inicio de los conflictos, han sido procesados varios mapuches. Por el incendio de los camiones en Lumaco, fueron sometidos a proceso 12 personas; por la muerte del agricultor Rolando Chávez en Cañete, se hizo lo propio con los hermanos Javier y Héctor Millabur. Por los incendios en la hacienda de Lleu Lleu pasaron a la justicia Avelino Meñaco y su hijo Luis. Sin embargo, por los enfrentamientos en Traiguén (ataque a camionetas y a la base de operaciones de la Forestal Mininco) y la toma de la sede de la Corporación de la Madera (Corma) en Concepción, no hubo procesados, pese a que fueron detenidos más de 25 mapuches.

 "Le decimos al Gobierno que el tema no pasa por que la Conadi vaya a dividir a los mapuches. Exigimos hoy soluciones globales que nos garanticen que tendremos, con el tiempo, la restitución de nuestros derechos para vivir como pueblo, porque estamos amenazados con el exterminio", enfatizó.

 Huenchunao reconoció que el camino elegido es la confrontación y señaló que históricamente han tenido, como pueblo, formas de lucha pasiva y también activa. "Hoy, nuestro pueblo no puede estar pasivo, porque la violencia ha reflotado contra los mapuches. Quienes nos usurparon los derechos nos golpean con más fuerza al verse amenazados sus intereses.

 Las comunidades están reaccionando", expuso.

 Huenchunao planteó que hay un problema de credibilidad. "Que se nos diga que a través del Ministerio de Planificación se tratará de crear una comisión; sin embargo sabemos que Mideplan va a desaparecer. La mesa de diálogo ya es una mentira", enfatizó.
 
 

SEGURIDAD

 Afirmaron que los costos políticos serían altos. "El Gobierno se ha equivocado y ha cometido muchos errores en el tema mapuche. Los problemas no se resuelven reprimiendo, sino sólo cuando haya respuestas concretas a las demandas. Podemos asegurar que los problemas pueden agudizarse y pasar a mayores", dijo el werken, añadiendo que tampoco desean la violencia. Además, consideró una falta de respeto que se les acuse que están infiltrados o manipulados por grupos extremistas.
 
 

CORMA

 Serón reiteró la disposición de las empresas forestales a estudiar alternativas de solución al problema de tierras. El dirigente empresarial afirmó que las empresas seguirán trabajando como legítimos propietarios y exigirán respeto a sus derechos, pero aclaró que se mantendrán atentos a la evolución de los hechos.

 Al planteársele que los mapuches no confían en un diálogo con las empresas, Serón respondió que el conflicto indígena es un tema de Estado,porque las forestales no tienen capacidad para resolverlo. "Sería vanidoso de parte nuestra creer que la solución está en nuestras manos.

 Es un tema de larga data y corresponde al Estado resolverlo", sentenció.

 Admitió que en la zona de Arauco existe una situación de inquietud, pero hasta ahora no ha sido necesario reforzar la seguridad con guardias privados.