Proyecto de Documentación Ñuke Mapu
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16 de septiembre de 1999  
Emprenderán acciones judiciales contra Endesa por el delito de genocidio 
Contrataque pehuenche en España 

El lonko Antlín Curriao viajó a Europa junto al diputado Alejandro Navarro, el abogado Roberto Celedón y el ambientalista Juan Pablo Orrego para denunciar en el país ibérico que el dinero de la empresa "se está empleando para dañar gravemente a poblaciones indígenas chilenas".
 

Eduardo Rossel 


Lobby con Garzón
El juez español Baltazar Garzón podría ser una de las autoridades con quienes se reunirá la delegación chilena que viajó a España con el fin de iniciar acciones legales contra la empresa eléctrica Endesa.

 Aunque el encuentro no ha sido confirmado, ya que la agenda fue elaborada por la ONG Amigos de la Tierra, el magistrado español recibiría a los chilenos en su calidad de presidente de la Fundación de Artistas e Intelectuales por los Pueblos Indígenas de Iberoamérica, organismo no gubernamental que se preocupa de la situación de los pueblos originarios del nuevo continente.

 El magistrado recibió anteriormente un documento sobre la situación de los derechos humanos de los indígenas chilenos elaborado por la Coordinadora de Comunidades Mapuches en Conflicto Arauco Malleco.

 El abogado chileno, Matías Coll, quien defiende a las familias Pehuenches que se niegan a ser trasladados para que se construya la represa Ralco,señaló que "aunque el encuentro con Garzón no estaba contemplado, no se puede descartar que finalmente se pueda concretar".

 

Iniciar acciones judiciales contra Endesa España por el delito de genocidio contra indígenas chilenos, es el objetivo con el que viajaron ayer a ese país el diputado socialista Alejandro Navarro, el abogado Roberto Celedón, el ecologista Juan Pablo Orrego y el lonko pehuenche Antolín Curriao.

 El viaje responde a una invitación cursada por la Asociación pro Derechos Humanos y un grupo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de España
-entre la que destaca la ONG "Amigos de la Tierra"- para explicar "al pueblo español, especialmente a quienes poseen acciones de Endesa que su dinero se está empleando para dañar gravemente a poblaciones indígenas chilenas", señaló el diputado Navarro.

 Un equipo de abogados de la ONG "Amigos de la Tierra" hace poco más de un mes se comunicó con los miembros del Grupo de Amigos del Bío Bío (GABB) para informarles que el ordenamiento jurídico del Código Penal español,en su artículo 607, establece que "comete genocidio aquel que obliga al traslado, erradicación o desplazamiento forzado de comunidades y pueblos originarios desde sus tierras de habitación centenarias, o lugares donde han vivido y desarrollado originalmente".

 Por el delito de etnocidio o genocidio el código penal español establece penas que fluctúan entre los 8 a 15 años de prisión.

 "Esa figura está claramente tipificado y vamos a evaluar en una reunión con la asociación de juristas españoles si es posible iniciar acciones legales contra Endesa España y sus principales ejecutivos", dijo Navarro.

 Agregó que "nos parece que si la madre patria establece el delito de genocidio dentro de sus fronteras, tampoco puede permitir que sus connacionales lo cometan en el extranjero".
 
 

SANCION MORAL

Asimismo el diputado socialista afirmó que "creemos que aquí cabe una sanción penal para Endesa España, pero al menos conseguiremos una sanción moral de parte del pueblo español por el daño que cometen contra los indígenas de nuestro país".

 Antes de iniciar las acciones judiciales la delegación chilena cumplirá una apretada agenda con la intención de lograr que Endesa España desista de continuar con los trabajos de Ralco. El intenso lobby incluye entrevistas con los presidentes de las Comisiones de Medio Ambiente y Derechos Humanos del Parlamento español, los ejecutivos de la cuestionada empresa, organizaciones indígenas. También se reunirán con las directivas de los más importantes partidos políticos del país ibérico, como lo son el Popular, Socialista Obrero Español y la Izquierda Unida.

 "Junto con informarles los alcances del fallo de los tribunales chilenos,queremos que las fuerzas políticas entiendan que las acciones que emprenderemos no son contra el pueblo español, sino que para denunciar violaciones a los derechos humanos y delitos que una empresa española comete en Chile", enfatizó Navarro.

 Actualmente los trabajos de Ralco están suspendidos por la resolución dictada por el juez Mario Carroza, el 8 de septiembre pasado, y que señala que para la realización del proyecto es necesario la relocalización de las familias pehuenches con la voluntad de cada una de ellas.
 
 


 
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