El lonko Antlín Curriao viajó a Europa junto al diputado Alejandro Navarro, el abogado Roberto Celedón y el ambientalista Juan Pablo Orrego para denunciar en el país ibérico que el dinero de la empresa "se está empleando para dañar gravemente a poblaciones indígenas chilenas".
 

Eduardo Rossel 

 El viaje responde a una invitación cursada por la Asociación pro Derechos Humanos y un grupo de Organizaciones No Gubernamentales (ONG) de España
-entre la que destaca la ONG "Amigos de la Tierra"- para explicar "al pueblo español, especialmente a quienes poseen acciones de Endesa que su dinero se está empleando para dañar gravemente a poblaciones indígenas chilenas", señaló el diputado Navarro.

 Un equipo de abogados de la ONG "Amigos de la Tierra" hace poco más de un mes se comunicó con los miembros del Grupo de Amigos del Bío Bío (GABB) para informarles que el ordenamiento jurídico del Código Penal español,en su artículo 607, establece que "comete genocidio aquel que obliga al traslado, erradicación o desplazamiento forzado de comunidades y pueblos originarios desde sus tierras de habitación centenarias, o lugares donde han vivido y desarrollado originalmente".

 Por el delito de etnocidio o genocidio el código penal español establece penas que fluctúan entre los 8 a 15 años de prisión.

 "Esa figura está claramente tipificado y vamos a evaluar en una reunión con la asociación de juristas españoles si es posible iniciar acciones legales contra Endesa España y sus principales ejecutivos", dijo Navarro.

 Agregó que "nos parece que si la madre patria establece el delito de genocidio dentro de sus fronteras, tampoco puede permitir que sus connacionales lo cometan en el extranjero".
 
 

SANCION MORAL

 Antes de iniciar las acciones judiciales la delegación chilena cumplirá una apretada agenda con la intención de lograr que Endesa España desista de continuar con los trabajos de Ralco. El intenso lobby incluye entrevistas con los presidentes de las Comisiones de Medio Ambiente y Derechos Humanos del Parlamento español, los ejecutivos de la cuestionada empresa, organizaciones indígenas. También se reunirán con las directivas de los más importantes partidos políticos del país ibérico, como lo son el Popular, Socialista Obrero Español y la Izquierda Unida.

 "Junto con informarles los alcances del fallo de los tribunales chilenos,queremos que las fuerzas políticas entiendan que las acciones que emprenderemos no son contra el pueblo español, sino que para denunciar violaciones a los derechos humanos y delitos que una empresa española comete en Chile", enfatizó Navarro.

 Actualmente los trabajos de Ralco están suspendidos por la resolución dictada por el juez Mario Carroza, el 8 de septiembre pasado, y que señala que para la realización del proyecto es necesario la relocalización de las familias pehuenches con la voluntad de cada una de ellas.